Los procesos administrativos sancionadores contra 11 empresas pesqueras por haber pescado o presentado velocidad de pesca dentro de la Reserva Nacional de Paracas están en riesgo de prescribir, advierte un informe de orientación de oficio del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de la Producción (Produce), instancia adscrita a la Contraloría General de la República. 

El documento, del 29 de enero de este año —al que tuvo acceso en exclusiva OjoPúblico—, advierte que 97 de los 99 procedimientos sancionadores contra esas compañías están en “riesgo de que opere el plazo de prescripción para ejercer la potestad sancionadora de la entidad [Produce]”, al no haber sido resueltos a la fecha. 

RIESGO. El informe del Órgano de Control Institucional advierte del riesgo de que queden sin efecto las sanciones y cobranza de multas.

Captura: Informe de OCI 

Todos estos procedimientos cuentan con resolución de la Dirección de Sanciones de Produce. La primera instancia del ministerio resolvió que, en los 99 casos, correspondía la aplicación de multas por infracción a la Ley General de Pesca. En conjunto, las sanciones económicas para las pesqueras suman S/13’026.848,75, de acuerdo con un reciente cálculo del OCI de Produce.

Si las prescripciones se concretan, las empresas beneficiadas serían Pesquera Exalmar, Austral Group, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), CFG Investment, Pesquera Diamante, Pesquera Hayduk, Tecnológica de Alimentos S.A. (Tasa), Pesquera Centinela, Empresa Extractiva Srltda, Empresa Pesquera Percar y Pesquera Saby.

PLAZO. La facultad de Produce para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en un plazo de cuatro años.

Captura: Informe de OCI

Las ocho primeras forman parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Todas ellas son acusadas de pescar en la Reserva Nacional de Paracas, uno de los principales ecosistemas marinos del Perú, que concentra uno de los bancos de anchovetas juveniles más importantes de la región.

La evaluación del órgano de control

Un oficio del Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) de Produce, del 18 de diciembre del 2024, que contiene información detallada sobre los 99 procedimientos administrativos contra las pesqueras, fue clave para que OCI concluya que, al menos, 97 de estos están en riesgo de prescribir.

Las autores del informe explican que, según el reglamento de la Ley General de Pesca, la facultad de Produce para determinar la existencia de infracciones administrativas en su sector prescribe de acuerdo con lo que dispone el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, en un plazo de cuatro años, contados desde el día en que se cometió la infracción. 

Este medio revisó el documento que el Conas entregó al OCI y encontró que, de los 97 procedimientos pendientes de resolver, 96 provienen de infracciones cometidas en 2020: 11 ocurrieron en mayo, 44 en junio, 39 en noviembre y 2 en diciembre. Es decir, todos tienen una antigüedad mayor a cuatro años.

De los 97 procedimientos pendientes de resolver, 96 provienen de infracciones cometidas en 2020.

“La situación expuesta genera el riesgo [de] que opere el plazo de prescripción y que el Ministerio de la Producción pierda la facultad para ejercer la potestad sancionadora, dejando sin efecto las sanciones y la cobranza de las multas impuestas”, se lee en el documento.

La prescripción de un procedimiento administrativo se declara de oficio por la autoridad a cargo del mismo, cumplido el plazo de ley. De no hacerlo, los administrados también pueden plantearlo y la autoridad debe resolver sin más trámite que la constatación de los plazos, señala la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

FISCALIZACIÓN. Según Produce, el Sernanp ejerce su función fiscalizadora en las áreas naturales protegidas incluyendo los casos de pesca industrial.

Foto: MINAM

El informe de control recomienda al ministro de la Producción, Sergio Gonzales Guerrero, que ejecute las acciones preventivas y correctivas que correspondan para asegurar el cumplimiento de los mencionados procesos. Además, le otorga un plazo de cinco días hábiles para informar de las acciones adoptadas.

Para el abogado Erick Cuba Meneses, docente de Derecho en la Universidad Científica del Sur y especialista en derecho administrativo, si ya han transcurrido los cuatro años que establece la ley como plazo, corresponde la prescripción para estos procesos. “Sí, efectivamente, si todo se cumple, han prescrito”, dijo a OjoPúblico.

No obstante, indicó que existe una salvedad: quizá el plazo pudo haber sido interrumpido por alguna razón, por ejemplo, por la pandemia de la covid-19, lo que se debería tener en cuenta al momento de hacer el cálculo.

Cuba Meneses aclaró que la prescripción, en general, no debe ser tomada como un riesgo, ya que es una garantía que forma parte del debido procedimiento y busca evitar que las entidades no lleven a cabo procesos largos, que afecten a los administrados. 

Aún así, el abogado dijo que la administración no debería dejar prescribir sus procedimientos, salvo en casos de fuerza mayor, como la complejidad del caso. “No deberían dejarlos prescribir; la norma se ha establecido pensando en que cuatro años es tiempo más que suficiente para resolver”, indicó.

Una opinión diferente tiene la abogada Carmen Heck Franco, directora de Políticas de Oceana Perú. Señaló que los 99 casos por pesca en Paracas ya cuentan con resolución directoral de sanción (de la Dirección de Sanciones de Produce), lo que evidencia que la infracción fue determinada dentro del plazo de cuatro años, por lo que ya no correspondería una posible prescripción.

Los 99 casos por pesca en Paracas ya cuentan con resolución directoral de sanción.

Sin embargo, explicó que si el Consejo de Apelación de Sanciones, donde actualmente se encuentran todos los casos, declara la nulidad de la resolución de primera instancia por algún vicio y ordena retrotraer el procedimiento, sí existiría riesgo de prescripción, ya que se volvería al estado en que estaba pendiente determinar si existió o no una infracción.

En cuanto a la posibilidad de que los casos queden impunes, Heck Franco indicó que, más allá de su análisis sobre si hay posibilidad de prescripción, sí hay riesgo de impunidad. “El riesgo de impunidad existe mientras las sanciones no queden consentidas. Más aún considerando que el ministerio evalúa una modificación a su reglamento, lo que podría crear un vacío legal y hacer que la pesca en áreas naturales protegidas ya no sea considerada una infracción sancionable por Produce”, comentó a este medio.

En efecto, en un reciente informe, OjoPúblico dio cuenta de que Produce ha planteado cambios en dos infracciones relacionadas a las actividades extractivas: extraer recursos hidrobiológicos en áreas reservadas o prohibidas y presentar velocidades compatibles con la pesca en áreas reservadas. Precisamente, las dos faltas que cometieron las 11 pesqueras que afrontan esos 99 procesos administrativos sancionadores.

Este medio solicitó comentarios sobre el informe de OCI al ministro de la Producción, Sergio Gonzales Guerrero. Por encargo suyo, la respuesta llegó por parte del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos Ruiz. 

El funcionario señaló que el Conas es el órgano encargado de evaluar y resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación, garantizando el cumplimiento de la ley y cautelando el debido proceso.

El Conas es el órgano encargado de evaluar y resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación.

Respecto al riesgo de prescripción alertado por el OCI, indicó que, en segunda instancia, de acuerdo a ley, no se aplica el plazo de prescripción, ya que este “está circunscrito exclusivamente a la primera instancia sancionadora”.

Asimismo, agregó que Produce reafirma su compromiso con la protección de los recursos marinos y reconoce la rectoría del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dentro de las áreas naturales protegidas. “Quienes actualmente vienen ejerciendo sus competencias de fiscalización y sanción, incluyendo los casos vinculados con la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, que se realizara el año 2020”.

Las multas son por S/13 millones 

En junio del 2024 se informó que las multas aplicadas a las 11 empresas por pescar en la Reserva Nacional de Paracas sumaban 6.6 millones de soles, pero el cálculo realizado por el OCI de Produce para su informe del último 29 de enero da cuenta de que las sanciones económicas aplicadas, con cifras actualizadas a este año, fueron en total 2.434,925 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 13.026 millones de soles. 

El OCI consideró que se trata de 10 empresas pesqueras, ya que ha sumado a Copeinca las multas aplicadas en contra de la empresa CFG Investment, que pertenece al mismo grupo empresarial.

Vale precisar que, teniendo en cuenta que dos casos ya tienen confirmación de multa, una de Copeinca y otra de Exalmar, por un total de S/67.950,35, los procesos en riesgo de prescribir sumarían multas por un total de S/12.958 millones.

Cambios y renuncias en el Conas

¿De qué instancia depende resolver esos procesos? Las apelaciones presentadas por las pesqueras contras las 99 sanciones de primera instancia se encuentran, desde junio de 2024, en el Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) de Produce. Aunque ya han pasado siete meses, esa segunda instancia solo ha resuelto dos casos, en ambos ha confirmado las multas.

“Es alarmante que no se les dé a estos casos la prioridad que merecen. El plazo legal para resolver las apelaciones es de 30 días, no se entiende qué podría justificar una demora tan prolongada”, cuestionó la abogada Carmen Heck, de Oceana.

OjoPúblico envió un cuestionario a la directora general del Conas, Rosa Zavala Correa, a fin de tener sus descargos ante esta demora en resolver. Al cierre del informe no hubo respuesta.

Sin embargo, lo que sí hubo fueron dos cambios y una renuncia. Zavala Correa renunció al cargo y en su reemplazo el ministro Sergio Gonzales designó a Ricardo Gabriel Herbozo Colque. 

RENUNCIA. Carta firmada por Rosa Zavala Correa donde presenta su renuncia irrevocable al cargo de directora general del Conas.

Captura: Carta de Rosa Zavala

OjoPúblico accedió a la carta de renuncia irrevocable de la ahora exdirectora general del Conas, Rosa Zavala. La veracidad del documento fue confirmada por ella. “La carta es mía, yo la redacté y la firmé”, respondió escuetamente a un mensaje de este medio.

En su misiva de renuncia, Zavala Correa señala que su alejamiento del cargo se debe a la próxima designación de nuevos presidentes de las salas del Conas, dejando sin efecto la permanencia de los funcionarios que encontró al momento de asumir funciones. 

Zavala Correa señala que su alejamiento del cargo se debe a la próxima designación de nuevos presidentes de las salas del Conas.

“Es precisamente en estos momentos, que las referidas salas, por indicación mía, (...) se encuentran abocadas a resolver los expedientes que contienen los recursos de apelación a las sanciones impuestas a diversas pesqueras por pescar en la Reserva Nacional de Paracas”, señaló en su renuncia. 

En efecto, estos cambios se concretaron el viernes 7 de febrero. Ese día, Produce retiró de sus funciones a dos miembros titulares del Conas: César Zelaya Tafur, presidente de la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, y a Luis Alva Burga, presidente de la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería. 

Ambos son los autores de las dos únicas apelaciones que el Conas ha resuelto hasta ahora, de las 99 que presentaron las pesqueras tras haber sido sancionadas en primera instancia por presuntas infracciones en la Reserva Nacional de Paracas: una corresponde a la Pesquera Exalmar y la otra a Corporación Pesquera Inca (Copeinca). Zelaya Tafur emitió la resolución para el caso de Copeinca, y Alva Burga, para el caso de Exalmar. En los dos casos las multas fueron confirmadas. 

Los dos nuevos miembros del Conas son Jaime de la Torre Obregón y Verónica Caballero Gonzales, quienes son funcionarios en Produce. En diciembre de 2023, un informe de auditoría de la Contraloría los señaló como responsables de irregularidades en la entrega de permisos para la exportación de 24 toneladas de aletas de tiburón, valorizadas en USD 883.325,51, en beneficio de cuatro empresas.