El Pleno del Congreso cerró su última sesión del año, en la madrugada del sábado 14 de diciembre, con la aprobación de diversas iniciativas que afectan la separación de poderes, la recaudación fiscal y a las entidades electorales. A estas se suman, las leyes promulgadas el pasado miércoles 11 de diciembre, que promueven la impunidad policial y criminalizan la actuación judicial y fiscal. 

Estas normas han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil, otros poderes del Estado, el propio MEF y el subsistema de extinción de dominio del Poder Judicial, debido a que amenazan la institucionalidad y la democracia. “Estamos teniendo al Congreso más contrarreformista de los últimos años. En vez de avanzar y de implementar mejoras, estamos retrocediendo en distintos rubros”, señaló la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Marylia Cruz Sarmiento.

Entre las iniciativas que ya fueron promulgadas, es decir que recibieron la venia del Gobierno, se encuentra aquella que prohíbe la detención preliminar y preventiva contra los policías que causen daño o la muerte con su arma de fuego. La medida ha sido cuestionada, debido a que permite la impunidad en casos relacionados a las protestas del 2022 y 2023. 

Según el Equipo Especial de la Fiscalía que investiga las muertes en las últimas movilizaciones, hasta junio de este año, 285 policías están siendo investigados por la violenta represión en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023.

El Congreso y el Ejecutivo aprobaron una ley que prohíbe la detención preliminar y preventiva de policías"

También fue promulgada la última semana la ley que criminaliza la actuación judicial y fiscal en casos que se libere a un detenido en flagrancia, vulnerando así la autonomía de los operadores de justicia. La norma también establece una sanción grave a los fiscales que divulguen información sobre sus carpetas de investigación. 

“Hay claramente una intención de dar un zarpazo a la Fiscalía y al Poder Judicial, especialmente a la Fiscalía. Si se concreta esa amenaza, creo que entramos ya en una zona de ilegalidad”, sostuvo el exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes.

Por otro lado, en el último Pleno, el Congreso aprobó la moción que crea una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria para que elabore una propuesta de reforma del sistema de justicia. Esta decisión fue rechazada por el Poder Judicial. 

“Se rechaza cualquier intervencionismo de otros poderes del Estado bajo el pretexto de reformar el Poder Judicial”, indicó la entidad en un comunicado. 

El Congreso también aprobó dos normas relacionadas al proceso electoral con miras a las elecciones del 2026. Una es la adaptación de la bicameralidad y la facultad para que las cúpulas de las organizaciones políticas puedan elegir hasta el 30% de sus candidatos de manera directa. Otra medida aprobada exige a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) guardar las actas electorales por el plazo de 90 días luego de la votación. 

Estas últimas normas serán enviadas al Ejecutivo para su evaluación antes de ser promulgadas. No obstante, para la abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez Huaroto, el Gobierno ha renunciado a su competencia que le otorga la Constitución, para mantener el equilibrio en la producción de las normas. “Este Ejecutivo no dice nada, no se toma el trabajo de presentar argumentos”, indicó. 

CONTINÚAN. El Pleno del Congreso delegó facultades a la Comisión Permanente para que siga legislando hasta febrero de 2025.

Foto: Congreso de la República

Asimismo, el Parlamento aprobó la iniciativa que desnaturaliza la extinción de dominio, instrumento utilizado por los operadores de justicia para incautar bienes de origen ilícito al margen del proceso penal. La norma, promovida por Fuerza Popular y Perú Libre, prohíbe que se pueda confiscar los bienes sin previa sentencia firme y condenatoria. 

A esto, se suman la aprobación, en primera instancia, del dictamen que prórroga la norma que reduce 8% el impuesto general a la ventas (IGV) para las micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Esta había sido cuestionada previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. OjoPúblico ya había informado que desde el 2022, esta reducción del IGV había impedido que el Estado recaude impuesto por S/1.409 millones.

Estas iniciativas deberán ser aprobadas en segunda votación luego de siete días. En la última sesión, el Pleno le otorgó facultades a la Comisión Permanente para que pueda seguir legislando hasta febrero de 2025, por lo que es probable que estos proyectos sean agendados en las próximas semanas. Según el Reglamento del Congreso, este grupo de trabajo puede ver cualquier iniciativa, excepto las que proponen reformas a la Constitución y a las leyes orgánicas. 

En la agenda permanecen proyectos que amenazan a las ONG, agravan el déficit fiscal, aumentan sanciones contra jueces y fiscales, crea nuevas universidades públicas sin sustento técnico y otorgan beneficios tributarios a las agroexportadoras, entre otras.

Separación de poderes

El pasado 11 de diciembre, se promulgó la ley que sanciona a los jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia por delitos que sean sancionados con más de 5 años de cárcel. Además, se incluye como falta grave la difusión de información reservada. 

La norma fue cuestionada por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, por ser una amenaza al principio de separación de poderes, el cual protege la autonomía de los criterios jurídicos de los jueces y los fiscales. 

“Preocupa que se pretenda criminalizar las decisiones que son criterios jurídicos de los operadores de justicia. Quisiera exhortar al Congreso de la República que reexamine su decisión, porque podría constituir una interferencia de funciones, una afectación a la autonomía e independencia de otros poderes”, señaló a la prensa en Ayacucho ese mismo día.

Por otro lado, el Congreso aprobó la moción del congresista de Somos Perú José Jerí Oré, que crea una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria para que elabore una propuesta de reforma del sistema de administración de justicia. El pedido contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Avanza País y Bloque Magisterial.

El Parlamento aprobó la creación una comisión para que elabore una propuesta de reforma del sistema de justicia"

Esta medida fue rechazada por el Poder Judicial por medio de un comunicado, firmado por la Gerencia de Comunicaciones de la institución. En el documento indican que la crisis actual del Poder Judicial “es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Congreso, debido a que el primero no ha cumplido con brindar los recursos presupuestarios necesarios, y el segundo no ha cumplido con expedir las normas necesarias para mejorar el sistema de justicia”. 

Asimismo, el Parlamento también ha aprobado proyectos de ley que afectan la persecución del delito y, además , generan impunidad. El pasado 11 de diciembre se aprobó la ley que impide la detención preliminar y preventiva de los policías que causen daño o maten en el uso de su arma de fuego. 

En esa misma ley, el Congreso y el Ejecutivo, avalaron el acápite que derogaba la detención preliminar en casos de no flagrancia. La medida generó que un día después de su publicación en El Peruano, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura liberara a diez investigados por pertenecer a una presunta organización criminal. 

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, explicó que esta ley afecta especialmente a casos de crimen organizado, como los de corrupción de funcionarios, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros. “Son delitos que no se hacen públicamente y que en consecuencia es difícil que pueda haber flagrancia allí. La investigación de esos delitos se ve imposibilitada al no existir la prisión preliminar”, indicó a OjoPúblico.

La medida fue cuestionada ampliamente por diversos sectores de la ciudadanía, lo que generó que, pocos minutos antes del cierre del Pleno, el Congreso aprobara un dictamen que restituye la detención preliminar. Sin embargo, esta requiere la venia del Gobierno para que se materialice. 

PROMOTOR. El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, fue el promotor de la norma que elimina la detención preliminar.

Foto: Congreso de la República

En la misma línea de debilitar la lucha contra el crimen organizado, el Congreso aprobó, en primera votación, la norma que prohíbe la aplicación de la extinción de dominio sin previa sentencia condenatoria. 

La abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez Huaroto explicó a OjoPúblico que este proceso permitía que las autoridades pudieran incautar los bienes obtenidos de manera ilícita, al margen del proceso penal contra las personas involucradas. La especialista indicó que la creación de este mecanismo se dio al reconocer la necesidad de perseguir la riqueza que no pueda ser justificada. 

“La norma se creó justamente como una alternativa adicional al sistema penal. La extinción de dominio es otro modo de persecución del Estado, no penal, pero sancionatorio. (...) Lamentablemente los quieren volver a juntar para tergiversar el sistema de extinción de dominio. El sistema penal está centrado en garantías a la persona investigada. (...) Además, la persecución penal dura años y la riqueza se va”, sostuvo. 

Por medio de un comunicado el presidente de la Mesa de Trabajo y la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, el juez supremo Manuel Luján Túpez, rechazó la aprobación de la norma. “Modificar esta herramienta sin un riguroso análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean recuperados y devueltos a la sociedad”. 

En tanto, el Ministerio Público informó que las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio han logrado, desde su creación, el 2019, hasta noviembre de este año, la recuperación de bienes ilícitos por un valor de S/ 551 millones. 

Golpe a la recaudación fiscal

El Pleno del Congreso también aprobó, en primera votación, la prórroga de la ley que reduce 8% el Impuesto General a las Ventas (IGV) para las empresas de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida generó cuestionamientos de la ciudadanía como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ser lesiva a la recaudación fiscal. Recordemos que hace casi tres semanas, el ministro de Economía, José Arista, reconoció que el déficit fiscal superaría el 2,8%, más de lo estipulado para este año. 

La reducción del IGV ya había sido rechazada claramente por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde Flores, en el último CADE 2024. En la reunión anual de empresarios el economista sostuvo que era necesario “frenar” los beneficios tributarios a ciertos sectores por parte del Congreso, para evitar mayores daños a la recaudación fiscal. 

COORDINACIONES. Parlamentarios de diversas bancadas se pusieron de acuerdo para extender la prórroga que reduce el IGV a hoteles y restaurantes.

Foto: Congreso de la República

En esa línea, por medio de un comunicado, el MEF señaló que en la práctica se benefician empresas que no necesitan de ese apoyo y que genera un alto costo fiscal. Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), el 2023, el Estado dejó de recaudar S/ 743 millones por este beneficio antitécnico. 

Asimismo, una investigación de OjoPúblico reveló que desde que se aprobó la norma, en el 2022, hasta la actualidad, ha impedido la recaudación de por lo menos S/1.409 millones.

Este dictamen, que reúne los proyectos de ley de los congresistas Eduardo Salhuana (APP), Silvia Monteza (No Agrupado), María Zeta Chunga (Fuerza Popular) y Esdras Medina (Renovación Popular), fue aprobado con 67 votos a favor. Requiere una segunda votación después de siete días.

Luego de aprobada la norma, el ministro de Economía, José Arista, por medio de sus redes sociales, exhortó al Congreso a evaluar si realmente es positivo el proyecto de cara a la segunda votación. “¿Prorrogar beneficios sobre el IGV para hoteles y restaurantes —que no favorecen a los más pequeños— o priorizar construir carreteras u obras de agua y desagüe presupuestadas para el 2025?”, publicó.

Nuevas reglas electorales

El Pleno del Congreso aprobó también, en segunda votación, dos iniciativas que modifican las reglas electorales y las atribuciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

La primera propone adaptar la elección de senadores y diputados en las próximas elecciones. Según la politóloga de la PUCP, Marylia Cruz Sarmiento, el mecanismo favorece a los congresistas actuales que, tras una ley de este mismo Congreso, podrán reelegirse. 

La especialista explicó que, por ejemplo, en el caso de la elección de los 60 senadores, solo se está habilitando un escaño por región. Los restantes serán elegidos de acuerdo a la mayor cantidad de votos que obtengan las organizaciones políticas a nivel nacional. 

“Entonces, más o menos, de 60 senadores, vas a tener 34 congresistas limeños. Esto nos debería llamar la atención, porque, finalmente, en este nuevo diseño institucional, el Senado va a tener la última palabra en la aprobación de las leyes”, advirtió. 

El Congreso aprobó la ley que obliga a la ONPE guardar las actas de votación por 90 días, sin considerar los gastos operativos"

En esa misma norma se incluyó que las cúpulas de las organizaciones políticas puedan escoger hasta el 30% de los candidatos a elecciones regionales y municipales de manera directa, incluyendo al candidato a gobernador y alcalde. Además, esta elección podrá realizarse tanto entre sus afiliados como no afiliados. 

Es importante mencionar que el proyecto que planteaba la reelección de gobernadores y alcaldes y, al mismo tiempo, elimina los movimientos regionales, no obtuvo los votos para su aprobación. 

Finalmente, el Congreso también aprobó la iniciativa que obliga a la ONPE a guardar por 90 días las actas de votación de los procesos electorales. La medida ha sido cuestionada, porque no contempla los gastos que va a ocasionar al Estado. “Eso implica un gran costo logístico”, remarcó Marylia Cruz Sarmiento, politóloga de la PUCP.