El oro abunda en los lechos de los ríos y en las entrañas de la Cordillera del Cóndor, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, en la frontera con Ecuador. En esta zona, donde se libraron guerras con el país vecino en 1941, 1981 y 1995-1997, actualmente se registran disputas por este mineral. Además, se ha construido una carretera ilegal transnacional, se exporta oro de manera ilícita y circulan, a nivel transfronterizo y subnacional, armas de largo alcance y lingotes de oro como si se tratara de una zona franca.

El 17 de enero de 2025, en la comunidad de Kuyumatak, ubicada en la quebrada Comainas que desciende de la Cordillera del Cóndor y desemboca en el río El Cenepa, la ronda comunal realizó una redada y detuvo a alrededor de 25 personas provenientes de Pataz, La Libertad, a quienes les incautaron cinco armas de largo alcance.

Según los comuneros, estas armas fueron utilizadas en un enfrentamiento entre dos facciones suscitado un día antes en el asentamiento de Chayu Muja (antes Kumpanam), ubicado río arriba, en dirección noroeste, hacia la cima de la Cordillera del Cóndor. Desde hace cinco años, los awajún que habitan esta zona buscan que sea titulada como una comunidad nativa, aunque con poco éxito, para ganar dominio sobre el preciado metal. Ellos tienen conexiones con la minería ilegal desarrollada en la quebrada Shawit-entsa e intentan invadir El Tambo, un área altamente productiva y con presencia de mineros.

Estas armas fueron utilizadas en un enfrentamiento entre dos facciones suscitado un día antes en Chayu Muja.

Las personas de Pataz, a quienes los comuneros llaman trujillanos, habrían llegado a la Cordillera del Cóndor con armamento de guerra por la ruta de San Ignacio, Cajamarca, contratados por los awajún de la facción de Chayu Muja. Sus armas, incautadas temporalmente por la comunidad de Kuyumatak, no provendrían de las Fuerzas Armadas peruanas, según fuentes no oficiales. Se trataría de armamento de origen internacional, con una potencia de fuego de entre 30 y 50 municiones, modelos Arad o AR-15.

Las disputas por el oro

El Tambo se encuentra —como advirtió la Defensoría del Pueblo hace un tiempo— bajo el liderazgo del policía en situación de retiro Huber Villavicencio, quien antes ocupó el puesto de jefe de la División Policial del Medio Ambiente de la Policía Nacional de Huánuco. 

El 27 de enero, a través de la congresista Mery Infantes, el alcalde del centro poblado Shaim, Francisco Yampis Juwau, se dirigió al Ministerio del Interior en una carta en la que denuncia la quema y desalojo de Chayu Muja. En dicha misiva, menciona a Villavicencio y solicita la intervención de las autoridades.

“(...) Recurrimos a usted a fin de pedir protección e intervención y la inmediata acción de las autoridades competentes, no es posible que los extranjeros invadan nuestro territorio con la complicidad de personas como son Huber Villavicencio Briceño, abogado Edwin Chuima Chipayo, Saúl Yampis Kantua, Everaldo Antun Yampintsa y Yoni Daza Genebroso (...)”.

IRREPARABLE.Las dragas usadas por la minería ilegal contaminan el río Cenepa, afectando el hábitat de diversas especies.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Los comuneros coinciden en apuntar a Villavicencio como el actor hegemónico en El Tambo. “Villavicencio controla todo: las máquinas, los volquetes, coordina con los militares y decide cómo se pagan las operaciones”, indicó un trabajador de El Tambo que prefirió mantener el anonimato por seguridad.

Mientras los trujillanos habrían intentado desplazar a los mineros que extraen oro en El Tambo, el grupo posicionado allí habría recibido apoyo de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que opera a cambio de dinero. Se trata de una milicia transfronteriza a sueldo que, al menos en la Cordillera del Cóndor, atravesaría la frontera sin restricciones, según han denunciado autoridades awajún. 

El enfrentamiento dejó dos ecuatorianos fallecidos y dos heridos, también de la misma nacionalidad, según reportaron comuneros awajún. Por su parte, los trujillanos se quedaron sin municiones y, tras un intento fallido de reabastecimiento en Ecuador, emprendieron la retirada. En su huida, atravesaron la comunidad de Teesh, donde se activaron las alarmas awajún, y poco después llegaron a Kuyumatak, descendiendo por el río Comainas, donde fueron retenidos por unas horas.

El enfrentamiento dejó dos ecuatorianos fallecidos y dos heridos, también de la misma nacionalidad.

Sin embargo, la incautación de armas duró pocas horas. Según se informó, los trujillanos que participaron en el enfrentamiento lograron negociar la recuperación de las armas por S/15.000 y continuaron su escape río abajo, saliendo de la Amazonía por Urakuza, en el río Marañón. Es decir, este armamento transitó por el territorio nacional, desde la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, hasta llegar al Ecuador sin ser detectado. 

Los trujillanos habrían vuelto a su territorio con su armamento recuperado, atravesando el puesto policial de Chiriaco, donde la Policía Nacional del Perú realiza controles esporádicos a los vehículos que circulan por la carretera. Tras los enfrentamientos, el grupo asentado en El Tambo arrasó con el asentamiento de Chayu Muja, incendiando sus viviendas en venganza.

El control de la facción en El Tambo

Meses antes de esta disputa, se construyó, de manera ilegal, una carretera que conectaba Chayu Muja con Ecuador.  Esta vía les permitía a los comuneros de Chayu Muja acceso a la zona minera y rompía el monopolio del acceso al oro que mantenía la facción de El Tambo a través de una trocha construida en 2015 por la Compañía Minera Afrodita.

Días después del enfrentamiento, la Policía dinamitó secciones de la carretera ilegal que conectaba Chayu Muja con Ecuador, favoreciendo —intencionalmente o no— la hegemonía de la facción de El Tambo en el lucrativo negocio de la extracción ilegal de oro en la frontera.

DESTRUCCIÓN.Así quedó el asentamiento indígena Chayu Muja tras el enfrentamiento con la facción de El Tambo, según reportaron sus habitantes.

Foto: Comuneros awajún

El mineral extraído del territorio peruano es trasladado sin control de Aduanas ni Migraciones hacia centros de procesamiento en Ecuador. Las áreas explotadas corresponden a la concesión COMAINA 1, propiedad de la Compañía Minera Afrodita, cuyo gerente actual es Jorge Bedoya Torrico. 

A pesar de que la historia oficial entre Perú y Ecuador narra sus disputas ocasionadas por temas limítrofes, decenas de excombatientes, participantes de estas disputas, afirman que los conflictos armados entre Perú y Ecuador se iniciaron debido a la presencia de mineros ecuatorianos —militares o no— extrayendo oro dentro del territorio peruano.

La expansión de la minería ilegal

La demanda global de oro ha aumentado de manera sostenida durante décadas e incluso siglos. Según el World Gold Council, la mayor parte del oro se destina principalmente a la elaboración de joyas, seguida de su uso como activo de inversión. En tercer lugar, los bancos centrales lo adquieren como reserva, y, finalmente, se emplea en el desarrollo de tecnología.

En las últimas dos décadas, la demanda de oro por parte de los bancos centrales de reserva —ejes de las políticas económicas de los estados— cayó durante la crisis de 2010 y la pandemia, pero su tendencia es constante y al alza.

Es difícil no prever que la creciente sed de oro y la expansión de la minería ilegal terminarán por devastar el ecosistema del distrito de El Cenepa, en Amazonas: sus cuencas, sus cabeceras y también sus sistemas de organización social. La minería de socavón emplea explosivos para extraer el mineral; las dragas y lancetas destruyen los ríos; los mineros extranjeros obtienen ganancias mientras la roca explota, el lecho del río cede y las autoridades comunales se corrompen.

Es difícil no prever que la sed de oro y la expansión de la minería ilegal terminarán por devastar el ecosistema de El Cenepa.

¿Dónde desovan los peces que antes remontaban al río Cenepa y sus afluentes si la topografía subfluvial ha sido radicalmente removida? El mijano —el evento natural anual en el que bancos de peces de diferentes especies nadan contra la corriente masivamente para depositar sus huevos— ya no ocurre en el río Cenepa desde hace dos años.

La destrucción es inminente si el Estado, los gobiernos regionales y locales, así como sus organizaciones, no toman medidas drásticas para hacer cumplir la legislación vigente y proteger el medioambiente. El daño avanza de manera silenciosa, afectando la salud de los habitantes de El Cenepa, Condorcanqui y de toda la macrocuenca del Marañón y el Amazonas.

La resistencia frente a la minería ilegal

En la actualidad, son pocas las organizaciones o personas que se enfrentan a la minería ilegal en Amazonas. Entre ellas, destaca de manera emblemática Dante Sejekam Espejo, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Su estrategia ha sido incidir en los actores estatales y de la sociedad civil responsables de combatir este delito.

Ha conminado a la Policía Ambiental, la Fiscalía Ambiental, el Ejército del Perú, congresistas como Susel Paredes y Flor Pablo, así como a organizaciones indígenas clave, como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA). Además, ha liderado y motivado más de cuatro interdicciones contra la minería ilegal, en las cuales se han destruido más de 60 dragas.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y la Policía tienen el deber de implementar efectivamente el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos para proteger su labor y, sobre todo, prevenir cualquier amenaza contra su integridad física.

IMPACTOS. El mijano, como se conoce a los bancos de peces que nadan contra la corriente, ya no ocurre desde hace dos años en el río Cenepa.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Las interdicciones contra dragas tienen un impacto temporal, mientras que la demanda global de oro sigue siendo constante. En los ríos de Amazonas, los compradores suelen pagar por gramo casi 100 soles menos que el precio del mercado internacional, lo que permite mantener la extracción sin afectar significativamente las ganancias de los foráneos que llegan a explotar el mineral ni de los intermediarios que proliferan en la región.

Las oscilaciones del precio internacional solo se reflejan en el precio local cuando hay bajas, pero rara vez de manera proporcional cuando hay alzas. La información sobre el valor real del oro es prácticamente inexistente en las comunidades. Pocos saben que la London Bullion Market Association fija su precio en Londres.

Por otro lado, la preocupación por los impactos ambientales de la extracción es mínima en la mayoría de la población. Los costos en la salud humana y el ecosistema aún están por hacerse evidentes.

Siguiendo el camino de Madre de Dios

Amazonas, en mi opinión, avanza a su modo y bajo una gobernanza awajún que cojea, pero aún no ha colapsado completamente, siguiendo el camino de Madre de Dios, una región severamente afectada por la minería ilegal y la degradación ambiental. 

Nos preguntamos, al igual que el sociólogo e investigador en minería y medio ambiente Lenin Valencia, quien a su vez aludió al ecólogo Garrett Hardin: ¿podemos evitar la tragedia de los comunes?¹. A este ritmo y en este proceso, temo que no. Temo que la tragedia de los comunes sea inevitable en la región Amazonas, en el territorio del pueblo awajún.

Temo que la tragedia de los comunes sea inevitable en la región Amazonas, en el territorio del pueblo awajún.

Además, me preocupa que incluso la legislación internacional para la protección de los pueblos originarios —como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas—, con sus principios de “libre determinación”, “autogobierno” y “autonomía”, pueda estar siendo utilizada por ciertos sectores dentro de los mismos pueblos indígenas como un instrumento, supuestamente legal, para justificar actividades como la minería en cabeceras de cuenca o lechos de ríos, con graves perjuicios para la colectividad. ¿Se está creando, bajo una base legal indigenista, un Kumpanam o Chayu Muja en cabecera de cuenca con fines mineros, beneficiando a unos pocos en detrimento de muchos?

Los principios de protección de los pueblos originarios y sus territorios —por naturaleza colectivos e interdependientes— están siendo empleados de manera sectaria, con fines de beneficio faccional y, en algunos casos, incluso individual. Esto plantea un desafío para la Ley de Consulta Previa, cuyo reconocimiento fue una conquista ardua y que no habría sido posible sin aquel 5 de junio de 2009.

El caso de Chayu Muja, impulsado por la fiebre del oro, no está aislado de otros fenómenos en Condorcanqui. Será crucial no perder de vista las elecciones de 2026 en El Cenepa y sus vínculos con este metal precioso. La minería ilegal no solo transforma los ríos y el subsuelo, sino que también reconfigurará las disputas electorales y las gobernanzas locales. ¿O acaso los capitales mineros no invertirán en las próximas elecciones?

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Referencias bibliográficas

(1) “La tragedia de los comunes” es un debate que Garrett Hardin abrió en 1968 con su artículo "The Tragedy of the Commons". La tragedia que describe surge del uso individualista e indiscriminado de recursos compartidos, lo que conduce a su agotamiento. Posteriormente, la economista Elinor Ostrom precisó que los recursos “comunes” no son explotados indiscriminadamente por su carácter compartido, sino por ser de open access o libre acceso. Sus investigaciones demostraron que numerosos recursos “comunes” pueden ser gestionados de manera sostenible por colectividades o múltiples actores, siempre que estos establezcan acuerdos sobre acceso, uso, usufructo o exclusión.

En la Cordillera del Cóndor, la tragedia se manifestaría en la forma de un open access desatendido por el Estado y explotado por facciones armadas transnacionales e ilegales. O, vista como la crónica de una tragedia anunciada, sería la historia de una geografía donde el estado de derecho peruano no impera y, en su lugar, el ecosistema es destruido sistemáticamente por la gobernanza ilegal del extractivismo aurífero. Todo ello ocurre en un espacio transfronterizo donde las instituciones nacionales, encargadas de garantizar la soberanía, han pasado a servir intereses privados e ilícitos.