De madrugada, esta semana, el Congreso de la República aprobó, en primera votación, una ley de amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa. Además, el año pasado ya se había declarado la inaplicabilidad de la figura de la lesa humanidad a casos que hubiesen tenido lugar antes de 2002. Se trata de un Poder Legislativo que demuestra tener como una de sus banderas la impunidad de crímenes contra los derechos humanos. 

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señala en entrevista con OjoPúblico que esta nueva ley de amnistía no solo significa una vuelta al pasado -algo parecido ocurrió en 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori- sino una afrenta a las víctimas. Además, advirtió que quedarían sin castigarse delitos tan graves como desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones sexuales. 

También responde sobre la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la nación. "Es un golpe de Estado en el Ministerio Público", señala. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

Sería muy complicado que los jueces penales decidan apartarse de lo que han venido diciendo en los últimos 20 años".

En primera votación, el Congreso aprobó un proyecto que declara una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y de comités de autodefensa. Se aprobó de madrugada, con una agenda que se amplió horas antes por un acuerdo de la Junta de Portavoces. ¿Es un regreso a los noventa?

Se han cumplido 30 años de la anterior ley de amnistía, la de Fujimori. No es solo volver al pasado sino una nueva afrenta a las víctimas, a sus derechos y al propio sistema de justicia porque un grupo de políticos quiere decidir en vez de los jueces en casos sumamente graves. 

Es una maniobra política asociada a otras iniciativas del Congreso contra los casos de violaciones a derechos humanos, como la prescripción de crímenes que se aprobó en agosto del año pasado.

¿Para los casos de lesa humanidad?

Exactamente. A mí me da la impresión de que tanto Fuerza Popular como Renovación Popular hicieron una oferta a los militares, a sus familias, de que con esa ley de 2024 iban a resolver sus problemas. La respuesta del sistema de justicia ha sido contundente. Salvo uno en apelación, cerca de 60 pedidos de prescripción han sido denegados. 

Eso es gracias al control difuso, ¿correcto?

Por el control difuso de los tribunales penales, de los jueces. 

¿Y usted cree que podría pasar algo parecido con esta nueva ley de amnistía?

Sin duda. Ya hemos tenido una ley de amnistía en 1995. Si bien es cierto fue declarada sin valor jurídico por la Corte Interamericana en marzo del año 2001, en los últimos 20 años los abogados de los militares han continuado presentando excepciones de prescripción sobre la base de esa ley, pero los tribunales han alegado que es inaplicable porque viola derechos fundamentales y es inconstitucional. 

¿Qué cosa va a opinar el sistema de justicia frente a la inminente aprobación de la nueva ley de amnistía?  Imagino que lo mismo. Hay una jurisprudencia consolidada a nivel del sistema interamericano y sería muy complicado que los jueces penales decidan apartarse de lo que han venido diciendo en los últimos 20 años. 

¿Por qué el Estado tendría que tomar opción por un lado? Hay obligaciones internacionales". 

Un sistema interamericano que cada vez tiene menos peso en el Perú. Eso también es cierto. 

En los fundamentos del proyecto de ley de amnistía se dice que se van a acoger los argumentos de la sentencia el Tribunal Constitucional emitida en el caso del hábeas corpus de Alberto Fujimori, para desacatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se apunta hacia eso. Recordemos la propuesta del premier Arana de crear una comisión para desvincularnos del Sistema Interamericano…

Con los poderes del Estado, académicos y sociedad civil. 

Así es. Es parte de ese paquete que pretende ofrecer la cabeza de los jueces de la Corte Interamericana como solución a los problemas de seguridad pública en el Perú. 

Es contradictorio, porque el Perú ha estado activo en recientes nombramientos en la Corte IDH. 

Yo diría muy activo. No sé si hay otro Estado que, en todas las candidaturas, haya propuesto a alguien.

Y al mismo tiempo ese Estado dice: "Me quiero ir." 

Yo siento que es más la angustia que debe tener Boluarte por caerle bien al fujimorismo, que ha levantado [el retiro de la Corte IDH] como bandera política desde hace casi 30 años.

 Hay 120 casos que han terminado con decisiones judiciales, la mayoría condenatorias, y con un porcentaje importante que son absolutorias". 

Uno de los principales argumentos de quienes defienden la amnistía es que hay policías y militares que vienen soportando juicios interminables, lo cual es verdad. ¿Qué responde frente a esta crítica?

Desde el año 2004 que se crea el subsistema penal de derechos humanos se han emitido cerca de 120 sentencias. De esas, unas 70 son condenatorias, lo que quiere decir que no es un sistema de justicia que diga "viene un militar y lo condeno". La mayoría de esos casos son de desaparición forzada y asesinatos. 

Sí es cierto que debieron ser resueltos hace mucho tiempo, no hace 20 años sino hace 40. El problema es que hemos visto mecanismos de impunidad. En los ochenta se le dio al fuero militar la competencia para juzgar este tipo de crímenes y en   1995 se dictó una ley de amnistía. Es decir, en los ochenta y noventa se rompió la línea de investigación.

Pero del 2000 hasta ahora ya ha pasado un cuarto de siglo.  

Es que estamos ante crímenes elevadamente complejos. Le pongo el ejemplo de las mujeres de Manta y Vilca: la investigación se abrió el 2004 y terminó el año pasado con una sentencia condenatoria. O el caso de los desaparecidos de la Universidad del Centro, que tiene cerca de 70 víctimas.

Me pongo del lado de las víctimas. No digo que no haya que llegar a la justicia, pero 20 años de proceso…

Es bastante, sin duda. Pero ha habido problemas muy complicados. De nuevo, el caso Manta y Vilca: ¿Por qué duró tanto la investigación? Porque el Ministerio de Defensa nunca brindó ningún tipo de información, a pesar de los reiterados pedidos de la Fiscalía y de la propia parte civil. 

Es decir, para usted la demora en los procesos responde básicamente a maniobras dilatorias del Estado. 

Sin duda. No solamente dilatorias, sino también maniobras obstruccionistas desde el propio Estado. Yo estoy completamente convencido de que hay un derecho al plazo razonable de parte de los que están acusados, pero también hay un derecho al plazo razonable para las víctimas. 

¿Por qué el Estado tendría que tomar opción por un lado, por qué tendría que decir que hay un excesivo tiempo de juzgamiento y que los acusados se van a su casa liberados de todo tipo de responsabilidad? Hay obligaciones internacionales.

[La ley de amnistía comprende] casos de desaparición forzada, luego asesinatos, secuestros, torturas y violaciones sexuales". 

El contraargumento podría ser: si en 20 años no has probado la culpabilidad de alguien, entonces ya suéltalo, ¿no?

Es que un sistema de justicia no podría funcionar con un principio de esa naturaleza. Se tendría que analizar por qué razón no se ha asignado un nivel de responsabilidad. Pero, ojo, no es que el sistema de justicia no haya hecho nada. Por eso comenzaba diciendo que hay 120 casos que han terminado con decisiones judiciales, la mayoría condenatorias, y con un porcentaje importante que son absolutorias. 

¿Qué delitos serán comprendidos en esta ley de amnistía?

En primer lugar, casos de desaparición forzada, luego asesinatos, secuestros, torturas y violaciones sexuales. Los dos primeros son el 95% del total. 

¿Y qué casos quedarían en la impunidad? 

Todos en realidad. Los condenados que tienen una sentencia en primera instancia sí podrían acceder al beneficio de la amnistía. Además, en el último minuto del debate, casi a la medianoche, [el congresista] Cueto hizo una suerte de oferta de último minuto: en los hechos, todos los que estén investigados, juzgados, procesados o condenados con sentencia de primera instancia y con 70 años o más van a ser favorecidos. 

¿De qué casos estamos hablando? Por ejemplo, el de los marinos del Frontón que, para mí, ha sido lo que detonó esta amnistía. Cuando en abril se reabrió el caso, lo primero que hicieron las defensas lideradas por Sergio Tapia y Humberto Abanto es presentar una excepción de prescripción. El Tribunal la declaró infundada y, a las dos semanas, llegó esta ley que encaja, perfectamente, con la condición de procesados que tienen los 33 marinos. 

Se aprobó la ley que sanciona a los ONG que litiguen contra el Estado. Ahora aprueban esta, que ofrece impunidad a violadores de derechos humanos. Es decir, a quienes quisieran ir a fueros internacionales para buscar justicia les aplicarían esa primera norma. Parece bien armado, ¿no? 

Totalmente. Desde el año pasado hay una estrategia para golpear no solamente a las ONG de derechos humanos, sino a los casos de violaciones a derechos humanos. No hay duda que lo que se pretende es dejar sin abogados a las víctimas. Hay un cuadro perfecto de impunidad, para que no se tenga posibilidad de activar ningún mecanismo de carácter legal.

Hay una estrategia para golpear no solamente a las ONG de derechos humanos, sino a los casos de violaciones a derechos humanos". 

¿Las organizaciones de derechos humanos se han dedicado a perseguir a los que combatieron el terrorismo? Esto es lo que suele escucharse, con bastante insistencia, del sector político que promovió esta amnistía. 

Ese relato viene desde hace mucho tiempo. Se pretende instalar un discurso político que justifique todo esto. 

En el debate en el Congreso se escuchó bastante. 

Fue como el argumento central, que no se debe permitir una persecución judicial, que hay que defender a los militares y  concederles todo. Pero esa no es la historia que está dentro de los expedientes judiciales a las investigaciones. Las políticas contrasubversivas no están siendo sometidas a decisión judicial. Lo que se investiga son hechos estrictamente delictivos. 

Sin embargo, es una narrativa que tiene bastante respaldo.

Es una narrativa que tiene mucho respaldo y mucho peso. No solamente las fuerzas políticas que controlan el Congreso lanzan ese discurso, hay muchos medios de comunicación que también lo alientan, pero en los procesos judiciales hay hechos horrendos. ¿Cómo decir que hay una persecución al general Wilfredo Mori, al coronel Gonzáles, a Telmo Hurtado o a Juan Rivera Rondón por la matanza de Accomarca? 

Insisto en el punto. Es una narrativa que ha ganado mucho peso.

Sin duda. 

Hay una falsa percepción en creer que la lucha por los derechos humanos es una causa de los izquierdistas". 

¿Por qué cree que las organizaciones de derechos humanos han proyectado esta imagen hacia un sector de la sociedad?

Creo que desde los años noventa se ha ido conformando una suerte de coalición que tiene una posición, muy política, de negación de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno y que tuvo su momento culminante con Fujimori a la cabeza del Ejecutivo. 

Al mismo tiempo, ha habido casos muy importantes que se han venido sentenciando –Accomarca, Cayara, Los Cabitos– en los que se han imputado responsabilidades a personajes que, en su momento, tuvieron mucha importancia en el Ejército. A partir de ahí se activó un interés político, no solamente de contrariar las decisiones judiciales, sino de decir que eso es resultado de una persecución judicial y que las responsables son las ONG. 

¿La defensa de los derechos humanos se ha convertido en un coto de la izquierda peruana?

Me parece que no. Capaz, hubiese podido darle una respuesta afirmativa en los años ochenta, cuando las ONG, me parece, sí tenían un perfil mucho más de izquierda, inclusive con pertenencia de algunos miembros en partidos políticos. Ese no es el escenario actual y lo digo con conocimiento particular del IDL. 

Hay una falsa percepción en creer que la lucha por los derechos humanos es una causa de los izquierdistas. La lucha por los derechos humanos tiene otro perfil, mucho más comprehensivo. El problema es que tenemos una derecha, una clase política que, en realidad, no le gusta la defensa de los derechos humanos. No acepta tener una raíz más democrática y liberal. Ojalá que eso existiera. Lamentablemente, en el caso de Perú, no es así. 

Tenemos una derecha bien facha, sinceramente, a la que le asquea, le repudia este tipo de temas. Por eso se discute sobre quién entra a los baños en el Congreso de la República, o si hay que eliminar en textos escolares los términos que dan cuenta de un respeto a la condición de género. Hay un posicionamiento de una agenda política muy extremista que niega la vigencia de los derechos fundamentales. Hemos perdido un espacio que debió ganarse desde hace mucho tiempo. 

¿Usted aceptaría defender la causa de un terrorista por presunta violación de sus derechos humanos? 

Mire, nosotros hemos defendido, sobre todo en los años noventa, muchos casos de personas acusadas de terrorismo. 

Claro, pero acusados injustamente. 

Claro. injustamente 

Fujimori se terminó convirtiendo en el presidente que más indultos concedió por casos de terrorismo". 

Mi pregunta se refiere al caso de uno que sí sea terrorista. 

No, no, no. Mire, esa discusión, Enrique, la hemos tenido durante casi toda la década de los años noventa. Tuvimos una intensa discusión en los equipos legales del IDL y diría en las otras ONG también. Tenemos la plena convicción de que a quienes hemos defendido era gente inocente que no tenía ningún tipo de vinculación [con el terrorismo]. Además, recuerde que Fujimori creó en 1996 una comisión ah-hoc de indultos.

Con el padre Hubert Lanssiers. 

Y Fujimori se terminó convirtiendo en el presidente que más indultos concedió por casos de terrorismo en nuestra historia reciente. No era solo una percepción nuestra de que había gente inocente acusada. 

El Congreso también aprobó, en primera votación, restituir la inmunidad parlamentaria. ¿Qué le parece?

Lo que se está buscando es un mecanismo constitucional de protección para los innumerables problemas penales que tiene un número importante de congresistas. Algunos argumentan que es bueno que los legisladores tengan mecanismos de protección. 

Hay otros países que los tienen, por cierto. 

Pero también hay otros países que no los tienen. ¿Por qué un político con tanto poder como un congresista debe tener mecanismos especiales de protección constitucional, que no tienen otros funcionarios? No tengo una respuesta. 

 Creo que es un golpe de Estado en el Ministerio Público". 

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un fallo, el viernes por la noche, en el que dispone la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la nación. ¿Hay usurpación de funciones? Porque la Junta de Fiscales Supremos es la que elige a la cabeza del Ministerio Público. 

Leo en la resolución que es una nulidad de oficio en la que cuestionan procedimientos y actos de Inés Tello. Pero no se hace ninguna valoración sobre la razón del procedimiento [a Patricia Benavides], porque por algo se decidió abrirle un proceso. Solamente se apunta a identificar presuntos vicios procesales y de ahí se salta con garrocha a reponerla como fiscal de la nación, sin ningún argumento. Solamente lo dispone. Si la JNJ optó por esa alternativa, debió argumentar cómo así asume una atribución que solo tienen los fiscales supremos. ¿Qué pasó con la elección de Delia Espinoza, por ejemplo? Es una clarísima usurpación de funciones que entra al ámbito penal. 

¿Tiene una lectura política de esta decisión? 

Hasta hace un par de meses la estrategia política que se había comenzado a ejecutar desde el Congreso era que la actual Junta de Fiscales Supremos debía ser descabezada, a lo bestia. Luego se ha optado por un plan B que, capaz, se piensa que es más efectivo y que consiste en incorporar a nuevos miembros a la Junta de Fiscales. Ahí está la decisión del Tribunal Constitucional de que Tomás Aladino Gálvez regrese. Ahora sale esto de Patricia Benavides. La idea apunta a colocar en la cabeza de la Fiscalía a alguien cercano a sus intereses. Literalmente, creo que es un golpe de Estado en el Ministerio Público. 

Nota de Redacción: 

Las dos últimas preguntas fueron añadidas posteriormente. Cuando se realizó la entrevista, todavía no se conocía la decisión de la Junta Nacional de Justicia de ordenar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la nación.