El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que recientemente cumplió 21 años, concluyó que la época del conflicto armado interno estuvo marcada por una profunda crisis del sistema democrático y por desigualdades sociales. El expresidente de esta comisión, Salomón Lerner Febres, considera que la crisis política actual, promovida por el Congreso y el Poder Ejecutivo, comienza a tener similitudes con ese período.

En entrevista con OjoPúblico, el fundador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) señaló que el Perú se encuentra en un contexto de debilitamiento profundo de la democracia y que las autoridades que llegaron al poder, tras el régimen de Alberto Fujimori, no han sabido construir un país en beneficio de la ciudadanía.

El actual docente de Filosofía en la PUCP también reflexionó sobre la memoria histórica, la reconciliación y el futuro del país. “La reconciliación implica reconocer que una sociedad está herida y necesita recomponerse”, destacó. 

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La reconciliación implica reconocer que una sociedad está herida".

Los términos "conflicto armado interno" y "reconciliación" son claves en el trabajo realizado por la CVR. Sin embargo, hay sectores políticos que utilizan el primero de estos conceptos para apelar a la polarización y eso, en definitiva, afecta al proceso de reconciliación. ¿A qué cree que se debe este fenómeno?

Creo que haber usado este término de conflicto armado interno en el informe de la CVR, sirvió a muchos, que a priori estaban en contra de la CVR, para criticarla e interpretar de un modo torcido esta expresión. 

Se llegó a decir que, al haber usado [ese término], la comisión estaba dándole el carácter de combatientes legales a los terroristas dentro de una guerra interna. Nosotros utilizamos un concepto que es propio del derecho internacional para delimitar conceptualmente lo que había ocurrido en el Perú.

Hay gente que niega el valor de la Comisión de la Verdad, que piensa que actuó sesgadamente, y que se inclinó a mostrar de otra manera favorable a los terroristas, en detrimento del heroísmo de las Fuerzas Armadas, que finalmente nos liberaron. No tiene ningún sentido ese discurso, los motivos que se exhiben no son ciertos. 

No podemos olvidar que las fuerzas del orden también cometieron crímenes de lesa humanidad".

En primer lugar, nosotros no negamos el sacrificio de las fuerzas del orden en la lucha contra Sendero [Luminoso]. Eso está dentro del informe de la CVR. Sin embargo, no podemos olvidar que, en algunos lugares y momentos, se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas del orden. 

La reconciliación nacional toma tiempo y exige que cada peruano tome conciencia de su carácter de ciudadano, de persona humana. Y, también, implica el reconocimiento del otro como coexistente, como persona que, estando frente a mí, de alguna manera, exige de mí respeto, y tiene que ser tratada con el honor que ella merece.

Para lograr esa reconciliación también es necesario reconocer lo que pasó en el país. ¿Cree que hay una campaña para reescribir la historia a favor de cierto sector político? 

Una campaña organizada no. Pero hay un sentimiento, más o menos extendido, que no reconoce el trabajo de la CVR, y piensa que lo único que hizo fue reabrir heridas. Esa misma gente piensa que la Comisión de la Verdad no le rinde el debido homenaje a los vencedores, es decir, a las Fuerzas Armadas, sino más bien que los acusa de delitos. 

Entonces, todo eso va creando un clima que hace difícil la reconciliación, la cual, como usted señalaba, no puede darse si es que no se tiene conciencia de eso. La reconciliación necesita tomar conciencia, y por tanto, hacer un uso de la memoria. Una memoria que es histórica, relativa a hechos ocurridos en determinados lugares y momentos, pero que también vaya reconociendo actos en donde se despreció al ser humano, en donde se le torturó, se le eliminó, se le trató como si fuera una cosa. Eso ocurrió en Perú. 

¿Qué opina sobre los proyectos de ley que buscan la prescripción de delitos de lesa humanidad y de aquellos que buscan la amnistía de las fuerzas del orden que, como usted indica, cometieron, en ciertos momentos y lugares, graves violaciones a los derechos humanos?

Este Congreso, que no podemos calificar positivamente, por desgracia, ha avanzado por un terreno que, en el fondo, desprecia la legislación internacional. Aprobar que los crímenes de lesa humanidad puedan prescribir (...) no se ha visto en ningún lugar. Yo creo que un crimen de lesa humanidad simplemente no se perdona o se olvida. 

Intentar otorgar amnistía para aquellos que cometieron crímenes muy graves, pues significa una mala memoria. Y, además, acompañada de la no necesidad de pedir perdón por parte de aquellos que delinquieron.

La aprobación de la prescripción de crímenes de lesa humanidad no se ha visto en ningún lugar".

El Estado no ayuda a que se tenga esa memoria histórica y ética de la cual hablaba, y no ayuda a que se sancionen los delitos, no solo aquellos que se cometieron entre 1980 y el 2000, sino también los que se están cometiendo ahora, dentro del llamado crimen organizado. Pareciera que quieren exonerar de las llamadas asociaciones delictivas a determinados sectores, mediante leyes bastante discutibles. 

Ha mencionado que, en el informe de la CVR, se reveló que los actos de violencia se produjeron en un contexto de debilitamiento de la democracia y de abandono del Estado a la ciudadanía. Ahora, estamos en un escenario en el que la población se muestra cada vez más descontenta con la democracia ¿Encuentra similitudes en ambos períodos?

Yo creo que corremos el riesgo de que pueda suceder algo de aquello que vivimos en esos dos decenios. Existe ese riesgo y esa posibilidad, justamente, porque no se tiene memoria de aquello que sucedió, y no se sabe cuánto puede sufrir el Perú, a través de movimientos internos que vayan contra toda ley y que usen la violencia.

Corremos el riesgo, además, porque, en los años que han seguido al señor [Alberto] Fujimori, todos los gobiernos que hemos tenido no han mostrado la racionalidad y la entereza moral suficiente para enfrentar los problemas fundamentales del país.

El actual Congreso, con el aval del Ejecutivo, ha aprobado leyes que favorecen el crimen organizado, las economías ilegales, la contrarreforma universitaria y el debilitamiento de las entidades del sistema de justicia. Hace un tiempo, usted sostuvo que el Ejecutivo y Legislativo se han dado la mano, pero no para hacer el bien. ¿Puede profundizar esa idea?

Eso creo que podemos comprobarlo todos los días, cuando se formulan propuestas de ley en el Congreso que son incoherentes y que buscan, lejos de la transparencia y la claridad, el bienestar de sectores que tienen su representación en el Congreso. 

Hablábamos, por ejemplo, de las universidades. Preguntémonos cuántos dueños de universidad hay en el Congreso. Hablábamos de leyes que permiten que se acorten los plazos de prescripción de determinados crímenes. 

Todo eso podría haber tenido un freno en el Ejecutivo. Es decir, este poder podría haber no suscrito esas leyes para hacer un contrapeso. Pero, en verdad, lo que hay es, más bien, un ‘yo te apoyo, tú me apoyas’. 

Todos los días se formulan propuestas de ley en beneficio de sectores que tienen representación en el Congreso".

Y todo ello, en verdad, frente al tercer elemento dentro de la estructura de un gobierno como el peruano, que es el Poder Judicial, el cual se encuentra amenazado y contra el cual, de alguna manera, apuntan Congreso y Ejecutivo. 

Esto [tres miembros del TC no han querido reconocer la votación] del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial [presentada por el Congreso contra el Poder Judicial], es tratar de cambiar las cosas de una manera grosera. Si hay cuatro votos y tres se van, pero se registran en el sistema, es una decisión conforme a ley. Y, sin embargo, se está tratando de cambiar esto en el TC.

Diversos especialistas han señalado que, con esa demanda competencial, el Congreso busca tener control sobre el Poder Judicial. Hemos visto, también, lo que ha pasado con la Defensoría del Pueblo, y el intento por captar otras instituciones. ¿Cómo evalúa la democracia en el país y la afectación al equilibrio de poderes?

Absolutamente debilitada la democracia, y casi le diría que no hay equilibrio de poderes, sino más bien la intención de un solo poder de imponerse. En ese sentido, las entidades que deberían estar separadas y, más bien, en diálogo y perfeccionándose entre ellas, se están uniendo. 

No se necesita ser un analista político para darse cuenta de que el Congreso y el Ejecutivo se dan de la mano, que se hace aquello que quiere el Congreso, y el Ejecutivo acepta todas las propuestas, muchas de ellas muy tontas.

¿Cree que la presidenta Dina Boluarte debería dar un paso al costado, teniendo en cuenta las investigaciones en las que está involucrada? 

Yo creo que hay razones fuertes para que ello ocurra. Sin embargo, tendremos que preguntarnos qué sucedería. Tendría que haber una presidencia temporal por alguien del Congreso. Y la mayoría en el Congreso es una mayoría que apoya a Boluarte, y que apoya también a Fujimori.

Entonces, ahí corremos el riesgo de que esa persona que vaya a subir se quede, además, con mayor peso que la propia señora Boluarte. Creo que [la mandataria] no podría quedarse un día más de aquel que tiene señalado como presidenta interina. Pero, si es que se le cambia por alguien del Congreso, de repente abrimos la puerta para que eso suceda.