“¿Qué pasa, mami”

David Atequipa Quispe, de 15 años, bajó al primer piso de su casa sobresaltado. A 15 kilómetros de allí, él no sabía, la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Andahuaylas, en Apurímac, había amanecido tomada por manifestantes. Los helicópteros sobrevolaban la zona. 

Era 11 de diciembre de 2022 y, en un intento por retomar el control del lugar, la Policía Nacional del Perú había enviado tres helicópteros con personal armado. Horas más tarde, en ese mismo lugar comenzaría una violenta protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, quien había asumido la presidencia cuatro días antes, el Congreso y en pedido del adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. 

Frente a la casa de David pasaban motos, autos, vans y camiones cargados con manifestantes camino al aeropuerto. La carretera de Andahuaylas a Huinchos, donde éste se encuentra, estaba bloqueada, por tramos, con piedras y palos. En los alrededores olía a llanta quemada. 

“Voy a ir a ver”, le dijo David a su madre.

Celia Quispe Barazorda se lo prohibió. Lo pudo distraer, momentáneamente, con el atajo picante que había preparado para el almuerzo. Comieron en familia: David, su madre, su padrastro, su hermana mayor, y su cuñado. El adolescente arrasó con dos platos y la canchita con la que había insistido esa mañana. 

David y su cuñado estuvieron una hora sentados viendo, a lo lejos, el enfrentamiento en el aeropuerto".

Terminado el almuerzo, salió de la casa con Michael Quispe Ñahui, la pareja de su hermana y papá de su sobrina. Michael, de 17 años, y David, de 15, eran buenos amigos. Se habían conocido en el Colegio Libertadores, donde ambos estudiaban. 

Se sentaron al borde de la carretera para ver a los manifestantes pasar. Nunca habían presenciado una protesta. La curiosidad iba en aumento: ¿y si iban al aeropuerto a grabar videos para TikTok? 

Cuando una pick-up se detuvo para recoger gente en Huayhuaca, el pueblo donde los adolescentes vivían, a unos 15 minutos de Andahuaylas, decidieron subirse. No sabían que, entonces, en el aeropuerto comenzaba la primera de una serie de represiones brutales contra las protestas que, a lo largo de los próximos dos meses, acabaría con la vida de 49 civiles, siete de ellos menores de edad. 

Pronto, David sería la segunda de esas víctimas, mientras Apurímac se convertía en un trailer perverso de la represión. 

PÉRDIDA. Celia, mamá de David Atequipa Quispe, junto al cenotafio construido en el lugar donde falleció el adolescente.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Apurímac sale a las calles

En Apurímac, las protestas comenzaron el mismo miércoles 7 de diciembre que el Congreso vacó a Pedro Castillo, tras su fallido golpe de Estado. En la provincia de Andahuaylas, la manifestación fue promovida por el Frente de Defensa Regional Agrario, con el que Castillo se había reunido días antes, al visitar la región. 

Al día siguiente, se unieron grupos de profesores para mostrar su apoyo al detenido expresidente. Luego, comenzaron a organizarse paros en Andahuaylas, incluyendo los alrededores del aeropuerto. 

El sábado por la tarde hubo un enfrentamiento entre manifestantes, que ya conformaban un grupo más numeroso, y agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP en el aeropuerto. El contingente policial, enviado ese mismo día desde Lima, los dispersó. 

AGONÍA. Padres de Cristhian Rojas Vásquez visitan la lapida de su hijo. El joven fue herido el 10 de diciembre de 2022. Murió cuatro días después.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La mañana del domingo 11 de diciembre de 2022, el día en que David escuchó los helicópteros, la pista de aterrizaje había amanecido bloqueada con piedras y palos. El conflicto —en el que el adolescente moriría— continuó hasta la tarde.

El comandante Braulio Alfredo Jiménez Mango —a cargo del operativo policial en el aeropuerto y un contingente armado con fusiles y pistolas reglamentarias— declaró a la Primera Fiscalía Penal Provincial de Andahuaylas que unos 2.000 manifestantes atacaron a la Policía con bombas molotov, huaracas y cachorros de dinamita.

No hay evidencia de que esa haya sido la cifra de manifestantes. Testigos de la zona señalan que eran unos 200. A las 11 a.m., un grupo de manifestantes, que había llegado en camiones, incendió las instalaciones del aeropuerto. A más de un año, el ingreso del lugar y la sala de embarque conservan las manchas negruzcas del fuego, ventanas rotas y latas de gases lacrimógenos regadas por el piso.

El caos obligó a que la Policía enviara refuerzos y cargamentos de agentes químicos en helicópteros. Hacia la 1 p.m., cuando llegaba el primero de ellos, la multitud intentó impedir su aterrizaje. Tres horas después, un grupo de manifestantes retuvo, durante una hora, al suboficial de primera Deyvi Pastor Alegría en el campo ferial de Andahuaylas. 

Los enfrentamientos de ese día terminaron con la vida de dos civiles: David Atequipa Quispe y Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años. Al día siguiente, el conflicto escalaría todavía más: otras cuatro personas murieron durante la represión policial a las protestas de Andahuaylas y Chincheros, otra ciudad de Apurímac, ubicada en un distrito homónimo, a unas dos horas de la casa de David. 

DESCONSUELO. Beckham Quispe Garfias fue la primera de las 49 víctimas mortales de la represión a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

En Andahuaylas, el enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y agentes del 12 de diciembre ocurrió en los alrededores del cruce de las avenidas Martinelli y Ejército, que corre paralela al río Chumbao. Ese mismo día, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en siete provincias de Apurímac, entre ellas Andahuaylas y Chincheros. 

En esta última, los manifestantes fueron organizados, inicialmente, por el Frente de Defensa de Chincheros. Se sumaron personas de pueblos aledaños, como Uripa y Casabamba. Hubo bloqueos en la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, que comunica Ayacucho y Andahuaylas a través de Chincheros y conecta con Cusco, Juliaca y Bolivia. 

Paula*, una mujer que tiene una tienda de ropa sobre la carretera, en Chincheros, cuenta que el bloqueo no permitía que los agricultores transportaran su fruta y, pasados unos días, hubo desabastecimiento. “No había huevos. Ni ambulancia dejaban pasar”, contó a OjoPúblico. Ese lunes 12 de diciembre, durante la represión policial a las protestas de Chincheros, moriría otro adolescente Robert Pablo Medina Llanterhuay, de 16 años.

 

Balas en la pampa

David Atequipa Quispe quería ser policía. También pensaba estudiar para ser operador de maquinaria pesada. Quería dos carreras para ayudar económicamente a su familia. 

Los fines de semana trabajaba en una chacra con su cuñado Michael, cultivando, regando y cosechando alfalfa por entre 40 y 50 soles la jornada, poco más de USD 10. Así pasó el día previo a su muerte, trabajando en el campo. 

Vivía en el pueblo de Huayhuaca con su madre, Celia Quispe Barazorda, sus cinco hermanos y hermanas y su padrastro Luciano Aiquipa Flores, quien ese 11 de diciembre participó en la protesta dentro del aeropuerto. 

Michael Quispe Ñahui, su cuñado, vive cerca con Esther —la hermana mayor de David—, con quien tuvo una hija mientras cursaba cuarto de secundaria. “Siempre andábamos juntos”, recuerda el joven. Solían ir al cine, jugar videojuegos, al fútbol, y trabajar juntos. “Era como un hermano para mí”. 

Juntos también estuvieron el 11 de diciembre que llegaron a los alrededores del aeropuerto. Desde Huayhuaca, el trayecto les tomó una media hora. A diferencia de otros vehículos que llevaban manifestantes al aeropuerto, la pick-up no los dejó en el pueblo de Huinchos, donde se ubica el aeropuerto; sino que entró por el desvío de trocha que lleva al centro poblado de Tapaya. Se bajaron en una pampa donde los lugareños suelen pastar a sus animales, unos 500 metros al noroeste de la pista de aterrizaje. 

TESTIMONIO. Los domingos, esta mujer, oriunda de Huinchos, lleva a pastar a sus animales dentro del aeropuerto de Andahuaylas.

Foto: Rodrigo Salazar Zimmermann

 

El humo de las bombas lacrimógenas se disipaba en el cielo y se escuchaban reventar los cachorros de dinamita, explosivos utilizados en la minería, recuerda Michael. A lo lejos, en la pista de aterrizaje, vieron el enfrentamiento entre los policías y un grupo de entre 200 y 300 manifestantes. 

Caminaron un poco más por la pampa y se sentaron al lado de una acequia, donde había unas 50 personas, entre ellas jóvenes y mujeres, que exigían la renuncia de Dina Boluarte. Michael sostiene que ninguno de ellos estaba armado. Desde allí, los amigos se alistaron para transmitir la protesta por TikTok. 

Para los manifestantes no había sido difícil invadir la pista de aterrizaje. La carretera a Huinchos circunda la pista y, para llegar a ella, basta con bajar un terraplén de cinco metros y pasar el cuerpo entre cuatro alambres de púas horizontales, el único elemento de seguridad del perímetro. 

Una campesina de Huinchos incluso lleva a pastar a sus animales dentro del aeropuerto los domingos porque, dice, en el pueblo no tiene dónde hacerlo, y allí hay una acequia para que beban agua y pasto fresco para alimentarse. Sus 30 ovejas y cinco vacas suelen caminar con calma por la pista de aterrizaje. 

La mujer estaba en la zona el día del enfrentamiento. Recuerda el arribo de los camiones cargados con gente de Huancabamba y Andahuaylas. Cuenta que los policías disparaban sus armas y lanzaban bombas lacrimógenas. Cuando este medio le preguntó si los manifestantes estaban armados, respondió, látigo en mano: “¿Y cómo, seño? Pistola es caro”. La pobreza es palpable en el lugar.

David Atequipa Quispe quería ser policía. También pensaba estudiar para ser operador de maquinaria pesada". 

David y Michael estuvieron una hora sentados viendo, a lo lejos, el enfrentamiento. No llegaron a transmitir la protesta. La tensión iba en aumento y les preocupaba que les robaran los celulares, recuerda Quispe Ñahui. 

Eran cerca de las 3 p.m. cuando un grupo de manifestantes corrió, desde la zona de conflicto, hacia la pampa en la que estaban los adolescentes. No sabían qué pasaba hasta que “shiuuu”, cuenta Michael, “una bala pasó por el cielo en nuestra dirección”. 

Se pusieron de pie para escapar. Michael tomó a David de la mano. Dos pasos después, el adolescente se soltó. 

—Mano, ayúdame. Me ha cogido, me ha cogido —le dijo.

David se apretaba el tórax, a la altura de la clavícula derecha. Michael pensó que era una broma hasta que vio brotar la sangre. Lo tendió en el piso y gritó por ayuda. “¿Puedes respirar?”, recuerda que le preguntó. David asintió con la cabeza. 

ANIVERSARIO. Celia le reza a David Atequipa Quispe durante la ceremonia por el año de su fallecimiento.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La gente se amontonó a su alrededor y, a los pocos minutos, cuando llegó una ambulancia que circulaba por la zona, ayudó a cargar a David y se subió rumbo al centro de salud de Huancabamba. 

David aún tenía signos de vida, pero murió en el trayecto porque la ambulancia “no tenía los equipos necesarios”, dice su cuñado. Cree que la bala provino del aeropuerto, donde los policías intentaban controlar el violento avance de los manifestantes.

El proyectil que mató a David entró por la espalda, a la altura del omóplato derecho y salió por debajo de la clavícula derecha, en trayectoria de abajo hacia arriba, sin características de disparo a corta distancia. Era de calibre 5 mm, de acuerdo con la pericia balística. Es decir, compatible con las armas usadas ese día por la Policía. 

PRUEBA. David Atequipa Quispe recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego calibre 5 mm por la espalda.

Documento: OjoPúblico

 

Poco antes de ese balazo fatal, Beckham Quispe Garfias, de 18 años, se había convertido en la primera víctima mortal de las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. El joven sufrió el impacto de un objeto contundente en la cabeza que le fracturó el cráneo y le hizo perder el ojo derecho. La herida, según el informe pericial de balística forense, no tenía características de proyectil de arma de fuego.

Celia Quispe Barazorda iba a lavar ropa cuando la llamó su hija Esther. “Mami, David ha cogido bala”, le dijo. Esther se había enterado por una transmisión en Facebook. Alrededor de las 3:30 p.m., la mujer salió de su casa, al borde de la carretera, a intentar averiguar más de su hijo. Vio pasar un auto que llevaba a Beckham, herido, camino al hospital de Andahuaylas. 

Tres horas después, sorteando el bloqueo de la carretera, Celia llegó al centro de salud de Huancabamba. Allí pudo ver un cuerpo sobre una camilla cubierto con un manto azul. Lo levantó. Era su hijo. 

Se acercó a la cara inerte de David y, como en un reproche póstumo, le dijo:

—Hijito, ¿pa qué has venido?

 

Operativo policial y cadena de mando

El operativo policial en Apurímac fue improvisado: no se ordenó una cadena de mano estable. Entre el 10 y el 12 de diciembre, se emitieron, al menos, tres planes operativos, en los que variaron los comandos encargados de liderar las patrullas. 

En parte, la situación era más compleja en Apurímac, pues las manifestaciones fueron atomizadas: hubo enfrentamientos en Andahuaylas, en Chincheros y en Huinchos. Además, era la primera protesta masiva que se desataba tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin antecedentes, se fueron dando cambios sobre la marcha. 

En el primer plan operativo —denominado 088-2022, del 10 de diciembre— el comando general estuvo a cargo del coronel Alexis Boris Luján Ruiz, jefe del Frente Policial de Apurímac. El comando operativo, mientras tanto, quedó en manos del comandante Otto Ganoza García, jefe de la División Policial de Andahuaylas.

En el segundo —el 089-2022, del 13 de diciembre—, el comando general lo ocupó el general Luis Jesús Flores Solís, quien también figuró como jefe del Frente Policial Apurímac. En este, el coronel Luján Ruiz era el jefe de la División Policial de Andahuaylas y le fue asignada una responsabilidad menor, la de jefe del comando operativo, que compartió con Miguel Ángel Castro Castillo, jefe de la división de Orden Público y Seguridad de Abancay. 

En la tercera orden policial —de código 090-2022 y fecha 14 de diciembre— se repitió la fórmula, pero en reemplazo de Castro Castillo estuvo Paul Williams Figueroa Quinto. En el documento es descrito como jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, en reemplazo de Castro Castillo. 

En Apurímac se emitieron, al menos, tres planes operativos vinculados a las protestas entre el 10 y el 12 de diciembre de 2022". 

En Andahuaylas y Chincheros también variaron los comisarios. En la orden de operaciones 100-2022, de la División Policial de Andahuaylas, dada el 9 de diciembre, el comisario de esa provincia era Juan José Díaz Góngora. Cuando fue asesinado David Atequipa Quispe, todavía ocupaba el cargo.

El mismo documento señala a Carlos César Cuya Campos como comisario de Chincheros. Como en el caso anterior, estaba en el cargo cuando murió Robert Medina Llanterhuay. 

Una orden posterior, del 13 de diciembre de 2022, evidencia los movimientos en los cargos. En la misma Ricardo Arturo Suárez Contreras aparece como comisario de Andahuaylas y Williams Meza Villazana, como el de Chincheros. 

Entre los policías imputados por los delitos de genocidio, homicidio calificado y tortura durante la represión en Apurímac están Luis Jesús Flores Solís y Alexis Boris Luján Ruiz. El primero esexintegrante del Grupo Especial de Inteligencia de la PNP durante los años 90. Desde 1987 ha sido sancionado 11 veces por la institución. También es investigado Alexis Boris Luján Ruiz, con 53 sanciones desde 1988. Éstas son, principalmente, por faltas a la obediencia y negligencia. 

El 11 de diciembre de 2022, día en que fue asesinado David Atequipa Quispe, el responsable de la seguridad del Aeropuerto de Andahuaylas era Braulio Alfredo Jiménez Mango, el comandante de la División Nacional de Operaciones Especiales (Diropesp), quien había llegado el día previo desde Lima y estuvo al mando de 49 suboficiales. A su contingente se asignaron un fusil AKM-K y 15 AKM.

Algunos policías que participaron del operativo en el aeropuerto reconocieron que las fuerzas de seguridad dispararon armas de fuego”.

Si bien Jiménez Mango dijo ante la Fiscalía que no se utilizó armamento letal, otros policías —como Gilmer Salazar Ugarte y Ricardo Airima Lozano, que estuvieron en el aeropuerto— establecieron en sus actas de consumo de munición que el día que David fue asesinado sí hubo disparos de armas de fuego.

En su declaración ante la Fiscalía, ambos oficiales señalaron que, si bien no vieron a manifestantes con armas de fuego, escucharon detonaciones: “No visualicé el uso de ellos [armamento por parte de los manifestantes], sólo escuché detonaciones de material explosivo porque detonaban cerca de nosotros. También escuché detonaciones similares a las de armas de fuego desde donde se encontraban las turbas de manifestantes enardecidos y también observé algunas detonaciones de avellanas y bombas caceras” (sic). 

Esa cita exacta, con los mismos errores ortográficos, figura en las declaraciones de, al menos, ocho policías, lo que deja dudas sobre la veracidad de sus testimonios respecto a las “denotaciones similares a las de armas de fuego”. 

Como en Junín, Ayacucho y Puno, los testimonios evidencian que, en Apurímac, la Policía violó el DL 1186 sobre uso de la fuerza. Los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad no fueron respetados, a juzgar por la brutal represión y muertes, algunas ocurridas en zonas alejadas del conflicto. 

Lo mismo sucedió con el protocolo de seguridad establecido en la orden policial 088-2022, que demanda cautela frente a grupos vulnerables, como mujeres, niños, ancianos, entre otros. El mismo documento señalaba, además, que los servicios policiales tenían que cautelar la vida de las partes en conflicto y que, si los oficiales tenían la intención de hacer uso de la fuerza, antes debían advertir a los manifestantes verbalmente. 

 

Muerte en el cerro

En el pueblo de Casabamba no hay colegio ni comisaría. Robert Pablo Medina Llanterhuay, de 16 años, estudiaba en una pequeña sala de material prefabricado en una casa comunal. Provenía de una familia de agricultores. 

Sus padres, Pablo Ángel Medina García y Marleni Mariza Llanterhuay Zamora, se vieron obligados a dejar sus estudios de secundaria para dedicarse al campo. Hoy siembran maíz, papa, trigo, haba y quinua, la mayoría para autosubsistencia. 

Cuando le surge algún trabajo, Pablo deja Casabamba, pero debe regresar a las pocas semanas para ocuparse de sus sembríos y sus siete vacas. Los ingresos mensuales de la familia son de unos 300 soles, aproximadamente 80 dólares. 

“Voy a ser un ignorante, un campesino, agricultor. Pero, si tú quieres estudiar, estudia, hijo. Yo te voy a sacar profesional”, le decía Pablo a Robert. El adolescente no quería trabajar en la chacra. Quería ser abogado. 

Robert Medina Llanterhuay, de 16 años, estudiaba en una casa comunal. Quería ser abogado".

Casabamba es un pueblo ubicado a media hora en auto de Chincheros, o dos horas si el trayecto, como se acostumbra, se hace a pie. Andahuaylas está a unas dos horas y media en auto. Se llega por una trocha que serpentea laderas de tierra ocre y tupida vegetación. Arriba, en lo alto de las montañas apurimeñas, Casabamba es donde el silencio ha detenido el tiempo. 

Allí la familia Medina tiene una pequeña casa de adobe de dos ambientes y techo de calamina. Adentro, huele a la leña de la cocina, a olla con hollín. Los muebles son una mesa y una banca cubierta con pellejo de oveja. 

Por el piso deambulan cuyes que comen habas y cáscara de zanahoria. Un gato, acostumbrado a ellos, no es una amenaza. Las gallinas, eso sí, tienen prohibido entrar a la casa. 

La mañana del 12 de diciembre, Pablo encontró a su hijo Robert viendo videos en redes sociales de las muertes de Beckham y David en la pampa que rodea el aeropuerto de Andahuaylas. “Pobres, cómo mueren”, le dijo el adolescente. Seis horas después, Robert se sumaría a la lista de víctimas.

MEMORIA. A un año del asesinato de Robert Medina Llanterhuay, su padre participó de una marcha en Andahuaylas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Luego del desayuno, unos 20 agricultores de la comunidad de Casabamba se reunieron en el parque central para organizar su protesta. Pablo bajó con ellos caminando por la trocha que lleva a Chincheros. 

En la hora y media que tomó el trayecto, al grupo se fueron uniendo personas de otros pueblos, como Uripa, hasta ser unos 40. Pablo recuerda que hablaron sobre cómo evitar que les suceda algo. Les preocupaba una bala perdida de la Policía. 

Robert bajó un rato después, acompañado de unas amigas casabambinas con quienes estudiaba. El adolescente decidió protestar como “un reclamo”, dice su padre, porque en su pueblo no tienen colegio, porque “nosotros no hemos elegido a la señora Dina para que sea presidenta”. Pablo votó por Pedro Castillo. 

Padre e hijo se encontraron en la carretera, en Chincheros, aproximadamente, a las 11 a.m. Junto con la comunidad de Casabamba pasaron “pacíficamente, tranquilos”, por la comisaría y la Fiscalía y llegaron a la plaza, cuenta el hombre. 

Ambas dependencias están en la carretera, en la zona comercial de Chincheros, a media cuadra una de la otra. Durante su marcha, Pablo y los demás manifestantes del grupo gritaron algunas consignas políticas. “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”. Está seguro de que ninguno de ellos cargaba armas de fuego. 

Robert era parte del grupo que subió al cerro a protegerse de las bombas lacrimógenas".

Hacia el mediodía, ya coincidían en Chincheros un nutrido grupo de manifestantes del pueblo de Uripa y de los distritos de Ranracancha, Rocchacc, Ocobamba y Uranmarca. La Policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas. “Justo en ese desorden, con esa cantidad de personas, se me perdió mi hijo”. 

La manifestación se tornó violenta. “Apedreaban negocios, la comisaría”, recuerda Mary*, una mujer que administra una farmacia a pocos metros de la dependencia policial y la Fiscalía. Cuenta que la Policía quiso dispersar a la turba, de unas 150 a 200 personas, con bombas lacrimógenas. 

Otra testigo, que tiene una bodega en la misma carretera, dice que un grupo de manifestantes, armados con piedras y palos, presionó a la población de Chincheros a unirse a la protesta. Asustada, decidió cerrar su local. 

Pasado el mediodía, una turba incendió el edificio del Ministerio Público, a pesar de que el vigilante permanecía dentro. Fue rescatado por otros manifestantes. Hasta hoy, las instalaciones están completamente destruidas, y el personal debe trabajar en otras oficinas. 

Luego, se dirigieron a la comisaría con palos, piedras, huaracas y bombas molotov, lo que generó un enfrentamiento con policías. Los policías Carlos Alberto Pinedo Cucho y Fernando Mogollón Aguilar fueron retenidos por un grupo de manifestantes, según fue registrado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincheros. Testigos del lugar confirman que el secuestro efectivamente sucedió.

NEURÁLGICA. En diciembre de 2022, la Av. Fernando Belaúnde fue el escenario principal de las protestas en Chincheros.

Foto: Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Si bien Pinedo Cucho logró escapar, Mogollón Aguilar fue llevado a la fuerza al distrito de Ancco Huallo. Allí, según un documento de esa misma Fiscalía, fue “golpeado, torturado y obligado a caminar descalzo y con soga en el cuello”. Mogollón se desvaneció y los manifestantes lo llevaron al puesto de salud de Uripa.

“No les importaba quiénes vivían”, dice Mary. “Actuaron como terroristas”, dice en referencia a los manifestantes. Paula, también testigo, dijo a este medio: “Nos aterrorizaron con atrocidad. Me hizo recordar el terrorismo”. 

Para evitar las bombas lacrimógenas y los riesgos del enfrentamiento, un grupo de personas se alejó del lugar y se resguardó en el cerro donde se ubica el mirador de Chincheros, a espaldas de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia. Desde allí, en lo alto, se podía ver el conflicto sin sufrir el ahogo de los gases lacrimógenos. 

En la escalada de violencia, los policías utilizaron sus armas. Pablo Medina García pudo ver que tenían “armas grandes, como fusil”. Disparaban, cuenta, desde el segundo y el tercer piso de la comisaría. Calcula que hubo entre 50 y 60 policías, la mayoría de ellos desconocidos. “Yo conozco a los policías de Chincheros, de cara. Ese día eran otros”, dice. Un informe de la Comisaría de Chincheros confirma el cálculo de Pablo: entre el 12 y el 13 de diciembre, allí hubo destacados 50 policías en el lugar.

Un hombre corría por la calle, a una cuadra de la comisaría. “Oe, a un muchacho lo han matado, ¡ha muerto!”, gritó. Pablo Medina presintió algo, “en mi corazón yo sentía”. Se le acercó y le preguntó qué había visto, cómo era ese joven. Alto y agarrado, le respondió. Dijo que tenía un polo que decía Casabamba. 

Otro hombre le enseñó una foto. Era su hijo. 

A Robert no le practicaron la necropsia cuando falleció. Un mes después, la Fiscalía dispuso que se exhumara su cadáver".

Pablo corrió hacia el hospital de Chincheros, pero Robert no estaba allí. De inmediato, subió hacia el cerro, se adentró en la trocha, donde sabía que había un grupo de gente, y llegó donde yacía su hijo. Estaba tirado sobre la tierra, en el único lugar descubierto de árboles y matorrales, envuelto en un charco de sangre. 

Robert era parte del grupo que subió al cerro a protegerse de las bombas lacrimógenas, cuenta Ricardina*, una mujer que huyó con él y otras 50 personas, y lo vio morir. “El disparo —que le dio en el tórax— vino de la comisaría”, dice. 

Pablo recuerda haber visto a policías disparando desde el segundo y tercer piso de la comisaría de Chincheros. La dependencia se encuentra a una distancia de entre 300 y 400 metros del cerro, en la zona baja del pueblo. 

La versión de Ricardina se asemeja a otro hecho de ese día. Tres horas después del asesinato de Robert, un grupo de policías ingresó a un edificio de cuatro pisos en el cruce de la avenida Ejército con la calle César Vallejo, en Andahuaylas, sin orden judicial, y disparó hacia el cerro de Huayhuaca. Allí murieron Jhon Erik Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barboza. Ambos fallecieron por un proyectil de arma de fuego; en el caso de Jhon Erik, fue de calibre 5,5 mm, compatible con fusiles de la Policía. 

TRISTEZA. Antonio Lizarme, padre de Wilfredo, en el lugar donde trabajaba el joven agricultor. Falleció el 12 de diciembre de 2022.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Una inquilina del inmueble subió a la azotea a pedirle a los policías que se retiraran, según relató el esposo de la propietaria, Constancio Samanez Palomino, a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Andahuaylas. La hija de la dueña, Ediluz Samanez Carrasco, declaró que nunca se dio autorización a la Policía para que acceda a la vivienda. 

“Cuando llegué, mi hijo estaba ya frío”, recuerda Pablo Medina García. Tuvo que esperar una hora, hasta las 3 p.m., para que llegara una ambulancia y los llevara al hospital de Chincheros. Allí, los doctores le dijeron que llevarían el cuerpo al de Andahuaylas, para practicar la autopsia. 

Pablo había escuchado que la morgue del hospital no estaba recibiendo cuerpos —como, de hecho, sucedió con David Atequipa Quispe— y se rehusó. Además, allá no tenía a nadie. “Si soy de lejos no me van a atender”, le dijo a los doctores. 

Un grupo de manifestantes secundó al padre. El médico Roger Ramírez Castro, quien coordinaba el envío del cuerpo de Robert a Andahuaylas, dijo a la Fiscalía Penal Corporativa de Chincheros que se vio obligado a dejar que Pablo se llevara el cuerpo porque el grupo ponía en riesgo su vida. 

A Robert no le practicaron la autopsia esa noche, ni tampoco en los días siguientes. Luego de su velorio, en Uripa y Casabamba, el miércoles 14 de diciembre, fue enterrado con honores de héroe por residentes de ambos pueblos. 

A un mes de su asesinato, la Fiscalía Penal Corporativa de Chincheros dispuso que el 11 de enero se exhumara el cadáver del adolescente para practicar el examen. Hasta ahora, no se conocen los resultados. 

 

*No se consignan los apellidos de las testigos para preservar su seguridad