En dos de las cuatro regiones donde se investiga el asesinato de siete menores de edad durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, el Ministerio Público ya ha incluido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional como tercero civil responsable para un eventual pago de reparación civil a los deudos. Así ha ocurrido en Ayacucho y Puno y, a eso, apunta la tesis fiscal en Junín. También en tres regiones —Apurímac, Junín y Ayacucho— se han extendido los plazos de las investigaciones. Según los abogados, esto expone las crecientes evidencias para procesar a los presuntos responsables. Pese a eso, maniobras políticas aún pueden torcer la esperanza de justicia.

Rodrigo Salazar Zimmermann @Ojo_publico rodrigosalazarzimmermann@gmail.com

28 Septiembre, 2025