El violento avance de la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y la vida en el Perú. Las denuncias por este delito se han cuadruplicado en tres años, al mismo tiempo que los asesinatos. Durante los últimos años, la organización criminal de origen venezolano el Tren de Aragua dominó este negocio ilegal, pero ya no es el único. Diferentes bandas operan en Lima, La Libertad, Piura y otras regiones del país. 

El último viernes 4 de abril, en la capital, asesinaron a un conductor de la empresa de transporte urbano Etuchisa, conocida como El Chino, una de las que más ha denunciado ser víctima de extorsión. Para entender por qué crece la violencia extorsiva entrevistamos al investigador estadounidense Eduardo Moncada, autor del libro "Resistiendo la extorsión: víctimas, criminales y estados en América Latina" y profesor del Barnard College, en la Universidad de Columbia. 

Pueden acceder a la entrevista en video en nuestro canal de Youtube.

¿Qué factores, además de la debilidad del Estado, identificas que son relevantes para que la extorsión avance y encuentre un terreno fértil en nuestras sociedades?

Uno de los factores principales que facilita la extorsión y la expansión de ese fenómeno en muchas partes de América Latina está ligado a la inestabilidad o la falta de capacidad del Estado, pero creo que también es por la falta de confianza de la ciudadanía en que el Estado les pueda proveer seguridad y de soluciones a sus conflictos. Por ejemplo, en los contextos donde he estudiado estos temas, en México, El Salvador, Colombia, y otras partes de América Latina, uno de los hallazgos es que al principio muchas personas que pensábamos son víctimas de la extorsión, al contrario, les daban la bienvenida a esta práctica porque les provee algún grado de seguridad frente a la inseguridad, la delincuencia, algún grado de justicia informal, cuando la justicia formal tal vez no esté a su alcance. En ese contexto hay una organización criminal que les puede dar este servicio por un pago y lo da mucho de una forma más eficaz a la que le da el Estado. 

Entonces, tener a un grupo armado que le pueda proveer esta seguridad, en algunas partes, se ve como un fenómeno bienvenido por la población. Solo es con el tiempo, cuando se comienza a convertir en algo más depredador, donde extorsionan, pero ya no proveen seguridad, o proveen seguridad, pero solo únicamente de ellos es que todo cambia. Es en ese momento cuando se ve un fenómeno mucho más depredador y nocivo para la población, para las economías locales y para la relación entre ciudadanía y Estado.

La expansión de la extorsión en muchas partes de América Latina está ligado a la inestabilidad o la falta de capacidad del Estado.  

¿Un escenario de incapacidad de los estados para garantizar el derecho a seguridad es un terreno fértil para que la extorsión avance? ¿Se puede hablar de un vacío de poder, que los estados están claudicando en algunos territorios y entregándoles ese espacio al crimen organizado?

Yo diría que sí, estoy de acuerdo. Hay vacíos de poder donde la presencia del Estado es mínima o casi no existente, y esos contextos definitivamente son contextos muy fértiles para el crimen organizado, que puede llegar y dar un orden local, y eso es lo que muchas personas simplemente quieren para tener una vida normal y digna. Tener un grado de predictibilidad de qué va a ocurrir en su día a día. Y si el Estado no puede proveer eso por medio de la policía, por medio de la justicia, lo que vemos es que los grupos criminales entran estratégicamente a un territorio y proveen eso primero para comenzar a anclarse en el territorio y en las redes sociales de la comunidad.

En las investigaciones periodísticas que hemos realizado notamos, y no sé si coincides con eso, que la pandemia es un punto de quiebre en el modelo criminal. En ese momento, hay un repliegue del Estado para atender la emergencia sanitaria y dejan libres algunos territorios. La extorsión en Perú existía ya desde antes, por ejemplo en el sector de la construcción civil, pero eran muy focalizados. Sin embargo, del 2020 hacia adelante la extorsión impulsada por el Tren de Aragua, reconfigura el negocio ilegal y lo vuelve más violento y transfronterizo.

Creo que tenemos mucho por investigar para saber cuál es la relación entre la pandemia y lo que hemos visto después y que acabas de describir sobre el fenómeno de la extorsión. Pero más allá de la expansión del crimen organizado por muchas partes de América Latina, un factor que debemos ver es que la pandemia tuvo un costo socioeconómico muy grande en América Latina, los niveles de pobreza aumentaron, la desigualdad también se incrementó y todo eso crea un caldo de cultivo para una población que no tiene recursos económicos y que se puede unir a estos grupos por pequeños montos de dinero, para realizar actividades como la extorsión en sus vecindarios, en sus barrios. Creo que también sería importante pensar en cómo la pandemia reconfigura las economías legales en América Latina y el efecto que tiene eso en las economías ilegales.

En tu investigación mencionas que hay sociedades en las que al inicio, como la ausencia del Estado es grande, eligen pagar a estos grupos extorsivos para estar seguros. Pero en el caso de Lima, ahora ponen un explosivo frente a una escuela o un restaurante, o disparan contra bandas musicales y asesinan a un cantante. ¿Cuál es el punto de quiebre en una sociedad, el momento en el que la violencia de la extorsión se escapa de las manos?

Algunas pistas de las investigaciones que he hecho indican que el punto de quiebre llega cuando los costos económicos o costos materiales, pero también los costos emocionales, brotan. En muchos lugares donde he estudiado este tema, vemos que las poblaciones pagan semanalmente o mensualmente, pero cuando los grupos criminales comienzan a tratar de extraer mucho más de las personas, de sus víctimas, utilizan más amenazas y violencia contra ellos. Eso es un punto crucial, de quiebre, pensar en esto es parte de mi día a día y tengo que hacerlo para sobrevivir, pensar están quitándome también mi dignidad, quitándome mis recursos que uso no únicamente para mí, sino para mis familiares. Hay también un momento, cuando la extorsión o los grupos criminales que perpetúan la extorsión, pasan una línea cultural. Digamos, poner una granada en una escuela contra niños.

Por ejemplo, en algunas partes de México que he estudiado los criminales comenzaron a llevarse a las mujeres de las familias que estaban extorsionando, las secuestraban y violaban. Se las llevaban unos días y luego  las regresaban, si es que las regresaban. Ese fue un momento clave para muchas comunidades, particularmente en lugares como Michoacán, donde entre el 2013 y 2014 surgieron grupos de autodefensa para terminar con la extorsión en sus comunidades. Para las personas que entrevisté ese fue el punto de tope, el punto de quiebre, cuando comenzaron a cruzar esa línea. 

En algunas partes de México que he estudiado los criminales comenzaron a llevarse a las mujeres de las familias que estaban extorsionando, las secuestraban.

Vamos a volver luego a estas respuestas de la ciudadanía, pero quería hacer énfasis en el rol de los gobiernos y estados. ¿Cuánto del avance de la extorsión es realmente por la falta de recursos del Estado o se trata más bien de corrupción, de estados a los que les conviene tener una relación con estas organizaciones criminales y ceden voluntariamente, por corrupción?

Vemos ambos fenómenos en diferentes partes de América Latina. En Perú o Colombia podemos ver territorios en los que el Estado ha cedido a estos grupos, tal vez primordialmente porque no tiene la capacidad de llegar ahí institucionalmente o porque no les importa tener esa presencia ahí y darles sus derechos a esas personas. Entonces ceden ese territorio a grupos criminales que proveen un orden, un equilibrio que consiste en bajos niveles de violencia, pero que al mismo tiempo tiene fenómenos como la extorsión y otras dinámicas de criminalidad no tan observables.

Pero también, como bien dices, creo que en muchas partes de América Latina, donde sí hay una presencia del Estado muy fuerte, pensemos en ciudades como Medellín, en Colombia, Río de Janeiro, en Brasil, o Lima, el Estado está presente, se lo ve, se ve a la policía, se ven las oficinas burocráticas, se ven personas que trabajan para el gobierno y al mismo tiempo vemos al crimen organizado presente, vemos extorsión, vemos control territorial de los grupos criminales. Esa pista nos indica que no puede ser únicamente la explicación [del avance de la extorsión] que haya un Estado débil, sino también un Estado que es cómplice con estos grupos.

La respuesta del gobierno en Perú ha sido la declaratoria de emergencia para empoderar a los militares ante un delito urbano. ¿Qué nos dice la experiencia sobre estas declaratorias, que son más simbólicas que efectivas para combatir la extorsión en América Latina?

Creo que la forma en que pones el marco para la pregunta es la respuesta. Estos son actos simbólicos de parte del Estado para poder proyectar algún grado de control territorial, de poder sobre la violencia, pero muchas veces no son sostenibles en el tiempo. Empíricamente sabemos que tener al Ejército en la calle no tiene un efecto grande en esos niveles de la extorsión porque la extorsión es un fenómeno muy por debajo de la superficie de la sociedad. O sea, es un chico que viene a tu negocio o a tu casa el fin de semana y te pide el dinero y tal vez hasta ni lo tiene que hacer con una amenaza porque ya sabe él quién es, a quién pertenece y se sabe que hay peligro de que si no le obedeces algo te va a pasar a ti y a tu familia. Entonces, en ese contexto tener a un soldado o a un grupo de soldados a tres cuadras no va a tener un efecto en ese fenómeno.  Lo que se necesita ahí es mucha más inteligencia de parte del Estado, mucha más coordinación con elementos de las víctimas, con poblaciones, con empresarios, comerciantes. El problema es que la falta de confianza en el Estado hace que las personas no quieran ni reportar que son víctimas de la extorsión. 

Tener a un soldado o a un grupo de soldados a tres cuadras no va a tener un efecto en la reducción de la extorsión.

El Perú tiene además un serio problema de casos de violación de derechos humanos por parte de militares. La evidencia nos dice que el número de extorsiones no se reduce con las declaratorias de emergencia. Pensaba en otros mecanismos simbólicos, que también nos pintan el escenario internacional actual. Por ejemplo, Trump declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista. ¿Es la extorsión, terrorismo? 

Desde la perspectiva de la víctima puede ser como un acto terrorista. O sea, en términos del costo emocional, del fomento del miedo, de la percepción de inseguridad que tiene uno frente a este actor y sus actividades. A nivel macro, pensando en la política pública de países como los de Estados Unidos hacia el Tren de Aragua, hacia los carteles de México, que también han sido designados grupos terroristas, creo que es menos claro la evidencia que nos da, por lo menos el gobierno norteamericano, de por qué clasificar a estos grupos como grupos terroristas. 

En la forma tradicional como lo pensamos en la academia, estos son grupos muy diversificados, que tienen vínculos con economías legales, con partidos políticos, con sociedad civil, con empresarios. Categorizarlo únicamente como un grupo terrorista oculta muchos de estos otros vínculos que tienen con la sociedad y con la realidad del día a día. 

Es menos clara la evidencia que da el gobierno norteamericano de por qué clasificar al Tren de Aragua o los cárteles como grupos terroristas. 

Pienso en estos casos donde el modelo criminal que conocíamos antes era un modelo muy segmentado. Los carteles de narcotráfico produciendo coca y vendiéndola al mundo. Las organizaciones dedicadas a la extorsión, haciendo lo suyo; los mineros ilegales, operando en sus enclaves. Pero lo que vemos ahora, en las fronteras, por ejemplo, es que el narcotráfico se reconfigura y logra aliarse con la minería ilegal porque encuentra en el oro un activo de muy fácil lavado. Hay territorios donde el Tren de Aragua brinda servicios de seguridad a carteles de la droga. Es un escenario diferente. ¿Crees que también hay esa reconfiguración de la diversificación del negocio ilegal en México, donde el narcotráfico es la economía ilegal más grande?

Creo que lo que vemos en México, lo vemos en otras partes de América Latina. Vemos la diversificación del crimen organizado, donde ya no podemos pensar únicamente en que este es un grupo de narcotráfico, sino que esta es una empresa que tiene muchas diferentes divisiones, tanto lícitas como ilícitas. Para una economía ilícita, una división ilícita, digamos, como la extorsión o la minería ilegal genera recursos, pero hay que lavar esos recursos, entonces tenemos empresas formales también, establecidas, reguladas por el Estado, por medio de las cuales lavamos ese dinero.

Es un escenario bastante complejo, porque como bien dices, hace 20 o 30 años, en América Latina como en los Estados Unidos y Europa, se pensaba en la política pública contra el crimen organizado pensando en ese modelo antiguo, que este es un grupo que se dedica a una actividad y si intentamos detenerlo o eliminarlo, tenemos que enfocarnos en esa actividad. Pero hoy vemos que si atacamos un elemento de la economía ilícita, digamos, el narcotráfico, el grupo criminal también puede girar a otras economías ilícitas, generar recursos y reestructurarse de alguna forma. 

POLITÓLOGO. Moncada ha investigado las repuestas ciudadanas ante la violencia de la extorsión.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

La extorsión en Perú se concentra en los lugares con las poblaciones más pobres, donde muchos comerciantes viven del día a día. ¿En los casos que ha analizado se repite está situación o hay un segundo momento de la extorsión donde estos grupos avanzan a otros sectores?

Vemos algo similar en otras partes de América Latina, donde al principio los blancos de estos delitos tienden a ser las poblaciones más vulnerables, y que no tienen acceso a la policía y al sistema de justicia. En la ciudad de México, donde estoy haciendo investigación, se sabe que en las colonias, en los barrios periféricos, la extorsión es algo generalizado, pero en el centro de la ciudad, donde está la presencia del Estado, donde hay empresas muy grandes, donde hay comercio y turismo, muchos de esos negocios también son extorsionados, pero no con el mismo nivel de violencia, no con el mismo nivel de amenaza observable por parte de la sociedad o de los medios. Entonces, ahí, ese mismo fenómeno se registra contra poblaciones que sí tienen muchos recursos económicos, que sí tienen conexiones políticas. También se ven vulnerables al mismo tipo de acto delictivo.

¿Qué hace que un extorsionador realmente cumpla su amenaza? ¿Se siente con impunidad para asesinar a alguien porque no le pagó o para colocar una bomba en la puerta de un restaurante? ¿Es solo la impunidad o es la expresión de un control territorial absoluto? 

Creo que poder castigar a una víctima que no paga, con el uso de violencia, con un homicidio, con un secuestro, es una indicación, una pista de que el control territorial está muy bien establecido y que el grupo criminal se siente en libertad de hacer eso. En otros contextos, donde tal vez no haya ese mismo nivel de control territorial, por ejemplo, el centro de una ciudad como Lima o Medellín, el grupo criminal tiene que compartir el control con el Estado, con la sociedad. Allí tal vez es un poco más difícil. 

Bueno, la tasa de homicidios en Lima se ha disparado, tampoco hay certeza de que acá haya mucha seguridad.

Ah, que interesante, pero me imagino que hay variación también dentro de la misma ciudad. 

Sí, pero el nivel de violencia con el que ha aparecido la extorsión alcanza a las mismas ciudades capitales, donde aparentemente hay más presencia del Estado. ¿En los casos que has investigado has identificado si estas organizaciones criminales trabajan por capas, como una empresa multinacional?. Por ejemplo, el Tren de Aragua en Perú opera con franquicias, se han encontrado varios grupos y todos pagan a los que están más arriba.

Es muy preocupante, y eso es lo que se ve en México y Colombia, un sistema de capas donde hay un líder o unos líderes en el punto de arriba de la pirámide, del triángulo y que diferentes tipos de grupos criminales trabajan debajo de ellos y les dan porciones de los ingresos de sus actividades ilícitas. Entonces, como estamos describiéndolo antes, ya es una empresa muy bien estructurada, con una jerarquía, con diferentes niveles de liderazgo, canales de información. Es un reto mucho más complejo para el Estado enfrentar eso, es más difícil que enfrentar a un grupo pequeño que opera solo en un barrio. 

En la presentación que hiciste en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), mencionaste que en el caso de Michoacán, en México, los carteles dedicados al narcotráfico, que tienen un control territorial de las rutas, vieron como un incentivo controlar todo lo que pasa dentro de estas rutas y comenzaron a involucrarse en otros negocios ilegales. ¿Esa lógica podría darse también en grupos que tradicionalmente solo extorsionan? Pienso en el Tren de Aragua, que comenzó como una organización dedicada a la extorsión y a la trata de personas y que de repente en algún momento pueda decidir que también quiere incursionar en el narcotráfico. ¿Puede darse esto?

Sí, creo que es una estrategia. Un grupo que se dedica únicamente a la extorsión puede pensar en diversificar su portafolio de actividades ilícitas, utilizando la lógica de una empresa legal. Si estoy diversificado y el Estado interviene, tengo otros recursos, otras actividades de las cuales puedo recurrir para generar recursos y sobrevivir. Entonces, creo que en muchas organizaciones criminales lo que vemos es una estrategia muy bien pensada de diversificar sus actividades para poder sobrevivir y crecer. Y aumentar su poder coercitivo y material de recursos económicos del capital.

En algunos casos como el de Michoacán, en México, la extorsión generó respuestas ciudadanas como la conformación de colectivos de autodefensa. ¿Pero, qué hace que estos no se conviertan luego en grupos paramilitares que cometan abusos, como los paramilitares de Colombia?

No hay una barrera clara que pare a que un grupo de ciudadanos se arme para tratar de resistir a la extorsión u a otra forma de victimización a manos del crimen organizado, y que luego ellos mismos no se transformen en grupos criminales. Tener el uso y/o control del uso de la violencia en un contexto donde el Estado es débil o cómplice con el crimen organizado, indica un grado muy alto de poder que tiene ese grupo de ciudadanos, de víctimas. Y muchas veces lo que vi en mis investigaciones, tanto en México, en El Salvador y Colombia es que grupos de ciudadanos que llegan a ese punto de quiebre, que deciden armarse para terminar con los grupos criminales que los están extorsionando, con el tiempo se convierten en grupos criminales.

En Michoacán, por ejemplo, muchos de los grupos de autodefensa que yo estudié y que otros han estudiado, hoy en día forman parte de los carteles de narcotráfico. En Medellín, ciudadanos que en el pasado se organizaron para defenderse frente a la guerrilla y luego se convirtieron en paramilitares y narcotraficantes también. En El Salvador también hemos visto grupos de vigilancia ciudadana que se organizan y comienzan con el tiempo a vender sus servicios a una variedad de actividades incluyendo ilegales y criminales.

En Michoacán, muchos de los grupos de autodefensa que estudié, hoy en día forman parte de los carteles de narcotráfico.

Has mencionado El Salvador y en América Latina hay una fascinación por Bukele y la reducción de los homicidios. Este y el próximo año hay elecciones en Perú, Colombia, Brasil y Chile, y varios candidatos citan el modelo Bukele. En tu presentación en el IEP, mencionaste que está mal copiar modelos sin entender los diferentes contextos culturales, territoriales y de políticas públicas. ¿Por qué está mal copiar este modelo sin entender lo que realmente pasa debajo? 

Hoy en día vemos que tanto la población como actores políticos piensan que el modelo Bukele es tal vez la solución para la inseguridad de muchas partes de América Latina. Creo que parte del peligro es no entender las particularidades del contexto. En el contexto salvadoreño tenemos un país muy pequeño, con maras muy poderosas; es un escenario muy distinto de lo que vemos en Perú, Uruguay, Chile o México. Además, hay muchas preguntas abiertas sobre qué tan sostenible es la solución que ha implementado Bukele y qué tan nocivo sea para la democracia. Pero implementar soluciones de este tipo sin pensar en el contexto local y las particularidades de los grupos criminales puede generar políticas públicas  que no funcionen o que fomenten otros tipos de criminalidad y delincuencia.