Más del 75% de los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre respaldaron iniciativas favorables a la minería ilegal e informal, concluye un reciente estudio de Natural Resource Governance Institute (NRGI). 

La investigación analiza ocho votaciones de 23 proyectos de ley, presentados entre 2021 y 2024, a favor de la desregulación de la minería no formal en el país. Entre las iniciativas figuran la prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral y las modificaciones a la ley sobre crimen organizado. En algunos casos, estas se acumularon en una sola votación.

Del estudio de NRGI también se desprende que más de la mitad de los legisladores del actual Congreso integran un grupo de alto apoyo a iniciativas de este tipo. Es decir, que votaron a favor de la desregulación de la minería ilegal e informal en más del 67% de las ocasiones.

“Los congresistas que conforman el sector favorable a estas iniciativas (...) no tienen una característica común a nivel ideológico, ya que provienen de diferentes bancadas y, al menos discursivamente, profesan propuestas distintas para el desarrollo del país”, señala el informe. 

DAÑOS. La minería ilegal arrasa con bosques y ríos en regiones amazónicas como Madre de Dios y Loreto.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Los dos partidos con más congresistas que apoyaron estas propuestas —es decir, que votaron a favor en más del 67% de los casos— son Perú Libre y Fuerza Popular. Esto ocurrió con más de 20 legisladores electos bajo dichas listas parlamentarias. Estas destacan, asimismo, por haber sido las que obtuvieron la mayor cantidad de escaños en las elecciones de 2021

“Los intereses de la minería no formal no se han visto representados en el Congreso de un momento a otro. En las últimas décadas, estos grupos han ido extendiéndose en el territorio. [Lo que] hay [ahora es una] respuesta de los congresistas a ciertos grupos que les han dado soporte a lo largo de su trayectoria política”, dijo Omayra Peña Jimenez, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y autora del estudio junto a Paolo Sosa Villagarcia, a OjoPúblico.

Más del 75% de los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre respaldaron iniciativas favorables a la minería no formal". 

El análisis proporcional —es decir, si se toma como referencia el número total de representantes electos por partido— evidencia que hay tres bancadas en las que más del 75% de los legisladores están dentro del grupo de apoyo alto (aquellos que respaldaron el 67% de las votaciones): Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre.

TENDENCIAS. Esta es la proporción de congresistas dentro del grupo de apoyo alto, de acuerdo a su partido de origen.

Captura: Estudio NRGI

En el listado siguen Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular, con más del 50% de congresistas con el mismo nivel de respaldo. Luego, con menos del 25% de legisladores, figura Podemos Perú.

El porcentaje registrado por Podemos Perú, aclara Peña Jimenez, no quiere decir que sus representantes, como José Luna Gálvez, carezcan de importancia en estas iniciativas. Esto se evidencia, por ejemplo, al analizar las autorías o la adhesión de legisladores a favor de la desregulación.

NEXOS. El análisis de redes de autoría y adhesión a iniciativas a favor de la desregulación muestra las coincidencias de distintas bancadas.

Captura: Estudio NRGI

En relación a los autores de estos proyectos de ley, se ha identificado que los congresistas que impulsan la desregulación de la minería informal e ilegal fueron elegidos, en su mayoría, como parte de Perú Libre. 

Le siguen los de Alianza Para el Progreso y Acción Popular. Más abajo, figuran otras bancadas, como Podemos Perú y Renovación Popular. A pesar de eso, señala el estudio, las propuestas se extienden entre distintas fuerzas políticas.

Días atrás, con este escenario en el Congreso, el Ejecutivo anunció una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta que ha facilitado el blanqueo del mineral ilegal, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Las regiones y el núcleo duro

Entre 2021 y 2024, se presentaron 25 iniciativas relacionadas a la minería no formal (ilegal e informal) en el Congreso, de acuerdo al estudio. De estas, solo dos buscaban su control, mientras 23 favorecían su desregulación. Así denominan los autores a aquellas que promueven explícitamente la expansión del Reinfo, beneficios a los inscritos en ese registro y el debilitamiento de la interdicción.

“La foto del Congreso muestra una tendencia a la desregulación, por lo que podríamos decir que existe una bancada mayoritaria a favor de la desregulación de la minería no formal”, sostiene la investigadora Omayra Peña Jimenez.

LAZOS. Congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País integran la mesa directiva presidida por Eduardo Salhuana.

Foto: Congreso
 

A partir del análisis de las ocho votaciones —entre las 23 iniciativas de ley que debilitaban la lucha contra la minería informal e ilegal— el estudio identifica un “núcleo duro”. Se trata de 17% de congresistas que votaron a favor en todas las ocasiones que pudieron, entre 2021 y 2024. 

Por cifras absolutas, Fuerza Popular y Perú Libre encabezan la lista. También figuran legisladores de Alianza Para el Progreso y Avanza País.

BANCADA MAYORITARIA. Así están distribuidos los escaños según el nivel de apoyo a la desregulación de la minería no formal.

Captura: Estudio NRGI

“Contrariamente a lo que se menciona cuando hablamos de nuestras autoridades y del Congreso respecto a la fragmentación del voto y de los intereses públicos, lo que encontramos es que sí hay una coalición, una articulación en objetivos en torno a la desregulación”, añade Peña Jimenez.

Según la investigación, las regiones de donde provienen la mayoría de los congresistas —sin considerar a Lima— coinciden con aquellas donde hay más actores interesados en debilitar la regulación, porque “allí se desarrolla la minería informal e ilegal”.

Los dos partidos con más congresistas que apoyaron estas propuestas son Perú Libre y Fuerza Popular', señala el estudio".

En esa línea, el estudio identifica a La Libertad, Puno y Arequipa, entre las regiones con más inscritos vigentes en el Reinfo y que, a la vez, han elegido a legisladores, ahora, detectados en el grupo de alto apoyo a la desregulación de esta actividad.

“Estos son departamentos donde la informalidad, la ilegalidad y la formalidad coinciden, y donde estas actividades se han desarrollado desde décadas anteriores. En este grupo se encuentran también tres de los cuatros representantes de Loreto”, señala el informe.

POR LOCALIDAD. El estudio muestra la proporción de congresistas en el grupo de apoyo alto, de acuerdo a su distrito electoral.

Captura: Estudio NRGI

En esta última región se ha identificado el creciente avance de la minería ilegal en cuencas como la del río Nanay, en medio del incremento exponencial del precio del oro. Esta semana, esa situación motivó la presentación de una demanda ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por el incumplimiento de la política de lucha contra la minería ilegal.

“Lo que vemos en Loreto no tiene que ver con una minería artesanal, de pequeña escala o informal. Lo que hay es [minería] ilegal y está regenteada por organizaciones criminales transnacionales. Eso no quita que sí haya vínculos con el Estado. Hay estrategias de influencia y de control por parte de grupos ilegales y, claramente, esto llega, así como a nivel local, en Loreto, también al Congreso”, dice Peña Jimenez.

Alicia Piña Aguilar, vicepresidenta del comité de gestión de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, cuenta que, en la cuenca del Nanay, hay personas con aspiraciones electorales que no quieren atender sus demandas sobre la minería ilegal. “Hasta los candidatos están coludidos”, dice la dirigente. 

DAÑOS. La cuenca del Nanay, en Loreto, se ha convertido en uno de los principales focos de la minería ilegal en la Amazonía peruana.

Foto: Unidos por los Bosques/ FCDS Perú
 

Como representantes de las comunidades, explica, no han recibido alguna invitación o acercamiento de congresistas para recibir sus opiniones sobre iniciativas vinculadas a la minería. “Ellos deberían venir (...) Todas las reuniones han sido en Iquitos, con los representantes locales”, cuenta.

Para César Ipenza Peralta, abogado especialista en derecho ambiental, existe una captura por parte de economías ilegales, no solo del Congreso, sino del Ejecutivo. “Hay denuncias de corrupción que no son atendidas, más bien, siguen siendo archivadas en complicidad”, dijo.

Dos etapas

De acuerdo al estudio, realizado por los politólogos Paolo Sosa Villagarcia y Omayra Peña Jimenez, el Perú atraviesa un “desarrollo involutivo” en su estrategia de lucha contra la minería informal e ilegal. De esta manera, identifican dos ciclos de regulaciones contradictorias. 

El primero, entre 2001 y 2016, consistió en una respuesta estatal desde el Poder Ejecutivo. En ese periodo, el Congreso aprobó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. No obstante, añaden, la regulación tomó relevancia recién entre 2010 y 2019. 

Dentro de las tácticas más importantes figuraban las interdicciones de campamentos de operación minera. “Más que erradicar el problema, la intervención estatal represiva contribuyó a la aparición de un ‘efecto globo’ debido al movimiento de los capitales vinculados a estas actividades de un departamento a otro”, indica el estudio.

A esto se suma la creación del Reinfo, en 2016, prolongado durante casi una década. “Se ha convertido en una suerte de salvoconducto para la actividad minera no formal, un documento que se utiliza, en la práctica, como un permiso de explotación informal”, añaden.

El último 23 de junio, el ministro de Energía y Minas, Jorge Moreno Cornejo, anunció una ampliación “excepcional” del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025. Al cierre de este artículo, no se había publicado el decreto supremo con las nuevas condiciones para la prórroga.

PRÓRROGA. El Ministerio de Energía y Minas amplió, nuevamente, la vigencia del Reinfo, una herramienta que ha sido aprovechada para el blanqueo del mineral ilegal.

Foto: Andina

En opinión del abogado César Ipenza, el Ejecutivo ha tomado una posición “muy facilista” al ampliar este proceso otra vez. “Lo más curioso es que, incluso, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de abril último, dijo que cualquier medida de ampliación, transitoria o lo que fuese, debería eliminar la exención de responsabilidad penal. En la norma que va a aprobar la ampliación, difícilmente vamos a ver una mención a eso. Es lo más lamentable”, dijo.

Una segunda etapa identificada por la investigación de Natural Resource Governance Institute parte de 2020 en adelante. Ese periodo, a diferencia del anterior, “se caracteriza por la desregulación y la prórroga de beneficios del Poder Legislativo y por la ralentización de las actividades de fiscalización desde el Ejecutivo Nacional y los Gobiernos subnacionales”, detalla el informe.

“El cambio en la respuesta estatal promovido desde el Legislativo responde a la proliferación de estos intereses en el Congreso del periodo actual y a la formación de una coalición tácita a favor de la desregulación de actividades económicas diversas, especialmente aquellas que fueron objeto de regulación en el periodo anterior”, añade el estudio.