La congresista Sigrid Bazán Narro (Bloque Democrático Popular) ha sido una de las principales opositoras a la nueva Ley Agraria, que extiende beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras. La norma, aprobada en primera votación el pasado 4 de junio, reduce el impuesto a la renta del 29,5% al 15% para este sector durante los próximos 10 años. 

“Estamos hablando de más de S/2.000 millones al año que dejarían de recaudarse”, sostuvo Bazán, quién además alerta que la norma busca garantizar financiamiento electoral a ciertos partidos: “La Ley Agraria no tiene nada que ver con agricultura, sino con intereses particulares”.

La parlamentaria de Nuevo Perú también analiza la situación de la izquierda con miras a la contienda electoral de 2026. Reconoce que el gobierno de Pedro Castillo afectó a los partidos de izquierda y que será necesario un mayor diálogo para lograr consensos. “Yo creo que hay que hablar con todos, de cara a las próximas elecciones”, indicó. 

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La ley agraria no tiene nada que ver con agricultura, sino con intereses particulares”.

Según cifras de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, hasta el 23 de mayo de este año, existían en el Congreso 242 dictámenes con impacto negativo para las finanzas públicas. ¿Por qué el Congreso está haciendo este festín de propuestas que afectan el bolsillo de los peruanos?

Esto demuestra la irresponsabilidad de congresistas de varias bancadas que pretenden que todo sea exoneración tributaria tras exoneración tributaria, cuando hay demandas ciudadanas, como mejores pensiones y programas sociales, que quedan en el aire.

No se puede hablar de gasto social importante si estamos exonerando tributariamente a las grandes empresas. El sector agrario ha crecido más de 200% en utilidades, incluso durante la pandemia. Ahora, se proponen exoneraciones tributarias para este sector, dilapidando el tesoro público que debería destinarse a quienes viven en pobreza. Es un sinsentido.

¿Cree que el Tribunal Constitucional abrió la puerta para que el Congreso proponga iniciativas de gasto? 

Siento que el pedestal en el que se ha puesto al Congreso de la República, en parte, se debe a que otros lo han empoderado. Se ha bajoneado el poder del Ejecutivo, la Contraloría casi no existe y el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] se ha politizado. Más allá de lo del Tribunal [Constitucional], el Congreso ha legislado y negociado políticamente para ponerse en ese trono.

El Congreso aprobó, en primera votación, la nueva Ley Agraria, a la que algunos denominan Ley Chlimper 2.0, que reduce el impuesto a la renta para las agroexportadoras del 29,5% al 15%, entre 2026 y 2035. ¿Cómo evalúa esta norma?

Es una ley perniciosa, creada por Fuerza Popular para usarla como bandera de campaña. Esta ley es un retroceso. No solo por el forado que se le genera al Tesoro Público —superior a S/2.000 millones al año—, sino también por lo que se dejaría de recaudar.

El Congreso ha sido empoderado, en parte, por otros poderes del Estado".

Son siete empresas con nombre y apellido las que se llevan todo o casi todo el beneficio tributario de esta norma. No se puede llamar nueva Ley Agraria a lo que, en realidad, solo busca perdonar impuestos a empresas que —Dios sabe— podrían, luego, financiar las campañas de algunos congresistas que la respaldan.

¿Qué opina sobre las declaraciones del presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), quien aseguró que la norma fue consensuada con el Ministerio de Economía.

Tuve que desmentir al presidente [Eduardo] Castillo [Rivas] porque dijo que la norma fue consensuada, incluso con los gremios agrarios. Ninguna de las organizaciones agrarias había consentido que se use su nombre para afirmar que había algún tipo de consenso.

Usted dijo que esta norma beneficia al fujimorismo y que podría estar vinculada al financiamiento de partidos políticos por parte de las agroexportadoras. ¿A qué se refiere ?

Cada vez que se discute un tema agrario, hay congresistas de Fuerza Popular o toda la bancada detrás [buscando] cómo beneficiar a las grandes agroexportadoras. Lo mismo sucede con el sector minero. Cada vez que se ha intentado tratar un tema de tributación minera —obviamente, para redistribuir y hacer un poco de justicia fiscal—, la bancada de Fuerza Popular está muy interesada en el tema. 

[Igual] con las pensiones y las AFP, donde, como está demostrado, en algún momento, importantes bancos que administran estos fondos financiaron una campaña completa. Eso se encuentra bajo investigación fiscal. 

Yo deslizo la idea de que la aprobación de la ley agraria busca garantizar un financiamiento electoral".

¿Cree que existen acuerdos entre ciertas bancadas del Congreso y el Ejecutivo para evitar observaciones a normas lesivas para la población?

Sí, creo que eso ocurre siempre. Hay un “no observes mi ley porque, si no te vaco”, un “no observes mi ley porque, si no te censuro un ministro". Esa coordinación es constante.

¿Cree que esto busca la supervivencia del Ejecutivo?

Totalmente. Es un vínculo de supervivencia y de reelección en un sistema electoral muy organizado por los partidos con mayoría parlamentaria, que han puesto las reglas para la que va a ser la nueva mayoría parlamentaria. No digo que las siguientes elecciones vayan a ser un fraude, pero las condiciones que se están planteando favorecen a los partidos que están ahora. 

¿Cómo ve la situación de la izquierda rumbo a las elecciones del 2026? 

Un partido se prepara para las elecciones, pero no necesariamente hay una sola persona que encabeza todo el proceso eleccionario. Estamos pasando por varias reconfiguraciones de nuestros liderazgos. 

El golpe de Pedro Castillo ha generado un conflicto en sectores de la izquierda".

Tras el anuncio de Verónika Mendoza de que no postulará a la presidencia, estamos trabajando con un precandidato propio porque ya tenemos una inscripción propia. Es normal que un partido político con inscripción vigente quiera empoderar a sus dirigentes. Nuestro precandidato es el académico puneño Vicente Alanoca.

La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez señaló que hay líderes políticos de izquierda que están debilitados actualmente, por lo que pasó durante el gobierno de Castillo y Boluarte. ¿Usted cree que esta especie de fantasma del señor Castillo sigue debilitando a la izquierda?

No sé si es un debilitamiento o si [es] un fantasma, pero sí es una herida que no ha terminado de sanar. Hay una gran responsabilidad del expresidente Pedro Castillo por lo que ocurrió. No creo que hubieran [existido] las condiciones para una vacancia, si no hubiese dado el anuncio de querer cerrar el Congreso y el Poder Judicial. No sé qué sucedió y, hasta el día de hoy, me lo pregunto. 

Esa falta de respuestas ha generado una herida abierta. Algunos sectores de la izquierda siguen reivindicando a Castillo, lo que no cierra esta discusión. No sé si se cierre, porque nos ha agarrado [con] las elecciones [ya próximas] y eso está todavía pendiente.