Actualización: 09:24 am

“Todos somos aquí, ___esteeeee… nadie habla ningún tipo de dialecto. Todos somos, ___esteeeee… hablamos el castellano. Ahora ellos ya eh… se organizaron, quieren pertenecer. Quieren ser nativos. Pero realmente nadie anda disfrazado, nadie se pinta la cara, es las costumbres como cualquier mestizo lo puede tener. Eso es lo que te puedo descartar. Eso es lo que te puedo informar”. 

Entrevista al Alcalde del Distrito del Puinahua, Loreto, por un periodista de Iquitos.

El 8 de agosto de 2020, mientras el mundo se debatía en una lucha contra la Covid 19; el pueblo kukama de Puinahua era abandonado por el Estado peruano. No llegaba ayuda alguna. Esto ocurría, también, en otros territorios indígenas. Meses antes, en el río Corrientes, el Apu de la comunidad de Pucacuro, Emerson Mucushua, había denunciado que los Achuar habían quedado desamparados durante el confinamiento. 

Pero esa semana de agosto el desprecio de las autoridades hacia los pueblos amazónicos quedó en evidencia: tres indígenas fueron asesinados en la localidad de Bretaña, la capital del distrito de Puinahua, cuando participaban de una protesta contra PetroTal, una compañía de origen canadiense que opera en la zona. 

Dicha localidad se ubica junto a la comunidad kukama de Villa Gran Tierra. Asimismo, en ese espacio se encuentra el Lote 95, que empezó a funcionar en el año 2005. Inicialmente, la operación estuvo a cargo de Harken del Perú Limitada - Sucursal del Perú, y, luego, pasó a manos de Gran Tierra Energy Perú S.R.L.

Aunque en 2018 esta última empresa cambió de razón social a PetroTal, su desprecio hacia los pueblos indígenas -en cuyo territorio tienen millones de barriles de hidrocarburos- se mantiene intacto. El Estado peruano tampoco ha sacado del abandono a los pueblos indígenas. Pero lo que sí ha cambiado es la actitud de las comunidades kukama del Puinahua, que -cansadas de tanto abuso, abandono y desprecio-, se organizaron para hacer respetar sus derechos.

La llegada de las petroleras y el Estado a los territorios de los pueblos indígenas tienen el mismo libreto: promesas, engaño y muerte, bajo el nombre del progreso. En Puinahua, por ejemplo, dos cochas que se encuentran a menos de 10 metros de distancia de las instalaciones de PetroTal, donde los pobladores pescaban para el sustento familiar, se han secado y nadie ha dado una explicación razonable. Las chacras de la zona no están produciendo como antes de la llegada de la firma; y lo mismo ocurre en la cuenca baja del río Marañón.

Si llegas por primera vez a la comunidad Villa Gran Tierra no es posible descansar en la noche sin ser fastidiado por el fuerte ruido que producen las máquinas que operan en el campo de explotación petrolera. Los movimientos telúricos -similares a los de un sismo- hacen temblar a las casas de la comunidad, y asustan a sus pobladores día y noche. 

No sabemos qué efecto puede estar causando esto en los delfines de río y en las aves y animales que habitan la reserva nacional Pacaya-Samiria. Nadie da explicación a estas preocupaciones, aunque PetroTal desarrolla sus actividades en la zona de amortiguamiento de una de las reservas naturales más importantes del país, y extrae toneladas de arena de las playas que circundan la reserva para su actividad empresarial.

La empresa tiene, además, una cámara de vigilancia que opera durante las 24 horas y se superpone al territorio de la comunidad. Así, viola el derecho de libertad de intimidad de sus habitantes, y genera  un malestar que se suma al provocado por el trato despreciable que reciben los pobladores kukama. Algo que fue confirmado con las lamentables declaraciones que dio la responsable de relaciones comunitarias de la empresa el día de la protesta: “aunque haya sangre o muertos la empresa no va parar ni un minuto”.

En los últimos meses, varios líderes indígenas de la zona han sido amenazados de muerte, entre ellos el apu de Villa Gran Tierra, Maister Flores Crispín, cuyo hermano fue asesinado durante la represión del 8 de agosto. El dirigente necesita protección para él y su familia. Sin embargo, cuando se trata de las comunidades indígenas, la policía de Bretaña se mantiene indiferente.

El Estado peruano invierte millones de dólares para “modernizar” la refinería de Talara justo cuando el mundo está obligado a cambiar de matriz energética. En simultáneo, el presupuesto designado para el cierre de brechas en los territorios afectados directa o indirectamente por la actividad petrolera es insuficiente; y no se sabe con certeza, cómo se elabora y se gestiona por las autoridades.

Mientras tanto, las víctimas: viudas, huérfanos, padres y madres ancianos y los hombres que han quedado discapacitados por balas que atravesaron sus cuerpos, durante la represión del pasado 8 de agosto, claman justicia.