Cartas y réplicas12 Abr 2019

Empresa vinculada a Sodalicio se pronuncia sobre litigio con comuneros de Piura

El apoderado de Inmobiliaria Miraflores Perú, Carlo Cevasco Benavides, señala que su empresa no colinda con ninguno de los comuneros denunciados y que no les han entablado una denuncia penal.
PIURA. Proyecto inmobiliario de empresa IMP mereció el pronunciamiento de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Foto: Radio Cutivalú.

El apoderado de Inmobiliaria Miraflores Perú (IMP) S.A.C, Carlo Cevasco Benavides, envió una carta notarial a Ojo-Publico.com a raíz de la publicación del pasado 4 de abril: "Caso Sodalicio: Alertan persecución judicial contra comuneros y periodistas", en donde informamos que la Organización Mundial Contra la Tortura cuestionó las demandas judiciales presentadas por empresas vinculadas a esta congregación.

En su carta, Cevasco pide que nos rectifiquemos porque "en la mencionada noticia se hace afirmaciones falsas", las cuales, dice, pueden afectar la reputación comercial de su empresa. En este sentido, detalla el motivo de su queja:

"En concreto se sostiene que las denuncias penales a las que se hace referencia en el comunicado de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú se habrían formulado contra comuneros que colindan con el proyecto inmobiliario Miraflores Country Club. Lo cierto es que el referido proyecto inmobiliario le pertenece a mi representada (IMP), pero nuestra empresa no colinda con ninguno de los comuneros mencionados y mucho menos se les ha entablado algún tipo de denuncia penal", indicaron.

En la nota difundida por Ojo-Publico.com no se menciona a IMP -que tiene como accionista principal a la Asociación Civil San Juan Bautista-, sino a su proyecto habitacional. La cita pertenece al abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, que señala lo siguiente: "Las tierras de los comuneros colindaban con el proyecto inmobiliario Miraflores Country Club, que pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuando la comunidad se negó a venderles las tierras, iniciaron una serie de demandas judiciales del 2012 al 2018 por diversos delitos”. 

Tampoco se indica que IMP haya entablado las denuncias penales contra los comuneros de Piura. Según la alerta de la Organización Mundial Contra la Tortura, estas fueron promovidas por la Asociación Civil San Juan Bautista e Inversiones Santa Regina S.A.C (ex Agrícola Santa Regina).

Lea aquí la carta notarial de Carlo Cevasco Benavides:

 

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