En el juicio que enfrenta el expresidente Martín Vizcarra se mostró una pericia que revela que el exmandatario realizó retiros menores de la cuenta bancaria donde recibía su sueldo como gobernador de Moquegua. Para la Fiscalía eso acreditaría que vivió de presuntos sobornos. Ana Neyra, abogada y exministra de Justicia y Derechos Humanos, admite que, si bien la situación de Vizcarra le genera “pena” por haber trabajado juntos, observa “cada vez más indicios” para que sea condenado.

En entrevista con OjoPúblico, Neyra aborda este y otros temas, y cuestiona los ataques en contra de las ONG que defienden derechos humanos a la que se ha sumado la presidenta Dina Boluarte. Considera preocupante que tenga un discurso “claramente desinformador”.  Además, lamenta que desde la Fiscalía de la Nación se estén llevando a cabo investigaciones en contra de los fiscales del caso Lava Jato sin evaluar, previamente, la credibilidad de los denunciantes ni sus antecedentes.

¿Adhiere la idea de que la no promulgación de la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia obedece al interés del Gobierno para proteger al vocero presidencial, Freddy Hinojosa?

No solo a él, probablemente. Me parece que al final están cuidando a varias personas investigadas en el Gobierno, en el entorno presidencial y probablemente aliados políticos que también podrían ser afectados. Un congresista había admitido que no había leído la letra pequeña de la norma…

... [El congresista] Alejandro Muñante. Es la admisión de un trabajo muy poco diligente. 

Y no sé si realmente es cierto. No parece muy verosímil. Sí creo que hay intereses que buscan que la norma no esté vigente para no poder aplicarla. Como sabemos, hay ciertos delitos, como la corrupción, en lo que es muy difícil que podamos encontrar a alguien en flagrancia. Esta idea de la persona recibiendo fajos de dinero no sucede en la vida cotidiana.

El Congreso necesita 78 firmas para convocar a un Pleno extraordinario y aprobar por insistencia la norma. Podría juntarlas, si quisiera.  

Claramente, porque en teoría todos están sesionando. De hecho, han logrado convocatorias cuando realmente han querido. Es cierto que el Ejecutivo observó la norma esperando el receso parlamentario para dilatar eso. Probablemente sabían que venían algunas investigaciones que podrían generar detenciones, pero si el Congreso hubiera querido, hubiera podido avanzar. No lo ha hecho porque no tiene la intención.

En el fondo están cuidando intereses personales. Y lo peligroso es que cuando hay una ola criminal, de inseguridad ciudadana, los Gobiernos, los Congresos dan más herramientas para combatir el crimen, desde lo legal. Es lo que más preocupa desde un plano legal. Ya ni siquiera vamos a pensar en estrategias de investigación, que no existen.

Hay sectores que, sin duda, quieren a Rafael Vela y a José Domínguez Pérez lejos de toda investigación vinculada con la señora Fujimori.

Bueno, hay un aroma de complicidad entre el Congreso, el Ejecutivo y organizaciones criminales más o menos evidente, ¿no? 

Que podemos verificar, además, con muchos actos concretos, modificaciones que hacen retroceder la lucha contra el crimen, en muchos aspectos. 

¿Le preocupan algunas decisiones de la Fiscalía? Hago referencia, por ejemplo, a investigaciones contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la doctora Silvana Carrión, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

A mí me preocupa cuando ese tipo de acciones se hace sin una valoración mínima de dónde proviene la fuente de información de esas denuncias. En general, el cuestionamiento al acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht ha sido más bien político, detrás no hay un intento de transparencia. Creo que la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) hace mal en no darse cuenta de que la denuncia viene de ese sector.

Ella tendría que entender que tiene que hacer algunos filtros previos antes de formalizar una investigación a ese nivel, porque, al final, lo que eso hace es perjudicar las investigaciones en curso. No es, además, la primera investigación que se inicia contra los fiscales Vela y Pérez. Yo misma he discrepado de algunas de sus actuaciones en algún momento, pero si en verdad creemos en la institucionalidad del país, deberíamos dejar que hagan su trabajo. Si de la propia Fiscalía van a tomar acciones para debilitarlos en un momento en que se están llevando a cabo los principales procesos penales del país, sin hacer un filtro con la información que se recibe, sí me parece preocupante.

Sobre todo porque, cuando uno lee quiénes están detrás de la denuncia –José Luis Francia y Luis Pacheco Mandujano, que son abogados del prófugo empresario Gonzalo Monteverde [investigado por el caso Lava Jato]–, uno alza la ceja. 

No verificar la fuente de donde viene esta información es un error. 

¿Está funcionando el Ministerio Público como una mesa de partes?

Lamentablemente el Ministerio Público, cuando recibe denuncias, tiene la tendencia a inmediatamente admitirlas…

Para decir que investigamos a todos. 

Así es, pero yo creo que hay que cuestionar ese rol. La Fiscalía tendría que ser capaz de diferenciar cuando una determinada denuncia tiene indicios suficientes para ser admitida y cuando son disparates. 

El discurso de que las ONG son estas organizaciones con una agenda que destruye el país ha calado, pero es totalmente falso".

¿Se puede hablar de un acoso contra el equipo Lava Jato?

Hemos visto muchos actos en ese sentido. No me atrevería a decir que la fiscal de la Nación quiere acosarlos, pero sí creo que hay diferentes sectores de la población que, sin duda, quieren a Rafael Vela y a José Domínguez Pérez lejos de toda investigación vinculada con la señora Fujimori y con muchas otras personas por el caso Odebrecht. 

La presidenta, Dina Boluarte, dijo el miércoles: "Muchas ONG financiadas con dinero internacional priorizaban los derechos de criminales” mientras que la Policía y las Fuerzas Armadas están “abandonadas a su suerte”. ¿Considera que las ONGs en realidad priorizan los derechos de los delincuentes? 

No. Me preocupa mucho que la presidenta tenga ese nivel de discurso claramente desinformador. El discurso de que las ONG son estas organizaciones con una agenda que destruye el país ha calado, pero es totalmente falso. Esta idea de que se gastan los fondos que nadie sabe de dónde provienen es desconocer todos los niveles de control que hay en la cooperación internacional. Y eso está bien, porque te dan un dinero con un fin. Y además no es que te lo regalan, uno postula. 

Sin nombrarla directamente, la presidenta también hizo alusión a Susana Villarán. Dijo que a ella nadie le rompió su puerta. ¿Hay un acoso contra la presidenta, como ella misma y los ministros alegan?

Ella no entiende cuál es su rol. Creo que quiere solamente las prerrogativas, las gollerías que te da el cargo, pero el estándar internacional frente a un funcionario es que tienes un mayor escrutinio público. Incluso se ha dicho como estándar interamericano que, si tu vida privada impacta de alguna forma en tu vida pública, aquella se puede hacer pública. Claro, a mí no me interesa con quién pasas tu fin de semana, pero si en ese contexto te llevas tu carro presidencial y te reúnes con una persona que tiene contactos con el Estado y esa persona luego es favorecida…

Ahí sí tienes que explicar con quién estuviste. 

Así es. Esa es la base del escrutinio público en cualquier esquema mínimamente democrático Cuando se intenta usar ese escrutinio con la señora, comienza a victimizarse y alude a su raza, a su sexo, a su procedencia. 

O propone globos de ensayo, como la pena de muerte. 

Ese es el problema. Ella no entiende que la naturaleza de su cargo implica gobernar y el control.

El Tribunal Constitucional ha convalidado la ley de protección policial frente a detenciones preliminares o prisiones preventivas. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

Me preocupa mucho este enfoque en el cual permitimos que la Policía tenga esta serie de protecciones que, en verdad, ya tenían. No está sometida –como muchos pretenden hacernos creer– a una serie de controles excesivos que limitan su trabajo. Si sacamos una norma en la que decimos que un policía no puede ser nunca detenido preliminarmente de manera preventiva, los incentivos para el abuso son enormes. Eso es lo que, creo, muchos pretendíamos que el Tribunal diga.

Cada vez que pasan más cosas tiendo a sentir que hay más indicios para que (Martín Vizcarra) pueda ser condenado"

¿Que estableciera algunos parámetros? 

O incluso dijera que esto es abiertamente inconstitucional. Yo por lo menos hubiera esperado que el Tribunal zanje la discusión y diga de manera clara "esto opera cuando las personas están haciendo patrullaje” o “están haciendo algún tipo de función oficial”. No ha sido ese el caso. Garantizar impunidad siempre es peligroso porque cuando quitamos controles hay posibilidad de abuso.

Usted fue secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Qué piensa de la hemorragia de partidos políticos? Hay 42 inscritos, 30 más en proceso de inscripción. Podemos llegar a un récord mundial. ¿A qué tipo de elección nos vamos a enfrentar el 2026?

A mí me parece muy compleja, incluso en términos de comprensión, de saber quién es quién. Y si a eso le sumamos la elección congresal, con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados… 

Hay un sector político que le achaca precisamente a esta comisión la proliferación de partidos, ¿qué responde? 

Yo creo que no.

¿Cree que no? ¿O no?

La duda mata, dicen. Fernando Tuesta, el expresidente de la comisión, ha sido muy contundente con esto y nosotros a veces lo hemos dejado un poco solo en la batalla. La verdad que yo, a veces, me siento un poco corta porque era secretaria técnica, pero valga la oportunidad para aclararlo. La comisión planteó 12 propuestas.Y la idea era que fuera integral. Achacan que se bajaron los requisitos para inscribir partidos. 

Claro, se pasó de las firmas a la figura de los afiliados.  

¿Por qué? Porque las elecciones primarias eran como un filtro. Pero si abriste la primera puerta, pero quitaste el filtro no has aplicado la reforma como se concibió. El problema del Congreso es que hace esta selección de propuestas que no son integrales y luego culpa a otros de los efectos.

Garantizar impunidad siempre es peligroso porque cuando quitamos controles hay posibilidad de abuso".

Hay que decir que las PASO [elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria] no se eliminaron, son facultativas.  

Pero cuando las PASO han sido facultativas los partidos casi siempre hicieron la elección a través de delegados. El problema es cuando no hay lógica detrás de las reformas, cuando aprobamos una y no entendemos que tenemos que aprobar la siguiente para el efecto buscado.

Otra cosa que se planteaba era que no hubiera voto preferencial y lo han vuelto a restituir. No pueden pretender echarle la culpa a la comisión cuando muchas de las cosas que planteó las han revertido. 

Usted fue ministra del gobierno de Martín Vizcarra, quien está enfrentando procesos judiciales complicados. También está la inhabilitación del Congreso, que no le permite postular. ¿Qué piensa de su caso?

Tengo muchos sentimientos con ese tema a nivel personal porque hemos trabajado juntos y me da pena. Sí creo que toda persona que ha cometido un delito tiene que…

¿Cree que ha cometido delito?

Cada vez que pasan más cosas tiendo a sentir que hay más indicios para que eventualmente pueda ser condenado. Lo último que salió, esto de que no ha sacado dinero por mucho tiempo de sus cuentas, me parece que genera muchos indicios para sentir que hay altas posibilidades… igual tendrá que defenderse. A nivel personal, por supuesto, lamento mucho que esté en esa situación, pero creo que como toda persona que está siendo investigada, tiene que responder ante la justicia.

Evidentemente no creo, a pesar de lo que diga, que vaya a llegar a poder postular en el 2026, me parece que eso es altamente improbable. Sí creo que si tuviera más apoyos en el Congreso no estaría inhabilitado, como pasa con varios otros. Lo que evidencia su caso –en medio de lo que él tendrá que responder penalmente– es que hay una persecución selectiva contra algunas personas que el Congreso considera que tienen más posibilidades de tener cierto apoyo. El Congreso debería poner el mismo baremo a toda persona que considere que ha cometido algún tipo de infracción constitucional.