En la cuenca del río Nanay, uno de los afluentes fundamentales del Amazonas y principal fuente de agua para Iquitos, la expansión de la minería ilegal de oro ha transformado, en pocos años, la vida de comunidades indígenas y campesinas alejadas. 

Lo que parece un problema ambiental o de seguridad es, en realidad, la expresión más aguda de una economía de frontera: desregulada, violenta, profundamente arraigada en la precariedad, el abandono estatal y el avance incontrolable de la fiebre del oro. 

Loreto no tiene una tradición de minería informal de oro en los niveles de, por ejemplo, Madre de Dios. La actividad en el Nanay, al realizarse en cuerpos de agua, es ilegal. Sin embargo, de aprobarse los cambios propuestos en la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), se podría permitir la minería aluvial, incluso, en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. 

La extracción de recursos de modo ilegal en la zona es funcional a estrategias de acumulación, que reconfiguran las relaciones sociales locales, por lo que, en la cuenca del Nanay, vemos características de una “frontera extractiva”. En este contexto, es necesario implementar estrategias de conservación y desarrollo más efectivas. 

Loreto no tiene una tradición de minería informal de oro en los niveles de Madre de Dios".

La expansión de la minería ilegal 

Alto Nanay es uno de los 11 distritos de la provincia de Maynas, en la región Loreto. Tiene una superficie de 14.290,81 km². Como referencia, la provincia de Lima tiene una extensión de 2.672,28 km². El distrito de Alto Nanay es, en otras palabras, cinco veces más grande. 

De acuerdo con el informe de pobreza monetaria al 2024, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Loreto es la segunda región con mayor nivel de pobreza monetaria en Perú, con 43%. Solo la supera Cajamarca. 

La pobreza monetaria es generalizada en las comunidades de Loreto, y las del Alto Nanay no son la excepción. En el mapa de pobreza monetaria a nivel distrital, publicado en 2018, se ubicaba en el puesto 403 de 1.874 distritos del ámbito nacional, y en el puesto 23 de 53 distritos de Loreto. 

El Nanay es una cuenca con altos niveles de biodiversidad, excepcional en términos geológicos y extremadamente frágil, como explica el biólogo José Álvarez Alonso. 

Sus altísimos niveles de biodiversidad se dan en tierras poco fértiles para actividades agropecuarias. El río Nanay tiene un curso muy poco dinámico, con escasa erosión y arrastre de sedimentos, por lo que es extremadamente frágil y vulnerable a cualquier alteración en el cauce.

VULNERABLE. La cuenca del Nanay es de alta biodiversidad, geológicamente excepcional y de una fragilidad extrema.

Foto: Diego Pérez

Fluye a través de dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana —gestionada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)— y el Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay —gestionada por el Gobierno Regional de Loreto—.

En la primera, donde se encuentra el puesto de control de Yarana, no hay incidencia directa de minería ilegal. Río arriba, en la zona del ACR y más allá de la capital distrital (Santa María, donde hay una comisaría y también el puesto de control de la Marina), está la zona minera, que tiene como epicentro la comunidad nativa de Alvarenga. 

Cuando se creó el ACR, en 2011, se excluyó del área de conservación al territorio titulado de esta comunidad, que tiene como única frontera el ACR. En esa zona, que quedó desprotegida por el ACR, es donde se ha concentrado la actividad minera. 

La cuenca del río Nanay se ha convertido en un nuevo frente de expansión para la minería ilegal de oro. De forma similar a otras fronteras extractivas en el país como, por ejemplo, Madre de Dios, el río Santiago, o Pataz.

Esta actividad avanza bajo lógicas extractivas propias de economías de frontera: desregulación, ocupación acelerada y desordenada del territorio, violencia, y una interacción problemática entre comunidades locales, actores externos y el Estado. 

La cuenca del río Nanay se ha convertido, en los últimos años, en un nuevo frente de expansión para la minería ilegal de oro".

Diversas investigaciones periodísticas recientes han documentado las dinámicas alrededor del avance de la minería ilegal en el Nanay. La tendencia general es al aumento de dragas, que se están expandiendo desde la parte alta hacia la cuenca media. 

En 2023, OjoPúblico reportaba que, desde 2020, más de 110 dragas habían sido destruidas en la cuenca del Nanay, según reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Marina. 

La mayoría de estas ocurrieron entre las comunidades de Puca Urco y Alvarenga. Solo en marzo de 2025 el Observatorio de Minería Ilegal (a través de ACCA) detectó 14 nuevas infraestructuras de este tipo en el Nanay.

Otro reportaje de OjoPúblico, publicado el mismo año, demostró cómo la maldición del oro genera niveles de actividad ilegal e inseguridad tan altos que las autoridades fiscales (...) no pueden acceder fácilmente y han sido recibidos con disparos de armas de fuego”. 

En la zona ha habido asesinatos, ataques a las autoridades fiscales y militares durante interdicciones en comunidades críticas. También se han reportado ataques al puesto de control de Yarana —establecido como centro de operaciones para combatir la minería ilegal en el Nanay—, incautación de armas de fuego, insumos para las dragas y mercurio, entre otros. 

En el Nanay, la minería ilegal avanza bajo lógicas extractivas propias de economías de frontera".

Delitos conexos a la minería ilegal, como el sicariato, la trata de personas, y explotación de menores se han incrementado. Las personas que denuncian estos hechos sufren amenazas. De acuerdo con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), actualmente, hay 15 personas de comunidades ubicadas en la cuenca del Nanay que han solicitado garantías para sus vidas.

En un informe publicado por Epicentro, el director de programas de la ONG Propurús, Iván Brehaut sostiene que mafias peruanas y colombianas han tomado el río Nanay. 

Según esta versión, “el Ministerio Público tiene evidencias de que el río loretano es controlado por el crimen organizado, en particular, por una facción de las disidencias de las exFARC colombianas, que ha instalado allí una frenética actividad de minería ilegal y desatado una crisis ambiental y social que no tenía precedentes”. 

Esta organización transfronteriza, conocida como Comandos de la Frontera, o Sinaloa, estaría liderada por alias “Papilón”. Usando el cuaderno de control en el puesto de Yarana, Brehaut documenta el alto número de ciudadanos colombianos que transitan por la zona, supuestamente para hacer turismo en el ACR. 

Según Brehaut, gran parte del oro extraído en el Nanay sería trasladado hacia Colombia, mientras que las interdicciones no parecen hacer mella en los actores ilegales, debido a la falta de coordinación entre las instituciones, la corrupción y la limitada presencia estatal en las áreas remotas de la cuenca del Nanay. 

Respuestas desde la región

La minería en el río Nanay es ilegal. El artículo 5 del Decreto Legislativo 1100, del 2012, prohíbe “en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales”. 

Esto se fundamenta en los grandes impactos negativos al medio ambiente y la biodiversidad asociada, los cuales son irreversibles en el corto y mediano plazo. 

A diferencia de otras zonas del país en las que las fronteras entre lo ilegal y lo informal son borrosas, sobre todo cuando existe una tradición de minería artesanal, en Loreto no hay tradición minera ni avance relevante de la minería informal (Peña y Sosa, 2025). La actividad en los cuerpos de agua es ilegal y, con el marco legal actual, no hay vías de formalización. 

En febrero de 2003, el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) declaró la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteran la cobertura vegetal. En los años posteriores, se emitieron otras ordenanzas regionales para proteger la cuenca del Nanay de actividades extractivas, en particular, de la minería. 

PROTECCIÓN. La cuenca del Nanay cuenta con el Área de Conservación Regional Alto Nanay y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Entre ellas, destaca la Ordenanza 14, que, en 2012, prohibió el uso de dragas, maquinarias y otros insumos en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal. 

En 2023, el Gorel creó un Plan de Acción Contra la Minería Ilegal y conformó un Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal, a cargo de capacitaciones, visitas, talleres de sensibilización y apoyo a operativos de interdicción. 

Este grupo también incluye al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Capitanía de Puertos y la Defensoría del Pueblo, entre otros. 

Estas medidas demuestran que, más allá de su debilidad o deficiencias operativas, las autoridades de Loreto no respaldan la minería en el Nanay, sino que vienen adoptando acciones para enfrentar este fenómeno. 

Sin embargo, un reciente estudio revela que la expansión de la minería en Loreto se beneficia del apoyo del Congreso, a través de proyectos de ley y votaciones que promueven normas que facilitan el crecimiento de la actividad y su vínculo con redes criminales. 

Estudio revela que la expansión de la minería en Loreto se beneficia de iniciativas promovidas por el Congreso".

Una respuesta institucional concreta para la conservación de la cuenca del Nanay fue la creación del ACR, en 2011. 

Además de la conservación de la diversidad biológica y de los hábitats, el decreto de creación menciona “conservar el recurso hídrico, originado en las nacientes de los ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira, de forma que asegure la calidad y aprovisionamiento de agua y otros servicios ambientales en beneficio de la población local y de la ciudad de Iquitos, mediante el manejo integral de esta cuenca”. 

En agosto de 2023, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó la concesión minera Raíces Gaddaffy, en el distrito de Alto Nanay, al ciudadano Ricardo Moreno Valderrama. La concesión abarcaba 1.000 hectáreas ubicadas aguas abajo de Puca Urco e incluía porciones del río, aunque en teoría estaba destinada a la extracción de oro fuera de su cauce. 

Esta concesión fue rechazada por el Gorel y varias organizaciones de la región, como el Colegio de Biólogos y el Comité de Defensa del Agua, al considerarla una grave amenaza. 

En ese contexto, se registró una movilización ciudadana y el Comité de Defensa del Agua, con apoyo del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), presentó una acción de amparo contra la concesión. En agosto de 2024, la sala del Primer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto declaró fundada la demanda y anuló la concesión. 

La creación del ACR, en 2011, fue una respuesta institucional concreta para la conservación de la cuenca del Nanay".

Esta decisión fue ratificada en enero de 2025 y marcó un precedente histórico para Loreto. La movilización ciudadana, sobre todo en Iquitos, ha sido importante para hacer frente a la expansión de la minería de oro en el Nanay. 

El 24 de febrero de 2025, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) lanzó, en Iquitos, el Observatorio Indígena de Minería, en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), como medida para fortalecer la organización de los pueblos indígenas frente al desborde de minería ilegal en Loreto. 

Durante el lanzamiento de esta herramienta de monitoreo de la minería, líderes indígenas, defensores ambientales, investigadores y representantes de la Defensoría del Pueblo coincidieron en señalar que el Alto Nanay es una zona crítica, con graves afectaciones a derechos humanos y territoriales. Por ello, solicitaron declarar la zona en emergencia ambiental y sanitaria.

Testimonios desde el abandono 

En los primeros meses de 2025, visité el Alto Nanay junto a otros profesionales interesados en lo que pasa en la cuenca. No existían condiciones adecuadas de seguridad para entrar hasta la zona minera ni visitar su epicentro —el área entre la comunidad nativa de Alvarenga y Puca Urco— así que llegamos solo hasta Diamante Azul. 

Durante esa visita, conversamos con varios dirigentes, autoridades locales y agricultores de la zona, quienes dan cuenta de situaciones que apuntan al progresivo desmantelamiento de estructuras comunitarias de autoridad y decisión, en el que la cooptación llega incluso a las organizaciones indígenas y comités de gestión del territorio. 

Los testimonios más alarmantes revelan que adolescentes abandonan sus hogares para convertirse en parejas de mineros foráneos, principalmente colombianos. También hay menores de edad que dejan la escuela para trabajar en la minería. 

En la zona, es de conocimiento público que la minería ilegal tiene su epicentro en Alvarenga, pero la actividad se expande río abajo, hacia la cuenca media, con Puca Urco como otra zona crítica. Entre los entrevistados, hay reclamos sobre los controles policiales, donde se confiscan productos a los agricultores, quienes se quejan diciendo que “contra la minería no hacen nada”. 

INVESTIGACIÓN. El autor de esta columna recogió diversos testimonios de la población de Diamante Azul, ubicada en el distrito de Alto Nanay.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Según los testimonios recogidos, los actores principales de la expansión son redes mineras organizadas, principalmente de origen colombiano y peruano. También son mencionados brasileños, venezolanos y ecuatorianos. 

Los entrevistados señalan que, cada draga, extrae unos 80 gramos de oro por día y se vende a no menos de S/200 cada gramo. En otras palabras, involucra un ingreso diario de entre S/16.000 y S/480.000 al mes. La actividad ofrece trabajos bien remunerados a personas locales, como buzos, operadores de botes, cocineros en campamentos o para realizar otras labores de apoyo a la extracción de oro. 

Los testimonios recogidos también indican que la ruta para la comercialización del oro, maquinaria, personal e insumos no se da únicamente por el río Nanay, sino que existe un ingreso alterno por el río Tigre, a través de una trocha que conecta el caserío Santa Elena con la comunidad de Alvarenga. 

Señalan, además, que es común que el traslado de insumos por el río Nanay eluda los controles de las fuerzas de seguridad. 

Violencia y fragmentación comunitaria

En la zona del Alto Nanay, ya no hay un rechazo unánime a la actividad minera, sino una disputa entre su aceptación o resistencia. Según autoridades locales, en la capital Santa María los mineros no han podido entrar porque es un pueblo más grande y organizado, mientras que otras localidades como Diamante Azul han oscilado entre resistir y aceptar la actividad, muchas veces bajo presión o cooptación. 

En noviembre de 2024, en Santa María, se realizó una medida de fuerza contra la minería ilegal, cerrando el río con una soga de unos 200 metros. Diamante Azul también realizó una medida de protesta, exigiendo acciones más firmes por parte del Estado para erradicar esta actividad de la cuenca. 

Los testimonios recabados en distintas comunidades retratan una realidad marcada por la violencia, la corrupción y la pérdida de cohesión social. “La minería es el gran flagelo del Alto Nanay (…) Ahora hay robos, inseguridad y, en algunas comunidades, el presidente comunal les da servicios a los mineros", refiere un dirigente local. 

Ciertas localidades, como Alvarenga, están involucradas directamente en el negocio, mientras que, en otras, la actividad es tolerada.  

Según declaraciones a OjoPúblico de Bratzon Saboya, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Material Ambiental (FEMA) de Loreto, los habitantes de Puca Urco, antes, estaban comprometidos en erradicar la minería ilegal. Pero, ahora, se habrían visto “doblegados ante el poder económico de los ilegales”. 

La respuesta estatal ha sido calificada desde el territorio como insuficiente, errática y, en ocasiones, cómplice". 

Los mineros ilegales ofrecen ayuda en salud, transporte de enfermos, tanques de agua e, incluso, instalan Internet satelital en comunidades alejadas. Esto genera una lógica de dependencia y legitimidad que debilita los mecanismos comunitarios de control. Según varios testimonios, algunas comunidades cobran cupos para permitir el paso o instalación de mineros. 

La respuesta estatal ha sido calificada desde el territorio como insuficiente, errática y, en ocasiones, cómplice. La mayoría de los testimonios refieren a las fuerzas del orden —la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú— como cómplices de ciertos mineros. Por ello, son selectivos al permitir el paso de embarcaciones, personas e insumos hacia la parte alta de la cuenca. 

En el puesto de control de Yarana hay una rotación frecuente del personal, proveniente de otras regiones del país. La lógica es evitar que los policías se coludan con los mineros ilegales. Algo similar ocurre con los miembros de la Marina. 

Al respecto, algunos testimonios refieren irregularidades durante las incautaciones de insumos, como gasolina o maquinaria, o impunidad frente a detenciones de mineros en flagrancia. En otras versiones, los puestos de control funcionan mejor ahora, que en el pasado. 

Sin embargo, desde la percepción de los ciudadanos, hay un contraste en el funcionamiento de la fuerza pública, las comunidades y los mineros: mientras a las comunidades conservacionistas se les prohíbe aprovechar el bosque por las restricciones de las áreas protegidas, los mineros construyen discotecas y reparten dinero en efectivo sin mayores consecuencias.

Impactos ambientales y sanitarios

La minería ilegal ha contaminado cuerpos de agua clave con metales pesados, como el mercurio, afectando la biodiversidad y la salud humana. El uso de este metal genera daños irreversibles a los ecosistemas acuáticos. Los testimonios recogidos en la zona reportaron contaminación de peces, deforestación y destrucción de cochas. 

Los impactos del mercurio en la salud de las personas en la Amazonía han sido objeto de varias publicaciones como, por ejemplo, Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio del Ministerio del Ambiente.

La misma señala que este metal “no es fácilmente eliminado por el organismo, acumulándose en diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmones, hígado y causando severos efectos adversos a la salud, difícilmente diagnosticables y menos aún tratables adecuadamente”. 

Para el caso del Nanay, una investigación reciente del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), reveló niveles alarmantes de mercurio en comunidades indígenas y ribereñas. 

PROTECCIÓN. La actividad minera en los cuerpos de agua es ilegal y, con el marco legal actual, no hay vías de formalización.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

CINCIA recolectó muestras entre peces y personas de la cuenca, específicamente en las comunidades de Mishana y Anguilla, en el Bajo Nanay; Santa María de Nanay y Diamante Azul, en el Alto Nanay; San Juan de Raya y San Antonio, en el río Pintuyacu. 

El estudio halló que casi el 80% de las personas evaluadas presentó riesgo medio y alto por exposición a mercurio, asociado al consumo frecuente de pescado que concentra este metal pesado. 

Esto indica una “situación de exposición generalizada en la población”, que es “particularmente preocupante en los grupos más vulnerables, donde 45% de los niños y 37% mujeres en edad reproductiva presentaron concentraciones de mercurio en el cabello asociadas con un riesgo alto para la salud”. 

Considerando que la pesca es la principal fuente de proteínas en el Nanay, como señala José Álvarez Alonso, “pronto podría ocurrir el escenario de Madre de Dios: que las autoridades de salud recomienden a las personas dejar de consumir pescado para evitar la contaminación con metilmercurio”. 

Pese a que el río Nanay abastece de agua a cerca de medio millón de personas en Iquitos, la protección efectiva del agua sigue sin concretarse.

Conservación y desarrollo

En la cuenca del Nanay, las iniciativas de conservación de la biodiversidad —como el Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana— coexisten con un contexto de precariedad social, abandono estatal y expansión de economías ilegales. 

Este escenario ha generado tensiones estructurales entre los objetivos de conservación y las urgencias del desarrollo económico local, que se manifiestan en conflictos cotidianos, disputas territoriales y una creciente desconfianza hacia las instituciones responsables.

La situación en el Alto Nanay se agrava en un contexto donde la promesa de ingresos rápidos convierte al oro en una vía de escape frente a la falta de alternativas económicas sostenibles para las comunidades. 

Un dirigente local recuerda que el ACR se creó como una estrategia comunal para proteger los recursos. Pero, con el tiempo, dice, el manejo se tecnocratizó y se alejó de las prioridades locales. Mientras tanto, la minería ilegal creció. 

La situación en el Alto Nanay se agrava en un contexto donde la promesa de ingresos rápidos hace del oro una vía de escape".

Como señala Álvarez Alonso, “aunque la creación del área sirvió para frenar el saqueo indiscriminado de madera, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos que practicaban gentes foráneas en estas cabeceras, no está sirviendo, lamentablemente, para impedir la minería ilegal, impulsada por mafias bien organizadas y armadas, ante la cuales los pobladores no han podido hacer mucho”. 

Los dirigentes comunitarios denuncian que, mientras se restringen actividades tradicionales, como la pesca o la tala, los mineros ilegales ofrecen víveres, Internet, atención médica y dinero en efectivo, generando una narrativa de efectividad y cumplimiento frente a un Estado ausente. 

De esta manera, la minería ilegal se presenta como una opción atractiva para sectores empobrecidos. Una autoridad local lo resume de forma elocuente: “la población que no tiene oportunidades es la que se mete en la minería. Los más pobres, en situación familiar difícil, son quienes entran a trabajar en la minería. 

Ecología política de las fronteras extractivas

Como explicaron Peluso y Watts hace casi 25 años, en territorios remotos donde confluyen recursos valiosos, poca presencia del Estado y actores armados o informales, es común que surjan “ecologías violentas”. Eso es justamente lo que está ocurriendo en la zona minera del Nanay. 

Las economías ilegales se sostienen mediante relaciones de poder, que combinan coerción, clientelismo y dependencia. Así, crean sistemas extractivos que dominan el territorio, pero que a la vez cumplen funciones sociales básicas para quienes viven ahí. 

En el caso del Nanay, esta situación se entiende por múltiples factores: a nivel global, los altos precios del oro; a nivel regional, la expansión de remanentes de las FARC y otras organizaciones criminales en el bioma amazónico; a nivel nacional, un Congreso que promueve leyes que favorecen la minería ilegal y la debilidad e inoperancia del Gobierno nacional. 

A nivel departamental, se suma la limitada capacidad del gobierno regional de estar presente en su amplio territorio a través de proyectos productivos viables y, a nivel local, la pobreza, la falta de opciones económicas y la desilusión con las alternativas disponibles. Todo esto se agrava por redes de corrupción en Loreto, que alcanzan a las fuerzas de seguridad. 

Siguiendo algunas ideas de Tania Li (2014), en la explotación del oro en el Nanay se replica un esquema común en el que la extracción de recursos ocurre al margen de la legalidad, a través de ensamblajes extractivos inestables y desiguales, que se sostienen sobre la informalidad, la precariedad laboral y el despojo. 

Las economías ilegales se sostienen mediante relaciones de poder, que combinan coerción, clientelismo y dependencia".

En el Nanay, comunidades empobrecidas se ven integradas a una economía global del oro sin regulaciones, sin seguridad y sin derechos laborales.

Las ideas de Anna Tsing (2005) son útiles para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el Nanay. Para Tsing, las economías de frontera no son márgenes del capitalismo, sino su condición de posibilidad: lugares donde las reglas se flexibilizan, las jerarquías se reordenan y los actores económicos encuentran nuevas formas de explotación. 

En el Nanay, las dragas, los compradores de oro y los habilitadores colombianos coexisten con estructuras comunales, redes familiares y una institucionalidad estatal intermitente o colapsada. 

Es, precisamente, esa coexistencia la que permite que se mantenga un negocio altamente lucrativo, sin ninguna regulación y sin que la economía extractiva asuma responsabilidad alguna por los impactos negativos que genera. 

Lo que sucede en el Nanay no es un problema exclusivamente ambiental o criminal, sino el resultado de procesos económicos y sociales profundamente políticos, que se despliegan en territorios marginados bajo nuevas formas de ocupación y control. 

Comunidades empobrecidas se ven integradas a una economía global del oro sin regulaciones, sin seguridad y sin derechos".

El Nanay se configura como una frontera extractiva en la que los patrones de acumulación al margen de la ley no traen desarrollo, sino severas consecuencias ambientales y sociales. 

En este contexto, la respuesta del Estado debe, no solo ser decidida, sino también sofisticada, especialmente ante la evidente pérdida de control territorial en un área de significativa importancia estratégica . 

Desde el punto de vista geopolítico, el Perú no puede descuidar el control territorial de la cuenca del Nanay, dejándola en manos de mineros ilegales. 

Las acciones desde el Estado han sido sumamente tímidas, con más esfuerzos de la institucionalidad regional que de la nacional, que incluso parece perfilarse como una aliada de la ilegalidad. 

Desde una perspectiva local, si las estrategias de desarrollo y de conservación no ofrecen alternativas económicas tangibles y legítimas, la minería ilegal continuará ocupando ese vacío con consecuencias devastadoras para la biodiversidad y para las comunidades. 

Por ello, la conservación de la biodiversidad debe ser incluyente y ofrecer alternativas productivas sostenibles a quienes habitan los territorios de las áreas protegidas. Lo que está en juego en el Nanay no es solo el oro, la biodiversidad o el agua: es el derecho de las comunidades a un futuro distinto al saqueo.