La inseguridad ciudadana —en forma de asesinatos, extorsiones, robos— ha volcado a miles de peruanos a protestar en las calles de Lima y regiones. De hecho, hace unos días, un gremio de transportistas anunció un nuevo paro nacional para el 13, 14 y 15 de noviembre, días que coinciden con el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, ha advertido que quienes se movilicen durante esas fechas serán considerados como “traidores a la patria”. Para la politóloga Patricia Paniagua Gutiérrez, esta actitud da cuenta de la incapacidad del Gobierno para analizar el malestar de la ciudadanía y dar respuesta a sus problemas. “Las manifestaciones no van a parar con este tipo de mensajes porque traen consigo una serie de reclamos no atendidos”, dijo a OjoPúblico.

En esta entrevista, la experta en políticas públicas, ciudadanía y educación también habla sobre la falta de transparencia de la presidenta Dina Boluarte frente al caso “cofre” —el vehículo presidencial captado cerca al condominio Mikonos, donde se presume que estuvo el prófugo Vladimir Cerrón—, las acciones del Congreso para copar otros poderes del Estado y la posibilidad de un restablecimiento de la confianza en la clase política en el futuro próximo.

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Un gremio de transportistas ha anunciado un nuevo paro, que coincide con el foro de APEC. El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, ha advertido que quienes protesten durante esos días serán considerados traidores a la patria. Días antes, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, dijo algo similar. ¿Qué revelan estas declaraciones acerca de la lectura de la actual situación política y social?

Lo que nos dice es que está haciendo una lectura, desde la instalación de este régimen, vinculada más bien a satanizar a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica, y a que quienes están manifestando un sentir que, en este momento, conglomera a toda la ciudadanía. Porque aquí no estamos hablando de pedidos aislados por gremios. Si bien es cierto que los transportistas han asumido el liderazgo, estamos hablando de un clamor ciudadano, que es por seguridad.

Los transportistas han asumido el liderazgo de las protestas, pero estamos hablando de un clamor ciudadano".

Entonces, la lectura es errada. Si bien, en los días anteriores, hubo mensajes respecto a que se respetaba el sentir ciudadano, que se acompañaba inclusive, dijo la presidenta (...), ahora el mensaje es otro y, más bien, se tilda de traidores a la patria a quienes van a manifestarse y pedir al Gobierno que tome medidas frente a una problemática que nos afecta a todos. 

En esa línea, considero que están haciendo, como ya es costumbre, una lectura errada y, seguramente, tendremos manifestaciones sucesivas que no se van, a mi parecer, a parar con este tipo de mensajes [pues] traen consigo una serie de reclamos que, sin ser atendidos, es imposible que puedan encontrar algún cauce.

PROTESTAS. El 23 de octubre, gremios y organizaciones participaron de un paro nacional. Transportistas han anunciado uno nuevo para el 13, 14 y 15 de noviembre.

Foto: OjoPúblico / Jackeline Cárdenas

Esta semana, se registraron protestas en un par de regiones. Una de ellas fue la de Chao, en Virú, La Libertad, por la inseguridad ciudadana. Allí se han captado imágenes de policías disparando a la altura del cuerpo de las personas, cuando existe el antecedente de un estallido social que dejó 49 civiles fallecidos, al inicio de este gobierno. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo?

Al parecer, absolutamente nada. Estamos viendo que no ha variado la actitud a la hora de acoger el reclamo ciudadano, ni tampoco cómo es que se está gestionando la protesta. La represión sigue siendo desproporcionada, inclusive si nos fijamos en los mensajes que se van soltando. 

En su momento fue eso de que todo el que protesta es terrorista, o está vinculado alguna organización, o responde algún tipo de interés de ese tipo. Luego, de este “terruqueo”, tan acostumbrado para dormir a la ciudadanía, vino la represión letal en la que perdimos a 49 compatriotas. Luego de eso, la gente ha tenido miedo de protestar porque temía por su vida. Enseguida, ha aparecido esto de “la protesta no puede ser política” (...). 

Existe una incapacidad del Gobierno para entender que esta fuerza que ha tomado la protesta no va a parar". 

Lo lamentable es que la respuesta sigue siendo tan torpe como inicialmente. Existe esta incapacidad para mirar que esto no se va a desarmar, esta fuerza que ya ha tomado la protesta, si no existe un ánimo real de escuchar, de enmendar. 

Y es bien sabido que este régimen responde a una coalición antidemocrática, que responde a intereses mafiosos también, y que está legislando claramente para protegerse. Y, en esa intención de protegerse, protege a todas las mafias que existen en el país en este momento, y a la criminalidad organizada en su conjunto.

En Ayacucho, la protesta de esta semana también fue por la escalada de la inseguridad. La gente pide a las autoridades que hagan algo al respecto. ¿Cuáles podrían ser los motivos de este deterioro de la seguridad ciudadana?

Claramente, tiene que ver con los candados que ha abierto, en su intención de protegerse, esta coalición [del Congreso y el Ejecutivo]. Está esta ley sobre el crimen organizado, que ha perdido toda la fuerza que tenía en su momento, al dejar por fuera delitos (...). 

En este ánimo de cuerpo, han protegido y protegen a otras mafias y a la criminalidad en su conjunto. Entonces, cada paso que han dado ha ido en detrimento de la seguridad de la ciudadanía y de la lucha frontal contra el crimen (...). 

Son una serie de medidas, podríamos enumerarlas y tendríamos que tomarnos mucho tiempo para eso, pero es posible resumirlo en que las acciones que han tomado han sido para protegerse, sin importar el perjuicio que podían causar a la ciudadanía. 

CONTRADICCIONES. La presidenta no ha respondido claramente sobre la presencia del vehículo presidencial cerca a un condominio relacionado con Vladimir Cerrón. 

Foto: Presidencia

Recientemente, hemos visto al Ejecutivo involucrado en una serie de contradicciones por el caso del “cofre”, el vehículo presidencial presuntamente relacionado a la fuga de Vladimir Cerrón. La presidenta se abstuvo de declarar, luego salieron el vocero presidencial, y el titular de la PCM a dar versiones encontradas. ¿Cómo tomamos esta seguidilla de contradicciones y verdades a medias?

No es la primera vez que nos someten a este espectáculo. Recordemos el caso de los Rolex, las idas y vueltas en cuanto a si eran obsequios, si fue un préstamo, quién lo hizo, en qué tiempo se hizo. Entonces, no es la primera vez que este régimen tiene graves problemas para explicarle a la ciudadanía temas que, además, son de transparencia. 

Eso es lo más grave: que se instala esta idea de que ellos no tienen por qué responder sobre estos casos, porque tienen que ver con el ámbito de la vida privada. 

La presidenta dijo que era parte de su intimidad personal.

Y eso es totalmente errado. La ley manda que tiene el deber de responder por todo aquello en lo que ella ejerce el más alto cargo público (...) Y todo lo que competa actos de gobierno o a su comportamiento en el ejercicio del cargo debería ser un tema en el que no habría problema de responder, respecto a los movimientos del auto presidencial, o respecto a las joyas que usa. 

El Congreso, en los últimos meses, ha promovido una serie de proyectos que buscan atentar contra la autoridad de los jueces y fiscales. Tenemos la iniciativa para impedir la aplicación del control difuso y la que pretende crear una comisión de fiscalización a su labor, entre otras. ¿Cómo evalúa estos proyectos? ¿Cómo están obrando para agudizar el desequilibrio de poderes y controlar al sistema de justicia?

El objetivo es único: romper el equilibrio de poderes, si es que todavía podemos hablar de él. Ya han habido una serie de medidas en perjuicio de lo que podríamos llamar la institucionalidad democrática de nuestro país y de cómo funcionan nuestros tres poderes del Estado. 

El objetivo del Congreso es romper el equilibrio de poderes, si es que todavía podemos hablar de él".

En esa medida, cada proyecto es un intento más por perjudicar a la administración de justicia y un ejercicio apropiado de la misma, con una serie de intromisiones que están en la línea de ver cómo aseguran, de cierto modo, protección para sí mismos, sus organizaciones, sus aliados, y cómo someten a los poderes del Estado, al interés de turno, que, en este momento, aglomera los votos suficientes (...). 

Esto nos recuerda a lo que sucedió durante los 90 en nuestro país, durante la dictadura, y cómo este ataque al que está siendo sometido el país va a necesitar un momento de recuperación. ¿Cuánto va a tomar? ¿Cómo va a ser? Esa será una tarea en la que tocará, en su momento, ocuparse.

CONTRA LA JUSTICIA. En los últimos meses, el Congreso ha impulsado una serie de proyectos para debilitar la autoridad de jueces y fiscales. 

Foto: Congreso

Pensando en un próximo gobierno ideal, en el 2026, ¿cómo se puede hacer para reencauzar la situación, para volver al camino en el que estábamos?

Esta coalición autoritaria, ordenada en cuanto a sus propios apetitos e intereses vinculados a mafias, no solo está pensando en el aquí, en el ahora. No es solo impunidad lo que viene buscando desde el día uno, sino también asegurarse el poder, más a mediano o largo plazo (...).

Entonces, pensar en una recuperación es pensar en desarmar. De alguna manera, retrotraer todo lo que, en este tiempo, se ha venido demoliendo. Va a ser una construcción similar a la que se empezó durante la transición democrática y que, lastimosamente, no se pudo continuar en el tiempo porque, hay que decirlo, no hubo la decisión de los gobiernos que sucedieron. 

El rechazo de la ciudadanía hacia la presidenta Dina Boluarte es percibido en publicaciones del extranjero y encuestas. Esta semana, cuando acudió a lugares públicos, se ha visto también el descontento explícito de la gente. Algo muy similar ocurre con los congresistas. ¿Podrán, los peruanos, recuperar su confianza en las autoridades en un futuro próximo?

Realmente, es un poco complejo porque, además de que la confianza se ha quebrado, también está esto de cómo se asumió una posición de mucho cinismo frente a la ciudadanía. [Las autoridades] nos hablan de un país que no existe en la realidad, un país de maravilla en el que, si realmente viviéramos, probablemente la ciudadanía no estaría ni tan disconforme, ni el repudio sería tan patente.

La renovación de la confianza en la clase política va a ser una tarea de largo alcance".

Esa incapacidad para reconocer los problemas, para conectar con ese ciudadano y ciudadana que realmente está angustiado porque afronta una extorsión (...); ese quiebre, esa ruptura que se ha hecho con la ciudadanía, al darle la espalda a sus intereses más básicos, al desoírla —y al gobernar mirándose entre ellos y en los que son sus apetitos, sus intereses, y en cómo garantizan este status quo— genera, no solo disconformidad, enojo, fastidio, sino repudio. 

Ese repudio es manifiesto en cada acto en el que participa la señora Boluarte, y en cada acto en que los congresistas tienen que dar cuentas en sus regiones (...) Entonces, hablar de renovación de confianza en la clase política va a ser una tarea de largo alcance (...) Creo que esto de la recuperación de confianza de la ciudadanía va a pasar por qué tanto se pueda volver a gestionar este vínculo. Para empezar, reconociendo el punto en el que estamos, la gravedad de la crisis que afrontamos.