Las evidencias indican que la presidenta Dina Boluarte está entorpeciendo la investigación que la Fiscalía le sigue por enriquecimiento ilícito. En lugar de cooperar, ha negado información clave y acceso a sus cuentas bancarias para que la Contraloría General de la República pueda analizar la evolución real de su patrimonio.

Las declaraciones de dos funcionarias de esta entidad ante el Ministerio Público —a las que OjoPúblico tuvo acceso— revelan que debido a la limitada  información que proporcionó la mandataria, estas no habían logrado realizar un análisis completo sobre la fortuna de la presidenta.  

“Tanto el reporte y la fiscalización realizados por la comisión fueron empleando fuentes a las que la Contraloría tuvo acceso, teniendo la limitación respecto al secreto bancario”, dijo la analista Martha Antezana Córdova.

No podemos validar si la información que remitió de cuentas de ahorro es todo lo que ella tiene", dijo Sandra Calderón Lázaro.

La analista de fiscalización Sandra Calderón Lázaro explicó que las normas de la Contraloría les permiten solicitar el levantamiento del secreto bancario de los fiscalizados a través de una carta de autorización. Sin embargo, dijo que Boluarte se negó a firmar el documento. “Nunca nos autorizó. Es decir, nunca nos devolvió el formato firmado”, declaró. 

Ante esa dificultad, la Contraloría solo pudo hacer un cruce entre la información reportada en las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de Boluarte y la información bancaria entregada por ella misma, tras una solicitud de aclaraciones por parte de las analistas. Dependieron solo de la información entregada por la presidenta.  

“No podemos validar si la información que remitió de cuentas de ahorro es todo lo que ella tiene en el sistema financiero, es como la presunción de veracidad, que lo que nos remite el fiscalizado es lo que debemos de creer”, explicó Calderón Lázaro. 

NEGATIVA. La presidenta negó el levantamiento de su secreto bancario a la Contraloría, según analistas de esta institución. 

Documento: OjoPúblico

Investigación en marcha

El pasado 16 de mayo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar documentos en declaraciones. 

El Ministerio Público sostiene que, entre julio de 2021 y marzo de 2024, omitió informar que, entre sus propiedades, se habían sumado joyas por USD 162.250. También detectó un incremento injustificado de S/58.699 en su patrimonio, y S/4.082 de origen desconocido en sus cuentas.

La defensa presentó un peritaje de parte elaborado por Milton Solano Rodas. En 2021, cuando trabajaba en el Ministerio Público, este perito fue apartado en una investigación contra el empresario Erasmo Wong. El motivo fue el  “incumplimiento en la emisión del informe pericial, circunstancia que habría generado un serio retroceso en la ejecución del proceso pericial”, se lee en un documento del juez Richard Concepción Carhuancho.  

En su informe del 9 de octubre de 2024, Solano Rodas sostiene que no se ha encontrado un aumento patrimonial injustificado. Sin embargo, Richard Sanchez Solórzano y Margalida Salinas Moncada, peritos de la Fiscalía de la Nación responsables del informe que halló el desbalance de la presidenta, formularon 11 observaciones al documento de Solano Rodas. 

La Fiscalía detectó un incremento injustificado de S/58.699 en el patrimonio de la presidenta, entre 2021 y 2024".

Señalaron que su análisis no coincidía con el período en investigación y advirtieron que tampoco  había considerado montos por renta de quinta categoría, aunque contaba con dicha información. Y, por el contrario, contempló intereses de la CTS como ingresos, aunque Boluarte no había retirado ese dinero. 

Los saldos iniciales del depósito a plazo fijo que tenía la mandataria en la Caja Raíz tampoco coincidían.

“Al no haberse producido alguna modificación relevante a la pericia oficial de los suscritos, y no haber ofrecido, la investigada, documentación adicional que sustente las diferencias planteadas, nos ratificamos en el informe pericial del 30 de octubre de 2024 [que determinó un desbalance patrimonial]”, se lee en el documento que da respuesta a la pericia de parte.

OjoPúblico se contactó con el perito Solano Rodas, pero este indicó que no podía dar declaraciones sin autorización de la presidenta. Con respecto  al incumplimiento de la pericia en el caso del empresario Erasmo Wong, respondió que se debió a un cambio de oficina en la Fiscalía. 

“No tuve ningún proceso administrativo. Esa documentación quedó pendiente porque fui cambiado de la oficina de lavado de activos al área de enriquecimiento ilícito”, dijo. 

JOYAS. La Fiscalía sostiene que Dina Boluarte omitió informar joyas de su propiedad por un valor de USD 162.250.

Foto: Presidencia

Informe incompleto

En enero, el abogado de Dina Boluarte le pidió al magistrado Juan Carlos Checkley que permitiera la toma de declaraciones a las analistas de la Contraloría y a los peritos de la Fiscalía para confrontar ambas versiones. 

“Quizá, señor juez, luego de someterlos a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, es altamente probable que el Ministerio Público archive el caso”, sugirió Juan Carlos Portugal Sánchez, en una audiencia del 31 de enero de 2025.  

La autorización prosperó solo para el primer caso. Así, a inicios de marzo, Martha Antezana Córdova y Sandra Calderón Lázaro le contaron a los fiscales del caso que, antes de preparar el informe N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ, habían elaborado un documento preliminar. Allí, habían hallado indicios de un presunto aumento patrimonial injustificado, de poco más de S/58.551. 

Con ese antecedente, según declararon, se propusieron hacer un informe más detallado. Para eso, le pidieron más información a la presidenta, quien proporcionó datos aclaratorios que les permitieron concluir que “no existían desbalances”.  

DECLARACIÓN. Analista de Contraloría reconoció que no pudieron acceder a toda la información de la presidenta, solo a la que ella entregó. 

Documento: OjoPúblico

Sin embargo, ante las preguntas de los fiscales, las funcionarias reconocieron que la entidad no tuvo acceso a toda la información necesaria para la fiscalización, especialmente a las cuentas bancarias.

Calderón Lázaro precisó que el análisis solo consideró información enviada por la presidenta, pues no habían podido acceder a todas las cuentas que la mandataria tendría en el sistema bancario. “Nosotros no tenemos información completa y fidedigna de lo que nos remite el fiscalizado respecto a cuentas de ahorro porque están protegidas por el secreto bancario”. 

Es importante recordar que la presidenta ya se había negado a levantar su secreto bancario ante solicitud de la Fiscalía, en su declaración brindada el 5 de abril de 2024, según informó Punto Final. 

Nosotros no tenemos información completa y fidedigna de lo que nos remite el fiscalizado respecto a cuentas de ahorro".

Aunque la norma permite solicitar al funcionario permiso para acceder a su información bancaria y, en efecto, así lo hicieron las analistas de la Contraloría, la presidenta se negó a autorizar ese paso. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con ambas, pero, por medio de sus cuentas de WhatsApp, indicaron que no podían dar declaraciones por ser actuales funcionarias de la Contraloría. Indicaron que se debía solicitar la entrevista por el área de prensa de dicha institución. Se envió un correo, pero no hubo respuesta. Posteriormente, el jefe de dicha área señaló que no sería posible concretar una entrevista antes del plazo programado para la publicación. 

También se solicitó una entrevista con el abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal Sánchez. A través de WhatsApp, indicó que no brindaría declaraciones sobre este caso. “No hablo de los casos que han sido denunciados constitucionalmente hasta el momento en el que se active en la instancia correspondiente, esto es en el Congreso de la República”, señaló.