“Todos saben mi tragedia, qué pena
Y nadie cambia mi suerte
Tal parece que el minero, qué pena
Sufrirá hasta la muerte”.
Lamento de minero 
Luz del Ande

Juvenal Quispe, con casi 2 millones de seguidores, es hoy uno de los puneños más populares en redes sociales como TikTok. Alcanzó notoriedad al documentar las duras condiciones laborales en los socavones del centro poblado de La Rinconada, en Puno. 

Hoy, aprovechando su fama, promociona desde muebles hasta farmacias y herramientas para la minería, mientras alterna sus publicaciones con escenas de su rutina como “cachorrero” en los socavones más altos del mundo.

Un poco más al norte, o más precisamente en el sur medio peruano, Marijel Huamani, joven oriunda de Tambillo, Arequipa, retrata en TikTok la vida de las “pallaqueras”, mujeres que, como ella, recolectan mineral. 

Sus videos combinan bailes en tendencia, su formación en un instituto técnico y su labor con el “quimbalete”, instrumento artesanal empleado para moler y concentrar oro.

Marijel y Juvenal representan el eslabón más modesto de la cadena aurífera".

Marijel y Juvenal representan el eslabón más modesto de la cadena aurífera, muy lejos de los rimbombantes nombres vinculados a los grandes capos de la minería ilegal, y aún más distantes de las discutibles decisiones que el Estado ha tomado sobre la minería informal e ilegal en las últimas décadas. 

Decisiones que, para usar una expresión en boga, no son más que una sucesión de reformas y contrarreformas.
 

Reformas, retrocesos y contradicciones

Desde la promulgación de la Ley Nº 27651, en 2001, el Estado reconoció a la minería informal como un problema de política pública. Aunque, en 2012, se instauró un proceso extraordinario de formalización, que permitía operar mientras se avanzaba en el cumplimiento de requisitos (Decreto Legislativo Nº 1105 y otros), la evidencia demuestra que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado.

Como en tantos otros sectores —salud, educación, seguridad—, el Estado suma, aquí, otro fracaso. Uno motivado tanto por el desconocimiento de la realidad, como por decisiones políticas y técnicas mal enfocadas de quienes creyeron entender el fenómeno, sin reconocer que se trata de múltiples dinámicas sociales. 

No es lo mismo la minería en La Rinconada (Puno) que en Pataz (La Libertad), ni se compara con la de Pamputa (Apurímac) o La Pampa (Madre de Dios). Cada contexto exige un enfoque diferenciado. Para empezar, se debe distinguir entre la minería filoniana o de socavón y la aluvial (característica de Madre de Dios y la Amazonía). 

En ciertos casos, son prácticas ancestrales complementarias a la agricultura; en otros, enclaves surgidos de la reciente “fiebre del oro”, alimentada, entre otros factores, por precios récord del mineral y una oferta laboral formal insuficiente para los jóvenes. Esa capacidad de absorber mano de obra sin requisitos formales ha sido clave para el crecimiento y el poder político de este sector.

DISTINTAS. Cada contexto, explica el autor, requiere un enfoque específico. Por ejemplo, la minería aluvial tiene dinámicas distintas a la de socavón.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Uno de los aspectos más relegados en el análisis estatal es la cadena de valor de esta actividad, especialmente los eslabones que sostienen la ilegalidad. 

En este punto, las plantas de beneficio son clave. Mayoritariamente ubicadas en el sur medio (Chala, Nazca, Cañete), ingresaron al proceso de formalización, a pesar de no ser operadores mineros en sí mismos, sino prestadores de servicios de molienda a escala industrial.

Es sabido que buena parte del mineral extraído informal e ilegalmente se procesa en estas plantas, que, a diferencia de los miles de pequeños mineros, son pocas y, por ende, más fáciles de fiscalizar. Aunque en su momento el Estado intentó fortalecer los mecanismos de control, en los últimos años, ha vuelto a centrar su accionar en sancionar al operador minero, ignorando un componente esencial de la cadena. 

Ya no se incauta oro de origen ilegal, ni se detiene a grandes compradores, ni se intervienen plantas clandestinas. El foco ha regresado, como siempre, al eslabón donde también están los más vulnerables.

No es lo mismo la minería en La Rinconada que en Pataz, ni se compara con la de Pamputa o La Pampa".

Comprender esta parte de la cadena implica reconocer que, de los más de 82.000 mineros inscritos en el proceso de formalización hasta mayo de este año, apenas 20.000 siguen activos y, probablemente, la mitad nunca logre completarlo. Las razones son múltiples. 

En Madre de Dios, por ejemplo, muchos operadores que trabajan en zonas autorizadas enfrentan superposiciones con bosques de protección, territorios indígenas o cuerpos de agua, lo que les impide avanzar.

Esto revela un problema estructural: el régimen de concesiones. Un funcionario del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) llegó a declarar, sin reparo alguno, que no tendría inconveniente en otorgar un título en plena Plaza Mayor de Lima, pues su competencia es el subsuelo, no la superficie. 

Esta lógica reduccionista ignora que, en la Amazonía, extraer oro implica destruir bosque y afectar —en la mayoría de los casos— los derechos de cientos de comunidades indígenas. Otorgar derechos de explotación bajo ese razonamiento es, cuando menos, absurdo.

PROBLEMA. Uno de los obstáculos para la formalización de minería de socavón, explica el autor, es la rigidez del régimen concesionario.

Foto: Sernanp

En el sur medio y el norte del país, la situación es distinta. Muchos mineros informales operan en concesiones ajenas. En lugares como Caravelí, la minería existía incluso antes de que esas tierras fueran concesionadas. 

Algunos titulares —una minoría— están dispuestos a firmar contratos con quienes ya ocupan sus terrenos. Otros, especialmente las empresas medianas o grandes como Las Bambas, difícilmente lo harán, dada la naturaleza y magnitud de su operación. También están quienes han llegado a acuerdos, pero se resisten a formalizarlos.

Así, uno de los mayores obstáculos para la formalización, particularmente en la minería de socavón, es la rigidez del régimen concesionario. Un titular puede mantener una concesión indefinidamente con solo pagar derechos y penalidades. 

Eso convierte la posibilidad de formalización de un minero en una decisión sujeta enteramente a la voluntad de un actor privado. Por más políticas, planes o simplificaciones que se promuevan, mientras no se revise este régimen será difícil avanzar.
 

El laberinto de la formalización

Lejos de corregirse, esta situación se ha agravado con el Decreto Legislativo Nº 1320 (durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski), que flexibiliza sanciones en los primeros años de una concesión y extiende su vigencia a 30 años antes de que esta caduque, frente a los 15 años que establecía la norma anterior.

Paradójicamente, durante ese mismo Gobierno se emitió el Decreto Legislativo Nº 1293 y, más adelante, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31007, la cual fue promulgada sin observaciones por el Ejecutivo presidido por Martín Vizcarra. 

Ambas normas facilitaron el ingreso de mineros ilegales al proceso de formalización. Es decir, el Estado —ya incapaz de formalizar a los inscritos— no solo prorrogaba plazos, sino que abría nuevos registros. El mensaje para quienes hacían esfuerzos por formalizarse era claro: no vale la pena.

Si los grandes pueden contaminar impunemente, ¿por qué el minero informal debería recibir un trato distinto?".

Durante el periodo de Kuczynski también se emitió el Decreto Supremo Nº 018-2017-EM, donde se establecía, entre otras medidas, la posibilidad de que un minero informal pueda modificar la ubicación de su operación e incluso transferir por sucesión la titularidad de la inscripción en el Reinfo.

Un minero formalizado en 2014, en Puno, relataba con tono de arrepentimiento las dificultades que enfrentaba desde que ingresó al proceso. Convertido en blanco permanente de las entidades fiscalizadoras, observaba con frustración cómo, a su alrededor, decenas de informales e ilegales operaban sin mayores contratiempos.

Este comportamiento errático del Estado no se limita a la minería informal. Paradójicamente, uno de los mayores desastres ambientales en el Sur Andino proviene de una operación formal. 

La cuenca del río Llallimayo, en la provincia de Melgar (Puno), ha sido declarada en emergencia ambiental debido al vertimiento de relaves mineros por parte de la empresa Aruntani S.A.C., lo que —tras años de presión ciudadana— motivó su cierre definitivo en 2019. La lección parece invariable: si los grandes pueden contaminar impunemente, ¿por qué el minero informal debería recibir un trato distinto?

IMPACTOS. "En la Amazonía, extraer oro implica destruir bosque y afectar los derechos de cientos de comunidades indígenas", indica el autor.  

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía. 
 

El poder de la informalidad

Hoy, apenas un 20% de los inscritos en el Reinfo está habilitado. Pero eso no significa que el 80% restante haya abandonado la actividad. Muchos probablemente esperan una nueva prórroga, la reapertura del padrón o algún cambio normativo que los reincorpore. 

Esta ha sido la constante en los últimos años: extender plazos, flexibilizar requisitos, movilizarse y, de forma más sofisticada, ganar espacios políticos. Como ocurre, no solo con el espectro de la minería informal e ilegal, lo importante ya no es acatar la normativa, sino conseguir poder para que esta se acomode a ti.

En ese empeño, los mineros informales han tenido un éxito notable. Antes, veíamos alcaldes, congresistas o gobernadores ligados a la minería informal en regiones como Puno o Madre de Dios, asesores suyos ocupando altos puestos en el Poder Ejecutivo. Hoy, que un exasesor de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) presida el Congreso de la República parece menos sorprendente.

La Fedemin es, probablemente, uno de los gremios más influyentes del país. Lo mismo ocurre, en sus regiones, con la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (Fedecim), la Central de Cooperativas Mineras de Rinconada y Lunar de Oro (Cecomirl), o la Federación Regional de Mineros Artesanales de La Libertad (Fremarlib). 

La minería informal se ha convertido en una de las pocas opciones viables de subsistencia para miles de personas".

Muchas de ellas integran la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), visitantes habituales del Congreso y bien recibidos por políticos como Hernando de Soto o el expresidente Pedro Castillo, quien los acogía en el patio de Palacio de Gobierno. 

Con semejante capacidad de influencia, era previsible que el ministro Rómulo Mucho Mamani, abiertamente cercano a la gran minería, no duraría mucho en el cargo.

Si bien estas federaciones representan a una suerte de élite de la minería informal, no hay que perder de vista que se trata de una actividad, si se quiere, “democrática” en la distribución de beneficios: desde el “cachorrero”, que recibe como pago el derecho a explotar un socavón, hasta la “pallaquera”, que recolecta lo que otros desechan. 

Incluye también a quienes brindan servicios de alimentación, transporte, venta de maquinaria, comercio y, por qué no, algunos malos políticos, policías y operadores de justicia que se benefician de alguna forma.

En contextos de precariedad laboral, la minería informal se ha convertido en una de las pocas opciones viables de subsistencia para miles de personas. Es esa capacidad de generar empleo inmediato lo que también le otorga legitimidad social y fuerza política.
 

La fiebre que no cesa

Queda claro que el minero informal es, hoy, un sujeto político. Asistimos a una suerte de idealización del emprendedor, del trabajador de socavón, que expone su vida y salud para alcanzar el éxito. De la joven que recicla mineral para pagar sus estudios. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que detrás de esta actividad también se esconden intereses vinculados a la corrupción, el contrabando y el crimen organizado que ha permeado la actividad en algunos ámbitos. 

La minería informal no es sinónimo de crimen. Sin embargo, vista la situación de inseguridad en Pataz y las disputas por el recurso en comunidades de Apurímac y Arequipa, el escenario es poco alentador.

La historia demuestra que las “fiebres del oro” han terminado, en su mayoría, por agotamiento del recurso. Pero también han sido moldeadas por factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos. 

El Estado y los mineros han construido un conveniente artificio: 'el informal'. Un término que justifica todo".

Desde 2012, existe una institucionalidad formal: la Dirección General de Formalización Minera (DGFM). No obstante, su rol se ha reducido a una oficina receptora de trámites, más propiamente, de trámites de mineros informales. Hay un padrón, una dependencia, pero no una política pública integral.

En 2012, se diseñó una estrategia de saneamiento. Fracasó. Hoy, contamos con una Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PMMA) al 2030 y el Minem anuncia una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Un reconocimiento tácito de que el problema no es solo legal ni administrativo. 

Es, también, laboral, ambiental, sanitario, educativo y territorial. Ante la falta de empleo, la minería informal ofrece una vía de inserción económica inmediata. ¿Dónde están el Ministerio de Trabajo y otros sectores?

Mientras tanto, parece que el Estado y los mineros han construido un conveniente artificio: “el informal”. Un término que justifica todo. Mientras unos la perpetúan y otros la consienten, la fiebre continúa extendiéndose. ´

Fiebre que volverá a titulares cuando se repitan hechos como los ocurridos en Pataz o Caravelí, donde las disputas por el oro han cobrado decenas de vidas. Como cantaba Maximiliano Alanya Carhuamaca: “Que engañado vivías del mundo en tus placeres. Me da pena tu vida ahora que andas llorando”.