Actualización: 6 de enero de 2024 - 10:37

 

El sol había salido hacía poco en el Jirón Amanecer cuando un policía de Lima, a juzgar por su entonación y su color blancón, dio la orden. 

—Ya muchachos, nos bajamos unos huevones, directo a la cabeza.

Decenas de efectivos armados con pistolas y rifles formaban filas esa mañana del 9 de enero de 2023, al lado de un muro de ladrillos que separa esta vía pública del Aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca, en Puno.

Olga*, una vecina del jirón que, por la mañana, subió al techo de su casa para ver lo que ocurría en la esquina este del aeropuerto, recuerda haber escuchado dos veces la orden desde allí arriba, a cuatro metros del contingente policial. 

18 personas fallecieron en la represión policial a las protestas del 9 de enero, en Juliaca. Entre ellos, tres adolescentes".

Desde el lugar, se aprecia una panorámica en primera fila del aeropuerto. Ese lunes, a partir del mediodía, cuenta, podía verse a cientos de manifestantes, algunos armados con piedras, forzando su ingreso al aeropuerto en protesta contra Dina Boluarte, el Congreso y la represión policial que, por esos días, ya había dejado más de 20 muertos en Junín, La Libertad, Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Algunos también pedían adelanto de elecciones y, otros grupos más reducidos, una asamblea constituyente y la restitución de Pedro Castillo, el expresidente golpista.

El Jirón Amanecer —una irrelevante calle de tierra sin salida— se convertiría, horas después, en el inicio de un embudo de muerte para dos puneños. La violenta represión policial también cobraría la vida de tres adolescentes y otras 13 personas en la ciudad de Juliaca.

JIRON AMANECER. A través de forados hechos en esta pared, un grupo de manifestantes ingresó al aeropuerto. Los policías también salieron por allí para seguir disparando en la vía pública.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Elmer, afuera del aeropuerto 

El 9 de enero en que moriría de un balazo, Elmer Zolano Leonardo Huanca, de 16 años, salió a caminar con Abencia*, su amiga del colegio. Pasearon por el mercado Túpac Amaru, en el centro de Juliaca —recuerda la adolescente— y, hacia el mediodía,  él regresó a casa para acompañar a su madre a trabajar.

Faustina Huanca Calla se dedica a la venta ambulatoria de salteñas. No tiene casa: alquila un cuarto por 200 soles mensuales —unos 54 dólares— a pocas cuadras del aeropuerto, lugar donde vivía con Elmer, su único hijo. 

Es analfabeta. Por su situación económica y por ser madre soltera, Elmer, estudiante de cuarto de secundaria, la ayudaba vendiendo helados los fines de semana por 10 ó 15 soles al día, unos tres o cuatro dólares. “Mami, me decía, voy a trabajar. Vamos a tener casa, siquiera en campo”, cuenta Faustina.

A partir del mediodía del 9 de enero, la situación en las calles de Juliaca se tornó violenta. En contraste con las jornadas previas de protesta, cientos de manifestantes intentaban forzar su ingreso al aeropuerto y helicópteros volaban a baja altura lanzando bombas lacrimógenas. 

Faustina estaba trabajando con Elmer en la Avenida Aeropuerto, colindante con el extremo norte de ese punto crítico. “Policías mismos a la gente estaban arreando”, cuenta la mujer. Estaban armados.

Elmer era estudiante de cuarto de secundaria. Los fines de semana vendía helados para ayudar a su mamá".

Pasadas las dos de la tarde, la situación era insostenible para madre e hijo. Al menos dos personas ya habían fallecido luego de recibir impactos de armas de fuego durante la represión. La gente corría por la calle y el humo ahogaba a Faustina y a su hijo. 

Ante esa situación, la vendedora decidió regresar a su casa. Elmer, sin embargo, quería mirar la protesta. “Voy a ver de lejos”, le dijo, y se despidió. 

Caminó al by-pass, cuenta su amiga Abencia, quien, días después del asesinato, lo reconoció en un video del lugar. A cinco cuadras del aeropuerto, ese puente, ubicado en la salida hacia Cusco, era un punto elevado y lo suficientemente alejado para ver los enfrentamientos.

Más temprano, en el Jirón Amanecer, a tan solo dos metros de la puerta de la casa de Olga, decenas de manifestantes habían abierto forados en el muro de ladrillo del aeropuerto para ingresar al perímetro. Una vez dentro, permanecieron al aire libre cerca de la pared, según la mujer, que lo vió todo desde el techo de su casa. 

Cerca de su vivienda, la Policía hirió a un número no identificado de manifestantes y mató a dos. Olga vio a heridos siendo auxiliados por otros manifestantes, como demostrarían, más adelante, imágenes captadas por periodistas presentes en el lugar. 

PÉRDIDA. Faustina Huanca Calla se queja de que el Estado haya premiado con bonos a los policías y no haya justicia para las víctimas.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Pasado el mediodía, un grupo de policías salió del perímetro por los forados del Jirón Amanecer y las rejas rotas que daban a la avenida Independencia. Desde ese punto, continuaron la represión en las vías aledañas al aeropuerto, como también ocurrió en Ayacucho. 

En el Jirón Amanecer todavía hay casas con marcas de proyectiles de armas de fuego en las paredes. En la de Olga, uno cayó a centímetros de una ventana. Huellas similares se perciben en el centro de Juliaca, en la esquina donde murió el adolescente Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años. 

Cuando Faustina vio pasar a los primeros heridos delante de su casa, se preocupó. Llamó a su hijo al celular hacia las 4 p.m. No contestó. Volvió a llamarlo una hora después. Nada. Inquieta por los helicópteros que volaban sobre su barrio, Abencia también llamó insistentemente a su amigo hasta que, finalmente, contestó una mujer: “El paciente está aquí, en el hospital”.

Esa tarde, sin que nadie lo supiera, Elmer había ido a las inmediaciones del aeropuerto, la zona neurálgica de la protesta. No se conoce el motivo: no estaba interesado en la política ni participaba en movimientos sociales. No salió a protestar durante los días previos: en Puno se habían retomado las manifestaciones el 4 de enero, tras las fiestas de fin de año. No tenía antecedentes policiales ni criminales. 

Cuando estaba en los límites del aeropuerto, pero alejado del operativo policial, recibió un disparo en el tórax. Un video muestra a Elmer herido, tendido sobre el pasto. Está ensangrentado, uno de los brazos en alto, rígido, y las piernas en plena convulsión. A su lado, otro joven yace en el piso. 

Un proyectil de fusil calibre 7,62 mm ingresó entre el pecho y la axila izquierda del adolescente, perforó la pared torácica, el pulmón izquierdo, el diafragma, el hígado, y se alojó en la zona del abdomen, según el informe pericial de la necropsia. 

MORTAL. El proyectil, calibre 7,62 mm, ingresó entre el pecho y la axila izquierda de Elmer.

Documento: OjoPúblico

 

Proyectiles de ese tipo son empleados en armas de guerra, como los AKM utilizados por la Policía ese día, según consta en los registros de armería. Elmer no había disparado ningún arma de fuego, confirmó un examen de absorción atómica. 

Abencia llamó a Faustina a las 6:40 p.m. y le contó que Elmer estaba en el Hospital Carlos Monge Medrano, a 10 minutos en auto del aeropuerto. Se ofreció a acompañarla. 

El hospital estaba abarrotado de heridos, familiares y curiosos. “Llorando, empujando hemos entrado”, cuenta Faustina. Nadie las orientó, nadie les dio razón. Juntas, a Faustina y Abencia no les quedó más remedio que recorrer los tres pisos del hospital, pasillo por pasillo, buscando a Elmer. “Todos señoritas, jóvenes, señoras, todos heridos; caballeros, jovencitas”, recuerda la madre. 

Sin haber podido ubicarlo, Abencia abordó a una enfermera, quien le explicó que había tres fallecidos. En el segundo piso podían consultar, le dijo. Una vez allí, preguntó en la ventanilla cómo saber si su amigo era uno de ellos. “De uno tenemos su celular”, les dijo la enfermera y las condujo a un cuarto. Allí, les mostró un teléfono con un adhesivo que decía NN. Era el de Elmer. 

Esa misma mujer las condujo a la morgue. Faustina entró. Abencia, unos pasos detrás. “Cuando he encontrado a mi hijo, como pescado ha estado ahí adentro, muerto. En medio había estado tirado, en el suelo”. 

 

Protestas y operativo policial

El miércoles 14 de diciembre de 2022, tres días después de la represión policial a las protestas de Apurímac, un grupo de manifestantes derribó una malla del cerco de seguridad del aeropuerto de Juliaca, en Puno, e intentó ingresar a la fuerza. Sin embargo, fue dispersado por la Policía con gases lacrimógenos. 

En los días siguientes, las marchas y enfrentamientos —que, para entonces, se sucedían en distintas regiones del país— tuvieron una tregua por Navidad y Año Nuevo. 

En ese lapso, los preparativos de las fuerzas de seguridad fueron intensos: entre el 27 y el 29 de diciembre y, luego, entre el 7 y el 8 de enero, llegaron más de 500 efectivos a Juliaca. Los mismos fueron enviados desde Lima, Cusco y Arequipa para apoyar en las operaciones policiales. De ese total, de acuerdo a un informe de la Macro Región Policial de Puno del 21 de febrero al que accedió OjoPúblico, 429 provenían de Lima, 50 de Arequipa y 50 de Cusco.

En las órdenes de operaciones de esos días se señala que, durante las protestas, era “probable que personas pertenecientes a OT/SL [organizaciones terroristas / Sendero Luminoso] se infiltren en las masas, con la finalidad de azuzar a la población”. No hay ninguna prueba que sustente esas especulaciones.

El 8 de enero, un día antes de la mortal represión, ocurrió una reunión importante en las instalaciones policiales del aeropuerto de Juliaca. Allí, el jefe de la X Macro Región Policial de Puno, el responsable de la división policial local y otros altos mandos de la Policía determinaron cuáles serían las unidades destinadas al resguardo de cada área de este lugar, considerado un activo crítico, según un acta fiscal elaborada días después.

La Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) quedó a cargo de la zona lateral izquierda (“desde el inicio hasta el término de la pista de aterrizaje”) y la División Policial de Juliaca quedó como responsable del margen derecho de la pista. Los efectivos de las unidades policiales de Arequipa, Cusco, Lima y otras cuatro escuadras de la Dinoes, mientras tanto, fueron destinados a la cabecera del aeropuerto, que colinda con la Avenida Independencia, de acuerdo al documento. 

Entre el 27 de diciembre y el 8 de enero llegaron más de 500 policías para apoyar en los operativos de Juliaca".

Los ciudadanos de Puno también aprovecharon la tregua por las fiestas de fin de año para organizarse. Fueron llegando por cientos a Juliaca, desde las provincias de Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané, Sandia y Carabaya. Y el 4 de enero, finalmente, retomaron las protestas.

Cinco días después, las órdenes de los planes operativos de la Policía fueron violadas sistemáticamente por los agentes. El DL 1186, que regula el uso de la fuerza policial mediante los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, no fue respetado. Los adolescentes asesinados, por ejemplo, estaban desarmados y a distancia de los contingentes policiales, de acuerdo a testigos, videos de cámaras de seguridad y grabaciones realizadas por vecinos. 

Los planes también establecían que el equipo proporcionado a la Policía era de “defensa y no de ataque”. Asimismo, especificaban que en las áreas ubicadas a una distancia de más de 200 metros de un activo crítico, como el aeropuerto, las tareas policiales serían de patrullaje preventivo. 

Además, el testimonio de Javier Ángel Rivadeneyra Mestas, un policía limeño que participó en el operativo del aeropuerto, confirmó que, a falta de armas no letales, los policías dispararon sus rifles AKM para reprimir a manifestantes provistos con “bombardas, huaracas y botellas con combustibles”. 

Ese día, de acuerdo a los registros de armería, los efectivos retiraron más armas de las comisarías y dependencias policiales de Juliaca que el promedio de jornadas anteriores. La mayoría de ellas eran Pietro Beretta, Sig Sauer y AKM, es decir armas letales.

El aeropuerto era la zona neurálgica del operativo policial. Pero, una vez controlado, como había ocurrido tres semanas antes en Ayacucho, el operativo en las demás zonas se salió de control. 

IRREGULAR.  En Juliaca, el pasado 9 de enero, helicópteros volaban a baja altura lanzando bombas lacrimógenas. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Jhamileth, camino al mercado

La mañana del 9 de enero de 2023, Jhamileth Aroquipa Hancco, una adolescente de 17 años, se metió a la cama de sus padres. Arropada entre las sábanas, le dijo a su mamá, Dominga Hancco, que para la noche le provocaba cenar algo con carne. 

Quería que la engrieran: Jhamileth vivía lejos de su familia, en Cochabamba, Bolivia, donde estudiaba Psicología y se guarecía del frío y la sequedad de Juliaca. No le gustaba el clima de Puno. Jhamileth había optado por Psicología a pesar de que siempre quiso ser policía. También era animalista: recogía perros callejeros y los llevaba a un albergue de mascotas que, luego, los daba en adopción.

A las 2 p.m., Jhamileth, su hermana de 15 años y sus padres, Dominga Hancco y Demetrio Aroquipa Mamani, salieron de casa para comprar carne en el mercado. Su padre trabaja como ayudante en una mina de estaño, en Puno, y su madre tiene una bodega en el primer piso de su casa. 

La suya es una vivienda de ladrillo y cemento expuestos, con pilas de desmonte en el ingreso, interiores sin terminar y las acostumbradas ventanas azul espejo de Juliaca. Se ubica en un barrio con calles de tierra en la salida a Cusco. Frente a la casa hay un letrero de calamina: “Prohibido el ingreso de delincuentes. Pena de muerte”. 

Jhamileth estudiaba Psicología y era animalista. Fue herida mientras caminaba por Juliaca con su familia".

Poco antes de las 4 p.m., Jhamileth y su familia iban camino al mercado, cuando se toparon con un enfrentamiento en el cruce de la calle Asunción y la Avenida Independencia, hoy rebautizada Mártires del 9 de enero. Mientras la adolescente miraba la situación sobre un angosto puente peatonal que cruza sobre un canal, sus padres decidieron alejarse del caos y giraron a la izquierda, sobre la Avenida Mártires del 9 de enero. 

Estaban traumados por los asesinatos de ciudadanos ocurridos las semanas previas y la bulla de los helicópteros que, desde hacía días, sobrevolaban Juliaca. En ese instante, todo se detuvo. 

No hubo gritos, balaceras ensordecedoras, ni helicópteros. Solo silencio, recuerda Dominga.

—Mami, se ha caído mi hermana —recuerda que le dijo su hija menor.

Se aferraba a ella, mientras miraba a Jhamileth tendida en el piso, inconsciente. Alrededor, la gente se amontonaba. Dominga se abalanzó sobre la adolescente. Le habló, a pesar del alboroto, pero no reaccionaba. 

“Su ojo ya estaba diferente, ya no era normal. No me ha respondido, ya no hablaba”, explica.

TERRUQUEO. Para Dominga, mamá de Jhamileth, es muy dolorosa la estigmatización que existe hacía las víctimas de la protesta.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

En un intento por reanimarla, un grupo de extraños le echó agua a Jhamileth. Dominga y Demetrio no entendían qué pasaba. 

—Tengo que buscar, levantar su polito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Algo tiene, herida, algo? 

La mujer recuerda que revisó la espalda de la adolescente. “Levanté este lado del polo [por las costillas derechas] y encontré un agujero, porte de la uva, más pequeño”, contó a OjoPúblico. 

La llevaron de inmediato a la posta Mariano Melgar, a una cuadra. Una enfermera, al confirmar los signos vitales de la adolescente, le dijo a Dominga que tenía que llevarla al Hospital Carlos Monge Medrano. No había ambulancias. 

Cuatro testigos del hecho aseguran que un policía le disparó a Jhamileth desde una casa azul que funciona como un local ferretero, en el margen de la Avenida Mártires del 9 de enero, que lleva al sur. 

En la puerta se lee “Aceros Marruecos Center”. Berta*, una mujer que tiene una bodega en esa esquina, dijo a OjoPúblico que la casa fue alquilada a policías. Una transeúnte afirma la misma teoría. A Dominga otros testigos le han contado que los dueños de la casa “hasta comida les han dado” a los policías, “como un hotel”.

Este medio intentó recoger los descargos en el lugar. Sin embargo, la vivienda estaba cerrada y nadie atendió los llamados. La hipótesis es avalada, de momento, sólo por testimonios. En Andahuaylas, sin embargo, un mes antes la Policía había asesinado a dos personas disparándoles desde la azotea de una casa particular.

La posición de Jhamileth al recibir el disparo y su herida son consistentes con la ubicación de la casa. La adolescente había girado a la izquierda en la Avenida Mártires del 9 de enero, con dirección al sur, exponiendo el lado derecho de su torso. 

La bala, calibre 9 mm parabellum, ingresó por el abdomen, lesionó los órganos a su paso y le provocó una hemorragia, detallan el informe de necropsia y la pericia balística. Una prueba de absorción atómica confirmó que la adolescente no disparó ningún arma de fuego.

PERICIA. La bala, calibre 9 mm parabellum, ingresó por el abdomen de Jhamileth.

Documento: OjoPúblico

 

Esa tarde del 9 de enero, el Hospital Carlos Monge Medrano estaba colapsado. Decenas de heridos y fallecidos habían pasado por allí hasta las 5 p.m., cuando ingresó Jhamileth, aún con vida, a la sala de emergencias. Media hora después, las puertas de la sala se abrieron para conducirla a la morgue. 

Sin espacio para más cadáveres, “a mi hija en el medio la han bajado, en el piso”, recuerda Demetrio Aroquipa Mamani. El hombre abrazó el cuerpo de Jhamileth. Dominga se desmayó. Su hija se había convertido en la única víctima mujer de los siete adolescentes asesinados por las fuerzas del orden durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.

Cuando se recuperó, a la comerciante le vencieron las ganas de abrazar a Jhamileth. Regresó a la morgue, donde tuvo que pasar por encima de un cadáver para sentarse en el piso entre éste y su hija. “Al abrazarla,  toda la mano me manché con sangre —recuerda— porque la otra persona que estaba tenía un derrame bastante”. 

Un rato después, sin saber qué se hace cuando un hijo muere así, Dominga regresó por tercera vez a la morgue. Por esas horas, Faustina Huanca Calla, madre de Elmer Leonardo Huanca, se enfrentaba por primera vez, en esa misma morgue, al cuerpo inerte de su hijo. 

Esa vez, Dominga no entró. Se quedó bajo el marco de la puerta mirando hacia adentro, a su hija tendida en el piso, entre cuerpos que no conocía.

 

El pasado retorna

El informe Perú: Racismo letal, elaborado por Amnistía Internacional, señala que existe evidencia empírica sobre un trato diferenciado en el uso de la fuerza por parte de los grupos de seguridad en los operativos desplegados para contener las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. La fuerza letal, destaca el documento, se usó con mayor frecuencia cuando se trató de población con más representación indígena.

Las represiones y masacres contra esta población, en Perú, mantienen sus características a través de los siglos. 

En 1866 y 1868, la rebelión de Huancané, liderada por Juan Bustamante Dueñas en defensa de los indígenas de Puno, fue reprimida mediante incendios y ejecuciones por autoridades y hacendados, azuzados a su vez por la prensa. La población se había rebelado luego de que el gobierno central le impusiera tres nuevos impuestos. 

Cuatro décadas después, en 1914, una masacre ocurrió en la hacienda de Llaucán, en Cajamarca, liderada por el prefecto Belisario Ravines. Murieron entre 150 y 400 hombres, mujeres, niños y ancianos. La historia la cuenta Rafael Dumet en su novela El camarada Jorge y el dragón. 

Al año siguiente, el militar Teodomiro Gutiérrez Cuevas, apodado Rumi Maqui, lideró una rebelión campesina en Puno contra los abusos de los hacendados, como la explotación laboral. Rumi Maqui fue derrotado por las fuerzas del orden, que luego desataron una brutal represión. Tras ser llevado a una cárcel arequipeña, no se supo más del líder rebelde. 

La fuerza letal se usó con más frecuencia cuando se trató de población con mayor representación indígena, según Amnistía Internacional".

En 1924, los campesinos del valle de Parcona, en Ica, realizaron un paro general en reclamo por las condiciones de trabajo a los hacendados de la zona. Se generó una lucha entre los campesinos y la fuerza pública en la que murieron indígenas y el prefecto. En represalia, fuerzas del orden enviadas de Lima destruyeron el caserío y asesinaron a diversas personas, incluyendo niños. 

Para el historiador Antonio Zapata Velasco, en Perú, “existe cierta memoria sobre cómo reprimir”. En todas esas rebeliones pasadas, señala, “se reclamaba tener organizaciones autónomas de defensa de derechos y, en contra de esta pretensión democrática, es que se perpetran estas masacres”. 

Aunque no fueron los más difundidos, en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 también existían reclamos democráticos —opuestos a los intereses de Lima—, como el adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. El historiador Jorge Basadre lo había adelantado en 1929: el olvido del campo peruano por parte de la ciudad era motivo de levantamientos campesinos.

Para el abogado Juan Diego Motta Villegas, por ejemplo, las recientes protestas fueron “ebulliciones de una nueva forma de entender y hacer patria”. En el ensayo Estallido: crisis, golpe de Estado y lucha de clases en el Perú, publicado en el libro Estallido popular: protesta y masacre en el Perú, 2022-2023, hace referencia a una “burguesía regional emergente que ha mejorado sus ingresos” y, actualmente, busca “un pedazo más grande de la torta”. Motta Villegas fue asesor del Despacho Viceministerial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, durante el gobierno de Pedro Castillo. 

El historiador Antonio Zapata coincide: en las últimas décadas sobrevinieron nuevas burguesías regionales que, hoy, están en competencia con Lima. “Dina representa a sus élites regionales en acuerdo con el Congreso, que es otra élite regional, y juntos reciben el apoyo de la élite empresarial limeña. Es la formación de una protocoalición”, añade. 

Es en el choque de estas dos visiones —la regional y la limeña, como ha pasado en diversos episodios de la historia republicana— que surgen protestas y rebeliones ahogadas con sangre.

 

Brayan, saliendo de una cabina

La madrugada del 12 de enero de 2023, en la sala de espera del Hospital Carlos Monge Medrano, Asunta Jumpiri Olvea escuchó la voz de su hijo Brayan. “Maaa, maaa”, recuerda que le gritó desde la UCI. Hacía pocas horas le habían realizado una cirugía en el cerebro. 

Ya eran dos las noches que la mujer pasaba de pie, al lado de la puerta de UCI, esperando noticias de los doctores. 

A las 4 a.m., Asunta pidió a unas enfermeras ver a su hijo, que no la dejaba de llamar. Las enfermeras se miraron entre sí.

—Señora, estás loca, nadie está gritando. Nadie está gritando aquí.

Brayan Apaza Jumpiri, un adolescente de 15 años, no había llamado a nadie. No podía hablar: estaba entubado e inconsciente, luego de recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego en la cabeza, durante la represión policial a las protestas de Juliaca.

Ese 9 de enero por la mañana, la hija embarazada de Asunta la llamó quejándose de dolor. Le pidió que la acompañara a Wachay Wasi, una clínica de maternidad en el centro de Juliaca. Brayan se ofreció a acompañarlas. El establecimiento estaba cerrado, por las protestas. Por eso, fueron hasta otra clínica, en la calle Túpac Amaru.

ABRUPTO. Brayan estudiaba a medio tiempo para poder trabajar. Quería ser policía. El día de su muerte, pidió permiso para ir a una cabina de Internet.

Foto: Archivo familiar.

 

Asunta tiene 41 años, es madre soltera de seis niños y jóvenes, y abuela de tres pequeños. Su primera hija la tuvo a los 15 años. Gana entre 20 y 25 soles —unos seis dólares— los días que cosecha café en la provincia puneña de Sandia.

Al salir, hacia las 5 p.m., Brayan le pidió permiso para ir a una cabina. No tendría Internet  en la provincia de Sandia, donde irían a trabajar al día siguiente, en la cosecha de café. 

El adolescente estudiaba a medio tiempo para poder trabajar. Quería ser policía. Asunta accedió con una condición: cuando su hermana le escribiera por WhatsApp, se encontrarían en el cruce de las calles Túpac Amaru con Moquegua, a pocas cuadras de allí. 

Brayan nunca respondió los mensajes de su hermana. Su madre lo esperó en el lugar acordado por más de una hora, mientras caía la noche.

A tres cuadras, un grupo de policías armados formaba filas frente a la comisaría de Juliaca, según tres testigos que estaban en el lugar, una zona comercial altamente transitada, donde se venden muebles, ropa y artículos electrónicos. 

La situación era de extrema tensión. La comisaría era uno de los puntos críticos durante las acciones de control de la protesta, según las órdenes de operaciones con las que la Macro Región Policial de Puno pidió agentes de apoyo a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía de Lima. 

Para entonces, las fuerzas del orden ya habían forzado la salida de manifestantes del Aeropuerto Inca Manco Cápac a costa de la muerte de varios puneños. Pero, como en Ayacucho, la represión continuó en las calles.

Asunta esperó un rato más, hasta que su hija la convenció de regresar a casa. 

Brayan nunca llegó al punto de encuentro porque en la intersección de las calles Moquegua y Ramón Castilla, donde estaba varado hacia las 7:45 p.m. con su amigo Paul Franklin Mamani Apaza, era imposible de cruzar, como confirmaron cámaras de videovigilancia. 

A cuadra y media, la Policía resguardaba celosamente la comisaría de Juliaca con oficiales armados y decenas de sacos de arena como murallas. Si cruzaba Ramón Castilla, se exponía. 

Se había desatado una balacera, cuenta Ana Carlín, vecina de la calle Ramón Castilla, cuya casa se ubica a 50 metros de la comisaría. La mujer recuerda que hacia donde apuntaban los policías —la intersección con Moquegua— había jóvenes caminando casualmente. 

JUSTICIA. Brayan agonizó por más de dos días, después de ser herido. Asunta no perdía la esperanza.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Cuando Brayan y Paul intentaron cruzar la calle Ramón Castilla, a una cuadra y media de la comisaría, llegaron los disparos mortales: a Paul el proyectil le impactó en el tórax, a Brayan en la cabeza. 

Unos peatones que estaba en la intersección los auxiliaron. Brayan no respondía; yacía en el suelo con los ojos entrecerrados, sangrando por la cabeza. “Estos tombos los han asesinado, los han asesinado estos tombos de mierda”, gritaba uno de los hombres que fue en su ayuda. 

Un grupo cargó, primero a Paul, luego a Brayan, y los subió a dos motos con dirección al Hospital Carlos Monge Medrano. 

Asunta estaba en su casa cuando sonó el celular de su hijo mayor. Era un amigo. “Parece que lo han baleado a tu hermanito en calle Moquegua”, le dijo. 

La mujer salió de su casa de inmediato. Corrió 25 minutos por el campo, hasta llegar a la ciudad, un trayecto que le suele tomar una hora a pie. En el camino la llamó su hija. “Mamá, mi hermanito siempre es. Está aquí. En la cabeza lo habían baleado, mamá”. 

Asunta llegó al hospital, donde todavía las madres de Elmer y Jhamileth no podían asimilar la muerte de sus hijos. Vio a Brayan entubado y con la cabeza vendada. Un doctor le dijo que tenía un proyectil alojado en su cabeza. “Ya está dañado su cerebro”, le explicó. 

Aunque, luego, se pudo extraer el proyectil, no fue posible determinar el calibre. En el caso de su amigo Paul, que murió junto a él, un examen forense confirmó que la bala que lo mató era para cartucho calibre 7,62 mm, compatible con los rifles de asalto AKM asignados a la Policía. 

Brayan agonizó por más de dos días, pero Asunta no perdía la esperanza. “Escuchaba sus deditos, los movía así”, cuenta con un gesto. La mañana del jueves 12 de diciembre, luego de tres noches en el hospital y una cirugía, un doctor la fue a buscar.

 —Tienes que ser fuerte. Tu hijo ya se fue. 

ANTECEDENTE. Como en Ayacucho, el 9 de enero, la Policía continuó la represión en las calles aledañas al aeropuerto de Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Negación y terruqueo

“Un ataque de organizaciones violentas”, así se refirió el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023 en Perú. Sin embargo, las pesquisas fiscales han determinado que Elmer, Jhamileth y Brayan —al igual que los demás fallecidos— no pertenecían a organizaciones violentas. 

De hecho, el informe de Amnistía Internacional señaló que en, al menos, 10 casos encontró indicios de una posible ejecución extrajudicial por parte de la Policía. “La evidencia apunta a que la fuerza letal fue usada de manera injustificada debido a que ninguna de las personas habría puesto en riesgo la integridad o vida de los oficiales de seguridad u otras personas”, agrega el documento.

Isabel Mamani Aguirre, una de las heridas durante la represión, declaró a la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno que, mientras se desplazaba por la zona del Jr. Abancay con Arequipa debido a un encargo laboral, un proyectil de arma de fuego le impactó en la parte posterior de la pierna. El responsable, aseguró, fue un policía. 

Diego Armando Quispe Livisi contó a la misma Fiscalía que buscaba una movilidad a dos cuadras del aeropuerto para ir hasta su trabajo, cuando dos policías caminaron hacia él y dispararon una ráfaga de perdigones de metal. Los proyectiles, alrededor de 70, impactaron en su espalda, brazos, piernas y cabeza. Testimonios como estos abundan en la Fiscalía. 

A las madres de los adolescentes asesinados la indignación las persigue. “Izquierda, derecha, no sé qué es, recién me doy cuenta”, dice Dominga Hancco, madre de Jhamileth. Que acusen a su hija de terrorista duele “mucho más”, explica a este medio. 

Faustina Huanca Calla, madre de Elmer, cuenta que viajó a Lima para presentarse ante el Ministerio Público, pero no la recibieron por no contar con la documentación correspondiente. Se queja de que el Estado haya premiado con bonos a los policías y no haya justicia para las víctimas de la masacre. “Esa señora tiene que salir”, dijo en referencia a Boluarte.

Como en Ayacucho, los deudos quieren que los procesos fiscales regresen de Lima a sus regiones. Creen que así las investigaciones se realizarán más rápido. De hecho, en una sesión del 10 de noviembre, la CIDH señaló que éstas no avanzan lo suficiente.

Las madres de los menores asesinados por la Policía en Juliaca saben que pasarán años hasta que, en un país como el Perú, se alcance justicia. Lo que esperan lo resume Asunta Jumpiri Olvea con brevedad: que llegue el día en que “ese maldito que ha disparado esté tras las rejas”. 

 

*No se consignan los apellidos de las testigos para preservar su seguridad.