Los cuadernos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército peruano en los que se deben detallar las armas y municiones asignadas a cada uno de los agentes destacados en el control de las protestas en Puno (9 de enero) y Ayacucho (15 de diciembre) presentan serios vacíos de información, están incompletos y tienen problemas de ilegibilidad. OjoPúblico accedió a estos documentos y halló la ausencia de una debida diligencia para el control y la custodia de las armas usadas en dos de las regiones donde se produjeron la mayor cantidad de muertes por proyectil de arma de fuego (PAF).

Estos cuadernos de armería o afectación de armas son reportes que albergan los datos de salida e ingreso de las armas y municiones de una dependencia policial o militar. El documento debe contener, como mínimo, la hora de salida, el nombre del agente, el tipo de arma, el número de serie, la cantidad de cacerinas (cargadores), municiones, la firma, la huella, la cantidad de municiones regresadas y la hora de retorno.

Sin embargo, el análisis realizado por OjoPúblico de estos cuadernos de armas –para lo que se construyó una base de datos a partir de los reportes entregados– expone que, en los días de las protestas en las que 18 personas murieron en Juliaca y 10 en Ayacucho, no hubo una adecuada gestión en el llenado de información. 

OMISIONES. En el cuaderno de la USE Juliaca se puede ver la falta de la columna para incluir la cantidad de municiones devueltas. Se está protegiendo la identidad de los efectivos mientras dure la investigación. 

 

El oficial de armería debe velar por una redacción clara y que el reporte no tenga vacíos, pues esto garantiza una debida rendición de cuentas sobre el uso y destino de las armas. El llenado de información debe realizarse de manera limpia, ordenada y de manera correlativa. Pero eso no ocurrió.

El análisis –a partir de la información entregada por la Policía a la Fiscalía de esta región que investiga las muertes– revela también que en la contención de las protestas del 9 de enero, en Juliaca, la Policía usó más armas letales que no letales.

De acuerdo a los reportes analizados, OjoPúblico identificó que solo en esta ciudad de Puno, a las 14 unidades policiales y a los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, el 9 de enero se les asignaron, al menos, 277 armas letales: 90 AKM, 6 HK G3, 103 Sig Sauer, 78 Pietro Beretta.

A los grupos destacados en las zonas donde se produjeron las muertes del 9 de enero se les asignaron, por lo menos, 168 armas letales de todas ellas: 59 AKM, 37 Pietro Beretta y 72 Sig Sauer. Las armas no letales asignadas –según esta información oficial– suman solo 57: 12 escopetas lanza perdigones y 45 escopetas lacrimógenas.

Consultado sobre el despliegue de armas letales sobre las no letales, el exministro del Interior Cluber Aliaga explicó que es responsabilidad del Estado proveer más armas no letales a las unidades policiales con el fin de evitar que usen las armas que pueden ocasionar más lesiones contra la vida y la salud.

 

“La gran responsabilidad es del Gobierno, que no equipa adecuadamente a la PNP. Si eres policía, te dan un fusil de respaldo para que, de acuerdo a una eventualidad de ataque, lo uses como protección. Entonces, como legítima defensa lo usas. El Estado debe proveer de más armas. Ahí hay una responsabilidad política. Lo único que te dan es tu pistola y tu AKM y, si estás en riesgo, tienes que usar eso, no porque quieras, sino porque no tienes otros medios”, indicó.

 

Contradicciones en los reportes

 

Hace una semana, OjoPúblico informó que los planes operativos para la contención de las protestas en Juliaca establecieron que, para la protección del aeropuerto Inca Manco Cápac —lugar donde fallecieron 14 civiles, el 9 de enero—, estarían policías de las Unidades de Servicios Especiales (USE), Unidad de Emergencia (Uneme), la Comisaría del aeropuerto y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), además de delegaciones de las USE de Lima, Cusco y Arequipa.

Mientras que, para la protección del Banco de la Nación y del local de la Sunat —ubicados muy cerca a donde falleció una persona—, se iba a encargar la USE Juliaca y personal de la Comisaría de Santa Bárbara. Y, para el resguardo de la zona del Real Plaza —muy cerca a donde fallecieron tres personas, el 9 de enero—, se asignó el liderazgo operativo al Mayor Abad Gavancho, de la Comisaría Sectorial de Juliaca. 

Al contrastar la información reportada en los planes operativos con los cuadernos de armerías entregados por estas unidades, OjoPúblico identificó algunas contradicciones.

En el caso de la USE Juliaca, según el cuaderno de armas, solo 18 personas retiraron algún arma el 9 de enero, entre letales (una AKM y una pistola Pietro Beretta), no letales (15 escopeta lanza gas lacrimógena) y otra arma adicional, cuya descripción es ilegible. Sin embargo, de acuerdo al plan operativo de Juliaca de enero, el número de efectivos armados era mucho mayor. Se dispuso la presencia de un oficial y 140 suboficiales de esta unidad para la contención de las protestas. De ese total, 40 tenían que estar en el aeropuerto, 10 en el Banco de la Nación, 10 en la Sunat y los demás, en otros puntos de la ciudad. 

El cuaderno de afectación de armas de la Uneme Juliaca revela que, el 9 de enero, sus efectivos retiraron 50 armas, 47 letales (cuatro AKM, 17 Pietro Beretta y 26 Sig Sauer) y hay tres reportes sin detalles del tipo de arma. En el plan operativo, se dispuso la presencia de un oficial y 78 suboficiales de esta unidad para la protección de la ciudad. De ese total, 10 tenían que estar en el aeropuerto. 

INCOMPLETO. Los cuadernos de afectación de armas en muchos casos no detallan hora de retorno de las armas ni detallan número de municiones devueltas. Se está protegiendo la identidad de los efectivos mientras dure la investigación.

 

Los cuadernos de afectación de armas de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, indican que el 9 de enero se retiraron 74 armas letales (nueve AKM, 19 Pietro Beretta, y 46 Sauer).

El plan de operaciones dispuso la presencia de tres oficiales y 10 suboficiales de esta unidad para la contención de las protestas. Durante una diligencia fiscal realizada en la comisaría el 11 de enero, el mayor Wagner Quinteros Frisancho declaró que su unidad estuvo a cargo de la vigilancia de los locales del Banco de la Nación y Sunat.

Sin embargo, el mismo 9 de enero, según los reportes entregados, nadie salió de la comisaría. El cuaderno de movimiento de personal muestra que durante la tarde y noche cuatro personas salieron en dirección a la morgue.

En los cuadernos de armas de la comisaría Sectorial de Juliaca se indica que nadie retiró armas el 9 de enero, a pesar de que el plan operativo establece que dos oficiales y 32 suboficiales de esta unidad apoyaron en la contención de las protestas.

VACÍOS. En varios cuadernos presentados ante la fiscalía se ven espacios vacíos, como el reporte de la Comisaría Sectorial de Juliaca.

 

En el caso de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), el coronel Juan Manuel Pedrera Ruiz informó a la Fiscalía que los tres primeros grupos que llegaron a Juliaca, es decir 150 efectivos de al menos 232, trajeron 87 armas, entre letales (45 AKM y 12 escopetas de caza) y no letales (30 escopetas lanza gas).

Para el exministro del Interior Cluber Aliaga, el personal policial sale con las armas con las que cuenta porque no pueden salir a contener una multitud desprotegidos. Precisó que no todos los efectivos salen armados porque existe un plan que determina la organización de la operación, y en ella se establece qué grupo va sin armas y quiénes sí.

“Normalmente, dependen de los recursos y de las masas que van a cubrir. La idea es que [la PNP] sea más que los manifestantes. También depende del lugar que debes de cuidar. Normalmente, el personal de USE no va con armas, la mayoría; a veces solo un pelotón va con escopetas de perdigón o gas, no llevan armas de fuego. Los que llevan armas son los de las comisarías”, sostiene.

 

Investigaciones retrasadas

 

Los familiares de las víctimas de Juliaca, congregados en la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero - Juliaca exigieron justicia y una mayor celeridad en las investigaciones que, ahora, están a cargo del fiscal provincial penal Ernesto Rojas Cayllahua. 

El fiscal Rojas Cayllahua aún no ha podido realizar las principales diligencias, como la toma de declaración de los agraviados y las pericias balísticas, en las que precisamente será necesario identificar las posibles armas disparadas.

"Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados", declaró Wilmer Quiroz, abogado de la asociación de víctimas. 

Quiroz también exigió que el caso pase a una fiscalía de derechos humanos, como sucede en las regiones de Apurímac y Ayacucho. Solo en Juliaca la investigación sobre las muertes en protesta lo está llevando una fiscalía penal común. 

De acuerdo a las necropsias a las que accedió OjoPúblico, 17 de los civiles fallecidos el 9 de enero en Juliaca murieron a causa de un proyectil de arma de fuego (PAF) y uno por recibir perdigones. 

En nueve de los cuerpos se hallaron restos de municiones 7,6 mm, correspondiente a las armas AKM. Mientras que en el cuerpo de Yamilet Aroquipa se halló restos de una bala calibre 9 mm, tamaños característicos de municiones que corresponden a armas Pietro Beretta o Sig Savuer. 

REPRESIÓN.. Diversos vídeos de los manifestantes revelan que el 9 de enero la policía usó su arma de fuego de manera desproporcionada. 

Ilustración: OjoPúblico / Eduardo Yaguas.

 

Reportes militares deficientes en Ayacucho

 

El análisis realizado por OjoPúblico en Ayacucho identifica, como en el caso de Juliaca, severas omisiones en los registros militares sobre el uso de armas. 

El jueves 15 de diciembre, día en que murieron civiles en el aeropuerto de Ayacucho y sus inmediaciones, un general —cuyo nombre no se menciona en el cuaderno de armas de esta dependencia escrito a mano— recibió 15 cargadores y 450 cartuchos 5.56 mm, según el registro al que tuvo acceso OjoPúblico. La entrega fue anotada en una hoja bond suelta en el cuartel Los Cabitos de esa ciudad. El registro de salida de armamento no detalla ni el nombre completo, ni la hora de entrega, ni cuántas de estas municiones entregadas “para (el) general” fueron repartidas o utilizadas. 

La hoja que revela esta información es parte del registro de salida de armamento de la Compañía de Comando N° 2 del Fuerte Domingo Ayarza (cuartel Los Cabitos). En base a estos registros, OjoPúblico halló que esta Compañía dotó de armamento a, al menos, cinco de las seis patrullas de militares que estuvieron asignadas al aeropuerto y sus inmediaciones el día 15 de diciembre. 

La misma hoja también señala la entrega de un fusil galil, otros dos fusiles sin detalle de marca, cuatro cacerinas, 240 cartuchos, cuatro cargadores y un arma SCAR (Fusil de Asalto para Fuerzas Especiales) para un sargento y dos suboficiales. Sin embargo, ninguno de los tres militares mencionados figuran en la lista de personal que participó en la represión del 15 de diciembre ni en la lista de patrullas de reserva. 

Según la relación de patrullas “de acciones militares”, remitida por la Segunda Brigada de Infantería Wari a la Fiscalía, dos cuarteles de la ciudad, Domingo Ayarza (Los Cabitos) y Los Pocras (Quicapata), dispusieron personal para el día 15 de diciembre. En esta relación figuran 446 militares.

De estos, 226 conformaron la reserva y otros 220 salieron y fueron repartidos en 19 patrullas en la plaza de armas, las calles del centro de la ciudad, el aeropuerto y sus inmediaciones. En estas dos últimas ubicaciones, donde murieron 10 personas, se ubicaron 63 militares de nueve patrullas que pertenecen al cuartel Los Cabitos. 

En base a los registros de armas de dicho cuartel es posible identificar a 148 militares de los 220 que formaron parte de las 19 patrullas que salieron y el arma que recibió cada uno de ellos. Sin embargo, los datos de los restantes 72 (sus nombres o el número de armamento recibido) están incompletos o son ilegibles.

OjoPúblico halló también que 14 de los 148 militares plenamente identificados con su número de armamento estuvieron en patrullas en el helipuerto, frente al cementerio y al campo ferial de Canaan el 15 de diciembre. 

En este cuartel, son cinco las unidades que tienen sus propios almacenes de armamentos: el Batallón de Servicios N° 2, la Policía Militar N° 2, la Compañía de Comando N° 2, la Compañía de Comunicaciones N° 2 y la Compañía de Comando N° 4.

El análisis del cuaderno de armas del Ejército durante los días de la represión en Huamanga muestra también varios vacíos de información e improvisación. Algunas de las actas se hicieron en hojas bond sueltas, sin formatos y no en cuadernos; algunas páginas de los registros ni siquiera consignan fecha y hay columnas incompletas. Solo algunos registros consideran la columna hora de salida y retorno del armamento. Sin embargo, solo se ha llenado la hora salida y no la de retorno. 

Además, el análisis de OjoPúblico a lo reportado por el Ejército revela que, en algunos casos, existe un registro del nombre de militares que recibieron armamento, pero estas identidades no figuran en la lista de personal que participó en las operaciones ni en la reserva.

El 15 de diciembre, la Compañía de comando N° 2 realizó su registro en seis hojas bond sueltas. En la primera, consideró el nombre, número de DNI del militar, número de armamento entregado y cantidad de cargadores y cartuchos entregados. A partir de la segunda hoja, ya no se detallan los dos últimos datos. 

El Batallón de Servicios N° 2, por su parte, reportó que solo un arma fue entregada a un militar. OjoPúblico determinó que este militar conformó la patrulla 16, a cargo del helipuerto. Además, dos de las hojas de este registro no están fechadas. 

EN INVESTIGACIÓN. Las necropsias han revelado que 17 de los 18 fallecidos en Juliaca recibieron un proyectil de arma de fuego (PAF) en las protestas del 9 de enero.

Ilustración: OjoPúblico /Eduardo Yaguas

 

Otros 36 militares recibieron armamento de la unidad de la Policía Militar N° 2. Nueve de ellos conformaron la patrulla 19 y uno la patrulla 2, ambas a cargo de los exteriores del aeropuerto.

Este registro es claro, está ordenado y sus columnas contemplan el grado del militar, sus apellidos y nombres, el número de armamento entregado, su DNI y hora de salida y entrada. En ellas se consigna información, excepto en la columna de hora de entrada, es decir, del retorno de los armamentos al cuartel. Tampoco se reporta el uso de estos. Uno de los militares que recibió armamento, de acuerdo al documento, no figura en la lista de 446 militares proporcionada por las Fuerzas Armadas a la Fiscalía. 

Otro de los registros que está ordenado corresponde a la Compañía de Comunicaciones N° 2. A partir de esta información OjoPúblico pudo determinar que ninguno de los militares que recibió armamento de esta unidad estuvo en patrullas alrededor del aeropuerto, teniendo como referencia las ubicaciones del personal proporcionado por las Fuerzas Armadas y considerando que ninguna otra patrulla aparte de las seis asignadas inicialmente al aeropuerto fue después a dicha zona. 

Respecto a los registros del Comando N° 4, los datos sobre los militares que recibieron armamento reportan solo el primer apellido. Por ejemplo, la repetición del apellido “Quispe”, registrado dos veces con diferente número de armamento. En otros casos, no se ha registrado el número de armamento entregado a los militares. 

Las Fuerzas Armadas también han reportado la salida de “armamento no letal” para su uso durante las protestas, entre el 15 y el 18 de diciembre. Dicha información detalla que se utilizaron 250 unidades de granadas de humo no letales de color rojo, 175 unidades de perdigones de goma y 123 unidades de granada no letal de 40 mm.

Por su parte, el fuerte Los Pocras (Quicapata) informó para las investigaciones que, el 15 de diciembre, 28 militares del Batallón de Ingeniería y cinco del Batallón de Comunicaciones salieron en apoyo al cuartel Los Cabitos, en calidad de reserva, y que no utilizaron las armas que llevaron. 

 

Investigación fiscal

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno, a cargo del fiscal Guido Pilco Delgado, solicitó, a partir del 10 de enero, a todas las dependencias policiales y militares ubicadas en Juliaca, el cuaderno de armería como parte de las diligencias para determinar qué armas están involucradas en las muertes de 18 personas, el pasado 9 de enero en Juliaca, y así reconstruir el cadena de mando detrás de los disparos.

El fiscal Pilco Delgado, quien de forma inicial fue designado para realizar intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por los delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones en Juliaca, recepcionó los cuadernos de armería de 13 dependencias policiales de Juliaca y un reporte general del coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruiz sobre la cantidad de armamentos enviados de Lima para el personal de apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), que llegó a la ciudad. 

En respuesta, el fiscal obtuvo reportes incompletos e ilegibles de parte de la Policía, mientras que el Ejército se rehusó a entregar en el acto, de acuerdo a las actas fiscales a las que accedió OjoPúblico.

“Los armeros entregan las armas y las municiones. Al regresar, los efectivos tienen que precisar lo que están devolviendo. Y si han usado [el arma] tienen que reportar [en el cuaderno de armería] y también hacer su acta de ocurrencia. En el cuaderno sólo se hace la entrega, se pone uno, dos o tres [balas], pero sí ha hecho uso, para eso tiene que hacer su informe. El armero va a verificar la falta de balas y ahí tiene que haber un descargo escrito”, explicó el exministro del Interior, Cluber Aliaga. 

A MEDIAS. Según el reporte de armas de la unidad de Seguridad del Estado, solo un efectivo retiro una pistola Pietro Beretta el 9 de enero.

 

Las copias de los cuadernos de armería obtenidas por la Fiscalía en Juliaca no presentan, en ningún caso, la columna para precisar la cantidad de municiones retornadas, lo cual evita que se pueda conocer si los efectivos de dicha dependencia utilizaron su arma o no. 

Además, solo en el listado del 9 de enero se han encontrado varios casos en los que no se precisa el tipo de arma y en 141 casos no se ha llenado o está llenado de manera ilegible el número de serie del arma retirada. 

En paralelo, existen cuadernos con información que no se entiende por estar escrita de manera ilegible, desde el nombre, el tipo de arma, el número de serie, la cantidad de municiones y hasta las horas de salida y entrega.

El fiscal Guido Pilco explicó a OjoPúblico que él solicitó los cuadernos de armería debido a que son documentos que contienen información relevante sobre el uso de las armas durante las protestas y porque deberían servir para determinar a qué armas se van a realizar la pericia balística. Sin embargo, queda duda de cuánto podría servir la información entregada en las condiciones descritas.

“Yo pienso que sí debe estar en sus reportes, cuántas [armas] tienen, no tienen, tipo de armamento. Tengo entendido que, cuando sacan un armamento, tienen que dar cuenta de si ha sido utilizado o no. Es más, tienen que hacer de manera personal, cuando son parte de una unidad, su acta de ocurrencias. Ahí tendría que aparecer si han hecho uso o no”, señaló el fiscal de crimen organizado.

No obstante, en el requerimiento que hace la Fiscalía a las unidades policiales no precisa la actas de ocurrencia, solo piden los cuadernos de armería. Es por ese motivo que, hasta la fecha, la Policía solo ha entregado cuatro reportes de ocurrencia de uso de armas del 9 de enero, pese a que existen vídeos que muestran el uso desproporcionado de las armas. Por cada uso de arma se debería redactar un reporte. 

En el caso del Ejército, en una diligencia del 11 de enero, representantes de la Fiscalía acudieron al cuartel Francisco Bolognesi GAC N° 4 "José Joaquín Inclán" y requirieron el rol de servicio del personal que estuvo presente en el control de las manifestaciones desde el 4 al 10 de enero. En este fuerte existen dos bases, ambas dependen de la Cuarta Brigada de Montaña. El acta fiscal de aquella visita señala que el mayor Eduardo Rueda Ángeles y el capitán Jhon Benítez Luque no entregaron los cuadernos de armería y la relación porque se tenía que pedir el permiso de la cuarta brigada.  

Cinco días después, el Ministerio Público realizó un nuevo pedido. El 16 de enero, diversos representantes de la Fiscalía y la Policía acudieron a la sede de la Cuarta Brigada de Montaña. El mayor EP Raúl Loayza Pocco, asesor legal del cuartel, le informó a los fiscales que no brindarán la información debido a que existe un plan operativo que todavía se encuentra en aplicación, esto de acuerdo a la acta fiscal de dicha visita. 

“El asesor jurídico refiere que no es posible acceder a lo solicitado en razón de que a la fecha aún se encuentran en ejecución del plan de operaciones de las acciones militares que vienen participando el ejército en apoyo de la policía nacional”, se lee en el acta.

El Ministerio Público tampoco ha podido acceder a la información del cuaderno de armería del personal de apoyo de las USE Arequipa, Lima, Cusco, que participaron de la represión de las protestas en el aeropuerto de Juliaca.

La Policía y el Ejército han entregado información incompleta que poco podría ayudar en la investigación. Será necesario que el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua solicite con premura las actas de ocurrencias de todos los efectivos que usaron sus armas el 9 de enero. Mientras no se garantice el adecuado cuidado de la cadena de custodia, específicamente del armamento, será más difícil identificar y sancionar a los responsables de las muertes en Puno y Ayacucho.