El Perú es un país amazónico con una de las mayores superficies de bosques tropicales del mundo, que cubren el 57,3% de su territorio. 

Esta riqueza natural lo convierte en un epicentro de biodiversidad y hogar de 55 pueblos indigenas, aunque enfrenta desafíos en la conservación de sus ecosistemas y el reconocimiento de los derechos indígenas. 

A nivel económico, es un país minero clave, ubicándose entre los 10 principales productores del mundo de oro, cobre, plata, zinc, plomo y otros minerales, lo que lo convierte en un mercado de interés global. Sin embargo, en los últimos años, la inversión minera se ha visto afectada por factores políticos, retrasos en permisos y conflictos socioambientales.

Perú es un país de contrastes: posee una gran riqueza minera, pero sigue siendo una “nación inconclusa”, con la mayoría de sus regiones mineras en condiciones precarias.

Perú es un país de contrastes: posee una gran riqueza minera, pero sigue siendo una 'nación inconclusa'”.

La visión económica neoliberal apuesta por el crecimiento económico basado en la extracción de materias primas, lo que ha generado la destrucción del territorio y la pérdida de medios de vida en comunidades andinas y amazónicas. 

Esta realidad ha puesto en la agenda política la confrontación de estos pueblos con el Estado peruano, que ha favorecido los intereses del empresariado y de los grupos de poder económico. 

El modelo neoliberal impuesto en la década de 1990, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, marcó un punto de quiebre en la economía peruana.

La privatización de empresas estatales clave en los sectores minero, petrolero, energético, pesquero y agroexportador permitió que las grandes corporaciones tomaran el control de las principales actividades económicas del país. 

Como resultado, los grupos de poder económico consolidaron su dominio sobre la economía peruana, profundizando la dependencia del país de las actividades extractivas (Durand, 2017).

Poder económico en el sector extractivo

Los grupos de poder económico extractivos, a través de su “empresa madre”, controlan las principales compañías dedicadas a la explotación de materias primas, donde son accionistas mayoritarios (Durand, 2017). Estas empresas se caracterizan por sus altos niveles de ganancias, grandes inversiones y amplias concesiones territoriales. 

En 2022 y 2023, las compañías extractivas fueron las más rentables con las mineras y petroleras liderando el ranking de facturación. En 2023, seis de las 10 empresas más lucrativas fueron mineras, dos de hidrocarburos y solo una pertenece al sector salud y finanzas. El 80% de estas compañías pertenecen a los grupos de poder económico. 

Entre 2014 y 2023, la exportación total del país alcanzó un valor promedio de USD 49.312 millones anuales, de los cuales la minería representó más del 53%, con un promedio de USD 30.029 millones. En 2021 y 2023, las exportaciones mineras alcanzaron sus picos más altos, representando el 64% y 65% del total, respectivamente. 

Esta tendencia refleja la fuerte dependencia de la economía peruana de las actividades extractivas, donde la inversión extranjera juega un rol predominante en empresas controladas por los grupos de poder económico. 

Esta tendencia refleja la fuerte dependencia de la economía peruana de las actividades extractivas".

Las inversiones se concentran en minerales de mayor exportación como el oro, cobre, zinc y plomo (Minem, 2024). En 2021, las principales productoras del cobre fueron Southern Copper Corporation (21,6%), del Grupo México, con sus proyectos en Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua) y Cerro Verde (18,7%), de Freeport-McMoRan, Buenaventura y Sumitomo, con operación en Arequipa.

A ellas se suman Antamina (17,7%), del Grupo Glencore de origen suizo, en Áncash; y Las Bambas (14%), del Grupo MMG de origen chino en Apurímac.

Según el reporte anual Lista de las 500 Principales Empresas Exportadoras de la Sunat (2024), las 20 principales exportadoras, en 2023, fueron compañías extractivas: 19 mineras y una de hidrocarburos, en su mayoría controladas por grupos de poder económico de origen extranjero. 

Esto confirma que el mercado de exportación en Perú está dominado por capitales foráneos en el sector extractivo, “el motor” de la economía peruana. 

El incremento de la inversión ha impulsado el aumento de la exportación de los minerales en el comercio internacional. En 2022, las 10 principales empresas acumularon un total de USD 3.337 millones, mientras que, en 2023, la cifra alcanzó USD 3.130 millones.

Los mayores inversores fueron Anglo American Quellaveco S.A. (32%), Compañía Minera Antamina S.A. (14%), Minera Yanacocha S.R.L. (13%) y Southern Peru Copper (11%).

Las regiones mineras reciben mayores inversiones de las grandes corporaciones".

En 2023, las mismas empresas lideraron la inversión, aunque en diferente orden: Antamina (20%), Anglo American (18%), Southern Peru Copper (11%) y Minera Yanacocha (10%).

Todas tienen en común su pertenencia a un grupo de poder económico y su constante presencia entre las compañías con mayor facturación, producción y exportación de minerales clave, además de operar bajo el control de capitales extranjeros. 

Las regiones mineras reciben mayores inversiones de las grandes corporaciones. En total, la inversión minera cayó de USD 5.234 millones, en 2022, a USD 4.907 millones, en 2023, con una variación de -6,2%. 

A pesar de ello, las cinco regiones con mayores inversiones se mantuvieron casi sin cambios, salvo la entrada de Arequipa en lugar de Junín. Moquegua lideró, con USD 851,8 millones (17%), seguida de Áncash, con USD 696,3 millones (14%); Cajamarca, con USD 451,9 millones (9,2%); Ica, con USD 443,4 millones (9%), y Arequipa, con USD 425,2 millones (8,7%). 

El crecimiento económico impulsado por la minería ha estado acompañado de un aumento en los conflictos socioambientales, amenazas a defensores del territorio y contaminación ambiental (Durand, 2015). Mientras tanto, los grupos de poder económico, con el respaldo del Estado, priorizan sus intereses sobre el bienestar de la población, subordinando al país a un modelo extractivo.

En ese contexto, el comercio en Perú es desigual e injusto: mientras las corporaciones extranjeras del sector extractivo se benefician, las poblaciones amazónicas y andinas sufren la pérdida de sus recursos y la degradación de sus territorios (Martínez-Alier, 2021). 

Extractivismo en pueblos indígenas

Los grandes proyectos extractivos están asentados en territorios amazónicos y andinos. Desde 1991 hasta 2024, la superficie destinada a actividades mineras ha ido en aumento, con cerca de 20 millones de hectáreas concesionadas, lo que equivale a una quinta parte del territorio nacional (OMC, 2024). 

A octubre de 2024, los 10 departamentos con mayor cantidad de concesiones mineras son Apurímac, Moquegua, La Libertad, Áncash, Lima, Huancavelica, Arequipa, Tacna, Ica y Puno.

En estos territorios operan los grupos de poder económico minero, como MMG, en Apurímac; Antamina, en Áncash; Anglo American, en Moquegua; Poderosa y Marsa en La Libertad, entre otros. 

Estos territorios son ocupados por las compañías extractivas con el aval del Estado, sin la adecuada consulta previa, tampoco se considera la licencia social. Para persuadir a los habitantes, las empresas recurren a estrategias de manipulación, intimidación y presión mediática. 

Estos territorios son ocupados por las compañías extractivas con el aval del Estado, sin la adecuada consulta previa".

En Perú, las regiones con mayor cantidad de empresas extractivas, concesiones e inversión suelen registrar más conflictos sociales. De estos, más del 40% están relacionados con la minería. A nivel de conflictos socioambientales, los vinculados a la minería representaron más del 70% entre 2012 y setiembre de 2024.

Las principales causas de los conflictos sociales son problemas ambientales (contaminación), sociales (carencia de servicios básicos) e incumplimiento de acuerdos. A esto se añade la respuesta tardía del gobierno, su ausencia y desinterés histórico en los territorios amazónicos y andinos, así como la precariedad e ineficiencia de las instituciones estatales.

A largo plazo, el extractivismo, presentado como solución a problemas de salud, educación, economía, entre otros, deja más perjuicios que beneficios, empobreciendo el territorio y contribuyendo a la pérdida de la Amazonía.