El controversial fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordena la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la nación fue denunciado por la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, como un golpe a la democracia. 

La delicada situación está siendo aprovechada por un sector político para impulsar una intervención en la Fiscalía, lo cual podría terminar vulnerando su autonomía constitucionalmente reconocida. 

El abogado y exprocurador José Ugaz es una de las voces que más ha advertido que el propósito de fondo es la captura del sistema de justicia y que este es promovido desde el Congreso en alianza con el Gobierno. "Nos hemos acostumbrado a una degradación de las instituciones y de los estándares de la política, que no recuerdo haber visto en el pasado, ni siquiera en los 90", dice a OjoPúblico.

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

Hay que recordar que el proceso de selección de esta JNJ fue observado por una comisión internacional".

Luego del fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que determinó que Patricia Benavides regrese como fiscal de la nación, hay un sector que ha empezado a describir la situación como un pleito entre dos bandos. ¿Está de acuerdo con esa apreciación o estamos, en realidad, ante un intento de captura del Ministerio Público?

Hay un pleito de dos grupos cuando están en pugna por algo y este no es el caso. Lo que ha habido, desde tiempo atrás, es una arremetida promovida por el Congreso que ha tenido varias fases. Una de ellas ha sido la agresión a la JNJ anterior, sancionando a una magistrada…

Inés Tello. 

Y cuestionando a los demás miembros. Hay que recordar que el proceso de selección de esta JNJ fue observado por una comisión internacional, donde incluso hubo un exembajador de Estados Unidos.

El señor McFarland. 

Stephen McFarland. Y esa comisión fue muy clara en el sentido de que había sido una elección muy poco transparente, con motivaciones políticas. Esto tiene un derrotero. 

Así como lo hicieron, en su momento, con el defensor del pueblo, después se fueron contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contra la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales], al Tribunal Constitucional (TC). Es decir, ha habido un plan de cooptación, que ha venido funcionando en la mayoría de los casos.

¿Y lo de ahora es parte de ese plan?

Sin ninguna duda, la JNJ es parte. Quienes están detrás de ese pacto entre el Congreso y el Gobierno sabían que, a la larga, eso les iba a abrir la puerta para meterse en el sistema de justicia. En el Congreso, he escuchado a varios voceros de bancadas diciendo que están de acuerdo en que se requiere una reforma del sistema de justicia, que hay que destituir a todos los fiscales supremos. 

Y, después, irán por la presidenta del Poder Judicial a efectos de digitar, al mejor estilo de Fujimori, sin un golpe abierto, una justicia a la medida.

 Távara cometió un error, siendo una persona de tanta experiencia. Él debió ir a votar y hacer público que se iba a abstener". 

Este discurso de los dos bandos que se está escuchando con bastante insistencia apoya la narrativa de quienes proponen la intervención de la Fiscalía. Hay, incluso, proyectos en el Congreso en ese sentido. 

Es el pretexto que ellos estaban esperando y que han conseguido a través de esta JNJ que, además, es bastante impúdica. Presentaron una decisión con una sola firma. Por otro lado, uno de sus miembros [Francisco Távara] ha salido a decir que viene siendo hostigado…

Incluso reglado. 

Así es. Ahora, creo que [Távara] cometió un error, siendo una persona de tanta experiencia. Él debió ir a votar y hacer público que se iba a abstener porque esto [el caso de Patricia Benavides] ya estaba judicializado, un argumento constitucional impecable. Con eso, no habría duda de que no hubo unanimidad. 

Ahora, están usando el hecho de que Távara no fuera a votar para decir que la unanimidad aplica para los que estaban presentes y ese, claramente, no es el sentido de lo que dijo el Tribunal Constitucional para el caso [Marco Tulio] Falconí. Además, dicen que todo fue de oficio, pero fue a pedido de la propia Benavides.

Es más, Benavides ya había pedido un recurso de nulidad a la JNJ. 

Que le fue denegado. Ya había una cosa decidida. Esta es una decisión que viene plagada de defectos pero que, en la coyuntura actual de polarización y de un liderazgo todavía bastante débil del Ministerio Público, ha generado esta crisis. Por más que la fiscal Delia Espinoza diga que no hay crisis, es evidente que existe. 

Entonces, ¿cree que el objetivo final es crear las condiciones para promover una intervención del Ministerio Público?

No me cabe ninguna duda. No es la primera vez que lo proponen. El año pasado, ya hablaban de destituir a todos los fiscales supremos y designar provisionalmente a los fiscales superiores más antiguos en la Junta de Fiscales Supremos, para proceder a elegir a quienes convenga a los intereses delincuenciales del Congreso y el Gobierno. 

Es tan absurdo como pretender que los investigados sean los que decidan quiénes los van a investigar. Un altísimo porcentaje de congresistas, más del 60%, tienen investigaciones penales y son ellos los que, a gritos, están pidiendo intervenir el Ministerio Público para decidir quiénes los van a blindar a ellos, a la presidenta Boluarte y al resto de sus cómplices. 

Un altísimo porcentaje de congresistas tienen investigaciones penales y son ellos los que están pidiendo intervenir la Fiscalía". 

¿Es posible que esta intervención en el Ministerio Público se haga efectiva? 

Con la trayectoria del Congreso, es posible que sí. Seguramente, tomarán la decisión, nombrarán a una comisión, ¿y a quiénes impondrán en ella? Pues a “cuchillo”, al “monstruo”, a Cerrón, gente que de alguna manera les garantice que los próximos fiscales sean afines a sus intereses subalternos. Y estoy seguro de que luego vendrá el Poder Judicial. 

Hay que mirar en perspectiva cómo se han ido dando estos hechos. Tenemos un defensor del pueblo que obedece a los intereses del Congreso, que fue abogado de Cerrón y que lo primero que hizo fue descabezar a un equipo técnico que venía cumpliendo una función bastante notable. Luego, fueron por las cabezas del sistema electoral, aunque no pudieron hacerlo porque la JNJ anterior los detuvo. Entonces, se fueron contra Inés Tello y Aldo Vázquez. 

Y, cuando vino la nueva elección de la JNJ, ahí están las pruebas de observadores internacionales y neutrales que señalan que fue un proceso oscuro y digitado para nombrar a personas como este señor Gino Ríos Patio, que dice que su sola firma expresa unanimidad. Es, realmente, una persona sin ningún escrúpulo.

Delia Espinoza ha dicho que esto es un golpe a la democracia, ¿coincide con ella?

Yo creo que es un golpe más a la democracia. La democracia viene siendo golpeada desde hace mucho tiempo con las decisiones que se vienen tomando en el Congreso y en el Gobierno. Nos hemos acostumbrado a una degradación de las instituciones y de los estándares de la política, que no recuerdo haber visto en el pasado.

¿Ni en los 90?

Ni en los 90. No hay autoridades de alto nivel que sean designadas y, a las 48 horas, no aparezcan escándalos porque plagiaron sus tesis, porque tienen antecedentes de algún tipo, porque no les pasan pensiones a sus hijos, les pegan a sus parejas, o están vinculados a la minería ilegal, al lavado de activos, al narcotráfico. 

Un congresista está condenado por violación y otro procesado por lo mismo. El estándar en el que estamos es si hubo o no una red de prostitución en el Congreso. Claro, los propios congresistas que se han investigado a sí mismos…

Dicen que no hubo una red de prostitución. 

Dicen, "no, no ha habido una red de prostitución". Pero añaden que se nombraron mujeres ilegalmente en un contexto “sensual y sexista”. ¿Qué es eso? Esto grafica la degradación de las cosas. Hemos perdido el sentido de la meritocracia. 

Hoy en día, tenemos a todos estos advenedizos que lo que buscan es robar, regodearse en el poder y poner a sus parientes, amantes y amigos lo más cerca para, juntos, saquear las arcas del Estado.

Hoy en día, tenemos a todos estos advenedizos que lo que buscan es robar, regodearse en el poder y poner a sus parientes". 

¿Qué le parece el papel de Delia Espinoza? Ella ha planteado una defensa institucional. 

No tiene mucho espacio para defenderse. Lo de la vigilia me pareció un gesto inadecuado para el momento. El Ministerio Público ha debido mantener un espacio de sobriedad y, más bien, buscar a los pocos aliados que pueda en el Estado y, por supuesto, buscar solidaridad internacional. 

Esta semana, se vio en el TC la ley para que no se aplique la figura de la lesa humanidad en los delitos cometidos con anterioridad al año 2002. ¿Es una amnistía encubierta?

Sin duda. Este es un tema que ha venido empujando, sobre todo, un sector militarizado con los dos exmarinos que hay en el Congreso, algún exmiembro del Ejército y congresistas civiles, como Fernando Rospigliosi, que claramente están en favor de la impunidad. No los escucho hablar del comandante “Camión”. 

Parte de la población ya olvidó, pero ha habido un miembro de la Marina de Guerra, el señor [Álvaro] Artaza, que, en su momento, fue acusado e investigado por una matanza en Ayacucho, secuestrado por su propia institución y sacado del país al extranjero, donde está hoy. Hay muchas investigaciones periodísticas que dan cuenta de eso. 

Cuando los promotores de esta ley dicen que ha habido mucha injusticia contra los que pusieron el pecho y nos liberaron de Sendero Luminoso, están justificando todas estas agresiones a la población civil, pobre, rural, vulnerable, con niños y mujeres, con masacres que están debidamente documentadas. Y no hablan de eso. 

Hay una búsqueda de la impunidad permanente. También se aprobó en primera votación otra ley para amnistiar a militares, policías y comités de defensa. ¿Qué piensa de esta norma? 

Es un viejo anhelo de los sectores menos democráticos de los institutos armados. Hay buenos oficiales, pero hay sectores muy retrógrados, que lo que buscan es endurecer la línea autoritaria y decir “ustedes son la sociedad, nosotros somos los que tenemos las armas y los encargados de poner orden y disciplina”. 

Esto no solamente pasa en el Perú, ha pasado en toda la región y en otros países del mundo. Nosotros hemos tenido una cifra muy alta de desaparecidos, no como la de Guatemala o de otros países de la región, pero muy alta, con ejecuciones extrajudiciales y masacres masivas en poblaciones rurales andinas, y eso no se puede perdonar. Ahí no puede haber impunidad. 

Tiene que haber una sanción ejemplar. La represión indiscriminada y asesinatos a mansalva no pueden ser olvidados con una ley de amnistía. 

El sector que justifica una ley así argumenta que los procesos se han demorado demasiado y que nadie puede estar sometido a una investigación durante décadas.

En primer lugar, hay correctivos para esa situación. Existe la justicia supranacional. Una de las garantías del debido proceso es, efectivamente, que uno sea juzgado en un plazo razonable, pero este no aplica cuando quien prolonga, dilata y manipula el proceso es el propio investigado. 

Son las instituciones armadas o la Policía las que se han negado a identificar a las personas y entregar la información. Y, cuando han acreditado a sus abogados, se han dedicado, en muchos casos, a alargar los procesos de manera indefinida, buscando una coyuntura política favorable para que se apruebe una de estas leyes. 

La represión indiscriminada y asesinatos a mansalva no pueden ser olvidados con una ley de amnistía". 

Usted patrocina a Gloria Kisic, la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Tiene alguna opinión sobre la frustrada salida al exterior del expresidente? 

Hace una semana y media, hemos logrado que el juez llegue a la conclusión de que, como secretaria, ella cumplió con un rol neutral, que no tenía cómo saber de dónde venían esos fondos. Si eran de origen legal o ilegal, eso tendrá que explicarlo el señor Kuczynski, pero la secretaria no tiene por qué saber. Esperemos que en la apelación eso se confirme.

¿Y qué dice sobre el caso de Kuczynski? 

Creo que es absolutamente inconstitucional la decisión que se ha tomado. Uno solo puede ser impedido de salir del país si existe una orden judicial inscrita en Migraciones y no en base a una alerta. Las alertas son señales de precaución. Si alguien tiene un proceso, pero no una orden judicial de impedimento, lo que ha hecho Migraciones, en otras circunstancias, es comunicar al país de destino para que evalúe si se le deja entrar o no.

Bueno, pero Kuczynski se estaba aprovechando de la situación. 

Bueno, “aprovechar” es un concepto excesivo porque él no tenía una orden de impedimento. ¿Cómo se va a aprovechar de algo que no existe? En ese momento, era un ciudadano libre. No entiendo por qué se corrió el riesgo de irse por el aeropuerto. Ha podido subirse en un automóvil, irse por la frontera norte y nadie se iba a enterar de que salió del país. Eso hubiera evitado toda esta situación. 

Aquí ha habido una extralimitación con intervención del ministro de Justicia y una mala e ilegal decisión de las autoridades migratorias. 

¿No fue un error de Kuczynski tratar de salir del país? Para su propia imagen, incluso.

Teniendo una audiencia pendiente en los días siguientes, ha podido esperar. Pero, también, póngase en su pellejo. Es fácil juzgar desde afuera.

Seguramente, tomarán la decisión, nombrarán a una comisión, ¿y a quiénes impondrán en ella? Pues a 'cuchillo', al 'monstruo'". 

Yo no lo juzgo.

Lo digo para quienes sí lo juzgan. Este señor es un octogenario, está enfermo, hace años que no ve a su esposa, a sus hijos. ¿Por qué no va a ir a ver a un médico? ¿Por qué no va a ir a ver a su esposa? Nadie puede sostener enfáticamente que iba a huir. 

Ha dicho que vivimos en un escenario de polarización, pero las encuestas que salen mensualmente señalan que el rechazo ciudadano a quienes ejercen el poder, como la presidenta y el Congreso, está rozando la unanimidad. ¿Estamos realmente polarizados?

Hay una conciencia nacional de que este es un Gobierno de gente mediocre, incapaz y vinculada a intereses de corrupción y el crimen organizado. Lo mismo podemos decir del Congreso. Pero, cuando hablo de polarización, me refiero a que hay un 57% que sostiene que Pedro Castillo no fue el autor, sino la víctima de un golpe de Estado. 

Más de la mitad de la población del Perú, habiendo visto a este sujeto en la televisión invocando a un golpe, dice que es la víctima. Y, luego, usted encuentra a sectores importantes del país que dicen que todo lo del pasado ha sido un desastre, una manipulación comunista. Han sido relativamente exitosos en instalar este concepto de “caviar” para meter, en ese saco, a todos los que, de alguna manera, tienen ideas progresistas. 

Estamos viviendo lo que los argentinos antes de Milei llamaban “la grieta”. El país se ha agrietado, hay una clara partición en el medio entre quienes apuestan por un futuro Gobierno autoritario, no importa si roba, si mata, pero que ponga un poco de orden, y entre quienes pensamos que hay ciertos derechos que no se pueden sacrificar.

Ya que tocó el tema del expresidente Castillo, él insiste en que se están violando sus derechos en el proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado. ¿Está de acuerdo?

No. No le queda otro argumento. El señor quiso hacer un golpe de Estado, pero lo hizo de una manera tan burda y grotesca que fracasó en el minuto en que lo intentó. 

Con todas las críticas que se puede hacer al sistema de justicia, a los fiscales y a los jueces, en general, este es un sistema donde el debido proceso, mal que bien, funciona. Nadie puede decir que en el Perú no existen las garantías del debido proceso. Se han cometido errores, no me cabe duda, pero que alguien aquí esté enfrentando un aparato de justicia como el de Nicaragua o Venezuela, eso no. 

Los congresistas tendrán que dar cuenta de sus actos y la señora Boluarte y sus adláteres también". 

Es verdad que Castillo quiso dar un golpe. Las imágenes son irrefutables. También es verdad que el Congreso tuvo un comportamiento antidemocrático, que ha sido descrito como golpista por distintos observadores. ¿Cree que quienes hoy ocupan puestos de poder responderán por sus actos más adelante?

Espero que sí, que lo que venga en el futuro sea mucho mejor que lo que tenemos ahora, y nos garantice que se deroguen todas estas leyes en favor de la criminalidad, y que quienes han venido cometiendo todas estas arbitrariedades, en los últimos años, estén sentados en el banquillo de los acusados. 

Efectivamente, se quiso vacar a Castillo. ¿Pero acaso Castillo no incurrió en todas las causales de vacancia que establece la Constitución? ¿Acaso Castillo no estaba metido en gravísimos actos de corrupción, incluso antes de sentarse en Palacio? ¿Qué cosa fue Sarratea? Pero que los congresistas tendrán que dar cuenta de sus actos, y la señora Boluarte, y sus adláteres también, de todas las corruptelas en las que están involucrados, es un deseo ferviente de mi parte.