Harvey Colchado: "Gobierno redujo capacidad de la Policía para investigar la corrupción"

Esta semana, el premier Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, fueron citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar por una grabación que expuso una presunta coordinación irregular para mejorar las condiciones carcelarias de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, expolicía vinculado a la organización Los Pulpos, que tuvo el patrocinio legal Santivañez previo a su ingreso al Ejecutivo. 

Ante esta comisión del Legislativo, Arana dijo que nunca ha traficado el traslado de Marcelo Salirrosas y Santiváñez aseguró que el audio fue alterado. Ambos descartaron, además, una eventual renuncia a sus cargos. En ese contexto, 33 congresistas presentaron una moción de censura contra Santiváñez y 15 parlamentarios del Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Perú Libre y no agrupados firmaron un pedido similar contra Arana. 

Para Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, este hecho no es aislado y, a su criterio, tampoco tendrá repercusiones: “Hay un contubernio, una alianza y no los van a censurar”, dice.

En esta entrevista, el coronel en retiro habla, además, sobre el regreso de Santiváñez al Gabinete y presuntos actos de corrupción que involucran al Gobierno. “Todo lo que él [Santiváñez] viene haciendo es para beneficiar a presuntos integrantes de organizaciones criminales” advierte. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.

Es increíble que alguien que ha sido abogado de presuntos integrantes de organizaciones criminales esté en el despacho de Justicia". 

Una grabación involucra al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al premier Eduardo Arana en una presunta coordinación para trasladar a Miguel Marcelo Salirrosas, un policía asociado a Los Pulpos, que fue patrocinado por Santiváñez. Usted ha pedido que ambos ministros sean censurados por el Congreso. ¿En serio cree que eso va a suceder?

Es lo que tendría que pasar ante el escándalo y las pruebas que corroboran lo dicho por dos testigos protegidos en este caso. [Sin embargo, el otro escenario] es que ellos estén blindados por el Congreso. [Yo creo que] hay un contubernio, una alianza y no los van a censurar. Pero eso, seguramente, les va a perjudicar [a los congresistas] en las elecciones del próximo año. Ahí, el pueblo va a tener que catalogar.

Desde el punto de vista policial, ¿qué reflejan estas grabaciones? 

Corroboran lo que se sabía. Esta investigación tiene siete meses y está en la Fiscalía Suprema. Es información de los familiares de alias “El Diablo”, quien es integrante de la organización criminal Los Pulpos, y fue detenido en 2016. Ha sido sentenciado a más de 15 años de pena privativa de libertad y Santiváñez fue su abogado justo en la última etapa del proceso. 

Luego, como [su defensa] fracasó, porque le confirmaron la sentencia condenatoria, [Santiváñez] presentó un recurso de habeas corpus. Y, en las tres instancias, perdió. La última fue ante el Tribunal Constitucional. Este audio [uno de ellos] refleja, también, el pago de S/20.000 como una presunta coima para pagar a dos tribunos [del Tribunal Constitucional] para que voten a favor de reducir la pena a este prontuariado. 

Ahora, como ministro de Justicia, Santiváñez lidera la política penitenciaria de Perú. ¿Cuál es el riesgo para este caso?

Es increíble que alguien que ha sido abogado de presuntos integrantes de organizaciones criminales esté en el despacho de Justicia, donde tiene a cargo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sabemos los beneficios penitenciarios que se dan. Él se encuentra en ese lado ahora. ¿Tú crees que él va a poder dar una política penitenciaria adecuada? No lo va a hacer. 

Él también dirige la Procuraduría Pública, a los defensores públicos, las extradiciones. Se fue al extranjero, a las Naciones Unidas, donde ha señalado que, posiblemente, el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Todo lo que él viene haciendo es para beneficiar a presuntos integrantes de organizaciones criminales. 

¿Qué repercusiones podría tener una eventual manipulación de la política penitenciaria en el trabajo policial contra el crimen organizado? 

Ya viene repercutiendo desde el año pasado, cuando él [Santiváñez], era ministro del Interior. El Congreso ha dado leyes procrimen, varias impulsadas por el Ejecutivo. ¿Se acuerdan del delito de organización criminal? Llegó la modificación y retiraron la detención preventiva judicial durante un promedio de cinco meses. 

Cuando el Congreso se dio cuenta que había cometido un error al derogar la detención preventiva judicial, que nos servía para detener a violadores, secuestradores, asaltantes y todos ellos, Santiváñez emitió un informe señalando que debía estudiarse si se restituía o no [la medida]. Ahí, llegaron las vacaciones de fin de año y se esperó cinco meses más para, recién, restituirla. 

Eso impidió que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y otros más del caso Qali Warma fueran detenidos de forma preliminar. Ellos [Arana y Santiváñez] están al servicio de cuidar y proteger a todos aquellos que vienen siendo investigados en el poder. 

Y, al cuidarse ellos, están, de pasada, protegiendo a los delincuentes que cometen delitos urbanos violentos: secuestradores, extorsionadores, asaltantes. Por eso, es que se ha elevado el índice de inseguridad a nivel nacional.

Ellos [Arana y Santiváñez] están al servicio de proteger investigados en el poder".

Hace unas semanas, se preguntó, en su cuenta de X, qué le debía Dina Boluarte al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. ¿Puede responder esa interrogante?

Lo dice [el mismo Santiváñez] en el audio con el capitán PNP Junior Izquierdo [conocido como “Culebra” e implicado en una investigación contra el actual ministro de Justicia]: desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Él, como asesor, apoyó en la desactivación de este equipo especial policial, justo antes de la detención del hermano de la presidenta. 

Luego, como ministro del Interior, también colaboró. Pero no es una desactivación en documento, sino en el obrar. ¿Cómo? La Diviac, actualmente, no viene investigando a ninguna organización criminal dedicada a la corrupción en el poder. Solo está viendo requisitoriados por diversos delitos e investigaciones contra el crimen organizado en casos que vienen de hace años. No está generando nuevos casos. 

En su gestión [también] se ha logrado el cambio del 98% de los oficiales de la Diviac. A fin de año, sacaron los cambios de colocación. ¿Y qué viene? Está el proyecto para modificar el reglamento de la ley de la Policía, donde la Diviac va a pasar a formar parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Con ello, jamás, la Diviac va a poder investigar los delitos de corrupción. Ese es el objetivo, y eso es lo que ella [Dina Boluarte] le debe al ministro. 

Me ha dicho algo gravísimo: que, actualmente, en la Policía, no hay una unidad especializada que esté investigando a altos funcionarios del Gobierno.

La unidad policial que existe para investigar la corrupción es la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). Pero sabemos que ellos ven todo tipo de corrupción, desde el más bajo hasta el más alto nivel del poder. 

Ellos están más abocados a la mediana y baja corrupción. Es por eso que la Diviac existía: veíamos investigaciones de alta complejidad. Lo que están haciendo [desde el Ejecutivo] es reducir la capacidad operativa de la Policía para investigar la corrupción. 

¿Podría decirnos qué casos, por ejemplo, ha dejado de ver la Diviac? 

Por supuesto. Los Waykis en la Sombra y este último caso, Los Waykis de El Dorado, donde está Santiváñez, el coronel Percy Tenorio y estaría vinculado el hermano de la presidenta. Este último caso lo ha hecho la Fiscalía, no tenía una Policía que pueda investigar correctamente. Lo que han hecho [los presuntos criminales] es recurrir al Estado y a policías para que les avisen, después, si están siendo investigados. 

¿Qué ha cambiado en el trabajo de la Policía? ¿Hay riesgo de filtración en las operaciones?

La desactivación de la Diviac y el cambio en el procedimiento se hizo después de allanar la casa de la presidenta. ¿Cómo era antes? La Fiscalía nos remitía una disposición y abría una carpeta, a pedido nuestro o por [disposición de] ellos. Entonces, cuando las investigaciones estaban avanzadas, había que realizar los allanamientos para incautar los bienes o especies (celulares, laptops), y se hacía en secreto. 

¿Quiénes hacen el allanamiento? La Fiscalía con apoyo de la Policía. ¿Y qué hacíamos nosotros [la Diviac]? Dos documentos: una orden de operaciones o un plan de operaciones. 

Si era orden de operaciones, [el allanamiento] lo hacía con fuerzas propias, solo la Diviac, y lo firmaba yo nada más. Pero, si era un plan de operaciones, necesitaba el apoyo de otras unidades y lo firmaba mi general. Entonces, ¿qué puede hacer mi general? Informar a mi comandante general y, este, al ministro y, este, al presidente, si sale inculpado el Gobierno. 

Pero, como lo hacíamos con nuestro propio personal [de la Diviac], se hacía con la orden de operaciones. Eso ya cambió: este comandante general que acaba de ser suspendido [Víctor Zanabria] firmó un documento con el que, ahora, las órdenes de operaciones o planes de operaciones los firma el general. 

Actualmente, la Diviac no investiga a ninguna organización criminal dedicada a la corrupción en el poder".

¿Quién tiene más influencia en el Gobierno? ¿Santiváñez o el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte?

Están al mismo nivel. Tanto Santiváñez, el hermano de la presidenta y Arana. Su hermano, lógicamente, es el que maneja la parte política. Sabemos que está involucrado y pareciera que fuera un lobista, que es parte de la tesis fiscal. Santiváñez ve la parte jurídica y es el avezado, es el ministro que comienza a sacar a los que investigan el poder. Y Arana es el complemento. En un inicio, él era el top. Pero, ahora, está al nivel de Santiváñez. 

Cuando el Ejecutivo nombró a Santiváñez como ministro de Justicia, usted alertó los posibles objetivos de esa decisión. Uno de ellos era la reforma del sistema de justicia. ¿Cómo puede afectar esto al trabajo de la Policía frente a la criminalidad organizada? 

¿Quién investiga el poder? ¿Quién investiga a los aforados? A la presidenta, a los ministros, jueces supremos y fiscales supremos los investiga la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo instrumentalizaron la Fiscalía de la Nación para perseguir y presionar a los congresistas? Está la investigación contra la fiscal Patricia Benavides, alias “Vane”. 

Ellos necesitan, para protegerse, tomar la Fiscalía de la Nación. Copiar lo que hicieron Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en los 90: reorganizar el sistema de justicia, tomar el Poder Judicial y la Fiscalía, y buscar una Blanca Nélida Colán. Esa es la misión que va a cumplir como ministro de Justicia, Santiváñez. 

Si toman la Fiscalía de la Nación, van a manejar las investigaciones contra el poder. ¿Y quiénes son los congresistas más investigados? Justamente, de esos partidos que están blindando al Gobierno y están dando leyes procrimen. Se necesitan. Es la democracia tomada por el Legislativo en contubernio con el Ejecutivo.

Un sector de la clase política señala que la Corte IDH no permite que la Policía trabaje adecuadamente. ¿Usted qué piensa? 

Eso es una falsedad. El Grupo Colina, ¿por qué ha sido investigado? Por haber asesinado a inocentes. Acá, uno tiene que investigar. ¿Por qué no imitamos lo que hizo el grupo GEIN [Grupo Especial de Inteligencia, que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)], con inteligencia, respetando los derechos humanos? 

Yo considero que [Perú] no debe salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debemos regirnos sobre ello, porque fue una muralla para evitar [o no dejar en la impunidad las] violaciones de derechos humanos.

¿Es un mito que, si el Perú se saliera de Corte IDH, se reducirá la criminalidad? 

Es un mito. 

¿Cuál es el pretexto, entonces? 

Le escuché a Santivañez [decir que] es para combatir y reducir los índices de inseguridad. Eso es falso porque, si quieres combatir los índices de inseguridad, potencias a la Policía con inteligencia de investigación y equipos tecnológicos; potencias a la Fiscalía, no le reduces el presupuesto. 

Ellos quieren engañar: dan leyes procrimen, no dan recursos ni a la Fiscalía ni a la Policía. Por lo tanto, hay un mal trabajo y se eleva el índice de criminal, pero dicen que debemos implementar la pena de muerte. Eso no es así. 

¿Por qué no imitamos lo que hizo el GEIN, que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso con inteligencia, respetando los DD. HH.?".

¿Está perdida la batalla contra la delincuencia?

Totalmente, esto viene empeorando cada vez más. Lo único que nos queda es esperar el cambio de Gobierno del próximo año, y que la población pueda conocer quién es su candidato y el equipo que lo sigue y quién va a ver el tema de la seguridad para que, recién entonces, puedan votar de manera adecuada y no sean engañados.

¿La criminalidad se ha regionalizado en este último quinquenio o es algo que venía desde antes? 

[Antes] han querido ingresar, pero la Policía y la Fiscalía podían repeler y neutralizar [a organizaciones criminales transnacionales], como [pasó] en el caso del Comando Vermelho. 

Pero, luego, cuando se flexibilizaron las leyes, comenzaron a ingresar [al país]. Esto estuvo acompañado, también, aparte de la corrupción, por la falta de logística de la Policía y la Fiscalía. Es, justamente, en este Gobierno, donde se ha exponenciado el ingreso del delito transnacional, a través de estas organizaciones criminales. 

Cuando Santiváñez fue censurado como ministro del Interior, usted dijo que también se debía prescindir de altos mandos policiales. ¿Puede dar nombres? 

Por supuesto. Uno de ellos acaba de salir [Víctor Zanabria]: un comandante general que está siendo investigado por mandar a policías a trabajar como albañiles, recibir dinero de manera irregular, que está probado. Por eso, ha sido suspendido. Hay un agente especial que lo ha sindicado por recibir dinero de organizaciones criminales de minería ilegal. 

Y, con él, está el número dos, que es Óscar Arriola, quien también está investigado. Es el que va a asumir [la comandancia de la Policía], y hay que persignarse porque esto que viene es grave. 

La Comisión de Inteligencia del Congreso ha recibido a varias personas, están armando un muñeco [una investigación] para decir que la Diviac tiene una organización criminal y que maneja a la fiscal de la nación, a los fiscales del Eficcop, a los periodistas de diferentes medios.

También dijo que había recibido información sobre pedidos a excompañeros suyos de la Dirección de Inteligencia para que hagan seguimiento a policías, fiscales y periodistas. De hecho, se conoció información sensible de la Dirección de Inteligencia, que revela seguimiento a periodistas.

He sido jefe de la División de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia en el Ministerio Interior y he trabajado en el Sistema de Inteligencia, y conozco a muchos agentes de inteligencia. 

Algunos en actividad y otros en retiro me han advertido que hay un plan, mediante el cual están buscando cualquier hecho irregular o de connotación que pueda perjudicar a policías, fiscales o periodistas que han estado investigando al poder y al Gobierno de Dina Boluarte. 

Se me han acercado otros, son dos personas del sistema de inteligencia, y me dicen que tenga cuidado porque, al parecer, también estarían tratando de atentar contra la vida de aquellos que no reculan, que siguen investigando y fastidiando al Gobierno. 

Los partidos de Alfonso López - Chau, Rafael Belaúnde y Zósimo Cárdenas y otros más [se me acercaron]".

En una entrevista pasada con OjoPúblico, dijo que no le interesa participar en las elecciones. ¿Ha cambiado de opinión?

No, porque sigo en mis juicios, tengo dos para poder reingresar a la Policía. Y, aparte, me estoy defendiendo de ocho investigaciones en la Fiscalía y otras en Inspectoría. Entonces, estoy en ello, pero no estoy apartado de la política. A aquellos partidos que considero honestos, y que me invitan para dar mi opinión para combatir la criminalidad, los escucho.

¿Pero no va a postular al Congreso?

No, todavía no lo he pensado. 

Pero no lo descarta tampoco.

No lo descarto, pero recuerda que me han pasado al retiro del grado de coronel. Según la ley de carrera, yo tenía que pasar al retiro a los 60 o 62 años. Me faltaban unos 10 años para pasar al retiro. Mi sueño siempre ha sido dirigir mi institución. Pero, lamentablemente, este Gobierno corrupto me ha pasado al retiro utilizando artimañas. 

¿Qué partidos se les acercaron?

El partido de Ahora Nación, de Alfonso López - Chau; de Libertad Popular, de Rafael Belaunde y de Batalla Perú, del gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, y otros más.

Nota de redacción: 

Esta entrevista se realizó antes de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera por seis meses a la fiscal de la nación, Delia Espinoza.