El equipo Lava Jato ha conseguido, hasta el momento, dos sentencias en primera instancia contra dos expresidentes: Alejandro Toledo y, recientemente, Ollanta Humala. Podría considerarse una gestión exitosa de los fiscales a cargo de las investigaciones, sin embargo no han estado exentos de críticas por su actuación, que un sector considera “politizada”. 

En la siguiente entrevista con OjoPúblico, el fiscal superior y coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba, defiende el trabajo realizado hasta el momento. 

También advierte que la decisión del jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, de suspender al fiscal José Domingo Pérez responde a “contubernios” y “conspiraciones criminales”. Advierte que ellos no son capaces de enfrentarse solos a alguien que puede ordenar su separación institucional en cualquier momento, por lo que consideró necesario que la Fiscalía, que lidera Delia Espinoza, los respalde.

Vela Barba considera, además, que el caso Cócteles —que involucra a Keiko Fujimori y otros— no está herido de muerte y que, incluso, se encuentra “vinculado” con el de Humala.  

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

"Tenemos el deber de ser suspicaces [debido a la presencia del abogado de Dina Boluarte en la lectura de sentencia de Humala y Heredia]". 

¿Considera que la sentencia en primera instancia contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia se reafirmará en la Corte Suprema?

Sí, tenemos plena confianza por la fuerza de la evidencia. Ha habido mucha discusión y desinformación. Se ha dicho que la decisión no ha sido por unanimidad y eso no es correcto. La sentencia condenatoria, los años que se han impuesto y el monto de pago de reparación civil ha sido por unanimidad.

Los críticos de la sentencia —varios de ellos abogados relacionados con otros investigados— afirman que no hay pruebas lo suficientemente sólidas para determinar el delito de lavado de dinero. ¿Qué responde?

Eso es absolutamente falso. Lo entiendo, desde la perspectiva de abogados que litigan contra nosotros y tienen intereses. Hay algunos mitos que han sido objeto de discusión. Por ejemplo, que estos hechos no eran delitos. Eso es algo que ya se había agotado judicialmente a través de una sentencia.

¿La sentencia de casación del 2022?

Correcto, una excepción de improcedencia que interpusieron los señores Humala, Heredia y otros más, donde dijeron que no había delito. La sala que preside el doctor César San Martín dijo que sí era delito y que se tenía que ir a un juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. Eso ya es un asunto agotado judicialmente. 

Lo que ahora se discute es si las personas tenían la posibilidad de conocer o presumir el origen ilícito del dinero que captaban.

Porque esa es la condición necesaria para hablar de lavado de activos.

Exactamente. Hasta el año 2017, el estándar de los delitos de lavado de activos fue afectado por una sentencia de la Corte Suprema en donde intervino el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi. ¿Qué se buscaba? Impunidad, porque se exigía una condena para el delito previo al lavado. 

Eso también fue superado a través de una sentencia plenaria de la Corte Suprema, que dijo que, para la construcción de un caso de lavado de activos, no se requiere que exista una sentencia de la actividad criminal previa, sino una carga indiciaria mínima.

El caso Cócteles no está en absoluto afectado". 

Nadine Heredia se fue asilada a Brasil. ¿Es una simple casualidad que Juan Carlos Portugal, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, estuviera en la lectura de esa sentencia?

Nosotros tenemos el deber y el derecho de ser suspicaces ante una situación de esa naturaleza. Porque, además, hemos visto cómo se han desarrollado los acontecimientos, sin ningún nivel de reflexión mínima de todo lo que importa para el sistema de justicia nacional. 

Dentro de un estado constitucional de derecho, el Poder Judicial administra justicia en nombre de la Nación, de forma independiente. Y no es solamente la presencia del señor Portugal. También había una aeronave militar de Brasil estacionada prácticamente en tiempo real…

Es verdad que el viaje de Heredia fue bastante rápido.

Claro, porque, para que ingrese una aeronave militar de matrícula extranjera, hay todo un procedimiento.

Ahora, en concreto, sobre la presencia del abogado Portugal en el juicio…

Es que eso siempre puede llamar a suspicacia. Es cierto, también, que los abogados están muy vinculados entre sí y hacen defensas consorciadas. Hemos visto que, por ejemplo, hay muchos abogados que han participado en este juicio que también participan, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori. 

Hay un interés directo para que el precedente que se ha generado a partir de esta decisión se caiga a través de una apelación, y eso genere la sensación de que los casos no están construidos con solidez.

El caso Cócteles regresó a la etapa intermedia. Diferentes personas dicen que, en la práctica, este caso se encuentra herido de muerte.

No, yo diría que es todo lo contrario.

La decisión del señor Fernández Jerí es ilegal, absolutamente arbitraria y , creo, que corresponde a conspiraciones criminales".

¿La sentencia contra Humala y Heredia podría revitalizar la causa? También estamos hablando de aportes de campaña que se presumen ilícitos.

Su pregunta es muy pertinente porque son casos que están vinculados. No hay que olvidar que, en el caso del sentenciado Humala, hay la captación de tres millones de dólares que vienen por gestión del Partido de los Trabajadores (PT), del señor Lula da Silva, del exministro Palocci…

El “italiano”.

Que habla con Marcelo Odebrecht. Y, ahí, es donde surge la historia de que Jorge Barata se negaba a entregar esos tres millones de dólares de naturaleza ilícita, porque decía que Ollanta Humala era un candidato antisistema, de tendencia de izquierda radical. 

Entonces, Marcelo Odebrecht, en una llamada telefónica, determina que se tiene que pagar porque esa es una plata comprometida al Partido de los Trabajadores. Ahí surge la famosa frase de “aumentar Keiko 500 y hacer visita”. 

Lo que dice Marcelo Odebrecht [a Barata] es que, si su candidata es la señora Fujimori, pues que le entregue 500.000 dólares más.

¿No está desahuciado el caso Cócteles?  

No está en absoluto afectado, porque hay un mandato judicial que se está por ejecutar. El juzgado constitucional que le dio la razón al señor Chlimper Ackerman, que determinó que el caso haya retrocedido hasta la etapa de finalización de la investigación preparatoria, ha dado un plazo de 15 días al Ministerio Público para que se pronuncie. 

Habrá que analizar cuáles son las decisiones que el despacho, que antes era del fiscal José Domingo Pérez, va a plantear autónomamente. Pongámonos en el escenario de que exista una acusación: se ingresará nuevamente a la etapa intermedia, que tendrá que ser gestionada por el Poder Judicial.

El fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso Cócteles, ha dicho que su suspensión es la consecuencia de un pacto ilícito entre la Autoridad Nacional de Control (ANC), con Juan Antonio Fernández Jerí, y Fuerza Popular. ¿Está de acuerdo con esta lectura?

Precisamente, el fiscal Pérez, en este momento, tendría que estar en su despacho analizando el cumplimiento de lo que ha exigido el órgano judicial constitucional, que le ha dado 15 días a su equipo para que diga qué pretensiones acusatorias va a formalizar [en el caso Cócteles]. Entonces, el fiscal Pérez debería estar en este momento…

Esta es una estrategia. Buscan asfixiarnos a través de un músculo de legalidad". 

¿Trabajando?

Trabajando eso. La coyuntura hace que el fiscal Pérez ya no sea parte de ese equipo y tenga que hacerlo otra persona.

¿La coyuntura o Fernández Jerí?

La coyuntura de una decisión ilegal del señor Fernández Jerí, absolutamente arbitraria, y que, creo, corresponde a contubernios, conspiraciones criminales que llevan a afectar la autonomía fiscal. De eso se trata. El retiro de un fiscal de un caso se hace a partir de que existe un interés subalterno, ilícito. 

No solo eso. El fiscal Pérez también tendría que estar culminando con los alegatos de clausura de un caso emblemático, como el del Metro de Lima, cuyo juicio oral estará terminando dentro de muy poco. 

Todo esto ocurre en una coyuntura en la que el Ministerio Público, hasta el momento, está siendo claramente amparado en sus pretensiones por parte del Poder Judicial, porque ya tenemos varias sentencias condenatorias.

¿Cuántas investigaciones tiene abiertas por parte de Fernández Jerí?

Tengo seis investigaciones administrativas abiertas por el señor Fernández Jerí, es decir por la ANC, todas avanzando. 

A partir de noticias falsas que se publican en medios desinformadores, como Willax, Expreso o La Razón, inmediatamente la ANC abre investigaciones. No solo a mí, sino a otros fiscales del equipo especial. Esas investigaciones penden como una espada de Damocles. Yo puedo ser suspendido mañana.

En realidad, ya fue suspendido.

Correcto. Yo he retornado a mis funciones luego de que la justicia constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima amparó una demanda y una medida cautelar. De lo contrario, estaría dentro de las mismas circunstancias que está transitando, de manera ilegal, el fiscal José Domingo Pérez.

Esperamos que, en circunstancias atípicas, como el uso evidente de la fuerza del señor Fernández Jerí, la institución nos respalde". 

Dicho sea de paso, ¿cree que regrese el fiscal Pérez a su puesto?

Tenemos toda la expectativa de que así sea. Son decisiones complejas porque no dependen de la determinación del fiscal Pérez. 

Esta es una estrategia. Buscan asfixiarnos a través de un músculo de legalidad. No destituirnos, solo suspendernos, para que se nos quite el seguro de salud, las remuneraciones y se nos prohíba, incluso, hasta realizar actividades académicas. 

Todo para obligarnos a que renunciemos porque, finalmente, va a ser la única manera en la que podamos vivir. Esa asfixia lo que busca es que uno doblegue su voluntad.

¿Se siente respaldado por la fiscal de la nación, Delia Espinoza?

Mire, yo siempre tengo una interpretación de lo que espero de la institución.

¿Y qué espera?

Respeto por la autonomía de los fiscales. Creo que eso se cumple de manera irrestricta. Luego, nosotros, como equipo especial que depende de la Fiscalía de la Nación, siempre estamos a la expectativa de que, institucionalmente, pueda haber una respuesta, que es compleja de definir. 

La ANC es un ente autónomo. Es decir, puede hacer lo que corresponda. Pero también esperamos que, en circunstancias atípicas, como es el uso evidente del poder y la fuerza por parte del señor Fernández Jerí, la institución nos respalde. 

Nosotros no somos capaces de enfrentarnos solos al señor Fernández Jerí, porque él tiene el poder jurídico de suspendernos. Entonces, existe la expectativa de que el apoyo institucional pueda ser de una forma un poco más determinada.

Leí que la fiscal Espinosa denunció a Fernández Jéri por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones. ¿Cree que eso avance?

No tengo conocimiento de los detalles, aunque comprendo que hubo una arbitrariedad en el acceso del fiscal Pérez, quien tenía que ir a su oficina para hacer sus entregas de cargo [y no lo dejaron ingresar]. Tengo entendido que han remitido copias a un fiscal competente. 

Lo que me preocupa es que los fiscales provinciales tienen una tarea bastante compleja porque van a tener que decidir si van a abrirle una investigación al jefe de la ANC que, al día siguiente, los puede terminar suspendiendo como represalia. 

Si lo ha hecho contra fiscales que tienen cierto interés público por las investigaciones de alto perfil que han manejado…

 El poder político puede tener una influencia directa en el índice mayor de criminalidad organizada". 

¿Que generan interés mediático?

Entonces, imagínese lo que sería en el caso de un fiscal que, de repente, no tiene el mismo impacto y que ve lo que le sucede a un colega cuando enfrenta el poder: es suspendido de sus funciones, se le quita su salario y su seguro de vida. 

Es ahí donde siempre sentimos que somos la parte menos fuerte de esta relación. Entendemos que, sin el apoyo de la institución, es muy difícil seguir en una tarea de enfrentamiento con el poder.

Sigo con Delia Espinoza, quien declaró que Karelim Lopez nunca entregó los audios en los que, supuestamente, un enviado del fujimorismo solicitó a Fernández Jerí sacar al fiscal Pérez. ¿Qué responde?

Estas circunstancias que han sido de interés de la prensa nos hacen generar la expectativa de que los contenidos dentro de los audios deben tener máxima prioridad porque se trata de una persona que, eventualmente, podría estar incursa en una serie de delitos, incluso de corrupción.

¿Existen esos audios?

Yo pienso que sí, claro que sí. Yo pienso que existen. No conozco las circunstancias de su entrega ni tampoco voy a hacer un comentario de ello, pero sí estoy en posición de decir que deben merecer la máxima prioridad de parte de nuestra institución.

¿Le preocupan las leyes que se han venido aprobando en el Congreso y que, señalan distintos especialistas, perjudican la lucha contra la criminalidad?

Absolutamente. Mire, voy a poner un ejemplo claro: la modificación de la ley de colaboración eficaz. Su génesis está vinculada estrictamente al caso Lava Jato, donde se han celebrado, por primera vez, una serie de acuerdos de colaboración eficaz corporativos que han permitido acceder a pruebas. 

Muchas personas con poder han sido afectadas y también, por supuesto, grupos parlamentarios. Entonces, se busca atacar a este tipo de instituciones jurídicas, que son una herramienta de lucha contra la criminalidad organizada. 

Esto demuestra que el poder político puede tener una influencia directa en el índice mayor de criminalidad organizada que vivimos en este momento.

Estas campañas de desinformación, de ejércitos de abogados panelistas, que tienen conflicto de interés, finalmente ocuparon un espacio". 

¿Usted cree que el Congreso tiene responsabilidad en este incremento?

Pero no hay ninguna duda, porque todas las reformas han sido desconociendo la opinión del Poder Judicial y del Ministerio Público, incluso a veces del propio Ministerio de Justicia.

¿Cómo ha sido, para usted, el proceso de los casos Lava Jato? Los fiscales adquirieron mucha fama en determinado momento. Recuerdo, incluso, a ciudadanos marchando en la víspera de año nuevo de 2019 para exigir su restitución, luego de que el fiscal Pedro Chávarry decidiera sacarlos. No sé si coincide conmigo en que la imagen del equipo que lidera acusó cierto desgaste. 

La pandemia del covid-19 afectó gravemente, no solamente el interés ciudadano, sino también nuestros procedimientos internos, porque no estábamos preparados. Fue un claro frenazo. 

También hubo una reestructuración de estrategias de los afectados que coincidieron con decisiones de carácter institucional que nos afectaron, como no permitirnos seguir cerca con los medios. Estas campañas de desinformación, de ejércitos de abogados panelistas, que tienen conflicto de interés, finalmente ocuparon un espacio.

Abogados que no necesariamente hacen un disclaimer. Generalmente, uno no sabe a quién defienden. 

No lo hacen nunca, pero, como digo, ocuparon el espacio que nosotros dejamos. Los fiscales tienen que estar en contacto con la sociedad para rendir cuentas, desmentir las noticias falsas y decir en qué consiste su trabajo para que esa legitimidad social se mantenga. Ahí tuvimos graves afectaciones. Específicamente, en el caso de la gestión de la señora Patricia Benavides, creo que…

Usted la apoyó al inicio.

Claro, la apoyé, efectivamente, con una esperanza y una expectativa…

Fui suspendido en funciones por una conspiración criminal de la señora Benavides, en quien yo confié al inicio". 

¿Fue un error?

Bueno, todos somos generales después de la guerra, pero yo soy un hombre de buena fe. Cuando apoyé a la doctora Benavides, lo hice en el sentimiento de que encarnaba la posibilidad de refundar las bases de la institución, que venían destruidas, porque no hay que olvidar que se había destituido a prácticamente toda la Junta de Fiscales Supremos. 

La probabilidad de que la institución pudiera refundarse con la doctora Benavides era algo con lo que toda la institución se suscribió en un primer momento. Claro, uno luego termina…

¿Chamuscado?

Le diría que uno termina colisionando con personas que tienen distintas visiones de la institución y, a mí, me pasó con la señora Benavides. 

No solamente ha sido una decepción desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista personal. Que ahora se sepa: fui suspendido en funciones por una conspiración criminal de la señora Benavides, en quien yo confié al inicio, como correctamente usted dijo.

Tengo entendido que tenían un grado de amistad.

Sí, claro. Nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo.

¿Qué responde a quienes le dicen que el equipo Lava Jato es un equipo politizado? ¿Le interesa la carrera política?

No, en absoluto. Sin duda alguna, los ataques van en ese sentido. Yo soy candidato a ser fiscal supremo y podría postular en este momento, en cualquier concurso público. Tengo 22 años de carrera y, comprenderá, el sueño de un funcionario es acceder a las más altas instancias de su propia institución. 

Si quisiera construir una carrera política, habría renunciado el año pasado, que me suspendieron. Finalmente, logré volver. También se nos dice que hemos sido poco estratégicos porque hemos librado una guerra en distintos frentes, al mismo tiempo. Y eso es porque no hemos hecho ninguna distinción de carácter político. 

Nos hemos guiado, exclusivamente, de la evidencia. Por eso, usted ve a personas que son políticamente tan dispares, como el señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori.

Lo correcto es que un abogado, cuando opine, siempre revele su conflicto de interés. Pero, tal vez, eso sea mucho pedir". 

Por cierto, les cuestionan que no avance el caso de la exalcaldesa Susana Villarán.

Eso es falso. Acusamos en el mes de agosto del año 2022. Ya se había superado el control de legalidad de la acusación, pero hubo una demora porque el Congreso modificó una norma del Código Procesal Penal, que permitía impugnar el auto de enjuiciamiento a través de un recurso de apelación. Ese recurso, finalmente, ya ha sido resuelto.

¿Dice que la demora en el caso de Villarán es por responsabilidad del Congreso?

El último tramo, absolutamente. Absolutamente. Porque es una modificación de este paquete de normas que busca favorecer a quienes, en casos de esta naturaleza, dilatan el inicio del juicio oral. Finalmente, ya llegamos al momento en el que hay que programarlo, y esperamos que no pase lo que ocurrió con la señora Fujimori, que programaron el juicio oral para dentro de seis meses. 

Ahora, creo que hay una mayor sensibilidad social y, siempre con el mayor respeto al Poder Judicial, confiamos en que su agenda permitirá que el caso de la señora Villarán comience lo más pronto posible. 

También dicen que hemos favorecido al señor Martín Vizcarra. Su caso estará finalizando muy pronto, el cálculo es hacia el mes de mayo. Tenemos un caso muy sólido para que se llegue a una sentencia de condena. 

Verá usted, lo que produjo, de alguna manera, el caso Lava Jato ha sido una coalición de las fuerzas que nos enfrentan. Y eso lo podemos ver, claramente, en los abogados. Son los mismos, seguramente, de firmas legales constituidas y de mucha representatividad.

Bueno, pero todos tenemos el derecho a la defensa, ¿cierto?

Absolutamente, yo no digo lo contrario. No intento hacer un juicio de valor sobre la actividad profesional del abogado, sino lo que quiero es dar una evidencia, objetiva, de que los mismos abogados que participan en un juicio son los mismos que participan en otro y, por tanto, tienen intereses antagónicos con el Ministerio Público. 

Eso nos lleva a lo que usted decía, que, éticamente hablando, lo correcto es que un abogado siempre, cuando opine, revele su conflicto de interés, haga su disclaimer. En fin, es lo que corresponde. Pero, tal vez, eso sea mucho pedir.