Rafael Vela: "Se ha buscado directamente favorecer a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular"

Para el fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto la acusación y la investigación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles es una intromisión en las atribuciones del Poder Judicial. "Todos los abogados del Perú van a buscar llegar al TC en base a este precedente", advierte. 

Además, sostiene que, por los antecedentes, el fallo tiene un carácter político, con el cual se ha tratado de exonerar a Fujimori y a su partido político, Fuerza Popular. También advierte que la nueva denuncia del jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, contra el fiscal José Domingo Pérez responde a una "represalia". 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

Todos los abogados del Perú van a buscar llegar al TC en base al precedente Fujimori". 

Supongo que, para usted, el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) era previsible.

Era previsible. La demanda constitucional estuvo dirigida contra los jueces y, de forma inédita, se incorporó, en una segunda vista de la causa, al Ministerio Público. De lo que recuerdo, un caso nunca ha sido visto dos veces. A partir de la hostilidad que presentaron los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse y César Ochoa hacia la presentación del fiscal José Domingo Pérez era altamente probable un resultado de esta naturaleza. 

El TC se ha convertido en una cuarta instancia del Poder Judicial y eso implica, además del favorecimiento a la señora Keiko Fujimori, un gravísimo precedente contra el sistema de justicia.

El TC, desde su punto de vista, ¿está invadiendo atribuciones del Poder Judicial?

Absolutamente. Así también lo dicen los fallos de la señora Luz Pacheco Zerga y del señor Manuel Monteagudo, que han disentido de la mayoría del TC y que han establecido, dentro de los argumentos de sus votos, que esta decisión corresponde al Poder Judicial. 

La decisión de determinar si hay delito o no.

La de determinar si hay delito o no, como también determinar si una persona es inocente o culpable. El diseño constitucional establece que es el Poder Judicial el que administra justicia a nombre de la nación y es el espacio donde se pueden debatir las pruebas con amplitud. La señora Pacheco Zerga determina en su voto que nunca tuvieron a la vista la carpeta fiscal de investigación o el expediente judicial.

Y si hay una invasión de competencias del TC, ¿por qué el Poder Judicial no se pronuncia al respecto? 

Evidentemente, eso nos llama la atención. Nosotros estamos activamente en los medios de comunicación, tratando de explicar la naturaleza y el impacto de esta decisión. Sin embargo, no hemos visto una respuesta institucional del Poder Judicial hasta el momento, cuando además es el que ha sido demandado por la señora Fujimori.

¿Por temor a represalias el Poder Judicial prefiere mantener el perfil bajo?

Es posible especular, es algo que cabe perfectamente dentro del análisis. Las campañas de descrédito y desinformación vienen, también, a través de comisiones parlamentarias que buscan menoscabar la autonomía del Ministerio Público y la independencia de los jueces. 

Hay una cuarta comisión del caso Lava Jato que preside el señor Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y que la conforma el señor Héctor Ventura, de Fuerza Popular, ambos investigados. Eso, a su vez, está asociado a campañas de difamación permanentes y a acciones de afectación de nuestra autonomía a través de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, que busca que seamos suspendidos sin goce de haber. 

 Las campañas de descrédito y desinformación vienen, también, a través de comisiones parlamentarias". 

Precisamente, Juan Fernández Jerí, de la ANC, ha denunciado esta semana al fiscal José Domingo Pérez. Recoge algunos de los argumentos que aparecen en la sentencia del TC. Por ejemplo, que la acusación contra Fujimori fue devuelta 19 veces. ¿Qué piensa? 

Es una represalia. Hay una estrategia que viene dándose desde hace algún tiempo, que consiste en que los órganos de control te suspendan. Los medios de comunicación que tienen una clara línea editorial difamatoria son el insumo para que te abran una investigación disciplinaria.

Fernández Jerí señala que José Domingo Pérez y, por extensión, el equipo Lava Jato no han sido diligentes en su trabajo. 

Ese es un hecho falso. La mayoría del TC dice que es de público conocimiento que [la acusación] ha sido devuelta 19 veces. ¿Cómo una sentencia del TC puede asumir como cierto algo que es parte de una campaña de desinformación y que repiten abogados que tienen un grave conflicto de interés?

¿Cuántas veces fue devuelta la acusación? 

En realidad, nunca fue devuelta. La acusación fue subsanada durante seis oportunidades y eso tiene que ver con lo que es el ejercicio regular del derecho de las personas que se están defendiendo. Son ellos quienes observan la acusación. Eso es lo grave, que el TC está decidiendo en base a lo que dice la prensa. Eso puede ser un insumo, pero no puede ser determinante. 

Nosotros estamos dándole rostro a la protesta contra la arbitrariedad de la decisión del TC de favorecer a la señora Fujimori y a su grupo político, Fuerza Popular, pero quienes han sido gravemente atacados son los jueces y el Poder Judicial. 

El principal argumento de la sentencia del TC es que el lavado en la modalidad de receptación no puede aplicarse retroactivamente a las campañas 2011-2016. ¿Qué responde?

Eso también es falso. Los hechos están ahí y, en gran medida, la opinión pública ya está informada de que los hechos están probados, es decir, de que la señora Fujimori y el Partido Fuerza Popular captaron enormes sumas de dinero de manera clandestina, eludiendo el sistema de prevención antilavado. 

La recepción del dinero ya está admitida.

Pero eso lo han admitido recién ahora, que han sido acusados, porque al principio negaban haber captado un centavo. Han sido doblegados por la evidencia y el esfuerzo del Ministerio Público. Lo siguiente —y los votos de la señora Pacheco y del señor Monteagudo así lo dicen— es que esta es una situación que debe definir el Poder Judicial porque es donde están la carpeta fiscal y el expediente judicial. 

Sin esos elementos, ¿cómo es posible que el TC pueda llegar a tomar una decisión? ¿Cómo pueden arribar a conclusiones de fondo si es que no tienen los elementos debidos? Y es correcto que no los tengan porque la decisión le corresponde al Poder Judicial. 

El TC ha hecho una excepción en el caso de Keiko Fujimori, lo que alimenta la argumentación o la inferencia lógica deductiva de que se trata de un fallo de favorecimiento de carácter político. Recuerde usted que cuando el fiscal Pérez es llamado por el TC, les lleva la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia. 

 ¿Cómo [en el TC] pueden arribar a conclusiones de fondo si es que no tienen los elementos debidos?".

Se refiere a la casación presentada por Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Y la mayoría del TC no recogió esa casación? 

Ni una sílaba. Esa sentencia de casación debió haber sido de obligatoria evaluación del TC. El señor Humala argumentaba “esto no es delito", lo mismo que la señora Fujimori. Pero la Corte Suprema le dijo "sí, son delitos, pero hay que probar si las personas están en condiciones de saber o presumir el origen ilícito del dinero que captan”. Esta desprolijidad en el fallo demuestra, precisamente, que en el TC no hay especialistas en materia penal y procesal penal. 

¿Es desprolijidad o intencionalidad política?

Contrastando con los votos de la señora Pacheco Zerga y del señor Monteagudo, sin duda alguna han tratado de favorecer a la señora Fujimori. Se puede especular, en algún grado, con las razones detrás, desde cómo se elige al Tribunal Constitucional…

Se elige con los votos del Congreso. 

Sí, los votos de Fuerza Popular han ido para todos los miembros del TC. Lo que se espera es que, una vez que una persona es nombrada, se desvincule de la influencia política. Aparte, en el desarrollo de la audiencia, hubo conductas parcializadas. 

La del señor Gutiérrez Ticse es la más escandalosa de todas. Es una persona que ha manifestado públicamente sus opiniones en contra del Equipo Especial Lava Jato, al punto de que eso se le cuestionó al momento de su elección. Se le preguntó: "oiga, ¿y usted qué va a hacer cuando llegue algún tipo de cuestionamiento, algún caso relacionado con Lava Jato?" Y él dijo: "no, eso no es un problema, porque yo me apartaré". 

Bueno, la firma del señor Gutiérrez Ticse está en el caso de Arsenio Oré, del señor Chlimper y, ahora, en el caso de la señora Fujimori. Nunca se apartó. Entonces, sí, es posible que, por todas estas razones, a partir de las cuales podemos generar un ejercicio de inferencia lógica deductiva, se ha buscado directamente favorecer a la señora Fujimori y a Fuerza Popular. 

Otro argumento de la mayoría del TC es que se habría violado el plazo en el caso de Keiko Fujimori.

También falso, no resiste ningún análisis y demuestra la ignorancia del sistema procesal. Los casos de crimen organizado, es de público conocimiento, pueden durar 36 meses en una etapa preliminar y 36 meses en una etapa preparatoria. Ahí nomás son seis años de investigación, que pueden ser prorrogables de manera excepcional. 

El caso Lava Jato lo asumimos en 2018. En lo que respecta a la señora Fujimori, se acusó el 2021, antes de las elecciones de ese año. Y, una vez que el Ministerio Público acusa, la dirección del proceso la asume el Poder Judicial. 

Nosotros hemos reclamado, innumerables veces, que existan jueces a dedicación exclusiva porque el paso del tiempo favorece a que las organizaciones criminales se reestructuren, recobren vitalidad, músculo, y eso es lo que está pasando. El control de acusación terminó en diciembre de 2023 y el juicio oral comenzó recién en julio del siguiente año.

Y después se anuló. 

Y después se anuló, pero comenzó casi después de siete meses. Igual en el caso de la señora Susana Villarán. 

La conducta del señor Gustavo Gutiérrez Ticse es la más escandalosa de todas". 

Entiendo que sus argumentos pueden ser muy atendibles, pero ¿no ha habido un error en la estrategia de ustedes? Porque, finalmente, la consecuencia es la que estamos viendo ahora.  

Mire, el paso del tiempo es una cuestión inexorable…

No quiero ser general después de la batalla. 

No, no, pero es un ejercicio válido, porque tenemos que hacer, siempre, un balance general de todas las situaciones. 

A eso voy. 

Y creo que es posible que podamos hacer algunas evaluaciones. En determinado momento hubo un gran esfuerzo del Ministerio Público por fortalecer el caso de la señora Fujimori. Si se hubiera llevado a juicio, veríamos, claramente, que los hechos se encuentran probados al punto de que la señora Fujimori ha tenido que admitir que ha recibido USD 18 millones porque la fuerza de la evidencia la ha puesto en una esquina. 

Pero más allá de eso, vistas las circunstancias, la cantidad de evidencia que se presenta en la acusación fiscal podría haber sido otra. 

¿A qué se refiere exactamente? 

Al hecho de que cuando la acusación fue afectada por los pronunciamientos del TC, tanto en el caso de Arsenio Oré como el caso José Chlimper, tuvo que ser reformulada y, ahora, solo hay 19 personas acusadas. La evaluación se hace en función de las circunstancias del momento. 

¿Quiere decir que, desde un inicio, se debió acusar solamente a esas 19 personas? 

No, no, fíjese que no pienso de esa manera porque eso sí sería ser general después de la guerra. Cada decisión se toma en una determinada circunstancia. La cuestión estratégica en ese momento para el equipo del doctor Pérez fue poner toda la carne en el asador. Había una enorme presión de respuesta política y de copamiento de las instituciones, inclusive la nuestra. Recuerde usted que nosotros hemos sido afectados por el señor Pedro Chávarry, por la señora Patricia Benavides.

No teníamos una bola de cristal. Siempre hemos trabajado sobre la base de una estrategia que la historia juzgará". 

¿Hay algo que hubiesen querido hacer diferente? 

Ese ejercicio siempre es válido en función de la experiencia y de lo vivido. No teníamos una bola de cristal. Siempre hemos trabajado sobre la base de una estrategia que la historia juzgará. Pensamos que hemos contribuido notablemente a la averiguación de la verdad, porque ha habido cambios legislativos, en los arbitrajes. 

La respuesta del crimen organizado es reactiva ante fiscales que no se pusieron de costado, que, a pesar de todas las presiones y afectaciones, decidieron hacer su trabajo. Lo contrario habría sido, simplemente, hacer un pacto de impunidad, o un pacto de miedo o temor, donde ningún fiscal se quiera hacer cargo de una investigación de tan alto nivel.

¿Ya no hay nada más que hacer? Lo que entiendo de la sentencia, me corregirá, es que el TC no está cerrando el caso, sino que le está lanzando el paquete a un juez para que él lo haga, de acuerdo a lo decidido. 

Y eso es una paradoja, ¿no? Por un lado, el TC invade la competencia del juez. Pero, luego, le dice: "tú materializa [la sentencia], de acuerdo a lo que te estoy ordenando”.

¿Va a haber una audiencia para eso? 

Sí, tiene que haber una audiencia. El fiscal Pérez tiene que evaluar cuál va a ser la posición que va a presentar el Ministerio Público ante el juez.

¿Ve la posibilidad de que, en el contexto actual, un juez decida que no le va a hacer caso a la sentencia del TC?

Esa es una expectativa, es parte de la litigación. Los jueces, a veces, nos dan la razón, otras no. Finalmente, lo que se busca es obtener en el TC lo que no se ha obtenido en la justicia regular. Eso es un grave precedente. Ahora todos van a ir al TC para objetar las decisiones del Poder Judicial. 

Se va a tener que determinar por qué se hizo una excepción en el caso de la señora Fujimori y, créame, van a cerrar esa puerta, créame que eso va a pasar. Van a decir que en el caso de la señora Fujimori se pronunciaron de manera excepcional. La pregunta es por qué. Porque se trataba de la señora Fujimori y porque había que buscar exonerarla de la responsabilidad penal a ella y a su partido político. 

¿Cree que van a cerrar esta puerta para los otros casos? 

Pienso que sí, porque si no, imagínese lo que sería: todos los abogados del Perú van a buscar llegar al TC en base al precedente Fujimori. Ya está sucediendo, ahora, en el caso de las investigaciones Lava Jato.

 Hay que ser objetivos en esta situación. Vivimos tiempos complicados y la institución, a nosotros, no nos respalda en nada". 

¿Qué va a ocurrir con el equipo Lava Jato en estas circunstancias? 

El señor fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, ha dicho que él no va a tomar ninguna decisión con relación al equipo especial, sino que va a poner en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos.

Para que para ellos decidan. 

A partir de eso, esperamos que se nos dé el derecho de poder exponer ante la Junta de Fiscales Supremos, porque siempre se dice: "no, el equipo especial no tiene resultados”. Eso es falso.

¿Y qué espera que diga la Junta de Fiscales Supremos?

Que nuestra institución nos debe respaldar. Es decir, que personas que han trabajado directamente con nosotros, como el fiscal Pablo Sánchez, la fiscal Zoraida Ávalos, o el doctor Juan Carlos Villena Campana, sean objetivos y analicen de que esta es la misma estrategia que siguió Patricia Benavides cuando sacó a la fiscal Bersabeth Revilla: cuestionar la productividad de manera falsa, para justificar que los equipos sean disueltos o remover personas.

¿Y cree que los fiscales supremos los van apoyar? 

Nosotros pensamos que vamos a ser escuchados y que, en su momento, la memoria se tiene que activar.

No lo escucho muy optimista. 

Lo que sucede es que hay que ser objetivos en esta situación. Vivimos tiempos complicados y la institución, a nosotros, no nos respalda en nada. Nosotros navegamos prácticamente solos en entrevistas, como la que usted tiene la generosidad de darnos. Pero antes, inclusive, hemos sido hasta censurados. No se nos permitía dar entrevistas. Ahora, por lo menos, a partir de la presión de la prensa que busca información, hemos podido acceder a la libertad de expresión. 

Salimos a defendernos porque, además, no vamos a pretender que nos defiendan los abogados a los que enfrentamos que, dicho sea de paso, nunca revelan sus conflictos de interés. Salen a declarar como personas que no tienen ningún conflicto de interés, cuando son abogados a los que enfrentamos a diario en la litigación. 

La memoria tiene que activarse. En el momento en el que el fiscal de la nación interino elija, vamos a buscar que la institución nos termine respaldando, como corresponde.