Las Elecciones Generales 2026 culminaron el 13 de abril luego de la extensión del plazo otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones debido a problemas de distribución de material electoral en 13 locales de votación de Lima Metropolitana.
A las 10:46 a.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que, hasta ese momento, 1.538 actas iban a ser enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. Entre estas actas –que son el 1,6% del total de las 70.320 contabilizadas, que representan el 75,8% del total– se evaluarán las actas observadas, votos impugnados, solicitudes de nulidad, así como actas extraviadas, siniestradas o con más observaciones, según las categorías establecidas por la ONPE.
Por su parte, la plataforma virtual del JEE registró, hasta esa misma hora, 11 actas observadas del JEE de Huancayo y ocho del JEE Lima Oeste.
Las actas observadas o impugnadas son aquellas que presentan inconsistencias que impiden su conteo inmediato. Entre los motivos frecuentes se encuentran errores materiales —como sumas incorrectas—, ilegibilidad, ausencia de firmas o cuestionamientos formulados por los personeros de los partidos políticos durante la jornada electoral.
El procedimiento establece que estas actas sean enviadas a los JEE, que deben emitir una resolución para cada caso. Dichas decisiones pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Solo después de este proceso, las actas regresan a la ONPE para su incorporación al cómputo oficial.
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó este martes 14 de abril, a las 2 p.m., al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; al contralor César Enrique Aguilar y al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.
Según la agenda de esta comisión, Corvetto Salinas deberá responder por las responsabilidades funcionales y las causas técnicas y operativas que provocaron que no se entregue material electoral en 13 locales de votación en Lima Metropolitana.
Al magistrado Burneo Bermejo le preguntarán sobre el impacto de este incidente en la validez del proceso electoral, y al contralor Aguilar Surichaqui sobre la revisión de la contratación de la empresa a cargo del traslado de material electoral, Galaga S.A.C.
Además, se contempla abordar con el defensor del pueblo las presuntas vulneraciones al derecho de votación de los ciudadanos que no pudieron votar el domingo 12 que, según cifras de la ONPE, fueron más de 50.000.
Por otro lado, la Comisión de Fiscalización discutirá dos mociones: una para que los jefes de los organismos electorales también asistan al Pleno del Congreso por este caso, y otra para pedir facultades de comisión investigadora y revisar si hubo irregularidades durante la jornada electoral del domingo pasado.
Annalisa Corrado, Eurodiputada y Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, informó que no existen “elementos objetivos” para justificar la narrativa de fraude en las Elecciones Generales que se desarrollaron entre el 12 y 13 de abril en el Perú.
Durante la presentación del informe preliminar de la misión, Corrado señaló que los retrasos en la apertura de los 13 locales de votación en Lima Metropolitana, que afectaron a más de 55.000 mil votantes, fueron hechos graves que comprometieron el desarrollo de la jornada. Sin embargo, ello no evidencia un acto de fraude electoral.
“No hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos que señalar. Está claro que ha habido problemas graves, el hecho que 13 centros electorales no hayan podido votar y que (la población) haya pasado todo el día esperando con mucha frustración ha sido grave. Los retrasos que han pasado en muchos sitios ha sido un problema que se tendrá que gestionar en la próxima vuelta, pero hasta estas alturas confirmo que no ha llegado a la misión suficientes elementos para decir que la narrativa de fraude tenga juicios objetivos para que sea desarrollada”, declaró.
Con ella coincidió Davor Stier, jefe de la Delegación del Parlamento Europeo, quien expresó su solidaridad con los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto el domingo por las demoras en la entrega del material electoral. “Ante los hechos acaecidos el domingo y el lunes, confiamos en que los mismos sean investigados de forma transparente y rápida para aclarar las posibles responsabilidades de lo ocurrido”, indicó.
Pese a las dificultades logísticas, la misión destacó que el proceso electoral peruano se desarrolló, en general, de manera pacífica y con respeto a las libertades fundamentales. Asimismo, valoró la alta participación de los peruanos, calificándola como una muestra de compromiso democrático.
“Estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República del Perú. Se llevaron a cabo en un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos tanto para los votantes como para la administración electoral. En un contexto de crisis políticas e institucionales, las reformas también suscitaron inquietudes sobre el desequilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. La participación de 37 organizaciones políticas puso de manifiesto la fragmentación del sistema de partidos políticos", añadió Corrado.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llegó al Perú el 26 de marzo y desplegó más de 150 observadores internacionales procedentes de los 27 Estados miembros de la UE, así como de Canadá, Suiza y Noruega. La presentación del informe final será presentado después de la segunda vuelta.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reconoció que hubo un “error puntual” en la jornada electoral del domingo 12 de abril, aunque descartó la existencia de irregularidades. Así lo sostuvo durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que fue convocado este martes 14, para responder por las presuntas irregularidades en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del domingo 12.
Admitió retrasos en la llegada del material a algunos locales, especialmente en zonas de Lima sur y Lima oeste, así como en tres puntos donde no se llegó a tiempo. Sin embargo, destacó que se logró distribuir material a 1.910 centros poblados, muchos de los cuales votaron por primera vez en su propio lugar. También señaló que se decidió mantener activa la página de resultados de la ONPE para evitar suspicacias sobre una posible manipulación de la información electoral.
Sobre la contratación de la empresa Galaga para el transporte de material electoral, explicó que el proveedor estaba habilitado para contratar con el Estado y que la existencia de penalidades no constituye un impedimento legal para su participación en procesos de contratación pública.
Pese a las incidencias reportadas, Corvetto indicó que el proceso se desarrolló adecuadamente. “La elección se hizo y se hizo bien”, afirmó. También indicó que el problema registrado fue de carácter “absolutamente extraordinario” y estuvo relacionado con el despliegue de material en Lima, el cual —dijo— será investigado sin justificaciones, ya que la propia institución se considera perjudicada.
Corvetto también defendió la organización del proceso electoral al destacar que más de 475 mil miembros de mesa fueron capacitados, lo que —según dijo— se refleja en el porcentaje “mínimo, reducido e histórico” de actas observadas. Asimismo, aseguró que la cadena de custodia del material electoral no se rompió en ningún momento y que no hubo pérdida de control sobre este.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar sobre las elecciones generales en Perú, en el que concluye que el escrutinio de votos durante las jornadas del 12 y 13 de abril se desarrolló sin incidentes.
“La misión observó que no quedaron electores aguardando en fila al momento de concluir la votación y que el escrutinio se desarrolló sin mayores incidentes”, indica el reporte emitido por la delegación que encabezó el diplomático boliviano Víctor Rico Frontaura respecto al proceso electoral del domingo 12. “En los recintos observados, los comicios se desarrollaron de forma pacífica y ordenada”, añadieron.
No obstante, precisa que se constataron demoras en la apertura de las mesas de sufragio tanto a nivel nacional como en el extranjero, una situación que resultó notoria en zonas de Lima Metropolitana y el Callao. Estos contratiempos, originados por diversos factores, como la ausencia de los miembros de mesa y los retrasos en el traslado del material electoral, provocaron la formación de largas filas de electores.
La misión de la OEA señala que “observó con preocupación que la tardanza en la apertura de los locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral”.
Respecto a la jornada del lunes 13, indica que se observaron algunas demoras debido a la ausencia de coordinadores de mesa, falta de disponibilidad de miembros de mesa y confusión por parte de los electores respecto a los horarios. Sin embargo, en general, el escrutinio se “inició de manera oportuna, desarrollándose en un ambiente ordenado y tranquilo”.
La misión internacional advirtió que durante la jornada diversas localidades estaban bajo la declaratoria de estado de emergencia, lo que restringe los derechos de libertad de reunión y libre tránsito. Señaló que ello puede obstaculizar la organización y desarrollo de los comicios.
También refirió que en días previos a la elección fue informada sobre la reubicación de diversos locales de votación a solicitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por problemas de seguridad relacionados con la presencia de grupos "hostiles" y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y delitos conexos.
Con miras a la segunda vuelta, la misión recomendó revisar los planes de contingencia para responder de manera oportuna a las emergencias a fin de cautelar el derecho al voto de los ciudadanos. Además, planteó simplificar y optimizar la instalación de los equipos de STAE y asegurar que las mesas cuenten con suficientes materiales (como tinta y papel) para garantizar su funcionamiento.
La misión estuvo integrada por 96 observadores de 22 nacionalidades distintas. Con ese equipo, se desplegaron en los 24 departamentos y la provincia del Callao. También tuvieron presencia en cuatro ciudades del exterior: Buenos Aires (Argentina), Washington D. C. (Estados Unidos), Barcelona (España) y Concepción (Chile).
Tras los hechos ocurridos durante las elecciones del domingo 12 de abril, el abogado Carlos Quinto Céspedes presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud que busca la nulidad del proceso electoral bajo la causal de presunta inconstitucionalidad.
OjoPúblico verificó que Quinto Céspedes cuenta con afiliación vigente, desde marzo de 2024, al partido político Ahora Nación, por el que postula a la presidencia Alfonso López Chau, según información del JNE. Asimismo, su habilitación en el Colegio de Abogados de Lima se encuentra actualmente en estado “inactivo”.
Entre sus argumentos, sostiene que ninguno de los candidatos ha presentado el certificado de goce del derecho de sufragio como requisito para ser elegido y por tanto el proceso electoral debe declararse nulo. Sin embargo, OjoPúblico consultó al abogado Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, quien precisó que dicho requisito no existe. "Se trata de una impugnación temeraria sin asidero legal que busca sobrecargar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones o en el peor de los casos sabotear el proceso electoral", dijo.
Asimismo, Quinto señala que la extensión del proceso electoral hasta el lunes 13 de abril vulnera lo establecido en la Constitución Política del Perú, que dispone que las Elecciones Generales se realizan el segundo domingo de abril cada cinco años. Sin embargo, la periodicidad de las elecciones no está estipulada en la Constitución, sino en la Ley Orgánica de Elecciones.
El militante de Ahora Nación añade que el escrutinio de votos no se llevó a cabo de manera continua e ininterrumpida, lo que, a su juicio, también contraviene la Carta Magna. “Este proceso electoral es nulo en su totalidad por la indebida actuación del ente electoral de disponer la suspensión y continuación del proceso electoral, lo que deberá ser corregido por esta instancia” se lee en el documento.
Jáuregui precisó a este medio que las únicas causales para establecer la nulidad del proceso electoral ya están especificadas en la Ley Orgánica de Elecciones. En el caso de la nulidad total solo se establecen dos causales, las cuales no se han cumplido y tampoco se señalan en los argumento del abogado Quinto: cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos; y si se anulan los procesos electorales en una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida.
Por otro lado, el mismo domingo 12 de abril, el abogado Colin Fernández Méndez pidió a la JNE la nulidad absoluta de todas las mesas que no se lograron instalar. Esas mesas, sin embargo, se instalaron al día siguiente y continuaron con el proceso. Fernández está afiliado al partido político PRIN desde agosto de 2022.
Entre los argumentos de Fernández solo se menciona que el proceso electoral debió culminar el 12 de abril de 2026 a las 5 pm y que su extensión “vicia lesivamente el proceso electoral”. Añadió que los Jurados Electorales Especiales deberían declarar la nulidad de la votación de dichas mesas de sufragio de acuerdo con sus funciones establecidas en la ley orgánica de elecciones.
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