La justicia se encamina para los siete menores de edad asesinados por las fuerzas del orden durante las protestas de 2022 y 2023. En un país abrumado por una crisis sistémica y en un contexto en que el 88% de los peruanos considera que el acceso a la justicia es muy o algo desigual, la fiscalía ha identificado a los presuntos policías y militares detrás de estas muertes en protestas. 

A dos años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la violenta represión policial y militar a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, en la que murieron 49 civiles, al menos 48 policías y militares han sido imputados por el homicidio calificado de Cristofer Ramos Aime (15), David Atequipa Quispe (15), Robert Medina Llanterhuay (16), Jhonatan Tello Claudio (17), Elmer Zolano Leonardo (16), Jhamileth Aroquipa Hancco (17) y Brayan Apaza Jumpiri (15).

Las cadenas de mando de los operativos policiales y militares en Ayacucho, Juliaca, Apurímac y Junín ya han sido identificadas y la evidencia sobre estos homicidios es contundente, según documentos del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) a los que se tuvo acceso OjoPúblico.

Las cadenas de mando de los operativos policiales y militares en Ayacucho, Juliaca, Apurímac y Junín ya han sido identificadas".

Los primeros responsables de los asesinatos de los menores podrían ser llevados a juicio en los próximos dos años, de acuerdo a los abogados de sus deudos. El contraste con lo que ocurría hace un año, cuando la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides trasladó los casos a Lima y creó el Eficavip, es evidente: los familiares de las víctimas y sus abogados percibían estancamiento en las investigaciones y encubrimiento de los responsables.

Así lo documentó Adolescentes en la mira, serie periodística de este medio que, tras recorrer las cuatro regiones y recopilar múltiples evidencias de los crímenes, adelantó una conclusión que hoy la Fiscalía comparte: los adolescentes fueron asesinados por fuerzas del orden, a pesar de que no suponían riesgo alguno.

“El caso ha avanzado para todos”, dice Gloria Cano, abogada de los deudos de Cristofer Ramos Aime. “Hay una actitud del Ministerio Público de cerrar líneas de investigación”. 

DUELO. En la represión policial y militar a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 fallecieron 49 civiles en Perú.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

Apurímac, donde todo comenzó

David Atequipa Quispe y Robert Medina Llanterhuay fueron las primeras víctimas menores de edad. El 11 de diciembre de 2022, cuatro días después del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, David, de 15 años, había ido a curiosear a las inmediaciones del aeropuerto de Andahuaylas. Allí comenzó la primera de las grandes protestas contra Dina Boluarte y el Congreso.

El aeropuerto había sido tomado por manifestantes y la Policía intentaba restablecer el control. En una pampa, ubicada a unos 500 metros al noroeste de la pista de aterrizaje, David fue alcanzado por una bala. 

El adolescente había ido con la intención de transmitir la manifestación por TikTok, contó Michael Quispe Ñahui, su cuñado; pero la tensión iba en aumento y, en cuanto escucharon los primeros disparos, intentaron correr. El proyectil de 5 mm —compatible con las armas de la Policía— entró por la espalda de David y salió por debajo de su clavícula derecha.

Al menos 48 policías y militares han sido imputados por el homicidio calificado de adolescentes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte".

En octubre último, el Eficavip formalizó la investigación preparatoria contra siete miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de David. Todos ellos fueron imputados por homicidio calificado a título de dolo eventual con alevosía y grave violación a los derechos humanos, en el contexto de protestas sociales. 

En el argot fiscal, la formalización implica que hay evidencia contundente de homicidios y que la investigación se amplía para recoger más indicios. También significa que identificaron a los presuntos responsables de no evitar el derramamiento de sangre. Este es el punto en el que están todos los procesos que involucran a víctimas menores de edad. 

En el caso de David y otras cuatro víctimas mayores de edad, figuran el teniente general Raúl Alfaro Alvarado, entonces comandante general de la PNP; el general Luis Jesús Flores Solís y el coronel Alexis Boris Luján Ruiz, en condición de comandos generales del Frente Policial Apurímac. Éste último también figura como comando operativo de la División Policial de Andahuaylas.

Por la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Diropesp), han sido involucrados el general Luis Fernando Reátegui Lazarte, en condición de comando general, y el coronel Carlos César Guizado Solís, comando y jefe operativo. También el comandante Braulio Alfredo Jiménez Mango, jefe operativo, y el mayor Roberto Fernández Peña, en condición de oficial adjunto al jefe operativo. 

El caso de Robert Medina Llanterhuay tuvo importantes avances en los últimos meses. A finales del 2023, no había necropsia ni pericia balística, pues su familia se opuso. Hoy, con ambos procedimientos realizados y el análisis de los registros de armamento, ya cinco policías han sido imputados por la Fiscalía por homicidio calificado con alevosía. 

Al día siguiente del asesinato de David Atequipa Quispe, Robert caminó a Chincheros desde el caserío Casabamba, en la altura de las montañas apurimeñas. Lo acompañó su padre, Pablo, quien contó que su hijo quería protestar por la falta de colegio en Casabamba. 

Una vez abajo, el gas lacrimógeno de la Policía los dispersó: Pablo perdió el rastro de su hijo, que subió a un cerro para escapar de las bombas lacrimógenas. Al rato, se enteró de que había muerto.

Testigos que estuvieron en el cerro con Robert dijeron a OjoPúblico que el disparo, que le impactó en el tórax, vino desde la Comisaría de Chincheros, ubicada a entre 300 y 400 metros del lugar donde murió. Desde allí se ve claramente la dependencia policial. 

ROBERT. Tenía 16 años. Sus padres, los agricultores Marleni Llanterhuay Zamora y Pablo Medina García, cuentan que quería ser abogado. Recibió el impacto de un proyectil 9 mm.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La necropsia concluyó que Robert murió tras recibir el impacto de proyectil de 9 mm “proveniente del personal policial que se encontraba en la [comisaría de] Chincheros”, según la formalización de la investigación. 

Con esta evidencia, el Eficavip ha imputado a cinco policías, tres de los cuales fueron identificados por OjoPúblico el año pasado: el general Luis Jesús Flores Solís, entonces jefe del Frente Policial de Apurímac; el coronel Alexis Boris Luján Ruiz, jefe de la división policial de Andahuaylas y Chincheros —ambos también sindicados en el crimen de David Atequipa—; y el mayor Carlos César Cuya Campos, comisario de esa última localidad. 

En el proceso también están incluidos el general (r) Raúl Alfaro Alvarado, quien por entonces era comandante general de la PNP, y el teniente Litman Peña Pacheco. Todos ellos están imputados por homicidio calificado con alevosía a título de dolo eventual y con grave violación a los derechos humanos.

La Fiscalía ha señalado que “personal policial de la Comisaría Sectorial de Chincheros, liderados por el imputado Mayor PNP Carlos César Cuya Campos y el imputado Litman Peña Pacheco, comenzaron a hacer uso desproporcionado de sus armas de fuego (...), realizando disparos en contra de los manifestantes sin medir las consecuencias”. 

La evidencia sobre los homicidios es contundente, según documentos del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales".

En una audiencia, Flores Solís declaró que llegó de Lima a Chincheros el mismo día de la muerte de Robert, lo que podría indicar un limitado tiempo de preparación ante las protestas de gran magnitud. Un testimonio similar recogió este medio para el caso Pichanaki, donde murió el adolescente Jhonatan Tello Claudio. 

En paralelo, el general Luis Fernando Reátegui Lazarte, sindicado como autor de homicidio calificado con alevosía de David Atequipa Quispe, declaró a OjoPúblico que, ante la solicitud de apoyo policial, se envió personal a Andahuaylas, “y ese personal se puso a disposición” de quien lideró el operativo. 

“Yo no estuve en [el operativo de] Andahuaylas; estuve en Lima”, dijo Reátegui Lazarte. Aseguró, también, que el personal fue instruido en el respeto a los derechos humanos. 

El coronel Carlos César Guizado Solís, también implicado en el caso de David, dijo que, al llegar a Andahuaylas, su equipo fue atacado con una granada. “Póngase en nuestro lugar, señor periodista. ¿Cómo hubiera actuado usted?”, preguntó. “Ninguna muerte se justifica, todas deben ser investigadas”, añadió. 

DAVID. Tenía 15 años. Quería ser policía y operador de maquinaria pesada para ayudar económicamente a su familia. Recibió el impacto de un proyectil 5 mm.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

La figura de comisión por omisión —aplicada, sobre todo, a los mandos más altos— es criticada por un policía implicado, para quien las imputaciones deben centrarse en la autoría directa. En su opinión, la comisión por omisión puede responsabilizar a agentes que no tenían control inmediato sobre la vida de los manifestantes atacados. 

En Andahuaylas, los policías tuvieron que actuar ante la primera gran protesta a pesar de que sus operativos policiales e, incluso, sus superiores cambiaron, al menos, tres veces, entre el 10 y el 12 de diciembre de 2022. La llegada, a última hora, de jefes policiales, desde provincias ajenas y con responsabilidad sobre personal desconocido, podría atenuar su responsabilidad, según fuentes de este medio.

Todos los policías sindicados como responsables de homicidio calificado en los casos de Apurímac o sus abogados fueron contactados para este informe. Por diversos motivos, solo los dos efectivos citados brindaron declaraciones.
 

Militares en Ayacucho

A Cristofer Ramos Aime lo mató un militar la noche del 15 de diciembre de 2022. Tenía 15 años. La formalización de la investigación en Ayacucho incluye a 17 militares como autores del delito homicidio calificado con alevosía de él y otras cinco personas, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.  

El año pasado, una testigo de la represión entregó a este medio un video en el que unos 20 soldados armados con fusiles de largo alcance disparan hacia un parque. Durante la balacera, Cristofer salió de ese preciso lugar y, mientras cruzaba la calle, fue impactado por la espalda. 

La trayectoria del proyectil, de 5,56 mm, es consistente con la ubicación de los militares imputados como autores directos de su asesinato: el teniente coronel del Ejército del Perú Jimmy Vengoa Bellota, el capitán Iván Galarza Hinostroza y los tenientes Rafael Osnar Oré, Giacomo Ayaqui Arcana y Jhonatan Ochoa Ramos. A ellos se suman el capitán Edwin Jamjachi Cerrón, el subteniente Alexis Puma Magallanes, el teniente Juan García Bruno y el suboficial Miguel Sapallanay Coronel. 

A Cristofer Ramos Aime lo mató un militar la noche del 15 de diciembre de 2022, en Ayacucho. Tenía 15 años".

Por esos casos, en la modalidad de comisión por omisión también figuran cuatro generales: Jesús Manuel Gómez de la Torre Araníbar, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Miguel Ángel Gonzáles Bohórquez, Jesús Vera Ipenza y Ántero Mejía Escajadillo. 

Cuatro coroneles están en la misma situación. Ellos son Luis Vivanco Palomino, Enrique Sampen Díaz, Lindell Pinto Ybárcena y Carlos Vega Pérez. Aunque se contactó por correo electrónico a los militares mencionados, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

 

Represión a la memoria

Para los familiares de las víctimas de las protestas, el Gobierno es una constante fuente de represión. El mes pasado, durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), más de 90 de ellos viajaron a Lima para lo que llamaron “una marcha por la vida”. 

Durante el recorrido, algunos policías “metieron palo, golpe, empujaron a las señoras”, dice Óscar González Huamán, padre adoptivo de Jhonatan Tello Claudio. Los familiares también fueron acorralados por la PNP para evitar su desplazamiento.

Dina Boluarte ha respondido escuetamente a las interrogantes de la Fiscalía, a pesar de que sobre ella pesa una denuncia por homicidio calificado y lesiones. La denuncia está en manos del Congreso, pero este sólo puede acusar a quien ejerce la presidencia por cuatro delitos, entre los cuales no está considerado el homicidio. 

La ley aprobada por el Parlamento que faculta a la Policía a liderar investigaciones preliminares —atribución que correspondía a la Fiscalía— no aplica en este caso, pues la investigación ya fue formalizada.

La Defensoría del Pueblo, a contracorriente de años previos, no ha tenido un rol activo, desde la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como titular de la institución. Los familiares de los adolescentes no han recibido más de una o dos llamadas, cuentan. 

Celia Quispe Barazorda —mamá de David— recibió dos sesiones gratuitas con un psicólogo. En Ayacucho, Hilaria Aime Gutiérrez —madre de Cristofer— y Ruth Bárcena Loayza —esposa de otra de las víctimas mortales durante las protestas— tuvieron que pagar sus propias terapias, que, a S/80 la hora, están fuera de su alcance. “Del Estado yo estoy olvidado”, dice Hilaria. 

A la represión se suma una disputa en torno a la memoria. Recientemente, la Biblioteca Nacional censuró la exhibición de pinturas puneñas sobre el impacto de las masacres de 2022 y 2023. El año pasado, durante las actividades en Ayacucho por Semana Santa, la Policía intentó evitar la producción de una alfombra floral, con el mensaje “No matarás”. 

El Eficavip, en cambio, “nos facilita información y genera confianza en los familiares”, dice Raúl Samillán Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022-2023. 

ACORRALADOS. En noviembre, deudos y otras personas que participaban de una marcha en el marco de APEC, fueron rodeados por la Policía, en un intento por obstaculizar su movilización.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

CRISTOFER. Tenía 15 años. Trabajaba en el Cementerio General de Ayacucho limpiando nichos y cargando flores. Recibió el impacto de un proyectil 5,56 mm.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Su optimismo se debe al progreso de los últimos meses: de cinco a 33 investigaciones formalizadas entre enero y octubre de este año. El avance, de acuerdo a fuentes de OjoPúblico, se debe a la autonomía que ganó el Eficavip, tras quedar desvinculado del Subsistema Especializado de Derechos Humanos e Interculturalidad. Esto le permitió contar con un presupuesto propio y, a la vez, incrementar su equipo de 11 a 32 fiscales.

Al día siguiente de la represión policial en el contexto del foro APEC, los deudos fueron recibidos por Luis Enrique Valdivia, entonces coordinador de ese equipo fiscal. Pidieron una reunión, aún pendiente, con la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela. 

Caos en la selva central

Ocho horas después de la muerte de Cristofer, en la sierra, la PNP asesinó en la selva a otro adolescente. Las órdenes policiales de las regiones donde las fuerzas del orden acabaron con la vida de menores tienen patrones similares, a pesar del poco tiempo transcurrido entre ellas.  

La madrugada del 16 de diciembre de 2022, Jhonatan Tello Claudio, de 17 años, se encontró con una protesta en la boca del puente Pichanaki, en Junín, cuando volvía a su casa. La Policía intentaba repeler a los manifestantes. De pronto, una bala de 9 mm. lo tumbó al suelo. 

El proyectil, según la pericia balística, fue disparado por un arma corta, similar a las utilizadas por la Policía durante el operativo. En su caso, la Fiscalía sindica como presuntos autores de homicidio calificado, en modalidad de comisión por omisión, a tres policías: Gregorio Martín Villalón Trillo, César Felipe Chávez Navarro y Jonny James Vargas Ontón, como adelantó este periodista en El Búho de Arequipa. 

Villalón Trillo fue jefe de la VI Macro Región Policial Junín. Se le acusa de no supervisar permanentemente las operaciones policiales en Pichanaki, ni evitar el uso excesivo de la fuerza, lo que causó una “fase de crisis” que terminó en la muerte del adolescente. En una audiencia, el policía señaló haber ordenado al comando operativo “cero costo social”. 

JHONATAN. Tenía 17 años. Trabajaba y quería estudiar gastronomía. Recibió el impacto de un proyectil 9 mm durante las protestas de Pichanaki, en Junín.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

A Chávez Navarro, exjefe de la División Policial de Chanchamayo, y a Vargas Ontón, entonces comisario de Pichanaki, se les imputa, entre otras cosas, no controlar de manera permanente el uso proporcional de la fuerza. Los tres policías fueron contactados directamente o a través de sus abogados, pero no se obtuvo respuesta.

Óscar González Huamán, padre de Jhonatan, contó a este medio que fiscales del caso Pichanaki han visitado la zona y que, en su momento, tuvieron conversaciones con el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena. 

“Para los deudos es mucha demora, pero los que llevamos el caso vemos que la fiscal [Isabelina Román Cueto] está en búsqueda de pruebas”, dice Gery Vásquez Cucho, abogada de la familia de Jhonatan. Las armas presuntamente involucradas, agregó, están siendo evaluadas. Con ese y otros análisis, no descarta que el juicio pueda comenzar el próximo año, tras una acusación formal. 

 

Barbarie en Juliaca

El caso de Juliaca es el más complejo: solo en un día —el 9 de enero de 2023— 18 personas fueron heridas de muerte durante la represión policial a las protestas. Entre ellos, los adolescentes Elmer Zolano Leonardo (16), Jhamileth Aroquipa Hancco (17) y Brayan Apaza Jumpiri (15). 

Como narró OjoPúblico a comienzos de año, Elmer fue asesinado en los alrededores del aeropuerto Inca Manco Cápac, con un proyectil de fusil calibre 7,62 mm. A Jhamileth le impactó una bala 9 mm parabellum en el abdomen, mientras caminaba hacia un mercado, cerca del aeropuerto. Brayan, por último, murió de un balazo en la cabeza, a dos cuadras de la Comisaría de Juliaca. 

Como presuntos responsables de sus muertes, la Fiscalía ha sindicado a 19 policías y militares en la modalidad de comisión por omisión de homicidio calificado. También ha identificado con claridad a las cadenas de mando de los operativos. 

Los oficiales de mayor rango son, en primer lugar, el general David Villanueva Yana, jefe de la Región Policial Puno. Según el Ministerio Público, “[ese policía] nada o poco hizo para eludir el resultado que devino en la pérdida de vidas humanas de personas inocentes”. 

El coronel Julio Santos Mauricio Contreras, quien también se desempeñó como jefe de la Región Policial Puno, no habría supervisado y controlado las decisiones y comportamientos de los efectivos policiales. También es investigado el coronel PNP Alberto Miguel Rojas Méndez, jefe operativo en el aeropuerto y zonas periféricas de la ciudad de Juliaca.

ELMER. Tenía 16 años. Era estudiante de secundaria. Ayudaba a su mamá a vender helados. Recibió el impacto de un proyectil de fusil calibre 7,62 mm.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

JHAMILETH. Tenía 17 años. Estudiaba Psicología en Bolivia. A inicios de 2023, estaba en Juliaca, con sus padres. Recibió el impacto de una bala 9 mm.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

BRAYAN. Tenía 15 años. Estudiaba y trabajaba. Quería ser policía. Recibió el impacto de un proyectil en la cabeza.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Entre los imputados por el homicidio calificado de los adolescentes y otras 15 personas, en la modalidad de comisión por omisión, hay 16 policías y militares más. En el primer grupo se encuentran los policías Domingo Martín More More, Julia Elisa Andrade Huanca y Jesús Rafael Alcázar Gallardo.

A estos se suman Joel Arturo Tapia Gillén, Josué David Meza Gonzáles, Elvis Brayan Salcedo Hilario, Elvis Cusacani Choqueza, Jaysiño Leandro Vergara Paredes. También Marco Jonny Montoya Sánchez, Eder Antonio Infanzón Gómez, Juan Manuel Pedrera Ruiz, Martín Ocampo Aguirre y Carlos David Quispe Yasán. 

Entre los militares se encuentran, por último, Henry Guzmán Lastreros, Víctor Pariona López y Manuel Fernando Alarcón Elera. Se solicitó comentarios a todos estos policías y militares mediante correo electrónico. Ninguno respondió al cierre de edición.

El abogado Armando Halire, que representa a deudos de la masacre de Juliaca, señala que los avances en el proceso se deben a la salida de Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación. “Ahora, me siento muy convencido de que la Fiscalía está actuando bien, que está realizando todas las diligencias de manera efectiva. Vemos a la fiscal Nancy Torres y a fiscales adjuntos viniendo a Juliaca constantemente”, dice. 

Al mes de la trágica represión de Apurímac, el Gobierno ni las fuerzas del orden establecieron planes y directivas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Por el contrario, para las protestas de Juliaca, ocurridas casi un mes después, la Policía planificó con detalle su respuesta más violenta.

 

Juicios y riesgos

En un escenario optimista, los juicios por los asesinatos de los menores de edad podrían comenzar en dos años, según los abogados de los deudos. A la formalización de las investigaciones, seguirán las acusaciones y el control de acusación, pasos esenciales para llegar a juicio. 

Sin embargo, existen riesgos, todos ellos en el terreno de la especulación. Los acusados podrían apelar la fecha del inicio de los juicios, lo que extendería el proceso. Un imputado podría fugarse, como sucedió con el suboficial de la PNP Joe Erick Torres Lovón, prófugo desde que le dictaron prisión preventiva por el asesinato de Rosalino Flores Valverde, en Cusco, también durante las protestas contra Boluarte y el Congreso. 

Una pérdida de apoyo del Ministerio Público al Eficavip o injerencias de otras instituciones no pueden descartarse dada la débil institucionalidad. El grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) terminó desapareciendo por presión de la investigada presidenta Dina Boluarte. 

De hecho, poco antes del cierre de este informe, el coordinador del Eficavip, Luis Enrique Valdivia, fue removido de ese puesto por la fiscal de la nación, aunque continúa como miembro del equipo. Ahora, la coordinación está a cargo de Raquel Cárdenas Manrique. A sus actuales responsabilidades en divisiones de derechos humanos y terrorismo, esta fiscal deberá sumar las del Efcavip. 

De momento, sin embargo, lo que impera es el optimismo. En un país como el Perú, eso ya es una pequeña victoria. 

IMPUTADOS. Al menos 28 policías y 20 militares han sido imputados por el homicidio calificado de los adolescentes y otros civiles durante las protestas de fines de 2022 y 2023.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía