Actualización: 21 de febrero de 2023 - 12:10 m.

Con la colaboración de Reynaldo Puma / Red Investigativa Regional.

 

Ayacucho y Puno son las dos regiones que más muertes registran desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de Perú. Solo en un día, el 15 de diciembre del 2022, en los alrededores del aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte de Huamanga, 10 personas murieron por disparos de proyectiles de arma de fuego durante la violenta represión del Ejército. Casi un mes después, el 9 de enero de este año en Juliaca, en los alrededores del aeropuerto Inca Manco Cápac, el supermercado Plaza Vea y de los locales del Banco de la Nación y la Sunat, fallecieron 18 personas producto de disparos de armas de fuego. Solo que esta vez, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional.

En ambos casos, la Policía Nacional –como ha reiterado la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola– estuvo al mando del diseño operativo para el control del orden interno. 

OjoPúblico accedió a documentos oficiales, planes operativos e información de la cadena de mando de la Policía y el Ejército, en las zonas donde fueron destacados cada uno de estos grupos los días en los que se produjeron las muertes, tanto en Ayacucho como en Puno. Esta información también forma parte de los expedientes en las fiscalías de dichas regiones, que investigan el origen de los disparos y las causas de los decesos de civiles.

En total –de acuerdo a la información analizada– OjoPúblico ha podido determinar que en los cuatro puntos críticos de Juliaca, donde fallecieron 18 civiles, participaron 111 policias de Juliaca al mando de tres jefes operativos y al menos 232 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de Lima (Diropesp), USE PNP Lima, USE PNP Arequipa y USE PNP Cusco. Y en el caso de Ayacucho, en el aeropuerto e inmediaciones participaron 113 policías bajo el mando de un coronel PNP, con el apoyo de 63 militares comandados por un teniente coronel y seis jefes de patrulla.

Los planes operativos analizan el contexto social y plantean una estrategia para mantener el orden interno durante un paro o movilizaciones. Esta respuesta, según sus propios manuales, siempre deben diseñarse y ejecutarse respetando las directivas de derechos humanos de la función policial. Estos planes –a los que accedió OjoPúblico y analizamos en este reportaje– detallan la cadena de mando y las responsabilidades de los jefes policiales asignados, desde el comando general hasta los jefes operativos y las fuerzas de acción. 

 El Decreto Legislativo N° 1186 del 2016, que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía, detalla que la línea de comando “es la estructura de la cadena de mando que permite establecer la subordinación de cada efectivo policial a su superior jerárquico y, a su vez, quiénes dependen de él, en razón de la categoría, jerarquía, grado, antigüedad y cargo”.

En el caso de Puno, OjoPúblico accedió a dos planes operativos: “Emergencia Nacional Puno 2022” y “Paro regional indefinido convocado por las diferentes organizaciones sociales en la jurisdicción de la DIVPOL Juliaca - 2023”, que determinan la estrategia de intervención para contener las protestas a partir del 4 de enero de este año. Además, en el caso de Juliaca se incluye el listado de oficiales que llegaron de Lima y otras regiones para apoyar en el resguardo del aeropuerto Inca Manco Cápac. 

Mientras que, sobre Ayacucho, se accedió a la relación de patrullas de acciones militares ante “Otras Situaciones de Violencia (OSV)” en apoyo de la Policía para el 15 de diciembre del 2022, en la que se indica que el encargado de la operación militar en la zona del aeropuerto de la ciudad fue el teniente coronel EP Enrique Sampén Díaz. Según los registros de salida de armamento, los efectivos llevaban consigo fusiles del tipo GALIL. 

DESPLIEGUE POLICIAL. Estos son los puntos donde ocurrieron las 18 muertes de civiles en Juliaca, y la ubicación de las patrullas policiales así como los jefes al mando. 

Infografía: OjoPúblico / Jhafet Pianchachi

 

Los jefes operativos en Juliaca

En Juliaca, el pasado 9 de enero, 14 personas murieron por proyectiles de armas de fuego disparados en los alrededores del aeropuerto (cuando un grupo de manifestantes intentó tomarlo); mientras que otras cuatro fallecieron a unas cuadras del supermercado Plaza Vea (donde se produjeron saqueos) y de los locales del Banco de la Nación y la Sunat; todos en el centro de Juliaca. 

El plan de operaciones de Juliaca —elaborado entre el 1 y el 3 de enero— detalla que en esta ciudad se desplegaron 21 unidades de la policía: una al aeropuerto, otra alrededor del centro comercial donde se encuentra Plaza Vea, otra al local del Banco de la Nación, otra al Poder Judicial, y las demás a otros 16 puntos ubicados en el centro y periferias de la ciudad. 

En Juliaca hay 4 comisarías: Comisaría Sectorial de Juliaca, Comisaría Santa Bárbara, Comisaría PNP Familia y Comisaría Aeropuerto. Del análisis del plan operativo se desprende que los policías asignados a contener las protestas provenían de estos establecimientos y de la Unidad de Servicios Especiales (USE), la Unidad de Emergencia (Uneme), Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (Utsevi), la Sección de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Secpirv), la Unidad de Seguridad del Estado (Usegest), Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), la Comisaría de San Miguel (ubicada fuera del distrito de Juliaca) y el Grupo Terna.

En ese contexto, el oficial encargado de la unidad asignada a proteger la zona del aeropuerto Inca Manco Cápac fue el mayor PNP, Joel Arturo Tapia Guillén, jefe de la USE Juliaca. Junto a él estaban 61 efectivos: 40 suboficiales de la USE-Juliaca, 11 suboficiales de la Comisaría del aeropuerto y 10 suboficiales de la Uneme-Juliaca ubicados en la avenida Independencia. Este fue el punto donde surgieron 14 de las 18 muertes. 

Además, según un acta de constatación fiscal a la que tuvo acceso OjoPúblico, se pudo conocer que, ante los hechos de convulsión social en la región, la Macro Región Policial de Puno solicitó apoyo a la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) para el resguardo de puntos críticos como el aeropuerto. Para ellos, a partir del 27 de diciembre hasta el 8 de enero, llegaron al menos 232 efectivos policiales de la Diropesp PNP Lima, USE PNP Lima, USE PNP Arequipa, USE PNP Cusco, bajo el mando del coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruíz. 

PUNTO CRÍTICO. Esta es la zona donde surgieron los enfrentamientos al derribarse el muro del aeropuerto Manco Cápac, frente a la avenida Independencia. 

Imagen: OjoPúblico / Reynaldo Puma

 

Por ejemplo, Elmer Zolano Leonardo Huanca (16), Heliot Cristian Arizaca Luque (18), Reynaldo Illaquita Cruz (19), Roger Rolando Cayo Sacara (22), Cristian Mamani Hancco (22), Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca (24), Heder Jesús Mamani Luque (38) y Marcos Quispe Quispe (54) fueron heridos mortalmente por proyectiles de arma de fuego en el tórax y cabeza en medio de la avenida Independencia frente al aeropuerto Manco Cápac. Mientras que Uber Pilco Condori (21) murió por un impacto de bala en el pecho al interior del aeropuerto, entre las rejas y zanjas que dan a la misma avenida. 

A solo una cuadra, entre las avenidas Independencia y Aviación, Gustavo Ghiovanny Illares Ramos (21) recibió un disparo en la cabeza y a Ruben Fernando Mamaqui Muchica (55) le alcanzaron dos impactos de bala: una a la altura de los riñones y otra en el muslo izquierdo. 

En tanto, la joven estudiante de Psicología, Yamilet Nataly Aroquipa Hancco (17), que no protestaba, solo pasaba por el cruce de la avenida Independencia y el jirón Nueva Zelandia a dos cuadras y media del aeropuerto, fue alcanzada por una bala que le atravesó el estómago.

Mientras que en la intersección de la avenida Independencia con jirón Escuri fue herido Gabriel Omar Lopez Amanqui (35), quien murió por el impacto de 7 perdigones, de los cuales uno le impactó en el corazón y otros le perforaron los pulmones. 

Cerca al lugar, a unas tres cuadras, en la intersección del jirón 24 de junio con el pasaje Nuevo le dispararon por la espalda a la altura del tórax al brigadista Marco Antonio Samillan Sanga (29), quien se encontraba atendiendo a un niño que se intoxicaba con gas lacrimógeno. Según testigos de la zona, el médico aún estaba vivo cuando fue herido, pero la policía no habría permitido su traslado. 

MEMORIA. Ciudadanos de Juliaca pusieron un nicho simbólico por los fallecidos en la avenida Independencia, frente al aeropuerto Manco Cápac, lugar donde se registró más muertes. 

Imagen: OjoPúblico / Reynaldo Puma

 

Para la protección del centro comercial Real Plaza, en donde está ubicado el supermercado Plaza Vea fue asignado el capitán PNP Abad Gavancho Portugal, integrante de la Comisaría Sectorial de Juliaca. Bajo el mando de dicho oficial estaban 30 suboficiales de la USE-Juliaca ubicados en la intersección del jirón San Martín y jirón Tumbes. 

A tres cuadras de dicho punto, en el cruce de los jirones Ramón Castilla con Moquegua fueron heridos de bala en el pecho tres civiles, incluido un menor de edad: Bryan Apaza Jumpire (15), Paul Franklin Mamani Apaza (20) y Hector Inquilla Mamani (38). 

Y finalmente, en el cruce del jirón San Román con Bolívar, a cuadra y media de Plaza Vea murió Eberth Mamani Arque (40) tras recibir un disparo en el tórax. Las patrullas cercanas a la zona son las que resguardaban el local del Banco de la Nación en el jirón 9 de diciembre y el de la Sunat en el jirón 7 de junio; ambos estaban a cargo del Mayor PNP Wagner Quinteros Frisancho, de la Comisaría de Santa Bárbara. Para cada entidad se ubicaron 10 suboficiales USE; es decir, 20 en esa zona.

 

Los planes de la Policía para Juliaca

En los últimos días de diciembre del 2022, la Policía aprobó el Plan de Operaciones N° 046, al que denominó “Emergencia Nacional Puno 2022”. En este documento que regía las acciones para toda la región se establece la línea de mando a cargo de las operaciones: el general PNP, Carlos Omar Bravo Cáceres, jefe de la X Macro Región Policial Puno, fue el encargado del comando general, y el coronel PNP, Julio Santos Mauricio Contreras, jefe de la Región Policial Puno, el responsable del comando operativo regional.

Las Macro Regiones Policiales son órganos desconcentrados de carácter técnico y operativo; comandan, coordinan y establecen líneas de acción conjunta para la ejecución de la función policial en el marco de los Planes Generales de Operaciones, de acuerdo al ámbito de su competencia. Bajo su mando están las regiones policiales, órganos que ejercen función en una región específica.

El plan general antes descrito indica que las divisiones policiales deben elaborar un plan específico y delimitado por cada jurisdicción. Es por eso que, entre el 1 y el 3 de enero –antes de las protestas que retomaron el 4 de enero en el sur del país– la Policía aprobó el plan operativo: “Paro regional indefinido convocado por las diferentes organizaciones sociales dentro de la jurisdicción de la DIVPOL Juliaca - 2023”. 

Este documento de 19 páginas diseña la estrategia de control interno para atender el paro regional en toda el área de influencia de la División Policial de Juliaca.

“Ejecutar operaciones policiales respecto de la situación actual de conflictividad social y programación de medidas de fuerza programado por las diferentes organizaciones, gremiales, sindicales, políticas, colectivas de dirigentes, frentes regionales, frente de defensa asamblea nacional de los pueblos y otras organizaciones sociales a partir del 4 de enero de 2023”, se lee como misión de la operación. 

"El documento de 19 páginas diseña la estrategia de control interno para atender el paro regional en toda el área de influencia de Juliaca"

En este plan se establece una línea de mando estrictamente para la jurisdicción del distrito de Juliaca, en la provincia de San Román. El coronel PNP, Julio Santos Mauricio Contreras, actual jefe de la Región Policial de Puno, fue designado en la dirección del Comando General, responsable de la elaboración, el seguimiento y la evaluación del plan. 

Antes de ocupar la jefatura de esta región, el coronel Mauricio Contreras se desempeñó como inspector PNP descentralizado de Puno en el año 2020. 

En el 2016, el Tribunal de Disciplina Policial suspendió su ascenso a coronel por infracciones muy graves, graves y leves, cometidos durante su cargo como comisario de la dependencia de San Ramón, en Chanchamayo (en la región Junín). En el 2019, el Tribunal archivó el proceso administrativo, sin pronunciamiento de fondo, por prescripción de las faltas.

La dirección del Comando Operativo se le encargó al coronel PNP, Alberto Miguel Rojas Mendez, jefe de la División Policial de Juliaca (Divpol), responsable de determinar las fuerzas y la logística para el cumplimiento de la misión encargada. 

El coronel Rojas Mendez fue jefe de Orden Público y Seguridad en Madre de Dios, en el año 2018. Un año antes, estuvo en la Dirección de Protección del Medio Ambiente (Depma) en la misma región. Asumió la jefatura de la División Policial de Juliaca en septiembre del 2022, y desde entonces depende operativamente del coronel Mauricio Contreras.

Más abajo se encuentran los jefes operativos, responsables de la ejecución y conducción del plan, en donde se incluye al jefe del Departamento de Unidades Especiales (DUE) de Juliaca y al comandante PNP, Juan Claudio Escobar Prado, comisario de la Comisaría Sectorial de Juliaca, el cual tiene a su cargo a las comisarías de Santa Bárbara, Familia y del aeropuerto.

Además, como apoyo se incluye a las subunidades especializadas de la División Policial de Juliaca, como la Unidad de Emergencia de Juliaca (Uneme), el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (Utsevi), el Grupo Terna y otras unidades ubicadas en Juliaca. Juntas hacen en total 367, 15 oficiales y 352 suboficiales de la policía. No obstante, también se pidió a todas las dependencias poner en alerta absoluta a todo su personal. 

No obstante, debido a la preocupación por la situación social de la región, el jefe de la Macro Región de Puno solicitó apoyo a la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) para el cuidado de puntos críticos como el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac. En respuesta, se enviaron al menos 232 efectivos hasta el 8 de enero para sumarse al trabajo de la Divpol Juliaca y la USE Juliaca. 

Al mando de este grupo estaba el coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruiz, quien se desempañaba como secretario general en la División Contra la Minería Ilegal de la Diropesp hasta el 23 de enero de este año, cuando el ministro del Interior, Vicente Romero, decide cambiarlo a la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP. Años atrás, en el 2019, fue secretario de la Región Policial del Callao.

También se conoció que personal de las Unidades Especiales de Arequipa, Cusco y Lima llegaron para reforzar la protección del aeropuerto. Aunque, hasta la fecha, todavía no se cuenta con el detalle de la cantidad de personal enviado.

PLANES. Tras los primeros sucesos en Andahuaylas y Ayacucho, la PNP armó el plan de operaciones para la región de Puno y para la ciudad de Juliaca. 

 

 

Las fuerzas amigas y enemigas, según la Policía

Los planes operativos realizan un análisis de los diferentes actores que participan en las protestas. Sin embargo, se plantea una categorización de dirigentes y organizaciones sociales bajo el criterio de “amigos” y “enemigos”, lo que revela la mirada de conflicto que tiene la Policía Nacional sobre las protestas ciudadanas. 

En el plan “Emergencia Puno 2022” consideran, por ejemplo, que detrás de las protestas están los dirigentes en Juliaca de la Central Única de Barrios, la Asociación de Deudores Financieros del Perú; los presidentes vecinales de diferentes zonas de dicha localidad, y la Organización de Mujeres Micaela Bastidas; entre otros dirigentes.

Dentro del análisis policial del “Plan de Juliaca - Enero 2023”, se considera como “fuerzas adversas” a “los simpatizantes de las personas o de la causa que origina el conflicto, delincuentes comunes, organizaciones delincuenciales, familiares y simpatizantes vinculados con actividades delincuenciales, delincuentes terroristas, opositores a la política de gobierno de turno, organizaciones sindicales en conflicto y a las ONGs ambientalistas”. 

En tanto, se considera como “fuerzas amigas” al personal de la Policía, de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, Poder Judicial, y las autoridades del Estado en sus tres niveles, así como a la Defensoría del Pueblo, rondas campesinas, sectores responsables y operadores de los denominados Activos Críticos Nacionales (ACN), los cuales son las grandes infraestructuras públicas imprescindibles para el desarrollo nacional o específico de una región.

 

Unidades operativas en Juliaca

El plan operativo de la Policía para Juliaca presenta un anexo en el que detalla los puntos críticos (públicos y privados) que deben ser protegidos por los efectivos, los oficiales responsables y la cantidad de efectivos que deben custodiar dichas zonas. Se dispuso un total de 15 oficiales y 352 suboficiales para dicho fin; además, de al menos 232 efectivos de Lima, Arequipa y Cusco. 

En este caso, se revela que la protección del aeropuerto Inca Manco Cápac, ubicada a una hora a pie de la Plaza de Armas de Juliaca, estaba a cargo del Mayor PNP Joel Arturo Tapia Guillen y debía estar resguardada por 40 suboficiales de la Unidades de Servicios Especiales (USE), 11 suboficiales de la comisaría del aeropuerto y 10 suboficiales de la Uneme. 

Mientras que la seguridad de los alrededores del centro comercial Real Plaza, ubicado entre los jirones San Martín y Tumbes, a cinco cuadras de la Plaza de Armas de Juliaca, estuvo a cargo del Capitán PNP Abad Gavancho Portugal y —siempre según el plan operativo— lo acompañaron 30 suboficiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE). 

Y para el resguardo del Banco de la Nación y Sunat, a dos cuadras de Real Plaza, se dispuso un total de 20 suboficiales USE a cargo del Mayor PNP Wagner Quinteros Frisancho. 

Estos puntos son cruciales, pues en dichos lugares se registraron los disparos que acabaron con la vida de 18 personas durante las protestas del 9 de enero. Catorce cerca al aeropuerto y cuatro en los alrededores del centro comercial.

"Se dispuso un total de 15 oficiales y 352 para custodiar las zonas críticas duranta las protestas en Juliaca"

La mayor cantidad de personal destinado para contener las protestas provino de la Unidad de Servicios Especiales (USE), con 140 suboficiales; luego estaban 78 suboficiales de la Uneme y 35 suboficiales de la la Utsevi.

En la contención de las protestas de Juliaca también participaron dos oficiales y 30 suboficiales de la Comisaría Sectorial de esta ciudad, ubicada a tres cuadras de Real Plaza de Juliaca, tres oficiales y 10 suboficiales de la Comisaría Santa Bárbara, que se encuentra a seis cuadras de dicho centro comercial; un oficial y 10 suboficiales de la Comisaría de Familia, y tres oficiales de la Comisaría de San Miguel, cuya sede se encuentra a seis km del aeropuerto Manco Cápac. 

Para completar el personal destinado para el plan operativo en Juliaca, se designó a un oficial y 23 suboficiales del Grupo Terna, como se llama a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, que depende de la División de Operaciones Especiales. Se trata de agentes que visten de civil y que se infiltran en las manifestaciones.

El fiscal Jhony Baca García, de la Primera Fiscalía Provincial San Román-Juliaca que investiga las muertes en esta ciudad, detalló en una acta que el Grupo Terna en Juliaca, durante los primeros días de enero, estaba a cargo del teniente PNP Robin Paul Lora Saavedra. El efectivo informó al fiscal que la unidad se ubicó en el jirón Pumacahua, calle cercana al centro comercial Real Plaza.  

El 20 de enero de este año, el teniente PNP Saavedra fue trasladado a Lima para una intervención en el Hospital de la Policía porque fue herido en el maxilar inferior durante las protestas. 

Mientras que los 232 efectivos de la Diropesp que llegaron a Juliaca estuvieron al mando del coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruíz. 

 

 

La cadena de mando de la Policía y el Ejército en Ayacucho

El 15 de diciembre del 2022, en el primer día de Estado de Emergencia nacional decretado por el Gobierno de Dina Boluarte, por las primeras protestas de ciudadanos que pedían su renuncia, se dispuso la salida de las Fuerzas Armadas a las calles con el fin de resguardar diversas entidades, tanto públicas como privadas. Aunque, el gobierno enfatizó que los militares estaban solo de apoyo, pues el plan operativo dependía de la Policía. 

El jefe de la VIII Macro Región Policial de Ayacucho es el general PNP, Ántero Mejía Escajadillo, y el comandante de la Segunda Brigada de Infantería Militar de esta región es el general de brigada EP, Jesús Amarildo Vera Ipenza. Actualmente, ambos son investigados preliminarmente por el Ministerio Público como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.

De acuerdo al listado de la orden de operaciones N° 23 de la VIII Macrorregión Policial de Ayacucho se dispuso de un total de 113 efectivos policiales al servicio del Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, de los cuales 48 pertenecían a la Dirección de Operaciones Especiales (Diropes) de Lima, 40 del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de Huamanga, 21 Sinchis Mazamari y cuatro de la Unidad de Servicios Especiales de Inteligencia  (USEINT) de Ayacucho. 

El oficial responsable del contingente policial en la zona fue el coronel PNP José Solano Grandez, quien es el jefe de la Región Policial Ayacucho. Mientras que los responsables adjuntos fueron los capitanes PNP, Alexander Livisaca Huamán (Diropes Lima), Sugar Mayhua Córdova (Depotad Huamanga) y Derek Trejo Pozo (Sinchis Mazamari). 

Según la relación de patrullas, ante “Otras Situaciones de Violencia (OSV)” en apoyo PNP para el 15 de diciembre del 2022, se ubicó a 217 militares, divididos en 20 patrullas de entre 11 a 13 militares cada una en diferentes puntos de Huamanga. De estos, seis patrullas se asignaron al aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte e inmediaciones, otras 13 en el centro de la ciudad, entre la plaza de armas y sus alrededores. Un contingente de reserva estuvo en el cuartel del Ejército Domingo Ayarza, conocido como Los Cabitos. 

"Se ubicó a 217 militares divididos en veinte patrullas en Ayacucho, seis de estas estuvieron en la zona del aeropuerto Mendívil"

Los enfrentamientos en Ayacucho surgieron en el aeropuerto, cuando un grupo de manifestantes ingresó a la pista de aterrizaje. Pero luego se trasladaron hacia las afueras. Las necropsias, testimonios e imágenes analizadas por OjoPúblico en anteriores reportajes señalan que varias personas fueron alcanzadas por disparos de armas de uso militar (Galil) y fuera del aeropuerto. 

En esos casos los cuerpos presentan orificios de ingreso y salida, principalmente en tórax y cabeza, y en varios casos la bala entró por la espalda. Leonardo Hancco (32), por ejemplo, estaba fuera del aeropuerto, cuando recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax. Edgar Prado Arango (51), salió de su casa para auxiliar a un herido y fue alcanzado por un disparo de un proyectil “para cartucho de Fusil HK, GALIL, calibre 5,56 mm y/o 223”.

De acuerdo a la información que forma parte de la investigación fiscal, el oficial asignado a la seguridad del aeropuerto Alfredo Mendívil fue el teniente coronel EP, Enrique Sampén Díaz. Y el suboficial de primera Jaime Díaz Huicho estaba a cargo de 7 militares de la patrulla Nº 10 ubicada en la Torre de Control.    

Clemer Rojas García (22) y Josué Sañudo Quispe (31) fueron alcanzados por disparos en la avenida Amancaes, muy cerca de la prolongación de la avenida del Ejército. Este punto se encuentra frente a la zona de Cannan. En esta área el apoyo militar hacia la policía estuvo a cargo de los técnicos de primera EP, Mario Javier Aparicio (patrilla N°2) y José Córdova García (patrulla N° 19).

La mayor cantidad de muertes en Huamanga se registró en la avenida Abancay, frente al Cementerio General de Ayacucho. En esta área murieron Edgar Prado Arango (51), el adolescente Christopher Ramos (15), José Aguilar Yucra (20), Luis Urbano Sacsara (22) y Raúl García Gallo (35). En esta zona, la patrulla de militares que apoyó a la policía estaba a cargo del capitán EP, Víctor Grados Rivas (patrulla N° 1). 

En una de las diligencias realizadas por la Fiscalía de Ayacucho, se reporta que, frente al grifo, ubicado en la intersección de la avenida del Ejército y Vía de Evitamiento del distrito de Andrés Avelino Cáceres, se hallaron 18 casquillos de bala. En tanto, en las inmediaciones del complejo arqueológico de Conchopata, se hallaron otros dos 2 casquillos de bala. Estas zonas se encuentran en los alrededores del aeropuerto Mendívil. 

 

MILITARES EN AYACUCHO. Registro de las acciones de las fuerzas armadas contra los manifestantes en Huamanga, el 15 de diciembre del 2022.

Responsables de las muertes en investigación

Según el exministro del Interior, Walter Albán, la cadena de mando de la policía en este tipo de intervenciones llega hasta la comandancia general de la PNP. 

Además, la línea de mando tendría un peldaño político que podría llegar hasta el ministro del sector, e incluso al premier y la presidencia. La expresidente del Consejo de Ministros, Ana Jara, explicó a OjoPúblico que, en primera instancia, el Ministerio Público tendría que demostrar que el ministro del sector tenía conocimiento de los planes operativos para incluirlo en la lista. 

“En los operativos de carácter policial o combinado con las fuerzas armadas, la responsabilidad política alcanza al ministro del sector en la medida que toma conocimiento, es decir que si ha sido informado o ha dado la orden para ejecutar determinada manera esos operativos”, señaló.

No obstante, también existe la figura legal de “comisión por omisión”, el cual establece que si un funcionario, en este caso el premier o la presidenta, toman conocimiento de la vulneración de derechos humanos, como lo que ha ocurrido en las diversas regiones, y posterior a ello no realiza ninguna acción de control y corrección, también se le podría investigar como parte de la cadena de mando político. 

“La presidenta y el premier han dicho que ellos no han dado la orden, pero, luego de haber tomado conocimiento, ¿cuáles fueron las medidas que han adoptado?, porque acá se trata de la responsabilidad del Estado. Se tiene que cumplir con la supervisión, control y corrección de las acciones, porque si vuelve a suceder cómo sucedieron los hechos, ahí sí les alcanzaría la cadena de responsabilidad política”, declaró.

Para la abogada y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, los principales responsables políticos de estas muertes son la presidenta Dina Boluarte, el entonces primer ministro Pedro Angulo en los sucesos de Ayacucho, el premier actual Alberto Otárola para el caso de Juliaca, los ministros del Interior y de Defensa, así como los mandos militares y policiales. “Por el contexto en el que se ha dado los homicidios calificados y lesiones graves ya constituyen una grave violación a los derechos humanos”, apuntó.

DECLARACIONES. Desde el inicio de las protestas, la presidente Dina Boluarte ha expresado reiteradamente su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas.