El profundo deterioro democrático en Perú se manifiesta en distintos sectores. Recientemente, en una sesión descentralizada del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo Josué Gutiérrez actuó, en la práctica, como abogado del Poder Ejecutivo en la demanda competencial para que la presidenta Dina Boluarte no sea investigada mientras esté en funciones. 

No solo eso. La Defensoría también se mostró de acuerdo con un polémico proyecto de amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y funcionarios de Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo, en el periodo 1980-2000. 

Para hablar de lo que ocurre en una de las entidades más importantes del país y que, en su momento, supo ser un contrapeso al poder político, OjoPúblico entrevistó a Walter Albán. El exdefensor del pueblo consideró que la actuación de Gutiérrez es "vergonzosa". 

Además, Albán respondió sobre la reciente condena en primera instancia por el caso Lava Jato contra el expresidente Ollanta Humala, en cuyo Gobierno sirvió como ministro del Interior. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.   

Es una vergüenza que alguien esté usurpando las funciones de defensor del pueblo". 

Josué Gutiérrez se presentó, la semana pasada, en la sesión del Tribunal Constitucional en Arequipa para argumentar que la presidenta no puede ser investigada por la Fiscalía, y que la única institución que puede hacerlo es el Congreso. No recuerdo haber visto a un defensor fungiendo de abogado de una de las personas más poderosas del país. Usted ocupó el mismo cargo. ¿Ese es el trabajo de un defensor del pueblo?

Definitivamente, no. Y creo que es una vergüenza que alguien esté usurpando las funciones de defensor del pueblo en el Perú y haciendo de esto un circo para prestarse a la voluntad del Congreso o, en este caso, de la presidenta de la República. Nos han secuestrado a la Defensoría del Pueblo. 

Le dirían, ¿por qué habla de un secuestro si Gutiérrez fue elegido de acuerdo a lo que señala la Constitución?

No, no fue elegido de acuerdo a la Constitución ni de acuerdo a la ley. Para comenzar, se establece que [el candidato] debe tratarse de una persona de reconocida trayectoria, integridad e independencia política. Nada de esto…

¿Se cumplió?

Efectivamente. El procedimiento fue totalmente irregular y, por eso, el que salió a pelear el asunto en el Poder Judicial, mediante una vía de amparo, fue el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. 

Hubo avances importantes, incluso se ganó una cautelar, pero fue evidente que el Congreso entró con todo a pedirle a su TC [Tribunal Constitucional] —otra institución capturada— que cortara esa posibilidad. 

Entonces, se cerraron todas las opciones para impedir que se consumara lo que era, a todas luces, un atropello. Quiero recordar que, para Perú Libre, en la propuesta original de Pedro Castillo, cuando era candidato, lo que había que hacer con la Defensoría…

Era cerrarla.

Y al TC. 

Las cosas están trabadas. No hay ninguna persona que esté detenida por los asesinatos que se produjeron". 

Lo dijo en un mitin. Es cierto. 

Exacto. Al fujimorismo y a quienes los acompañan dentro del Congreso les importaba muy poco la Defensoría, pero sí les interesaba un TC que resuelva de acuerdo a sus propios intereses. 

Eso fue lo que negociaron. Le dieron a Perú Libre la Defensoría y estos, a su vez, colaboraron en el nombramiento de quienes son miembros, hoy, del TC. 

¿Cómo se interpreta políticamente la actuación de Gutiérrez a favor de la presidenta? 

Lo dije: es vergonzoso, es una desnaturalización. 

Claro, eso desde una posición ética del ejercicio del cargo. ¿Pero cuál es su objetivo político?

Como ya se ha señalado, la demanda competencial tiene que ver con lo que son atribuciones de las instituciones constitucionales del Estado. Por ejemplo, imaginemos que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) considera que la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] interrumpe o menoscaba sus atribuciones. 

Sin embargo, Dina Boluarte no es el Poder Ejecutivo. Ella lo preside. Es una situación ajena a lo que debería ver un TC y, por eso, también me parece insostenible la decisión del TC de darle [a Boluarte] participación en el proceso. Pero que, a eso, se sumen no solo sus abogados…

Bueno, para eso, les pagan. 

Sí, por supuesto, les paga el Estado peruano. 

De ninguna manera podemos considerar, con seguridad, que la salida va a ser estas elecciones".

Es decir, nosotros.

Nosotros, así es. Pero decía, que vayan los abogados y, encima, se sume el señor Gutiérrez, quien debería estar defendiendo a la gente que tiene afectados sus derechos fundamentales en todas partes, es penoso. 

La Defensoría ha sido secuestrada y espero que, en algún momento, podamos recuperarla, como a otras instituciones. Josué Gutiérrez no es un defensor del pueblo, es un mandatario del Congreso y aliado del Ejecutivo, porque todos están trabajando en complot. 

Él ha querido reforzar esta figura, como antes quiso eliminar la figura de extinción de dominio, sin ninguna vergüenza. 

¿Josué Gutiérrez ha degradado el cargo de defensor del pueblo?

Por completo. Lo ha desnaturalizado. Solo hay algo peor que desactivar a la Defensoría y eso es instrumentalizarla para propósitos absolutamente oportunistas y negativos. 

A propósito de temas sobre los que tendría que estar atento el defensor, ha habido modificaciones sensibles en el equipo de fiscales que estaban investigando las muertes en las protestas contra el Gobierno. El Ministerio Público alega que tenían que cumplir con ellas porque se había llevado adelante un concurso de nombramiento. Sin embargo, estas decisiones retrasan todo, ¿no? Han pasado más de dos años desde los hechos. 

Está claro de que aquí las cosas están trabadas. No hay ninguna persona que esté detenida por los asesinatos que se produjeron en aquel momento. Por eso, un grupo de ciudadanos, de los que formo parte, hemos denunciado este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

Lo recuerdo. ¿Y cómo ha ido avanzando ese tema?

La CPI no actúa, si no hay la absoluta convicción de que el país en el cual debería investigarse y juzgarse un caso ha dejado de hacerlo. Se viene constatando que no se está haciendo ningún esfuerzo por investigar. 

No hay ninguna persona sindicada como responsable. Todavía peor, instituciones como el Ministerio de Defensa se niegan a dar la información que se requiere. Si no se observa un procedimiento regular en el país, podría continuarse…

Estamos llegando a un punto límite y esperaría que haya una reacción ciudadana, incluso anterior al proceso electoral". 

En la CPI.

Exacto. Esperaría que no tenga que activarse esto en la CPI. Quisiera que el Perú se recupere institucionalmente y que todos los que estén ejerciendo la autoridad tomando decisiones contra La Constitución y los derechos fundamentales de las personas, sean procesados acá.

Hay un fuerte olor a impunidad, ¿cierto?

Sí.

Por ejemplo, está la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al año 2002. También hay un proyecto en comisión del Congreso que busca conceder amnistía a quienes no tengan sentencia firme por casos vinculados con la lucha al terrorismo en los años 80 y 90. Algo que, además, fue defendido públicamente por un funcionario de la Defensoría. 

Por un adjunto de la Defensoría, alguien que forma parte del equipo del señor Gutiérrez. Es una caricatura de Defensoría.

¿No percibe semejanzas con la década de los 90? 

Muchísimas. Y ahora, que ya estamos en curso del proceso electoral, cada vez más veo situaciones que nos acercarán a todo lo que llevó al cuestionamiento de esas elecciones del año 2000, donde hubo fraude. 

Y esto constatado no solo por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, sino por instituciones locales, como la Asociación Civil Transparencia y la propia Defensoría del Pueblo.

Se están tomando medidas para coactar a la sociedad civil, para impedir que haya en periodismo libre e independiente". 

Ya que toca las nuevas elecciones, ¿cree que realmente sean una salida a esta situación que atravesamos, ya desde hace mucho tiempo? Le dicen crisis y no sé si llamarla así, porque una crisis supone un principio y un final. 

Es una crisis existencial. 

Para decirlo de alguna manera.

Tengo la impresión de que sí es una crisis. Vamos a recuperarnos, vamos a volver a una opción democrática y vamos a poder tomarle cuentas a toda la gente que está haciendo abuso del poder. 

Pero, de ninguna manera, podemos considerar, con seguridad, que la salida va a ser estas elecciones. Cada día me temo que hay más razones para pensar que las elecciones van hacia un fraude enorme. 

¿Por qué?

Primero, por el copamiento de las instituciones. 

Todavía no me parece que haya un copamiento de las instituciones electorales.

Usted lo dijo: todavía. Pero el camino está ya trazado. Ha habido intentos anteriores. Lo que podría ocurrir con mucha probabilidad es que controlen por completo la ONPE, que lo hagan también con el Reniec [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] y con el propio JNE. 

Al mismo tiempo, está el hecho de que se están tomando medidas para coactar a la sociedad civil, para impedir que haya en periodismo libre e independiente. 

Esta obsesión por inhabilitar a cualquiera que pudiera competir es la mejor muestra de que quieren perpetuarse en el poder". 

En el contexto de las elecciones, el Congreso ha estado debatiendo sanciones constitucionales, una de ellas, por ejemplo, contra el expresidente Francisco Sagasti. En principio, se rechazó, pero su intención era inhabilitarlo de la función pública por 10 años. De hecho, se buscaría una reconsideración. ¿Qué lectura tiene de esta actitud del Legislativo?

La decisión con respecto al expresidente Sagasti es absolutamente excepcional y sale del patrón. Ya sabemos, el propio Sagasti ha dicho, varias veces, que no tiene interés en postular y ha dado razones objetivas. 

Como su edad. 

Como su edad. Lo que aquí debemos observar es que hay un patrón muy claro, que forma parte de este fraude al que aludo, porque lo que quieren es evitar la competencia. 

Nos están llevando a un escenario que se parece muchísimo al de Venezuela. Por eso, no me extrañaría que el resultado de estas elecciones se parezca un poco al que nos presentó el señor Nicolás Maduro. 

Esta permanente obsesión por inhabilitar a cualquiera que pudiera estar compitiendo es la mejor muestra de que quieren perpetuarse en el poder y están haciendo todo lo que sea posible para que ese objetivo se consiga.

Acerca de la ley APCI, ¿es un intento por silenciar a voces disidentes? 

Sin ninguna duda. Eso es lo que, precisamente, hacen los regímenes autoritarios. Eso ya es enfrentar, no solo a enemigos políticos, sino a la sociedad civil en general. 

El efecto más negativo que tiene esa ley es impedir que las personas más vulnerables y víctimas de graves violaciones a derechos humanos no puedan acceder a la justicia, porque no tendrían quien pudiera asesorarlos y patrocinarlos frente a causas contra el Estado. 

También está el hecho de que organizaciones de periodistas independientes van a tener que ir a pedir permiso para investigar. ¿Y quién nombra a quien conduce la APCI? El Gobierno. 

Estamos llegando a un punto límite y esperaría que haya una reacción ciudadana, incluso anterior al proceso electoral. No descarto que eso pueda presentarse. 

Usted siempre fue muy crítico de la gestión de la exfiscal de la nación Patricia Benavides. 

Sin duda. Sí. 

Tengo la impresión de que no hay una conducción consistente en el Ministerio Público por los problemas de esta institución". 

¿Y qué le parece la gestión de la doctora Delia Espinoza?

Tengo la impresión de que no hay una conducción consistente en el Ministerio Público por los problemas de esta institución. Hay cosas que no me han gustado de las decisiones que se han tomado, otras sí me parece que son correctas.

Acá estuvo el fiscal Rafael Vela y hay un evidente malestar en el equipo Lava Jato, por ejemplo. 

Se han tomado decisiones que no están por el momento claras. No planteo una posición crítica de la actual fiscal de la nación, pero tampoco hay que avalar todo lo que se está decidiendo. 

Lo que ha ocurrido con las investigaciones para el caso de las muertes en las protestas merece una explicación más clara. Ahora, de lo que no me cabe dudas es que con Patricia Benavides y con el señor Juan Fernández Jerí, que todavía sigue a cargo de Autoridad Nacional de Control, la anterior JNJ cometió errores enormes. 

Lamentablemente, el Ministerio Público ha estado minado durante largo tiempo y, ahora, está enfrentando un ataque muy fuerte desde el Ejecutivo y el Congreso. 

Fue ministro del Interior en el Gobierno de Ollanta Humala. ¿Diría que está correctamente motivada la sentencia por lavado de activos?

De lo que se conoce, no. Desde un principio, siempre discutí que esto fuera un caso sustentable. Yo he conversado con el abogado [de Humala], Wilfredo Pedraza, que es mi amigo, y me ha contado algunos detalles. Yo creo en la palabra de Wilfredo y, por lo que él me ha señalado, no se probó que ese dinero hubiera sido entregado. 

Pero, independientemente de que esto haya ocurrido, el hecho es que no era delito recibir dinero para campañas en el momento en que esto se produjo. Estamos hablando de los años 2006 y 2011. 

Hubo un recurso de casación ante la Corte Suprema que perdió la defensa, en el año 2022.

No, no. El recurso fue para decir que esto vaya al expediente principal y que se resuelva con el fondo del asunto. O sea, no fue para decir que esto estaba bien calificado.

Tampoco puedo quedarme mudo por el hecho de haber formado parte de ese Gobierno en algún momento". 

Lo que se dijo fue que se debía decidir en el juicio si Humala era culpable o no. 

Definir si el lavado de activos era o no una calificación delictiva aplicable era una situación que se tenía que resolver, como se ha hecho, en la sala. No tengo que hacer el disclaimer porque he sido parte del Gobierno del señor Humala, pero tengo la impresión de que este tema no se va a sostener. Creo [que] la Corte Suprema lo va a anular porque han forzado la figura. 

El lavado de activos requiere que uno conozca que el dinero es de origen ilegal, o que pueda presumirlo. El año 2011, ¿quién podría pensar que Odebrecht era una empresa que tenía fondos ilegales?

Disculpe el coloquialismo, ¿no se le está saliendo su corazoncito en esta defensa?

No. Lo que creo es que tampoco puedo quedarme mudo por el hecho de haber formado parte de ese Gobierno en algún momento. Apoyé lo que creí que era bueno para el país…

¿Está seguro de la inocencia de Humala?

Respecto a este asunto, yo creo que es un error de la sala que ha sentenciado en esos términos. La mala práctica de muchas empresas de entregar dinero a diferentes organizaciones políticas a las que querían apoyar y que no se hiciera público, lamentablemente en el Perú no se calificaba como delito. Eso es algo que recién se pudo corregir el año 2019, me parece.

¿Hizo bien Nadine Heredia en irse a Brasil con un asilo diplomático?

A ver, esa no es una respuesta…

¿Sencilla?

Sencilla, definitivamente. No los he visto en años. Entiendo que hay un problema de salud, que hay un problema de hijos menores. Es muy difícil juzgar la situación o la decisión personal de Nadine Heredia en estas circunstancias. 

Lo que tiene que ver con el asilo propiamente, es responsabilidad del Estado que lo otorga. Si su situación califica como una persecución política, técnicamente se ha dicho ya bastante: no es así.

Salvador del Solar tampoco pudo ser inhabilitado por el Congreso. ¿Qué cree que ocurrió?

Diría que concurren varios factores. Parece razonable pensar que había una mayoría decidida [para las inhabilitaciones], pero la oportunidad no fue la mejor, previo a un feriado, y muchos estaban ausentes o con desinterés. 

Ahora, en el caso de del Solar, pienso que ya era muy traído de los pelos que no les importe a los congresistas la prescripción del plazo y que, encima, se la acuse de algo por lo que el TC ya se había pronunciado. Y, claro, también pueden haber pensado que sería contraproducente sancionarlo porque es alguien con quien la opinión pública podría solidarizarse.  

Sin embargo, se han anunciado reconsideraciones de las votaciones. 

Definitivamente, y eso podría llevar a que todo se revierta. La intención no ha desaparecido. 

Nota de redacción: 

Las dos últimas preguntas fueron añadidas posteriormente. Al momento de la entrevista, el Congreso solamente había votado —sin éxito— la inhabilitación en contra del expresidente Francisco Sagasti.