América Latina reconoce los derechos sexuales y reproductivos pero no los garantiza

*Con la coautoría de Rossina Guerrero

Desde la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital, impulsada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), llevamos a cabo un monitoreo ciudadano sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva en nueve países de América Latina. Entre ellos, Perú. 

Con este monitoreo, concluimos que, en la región, los derechos sexuales y reproductivos están formalmente reconocidos, pero no siempre efectivamente garantizados. 

En otras palabras, aunque en la mayoría de los países estudiados existen marcos normativos que reconocen el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención y tratamientos de infecciones de transmisión sexual, el parto respetado, el aborto terapéutico, la educación sexual integral, entre otros, estas normas y políticas públicas no siempre se implementan adecuadamente. 

Ya sea por presupuestos insuficientes, cambios de gobierno, sesgos morales, trabas burocráticas o por la falta de actualización de los estándares de atención, los avances normativos no se reflejan en la realidad. 

Estudio analiza indicadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay".

El estudio analiza indicadores en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay, y fue implementado por primera vez en 2020 como respuesta a los impactos generados en los servicios de salud reproductiva por la pandemia de la covid-19. 

Cuatro años después, el monitoreo fue actualizado e incorporó nuevos indicadores para profundizar el análisis y reflejar con mayor precisión la situación actual. Así, permite identificar tanto los avances como los retrocesos en la región.

Avances y retrocesos en América Latina

Entre las principales barreras identificadas, una de las más recurrentes es el desabastecimiento de insumos esenciales para la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como los métodos anticonceptivos. Esta situación afecta directamente la continuidad de los tratamientos y la autonomía de las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

A ello se suman obstáculos normativos y prácticas médicas, que no sólo son innecesarias desde el punto de vista clínico, sino que además contravienen los estándares de derechos. 

Por ejemplo, en varios países aún se exige la autorización de madres, padres o representantes legales, o la presentación de pruebas de menstruación, especialmente a adolescentes. Estas exigencias, lejos de proteger, funcionan como filtros arbitrarios que limitan el acceso efectivo a los servicios.

Las denuncias por violencia sexual han aumentado en la mayoría de los países de la región".

En cuanto al acceso al aborto seguro, persisten barreras legales y administrativas, como la judicialización de casos contra mujeres, la intervención de comités éticos, el requerimiento de autorizaciones de terceros y la falta de regulación adecuada sobre la objeción de conciencia.

Asimismo, en materia de prevención del embarazo adolescente, se advierte una ausencia de políticas integrales con enfoque de derechos humanos, una implementación insuficiente de la educación sexual integral obligatoria y la carencia de servicios adecuados frente a la violencia sexual, como lo evidencian los casos de Camila, en Perú, y Norma, en Ecuador.

Sin embargo, el monitoreo mostró que la cantidad de abortos registrados en las estadísticas oficiales ha crecido en cinco de los países analizados.

• En Argentina, tras la legalización, se pasó de 73.487 abortos legales, en 2021, a 96.664, en 2022.
• Chile también aumentó sus registros: de 565, en 2020, a 987, en 2023.
• En Brasil, se observó un alza sostenida: de 2.071 casos, en 2020, a 2.956, en 2023.
• En Perú, el número creció de 278, en 2020, a 513, en 2023.
• Bolivia tuvo un salto importante a partir de 2022. Pasó de 82 casos, en 2019, a 1.081, en 2023.
• Uruguay mantiene una cifra estable, superior a los 10.000 abortos legales anuales.
• El único país que redujo la cantidad de abortos registrados fue Ecuador, que pasó de 911, en 2019, a 547, en 2023.
• En Colombia no hay registros oficiales disponibles y, en El Salvador, el aborto continúa totalmente prohibido.

OBSTÁCULO. Una de las barreras más frecuentes es el desabastecimiento de insumos esenciales, como los métodos anticonceptivos.

Foto: OjoPúblico / Xilena Pinedo

El monitoreo también evidenció un fuerte aumento en la cantidad de denuncias por violencia sexual, entre 2019 y 2023. Esto ocurrió en cinco de los siete países que publican información al respecto. 

• En Argentina, las denuncias por violencia sexual pasaron de 23.989, en 2020, a 36.185, en 2022.
• En Brasil, los delitos de estupro superaron las 80.000 denuncias, en 2023, tras incrementos sucesivos desde 2020.
• En Perú, aumentaron de 8.255, en 2019, a 10.320, en 2022.
• En Uruguay, crecieron de 2.440, en 2019, a 2.721, en 2023.
• En Bolivia saltaron de 1.367 denuncias, en 2019, a 4.566, en 2022. Un año después, hubo 2.971.
• En Chile, se reportaron 17.200 denuncias en 2019. Tres años después, hubo 22.864 y, en 2023, se registraron 19.880.
• Ecuador mantuvo niveles cercanos a las 5.000 denuncias anuales.
• Colombia solo reporta cifras de exámenes médico-legales y El Salvador no publica datos oficiales.

El panorama en Perú

El informe elaborado por Promsex advierte que, aunque el país cuenta con un marco normativo que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, aún persisten serios obstáculos para su implementación efectiva, especialmente en el caso de adolescentes, mujeres rurales, indígenas y población LGBTIQ+.

Uno de los puntos críticos es la baja implementación de la educación sexual integral en las escuelas, pese a ser un compromiso del Estado peruano. El avance ha sido limitado, intermitente y constantemente afectado por presiones de sectores conservadores.

En relación con el aborto terapéutico, el monitoreo destaca que, si bien está legalizado desde 1924, su acceso sigue siendo altamente restringido debido a la escasa implementación de la Guía Técnica Nacional, la falta de servicios habilitados y el temor de los profesionales de salud ante posibles sanciones legales. La criminalización continúa siendo una barrera estructural.

El rol del monitoreo ciudadano

En un contexto regional marcado por el avance de narrativas conservadoras contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, el monitoreo ciudadano se consolida como una herramienta de vigilancia democrática imprescindible para evaluar la situación actual y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil, nos comprometemos, no solo a mapear los avances y retrocesos en la garantía de la salud reproductiva, sino también a fortalecer la exigibilidad de derechos en clave regional. Esta investigación constituye un insumo estratégico para el diseño de políticas públicas efectivas y basadas en evidencias.

La salud reproductiva es vital, pero aún no está plenamente garantizada en América Latina y el Caribe. El monitoreo ciudadano pone en evidencia que, pese a ciertos avances, persisten desafíos estructurales, y que las respuestas estatales siguen siendo, en muchos casos, insuficientes.

* Rossina Guerrero es psicóloga, especialista en sexualidad en la adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos. Cuenta con estudios de maestría en política pública, género y desarrollo. Es integrante fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y, actualmente, se desempeña como directora ejecutiva. En este artículo de opinión también colaboraron Carla Zapata, Ana Clara Bormida y Jorge Apolaya.