Gobierno y Congreso afrontan jornada de protestas en contexto de alto nivel de desaprobación
A poco más de siete meses del inicio de la reciente crisis política y social, hoy se retomarán las movilizaciones ciudadanas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones. Se trata de la primera convocatoria nacional desde las protestas desplegadas entre diciembre y febrero pasado, en las que 49 civiles murieron durante la represión de las fuerzas del orden.
En esta oportunidad, según el Ministerio del Interior, se estima la llegada de alrededor de 2.000 personas a Lima. Además, se han anunciado movilizaciones simultáneas en todas las regiones del país, de acuerdo al reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo.
El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que se desplegará a 24.000 policías en el ámbito nacional para custodiar las manifestaciones. En los días previos se implementaron, asimismo, controles de identidad para los pasajeros de buses en algunos puntos de ingreso a la capital peruana.
Ayer, martes 18 de julio, la presidenta Boluarte aseguró, durante una conferencia de prensa, que su gobierno respetaría las protestas pacíficas. Sin embargo, también manifestó no entender “por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima (…) desde el Vraem, queriendo tomar, desde el centro, a todo el país”.
De igual modo, intentó desmarcarse de las demandas políticas de las manifestaciones, argumentando que las mismas no eran competencias del Ejecutivo. “A aquellos que tienen su agenda política les digo: guárdensela para cuando lleguen las próximas elecciones”,dijo.
Al ser consultada por la prensa sobre las muertes en las protestas, la presidenta Boluarte evitó emitir un pronunciamiento.
Esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno de Boluarte, quién llegó al poder por sucesión constitucional tras el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, tiene un 79% de desaprobación de la ciudadanía, según la encuesta de Ipsos para Perú21 más reciente. Similar cifra arroja la encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), con un rechazo del 80,5%.
En sus siete meses de gestión, la mandataria no ha hecho un mea culpa sobre el papel de su gobierno en la contención de las protestas, pese a que diversos organismos internacionales han advertido sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial y militar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe, presentado en mayo pasado, que en los hechos ocurridos en Ayacucho (diciembre 2022) y Puno (enero 2023), hubo graves violaciones de los derechos humanos. Dicho reporte menciona que, detrás de las muertes de los ciudadanos de ambas regiones, existen elementos que pueden constituir la figura de ejecuciones extrajudiciales.
Ayer, al ser consultada por la prensa sobre las muertes en las anteriores protestas, la presidenta Boluarte evitó emitir un pronunciamiento. No obstante, fue enfática en señalar que no se permitirá que se agreda a la Policía Nacional.
El descontento de la población hacia el Congreso es incluso mayor. La desaprobación a este poder del Estado —que, en febrero, archivó la propuesta de adelanto de elecciones— alcanza el 85%, según la encuesta de Ipsos para Perú21. Mientras que el sondeo de CPI visibiliza un rechazo del 90,8%; es decir, nueve de cada 10 encuestados desaprueba la gestión parlamentaria.
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