Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas han evolucionado hacia superestructuras más fluidas e innovadoras. Esta suerte de diplomacia del crimen ha hecho que la demanda global de la cocaína reconfigure rutas y poderes. En América Latina, la violencia de este negocio ha colocado a Ecuador y México en un punto de quiebre; y en los últimos años, ha iniciado un agresivo control territorial de las fronteras amazónicas del Perú, Ecuador y Colombia.

Una investigación que hemos publicado en OjoPúblico –junto a socios en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil– alerta que el 72% de las localidades de la frontera están dominadas por el tráfico de drogas. Sobre estos temas conversamos con Gustavo Duncan, investigador colombiano que hace años analiza la narcopolítica y es autor de una serie de libros, entre ellos Más que plata o plomo (Debate, 2014), Los Señores de la Guerra (Debate, 2015) y Democracia feroz (Debate, 2017). 

El también docente universitario explica que una de las amenazas más peligrosas para la democracia viene ya no solo desde liderazgos caudillistas, sino desde abajo, “desde organizaciones armadas criminales, que entienden que pueden ejercer como gobierno, que entienden que pueden proveer soluciones a las demandas de la población y pueden ofrecer soluciones a la organización de la sociedad y son más eficientes”.

Puede ver la entrevista completa en nuestro canal de Youtube.

Se suele mencionar como un riesgo para la democracia que el narcotráfico capture o se infiltre en el poder político. ¿Pero es así, o es que en este momento, en varios países y territorios, el narcotráfico ya es un poder político en sí mismo?

A veces a nivel subnacional eso suele ocurrir. Es decir, hay lugares donde los narcotraficantes directamente se vuelven políticos y los políticos se vuelven narcotraficantes. Es decir, el operador político de una zona ofrece protección e impone las condiciones del negocio; define los derechos de participación y define cómo se distribuyen los excedentes. Pero eso no es tan común, a veces la prensa exagera. Aunque hay presidentes que han sido narcopresidentes, está el ejemplo de [Manuel Antonio] Noriega, [ex presidente de Panamá], que utilizaba el poder para cobrar un excedente de todos los narcotraficantes que utilizaban a Panamá. Esos son casos excepcionales. 

Lo que suele ocurrir con más frecuencia es que narcotraficantes o grupos armados que controlan el tráfico paguen a los políticos por obtener protección, para que el Estado no intervenga en su negocio o para que intervenga contra sus competidores. Ahora, hay niveles de corrupción. Por un lado, hay una corrupción que puede ser el pago a autoridades, pero hay otra corrupción aún más preocupante para la democracia y es cuando un grupo armado que controla un territorio le paga a los políticos, no solo para permitirle traficar droga, sino también para permitirle gobernar a la población de ese territorio. Ese es un nivel todavía más preocupante.

O podemos entrar en otro nivel, cuando un narcotraficante, sobre todo los que lavan dinero, maneja más dinero y comienza a definir las elecciones, y es capaz de elegir una bancada política que define leyes a favor del narcotráfico o define el nombramiento de funcionarios que no ataquen al narcotráfico. 

Hay una corrupción aún más preocupante para la democracia: cuando un grupo armado paga a los políticos, no solo para traficar sino para permitirle gobernar. 

¿En ese momento se puede hablar de narcoestado?

Comenzamos a hablar de narcopolítica. Puede ser a nivel subnacional, pero también hay una incidencia nacional y hay que analizar los niveles y los grados en que esto ocurre. En muchos casos hay compra de políticos, pero otras veces el político que recibe el dinero para su campaña presidencial no cambia mucho su agenda. De hecho, los narcos muchas veces pagan campañas presidenciales a sabiendas de que no les van a cumplir, pero saben que si no pagan puede ser peor. 

O sea, pagan para que no cambie, para que no haya cambios, no para que los protejan, sino para que no los ataquen, porque un presidente en los países latinoamericanos de todas maneras sigue siendo muy poderoso. Sin embargo, a largo plazo esto sí puede llevar a una erosión o a un deterioro de la democracia, sobre todo porque el financiamiento de una clase política por narcotraficantes lleva a un proceso de profundización del neopatrimonialismo, entendido el patrimonialismo como el acceso al poder a través de medio democrático como medio para enriquecerse personalmente.

Además de la narcopolítica, ¿qué pasa si miramos lo económico? La cantidad de dinero que acumula el tráfico de drogas, así como el de otras economías ilegales, ingresa a un sistema financiero que en muchos casos termina sosteniendo el PBI de un país. 

Los cálculos de esto [el narcotráfico] para el PBI en Colombia están entre 3% o 4%, y parece que en Colombia ahora es muy alto por la cantidad de cultivos de coca que hay, pero hay que ver los diferentes efectos en el resto de la economía. Porque ese dinero después regresa y hay que lavarlo, y en gran parte se lava con mercancías que entran de contrabando al país y que se venden en las grandes ciudades.  Entonces, ese dinero comienza a tener un impacto no solo en su dimensión sino en la importancia social. Todos los mercados de contrabando informal sostienen la economía de muchas personas.

Un estudio en México, sobre el impacto económico de esta actividad, señala que el narcotráfico era el quinto empleador en ese país. 

Sí, a veces hay como ciertas exageraciones. Eso [el impacto económico] es difícil de determinar porque hay diferentes grados. Puedes decir que es el quinto empleador, pero en qué. Por ejemplo, en Colombia el narcotráfico es muy importante directamente como empleador de cultivadores, en el país hay 300.000 hectáreas de cultivo, donde trabajan entre medio millón y un millón de personas.

El año pasado publicamos Narcofiles, una serie investigativa que explica el nuevo orden global del crimen. Las organizaciones criminales ahora trabajan de manera más colaborativa, operan como un negocio a través de franquicias, son mucho más sofisticadas. Llevas casi dos décadas analizando estos modelos criminales. ¿Qué cambios has notado en sus estructuras?  

En el caso colombiano hay que considerar que el narcotráfico se desarrolló alrededor de una guerra irregular, un proyecto de guerra revolucionaria, de toma del poder nacional que llevó a que surgieran ejércitos contrainsurgentes. Los narcos colombianos, a diferencia de los narcos de otras regiones del mundo, tuvieron que crear un aparato militar con capacidad de combatir a guerrillas como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La función de esos ejércitos era mucho más compleja que traficar drogas. Es decir, gobernar regiones enteras y combatir a las FARC es más complejo que traficar drogas hacia otro país. Esos fueron, por ejemplo, las autodefensas de Colombia [grupos paramilitares], cuya organización iba mucho más allá del narcotráfico. Igual sucedía con las FARC.

Ahora, la guerra contra la droga en Colombia ha sido un fracaso desde el punto de vista de producción. Colombia no ha logrado reducir la producción de drogas, pero sí logró replegar las amenazas institucionales; es decir, los colombianos en los años 80 y 90 teníamos a los carteles de Cali y Medellín. Pero actualmente el narcotráfico es controlado por ejércitos en zonas rurales y en zonas periféricas, lejos de los principales centros de poder del Estado. Y es cierto, ahora existe un mercado mucho más abierto. En Colombia ya comienzan a venir criminales de otros países a comprar directamente la droga, y por eso hay capturas de mexicanos, albaneses, holandeses, italianos.

La guerra contra las drogas en olombia ha sido un fracaso desde el punto de vista de producción: no ha logrado reducir la producción, pero sí logró replegar las amenazas institucionales.

De los grupos que actualmente operan en Colombia, ¿hay alguno que tenga una vocación exclusivamente de traficante de drogas o la mayoría tiene aún un discurso político? ¿Qué ha cambiado?

Lo que sí cambió mucho es que actualmente en los grupos armados no hay un proyecto político nacional, es un proyecto político local. Estos grupos comienzan a pensar en el gobierno regional y en las mejoras de las condiciones de vida regionales, son la autoridad regional. Con esto no quiero decir que sean filantrópicos o que sean idealistas, pero sí que tienen un proyecto de autoridad y de orden regional. Es decir, si no tienen poder político local ejercido a través de un ejército, no pueden controlar el narcotráfico. Y realmente son interesantes de analizar desde el punto de vista político porque ejercen como autoridad en algún territorio. 

Pero luego, también hay que ver la otra cara de la moneda, porque lo que ocurrió en Colombia es que se acabaron los proyectos nacionales de guerra, bien sea de rebelión contra el Estado o de legítima defensa, como tenían los paramilitares. Existen ejércitos cada vez más del corte de ejército privado. Algo de revolucionario queda en el ELN (Ejército de Liberación Nacional), pero está más relacionado con Venezuela, es una guerrilla binacional y ellos se sienten defensores ya de la Revolución Latinoamericana, pero no están construyendo un ejército revolucionario,  simplemente tienen ejércitos para control territorial en la zona periférica. 

Y eso existe en las zonas de producción; sin embargo, en las zonas de lavado donde se concentra el dinero también hay una afectación al poder, pero en este caso es a través de la financiación de campañas políticas, la contratación pública y el contrabando. Por ejemplo, para poder contrabandear y acceder a contratos es necesario tener bancadas políticas, que te nombren funcionarios afines. Ahora hay un escándalo reciente con un lavador en Colombia que ha financiado numerosas campañas políticas y se sabe que hubo presión desde miembros del gobierno para que nombraran a un funcionario de la Aduanas, amigo de este lavador. 

Bueno, el mismo presidente Gustavo Petro no se salvó de las denuncias.

El mismo presidente Petro no se salvó, pero no creo que nosotros podamos restringirlo solo a Petro, creo que eso venía de mucho antes, es decir, no se trata de defender a Petro, sino decir que esto ha sido ya reiterativo en la democracia colombiana y se han dado escándalos desde los años 90. 

INVESTIGADOR COLOMBIANO: Duncan es autor de los libros Más que plata o plomo, y Democracia Feroz.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

Hay tanto dinero proveniente del tráfico de drogas que es impensable que en nuestros países haya campañas sin dinero del narcotráfico. En el caso de Colombia ¿cuál es la situación ahora? ¿Quién ha reemplazado a figuras como las del cártel de Cali o la de Pablo Escobar? 

Esos fueron capos urbanos y fue un momento en que el Estado colombiano no estaba preparado para responder la guerra. Escobar plantea una guerra, no con narcotraficantes, sino con delincuentes de barrio, bandidos de barrio. Es decir, él lleva un proceso de creación de bandas en la ciudad de Medellín, los empodera, les da recursos y les pone una causa: la lucha contra el Estado. Y es capaz de mantener una guerra contra el Estado y de obligarlo a incluir dentro de la nueva Constitución la prohibición de la extradición. Entonces, tampoco subestimemos ese lado político, es decir, lo que se estaba peleando era el derecho de existir de los narcotraficantes y el derecho a controlar un negocio.

Lo que el Estado colombiano hizo es tolerar más en las grandes ciudades. Y de hecho los narcos en las grandes ciudades en Colombia no tienen que pagar al crimen organizado. Es decir, digamos que hay cierta libertad de mercado. Eso es un fenómeno relativamente reciente. Ahora, en zonas rurales de Colombia estos ejércitos controlan toda la producción, es decir, tú no puedes traficar droga ni comprar droga si no te entiendes con esos ejércitos. 

La cuestión es que no van a tener la incidencia nacional que tenían personajes como Escobar o como el cartel de Cali en su momento, que lo hizo más a través de la corrupción. Estos personajes pueden no ser tan llamativos, pero algunos de ellos pueden estar controlando la tercera parte o el 20% o el 30% de la droga que Colombia exporta. 

En Perú, luego de la detención de los capos más grandes hubo una atomización del negocio y surgieron clanes familiares o más locales, pero que igual sostenía la demanda del mercado de coca. Y lo que hay en zonas como el Vraem, son operaciones de rezagos de lo que algún momento fue Sendero Luminoso, pero se tratan más de grupos dedicados al narcotráfico pero que con fines más oportunistas siguen utilizando eventualmente un discurso político. En Colombia también hay varios grupos de disidentes, y lo mismo en Ecuador, donde varias pandillas disputan el mercado de la cocaína. ¿Cómo es actualmente el mapa de las estructuras criminales en Sudamérica?

Yo la pregunta que haría es sí Sendero Luminoso ejerce como autoridad local. Es decir, no sé si la gente le cree lo de la revolución o no. O si la gente obedece sus normas y utiliza los servicios de seguridad que ofrecen esas organizaciones armadas. Eso puede ser mucho más importante. Estos grupos pueden no tener un gran discurso. Pero ideología sí tienen, es decir, es un proyecto de autoridad y un proyecto de normas. De hecho, ¿quién quiere ser comunista hoy en las selvas de Perú? No creo que nadie quiera ser comunista hoy en la selva de Perú. 

Estas organizaciones pueden estar ofreciendo esas soluciones donde el Estado no es capaz, entre otras cosas, porque el Estado en muchos casos es débil, pero también es disfuncional, es decir, ¿el Estado tiene cómo ofrecer justicia para resolver pleitos entre sembradores de coca, para resolver precios, para resolver tarifas? No lo tiene, el Estado es disfuncional. En cambio, estas organizaciones ofrecen instituciones para resolver esta serie de problemas, en el momento en que además comienzan a vincularse con el tráfico de drogas, están produciendo riqueza. 

Ojo, no son solo organizaciones criminales extractivas, eso es un poco lo que pasó en Ecuador. En Ecuador existía un grave problema de pandillas, pero en el momento en que, sobre todo desde Colombia, se comienzan a utilizar los puertos con contenedores para traficar, sobre todo a Europa, Ecuador se convierte en un lugar valioso. La ruta de Ecuador comienza a valer y quienes ofrecen la seguridad en esa ruta eran las pandillas que controlan barrios marginales de esas ciudades. Por eso es que eso llega a otro nivel. Estamos ya hablando de organizaciones que no solo tienen una incidencia local, sino que cuentan con los recursos para escalar su poder, tanto armado como su influencia en la política. 

Es un proceso casi aspiracional ¿no? Porque, por ejemplo, Los Lobos de Ecuador comenzaron siendo un grupo de pandillas, de gatilleros, que se sofisticaron políticamente y quisieron más. Esa dimensión de querer tener más control territorial o de encontrar convergencias con otros negocios ilegales puede también darnos pistas de cuál podría ser el nuevo escenario del crimen para América Latina. 

Puede ser, hay diversas trayectorias, pero no creo que podamos hacer un pronóstico. Predecir en ciencias sociales y sobre todo en sociedades es muy difícil. Puede ocurrir que simplemente se creen pandillas en ciudades para controlar negocios locales, por ejemplo, plazas de vicios locales o extorsión. Y de hecho esas pandillas, aunque no tengan tanto dinero como un traficante internacional, sí tienen un enorme poder coercitivo. De hecho, pueden ser más políticos que un narco que solamente gana dinero. O sea, un narco que gana mucho dinero, pero que no tiene influencia política y no tiene ejército, en términos de poder no es mayor cosa.

En cambio, una pandilla, aunque no gane mucho dinero, pero establece una suerte de autoridad o un gobierno paralelo al Estado, en términos políticos son mucho más importantes y relevantes para la sociedad. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Es difícil de predecir y depende de muchas otras variables. Entre otras cosas, porque los otros actores tampoco son pasivos, los políticos tampoco quieren tener organizaciones armadas demasiado fuertes, quieren tener dinero, pero tampoco quieren que los suplanten. Y también están los propios lavadores de dinero, a ellos les interesa recibir protección, pero eventualmente pueden preferir la protección del Estado, de la policía o de la justicia. 

También están, por ejemplo, los capitalistas legales. A ellos tampoco les interesa que la clase política se corrompa demasiado porque los costos para hacer negocios pueden subir. Entonces, no creo que nosotros podamos hablar solamente que eso depende de las habilidades organizativas de los criminales o de los aspirantes a ejercer dominio territorial, sino de todas las otras fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto. Por eso es tan difícil de predecir las trayectorias en cada país. 

En el caso de Colombia, sin duda, fue el proyecto de guerra revolucionaria y la respuesta contrarrevolucionaria lo que se mezcló con el narcotráfico y creó una situación de violencia inédita, es decir, no conocida en otro país de Sudamérica. 

El presidente Petro habló mucho en campaña de la paz total y de darle una nueva forma a la lucha contra el narcotráfico en Colombia. ¿Cuál es tu lectura de la situación actual, luego de su apuesta por los acuerdos de paz, ahora hay un incremento de violencia y homicidios, y qué opinas sobre el rol de estas nuevas estructuras vinculadas al narcotráfico? 

Yo creo que lo que ocurrió fue una buena intención por el lado del presidente, pero nunca hubo una metodología ni un plan detallado para llevar a cabo este proceso de paz, porque era muy riesgoso. Es decir, en Colombia se trata de hacer un proceso de paz con al menos cinco grandes organizaciones, ejércitos rurales. Existe el ELN que es una guerrilla antigua, foquista de origen guevarista, mezclada con teología de la liberación, y con esa guerrilla se quiso hacer un proceso de paz tradicional, es decir, vamos a desmovilizar a revolucionarios.

Luego, la misma paz total implicaba a los disidentes y los reincidentes, es decir, aquellos que no se acogieron al proceso de paz con la FARC. Era la nueva generación, después de los mandos comunistas que crearon la FARC, ellos quedaron por fuera, eran una suerte de campesinos que sabían controlar territorios, sabían cómo hacer la guerra y manejar la economía criminal. A ellos le dan otro carácter más político, pero no igual que al ELN. 

Y está el problema de los reincidentes, que era un ala comandada por Iván Márquez. Y él había traicionado el acuerdo, entonces es más difícil poder llegar a una nueva solución. Y estaban también los “Gaitanistas” [también llamados Clan del Golfo] y otro grupo llamado los “Conquistadores de la Sierra”, que se veía más de origen paramilitar y con ellos lo que se quería era un sometimiento a la justicia. Y eso requería mucha coordinación, pues desmovilizar poco a poco, como lo pretendía el gobierno, era sumamente difícil, porque bastaba que uno rompiera el acuerdo para que los ceses al fuego no se dieran.

Colombia eventualmente tendrá que hacer un acuerdo de paz con todas estas organizaciones, porque son fácilmente más de 10.000 hombres armados.

No hubo metodología, el gobierno nada más reemplazó todos los funcionarios que tenían experiencia en los procesos de paz y eso no funcionó. Y el ELN no colaboró, definitivamente no quiso hacer un proceso de paz con el gobierno. Y el gobierno le apostó principalmente al ELN. Entonces, al final de cuentas, es poco lo que se ha obtenido. Solo se ha desmovilizado una disidencia del ELN “Los comuneros del sur”.

Y ahora creo que es un momento de reflexión, en que definitivamente la paz total no funcionó, pero hay que ver qué se puede recoger. Uno puede ser crítico con el presidente Petro, hay muy buenas razones para ser crítico con él, realmente hizo cosas muy mal en términos operativos, pero Colombia eventualmente tendrá que hacer un acuerdo de paz con todas estas organizaciones, porque son fácilmente más de 10.000 hombres [armados con] fusil; así haya un fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado, tampoco se puede exterminar a todas estas personas.

Entonces, la pregunta es cuáles son los nuevos procesos de paz que tiene que hacer Colombia con estos nuevos grupos que surgen más interesados en la política local y de inserción en la dinámica económica de la población que vive de cultivos de coca. Ahora hay una nueva guerra, un nuevo conflicto y va a haber que aprender a enfrentarlo. 

Supongamos que mañana la vocación política de estos grupos desaparece y surgen más estas otras pandillas, como en Ecuador, que tienen objetivos más exclusivamente económicos.

Lo que sería un gran avance para el Estado colombiano en particular, es que el Estado logre gobernar a la población que vive de los cultivos de coca y que las organizaciones armadas se dediquen solamente a regular y a controlar los excedentes de los cultivos de coca. O sea, eso sería un gran avance para el Estado. Eso sería una despolitización, ya que a estos grupos solo les va a interesar el narcotráfico y no se van a interesar por el gobierno de la población.

Pero tal como están dadas las condiciones hoy es difícil poder controlar un territorio productor de coca sin un ejército, sin controlar a la población. Entonces, la despolitización significaría un gran avance del Estado, no solo en términos coercitivos, porque el Estado de Colombia se fortaleció después de la guerra, sino también en términos institucionales que el Estado pueda ofrecer soluciones a las demandas de seguridad, de justicia de las personas. Y eso, decirlo acá es fácil, pero en la práctica implementarlo lleva tiempo, lleva voluntad política, lleva recursos. Entonces, sí, estoy de acuerdo que eventualmente se pueden despolitizar y pueden quedar una serie de pandillas o de bandas que solo controlan los cultivos, que solo controlan la coca. 

Bueno, miremos Ecuador, no es tan fácil.. 

Pero es que en Ecuador se politizaron, es decir, “Los Choneros”, “Los Lobos” gobiernan los barrios. Ya influyen en la política nacional.

Ese cambio en las acciones de una organización criminal, que van más allá de la acumulación de recursos y que ahora también requieren un control territorial más político. ¿Es un proceso de los últimos años?

En Ecuador podría decirse que la intensificación es nueva; en Colombia no. Colombia viene de una guerra. Tuvo un origen en la guerra. Pero en México, por ejemplo, fue después de la apertura democrática que los carteles comenzaron a ejercer ya control directo sobre los territorios. 

En otras economías, como la minería ilegal y la extorsión, también se ejerce un fuerte control territorial…

Pero fíjese que no necesariamente todas estas economías ilegales tenían un ejército. El caso de Bolivia es diferente, en Bolivia son los sindicatos indígenas que venían desde la revolución de mediados de siglo y ellos fueron los que controlaron los cultivos de coca. Entonces ahí no hubo mafia ni grupos guerrilleros. 

Bolivia tiene una tradición muy fuerte de organización indígena … 

Claro, pero crearon las instituciones y para ellos la coca es legal y no operada por esos grupos criminales. Entonces las trayectorias pueden ser muy diversas.

No creo que tengamos que pensar que va a venir un nuevo Escobar, lo que estamos viendo son todas las organizaciones criminales que están empezando a tomar poder. 

Mencionaba el tema del control territorial porque es un momento crítico en gran parte de América Latina. En Perú, por ejemplo, la demanda global del oro estimula el crecimiento de la extracción ilegal de oro en la Amazonía, una zona donde tradicionalmente los Estados no han tenido mucha presencia, y es donde también se encuentran los centros de producción de cocaína. ¿Cuánto daño puede hacer que el Estado pierda el control de estos territorios? 

Te voy a dar una respuesta que sé que es polémica. Latinoamérica ha volcado la mirada hacia las amenazas de la democracia desde arriba. Es decir, desde el líder populista, desde alguien que encarne una idea, un mito del pueblo en contra de un villano que no deja que ese pueblo tome el poder y luego rompa las instituciones democráticas. Pero también hay una amenaza a la democracia desde abajo. Es decir, desde organizaciones armadas criminales, que entienden que pueden ejercer como gobierno, que entienden que pueden proveer soluciones a las demandas de la población y pueden ofrecer soluciones a la organización de los mercados, a la organización de la sociedad y son más eficientes y eso es una gran amenaza. 

Además, es una oportunidad de politización a los jóvenes. Es decir, estos jóvenes que hacen carrera en grupos armados, que de otra manera nunca hubieran podido tener poder político. Pensemos en el momento en que América Latina comenzó a surgir una nueva clase, la de los políticos profesionales. Hubo mucha gente que vino desde abajo, un medio de democratización y de una apertura a los canales de movilidad social a través del ejercicio de la política, así fueran políticos corruptos, así fueran demagogos, así tuvieran todos los defectos. 

En este caso se trata de jóvenes muy instruidos que a través de la violencia tienen la oportunidad de participar en el ejercicio del poder en una sociedad. No es la forma que quisiéramos, es una forma sumamente dolorosa y, además, nos va a llevar a la generación de muchas víctimas, pero eso hay que entenderlo como un proceso de acceso al poder político, de apertura al poder político por la fuerza. 

En tu libro Más que plata o plomo mencionas precisamente que cuando surge Pablo Escobar, en Colombia había un contexto social y económico de insatisfacción hacia el sistema, de mucho desempleo juvenil y que esos factores formaron un cóctel explosivo. 

Fue un cóctel explosivo. Escobar hace la guerra contra la extradición, pero cuando mata al Ministro de Justicia [Rodrigo Lara Bonilla] y comienza la guerra contra el Estado, es que el Estado colombiano decide aplicar la extradición. Hay un proceso de humillación, de exclusión, que Escobar lo tomó personal y quiso vincular a un sector de la población a esa causa. Al no dejarlo entrar en los clubes sociales y el no dejarlo hacer política, Escobar se sintió excluido y decidió hacer una guerra contra el Estado, que sabía que iba a perder, porque sabía que el final iba a ser la muerte, pero lo hizo y por eso es un personaje famoso. Es un personaje porque fue una obstinación contra todas las posibilidades. 

¿Esos factores sociales que permitieron el surgimiento de Escobar pueden repetirse en otros lugares de Sudamérica? ¿Crees que alguna organización delictiva pueda generar esa promesa y crear como estados criminales?

Algo ha hecho, aunque no ha alcanzado la dimensión de Escobar, “Fito” [José Adolfo Macías Villamar] en Ecuador, por ejemplo. Fito decía que hay una aspiración al control, al poder político. Aunque creo que muy difícilmente se va a repetir lo de Escobar. Lo que hizo Escobar fue muy raro, se salió un poco de la norma, hizo la guerra contra el Estado de la segunda ciudad más importante en Colombia, durante nueve años y con la CIA, la DEA encima. 

Pero no tenemos que pensar en que surja un nuevo Escobar, tenemos que pensar en fenómenos como el de Fito, el fenómeno del ejército que persiste en Colombia o los carteles en México que ya comienzan a involucrarse directamente en la política y son una amenaza lo suficientemente grande a la democracia para preocuparnos. No creo que tengamos que pensar que va a venir el nuevo Escobar, lo que estamos viendo son todas las organizaciones criminales que están empezando a tomar poder. 

¿Todo tiende hacia la concentración?

No necesariamente tiene que salir el gran capo que va a desafiar al Estado a nivel nacional y va a llevar la guerra hasta las élites de la nación, que fue lo que hizo Escobar. Lo que pasa en México y Ecuador es terrible, la guerra que no ha acabado en Colombia también es terrible. Es decir, no tenemos que irnos tan lejos, ya la situación es grave.

Hay estudios que mencionan que es un sueño eliminar completamente al crimen organizado y que más bien hay ciertas sociedades en las que es posible cohabitar con un poco porcentaje de tolerancia.

Creo que no deberíamos ser tampoco tan pesimistas, eventualmente se puede acabar, pero lo que no podemos pretender es acabarlo al próximo día. Se pueden dar pasos o direccionar las políticas para reducir los problemas, incluso llevar a cabo procesos de asimilación. Recuerdo mucho un texto que leí cuando estaba escribiendo la tesis doctoral, que hablaba de las diferencias de trayectorias que se dan en las subculturas delincuenciales en los barrios de excluidos, cuando existe una gran organización de adultos que canalicen la desilusión con las reglas del juego de la gran sociedad. Y los autores hablaban, de cómo los italianos, judíos e irlandeses que tuvieron guetos en su momento y eran discriminados, poco a poco se fueron asimilando a través de la política y el crimen organizado. 

El crecimiento de la extorsión y el crimen organizado en Colombia sí puede llevar a la gente a que apoye alternativas de mano dura.

La evidencia nos dice que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso. Y en una entrevista con el investigador uruguayo Juan Pablo Luna, experto como tú en estos temas, hablamos sobre cómo a pesar de que las organizaciones criminales han evolucionado, la lucha contra el tráfico de drogas sigue siendo la misma. Se persigue a los cultivadores, pero no ha habido mayor innovación para ir por los grandes oligarcas del crimen. 

Gran parte creo que se da por dos razones. Uno, porque quienes manejan el dinero tienen más habilidades para comprar el poder político y para relacionarse con las élites. Y lo segundo es que su amenaza institucional no es tan evidente. Es decir, cuando un grupo armado comienza a ejercer la autoridad, es una amenaza clara para el Estado; pero cuando un gran lavador comienza a comprar a la clase política, esta clase siempre ha sido corrupta, entonces eso no alcanza a verse. O invierte, incluso puede mover la economía, y eso puede convenir a las élites. 

Entonces puede haber otro tipo de transacción en que no se llegue a combatir a ese tipo de delincuentes. El presidente Petro en Colombia planteó al principio de su gobierno el perdón social, y se entendía como una suerte de amnistía con políticos y empresarios que han tenido relaciones un poco oscuras, para que formalizaran esa economía y para que desmontaran su influencia en la política, pero eso no llevó a ningún lado. 

Es decir, en ese tipo de negociación pudo haber una gran innovación, pero no han hecho nada y de hecho, de la paz total se sigue hablando, pero el perdón social ya se acabó, ya ni siquiera se habla de ese tema. Eso fracasó y de hecho, el propio gobierno ha tenido muchos escándalos de corrupción. Ya es muy difícil que él pueda hablar de perdón social cuando tendría que perdonar a los miembros de su propio gobierno. 

Estados Unidos ha declarado a los cárteles de México como organizaciones terroristas. ¿Consideras que el narcotráfico, por sus niveles de violencia, debe ser considerado una organización terrorista? De hecho, Ecuador también los ha nombrado así.

Pienso que no. Hay razones políticas para hacerlo, razones para focalizar los aparatos de seguridad, pero no creo que estas organizaciones sean típicamente terroristas. Esto no es Hamás, no es Hezbolá, que hacen ataques a los civiles para obtener una concesión política desde el Estado. Esto es un poco diferente, creo que Escobar sí lo hizo, Escobar sí aplicó el terrorismo para obtener concesiones políticas y doblegar las decisiones de la sociedad; pero en general la mayoría de estas organizaciones no están cometiendo actos terroristas para recibir algún tipo de concesión política. 

Lo que hacen la mayor parte del tiempo es controlar un territorio, vigilar a la población y obligar a que la población cumpla ciertas normas y reconozca su autoridad. Si no asumimos estas organizaciones como eso, pues vamos a terminar persiguiendo a narcotraficantes o al crimen organizado como si fuera la OLP, Hamas, Hezbolá o Al Qaeda y no lo son.

El próximo año hay elecciones en Colombia y hay una tendencia muy conservadora que crece en Sudamérica, hay procesos desinformativos en las plataformas digitales y las tendencias dicen que hay un terreno fértil para líderes ultraconservadores. Pienso en la fascinación que tienen algunos por Bukele y su esquema autoritario. ¿Consideras que un cambio ideológico en los gobiernos puede marcar también un cambio en la lucha contra las drogas?

Podría hablarte más bien de Colombia. Siento que hablar que Colombia va a girar hoy a la derecha yo no lo veo tan claro. Porque lo que ocurrió en Colombia, yo no diría que fue una desilusión de la derecha, es decir, en Colombia lo que había era una desilusión y una indignación moral con la clase política, con los operadores políticos, por sus altos niveles de corrupción, por no haber sido capaces de controlar la desigualdad. A partir del estallido social de 2021 la política se hace para resolver el problema de la desigualdad como indignación moral de la sociedad. 

Petro, en ese sentido, no ha hecho un buen gobierno, no ha tenido una buena ejecución y puede ser decepcionante. Sin embargo, Petro ha negociado con lo peor de la clase política. Entonces, esa indignación moral contra la clase política sigue existiendo. Y la derecha tiene ahora a una candidata que no surge de la clase política, una periodista, Vicky Dávila, pero tampoco es tan claro que ella pueda ganar porque el tema es que no se quieren a los políticos.

Entonces, eventualmente puede ganar alguien del centro en contra de Petro o alguien que no represente la clase política. Es decir, la indignación que pueda sentirse hacia el mal gobierno de Petro puede ser inferior a la indignación frente a la corrupción y a la clase política.

Ahora, lo que sí puede ser un problema es la extensión de la extorsión y el crecimiento del crimen organizado en Colombia, sobre todo en ciudades. Eso sí puede llevar a la gente a que apoye alternativas de mano dura, sobre todo después de que la paz total no ofreciera los resultados propuestos. Creo que al día de hoy no es popular en Colombia hablar de proceso de paz y en las campañas muy seguramente los candidatos tratarán de mostrarse un poco de mano dura frente a los temas de criminalidad, de grupos armados, de disidencias, etcétera.