Propuesta de norma de Produce busca que presuntos ilícitos penales del sector pesquero ya no sean reportados al Ministerio Público de inmediato.

El 41,8% de áreas protegidas del Pacífico central y sur carece de planes técnicos para evaluar las acciones de conservación, detectó investigación.

Grupo analizará discrepancias, el impacto de un decreto que flexibilizó la pesca de tallas menores y cierres preventivos, entre otros temas.

La decisión también dejó sin efecto los decomisos preventivos y ordenó la devolución de más de S/826.500 a las empresas pesqueras.

El Ministerio Público detectó que, en 2018, la nave fue usada para cometer el delito de tráfico ilegal de especies acuáticas.

OjoPúblico accedió a 51 resoluciones que prueban que, al menos, 12 empresas no reportaron información real sobre pesca de anchoveta juvenil.