Con la colaboración de Yurela Beraun Lizárraga

 

La tarde en la que lo asesinaron de un balazo por la espalda, Cristofer Ramos Aime, de 15 años, había ido al Cementerio General de Ayacucho. Su madre llevaba un tiempo preocupada. A Hilaria Aime Gutiérrez le faltaban 50 soles —unos 13 dólares— para pagar la próxima cuota de su crédito bancario. 

Cristofer se ofreció a ir al día siguiente, 15 de diciembre de 2022, al cementerio, donde trabajaba desde los 12 años limpiando nichos y cargando flores que familiares de fallecidos llevaban en sus visitas. Ganaba 40 soles por jornada. El pago permitiría cubrir, al menos, parte de la deuda.

La noche previa, mientras cenaban, entraba en vigencia el estado de emergencia en el ámbito nacional, decretado por el Gobierno en respuesta a las protestas que iban surgiendo en rechazo a la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y como pedido del adelanto de elecciones y una asamblea constituyente.

Durante la represión militar en las protestas de Ayacucho murieron 10 civiles. Entre ellos, el adolescente Cristofer Ramos Aime".

Boluarte había asumido la presidencia por sucesión constitucional una semana antes, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, quien fue detenido en flagrancia y vacado de inmediato por el Congreso. 

En los cuarteles, los militares se preparaban para un enfrentamiento que —según informes de inteligencia sin mayor sustento— sería con criminales y terroristas, y terminaría en una brutal represión.

Camino al cementerio

Cristofer despertó temprano el día de su muerte. Mientras desayunaba pan y avena, Hilaria le dijo que, como había paro —así lo habían anunciado organizaciones y ciudadanos ayacuchanos dos días antes—, no habría gente suficiente que atender en el cementerio. Pero él insistió. 

“Aunque sea 20 soles voy a hacer”, recuerda que le dijo. Hilaria es madre soltera y sola no se daba abasto para mantener a sus cuatro hijos. Cristofer se quería comprar un buzo nuevo: en pleno crecimiento, la ropa ya no le quedaba.

Como la cuota del banco se acercaba —Hilaria a veces caía en mora—, el adolescente tomó su mochila, en la que cargaba trapos, perfume en pomos de plástico y jabón líquido para limpiar macetas, y partió. 

Pronto cambió de planes, cuenta su madre. Acompañado de un amigo suyo, un adolescente de 13 años, caminó media hora en la dirección opuesta, hacia el campo, donde pasaría las próximas horas cortando alfalfa. Le pagarían 45 soles. 

El cielo se había descubierto y el sol asomaba, haciendo más duro el trabajo en la chacra.

ESCENARIO. Cristofer trabajaba en el cementerio limpiando nichos y cargando flores. El lugar se ubica frente a un parque. Desde allí, el adolescente intentó escapar de la balacera militar.

Fotos: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Al mediodía regresaron a casa del amigo de Cristofer para almorzar, en el distrito de Carmen Alto, uno de los 16 que componen la provincia de Huamanga, la capital de Ayacucho. En esta región andina fueron asesinadas y desaparecidas más de 25.000 personas durante el conflicto armado interno y la época del terrorismo, entre 1980 y el 2000, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

Los adolescentes comieron y descansaron un rato, distraídos revisando el celular, le contó la madre del joven a Hilaria, luego del asesinato. Al rato, Cristofer se despidió para continuar su jornada en el cementerio. Aunque llegó al lugar, su mamá nunca supo si pudo trabajar esa tarde, dado el caos en la zona.

Cristofer estaba en las inmediaciones del cementerio —colindante con el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte en su extremo suroeste—, cuando se reportaron los primeros muertos de una represión desatada por el Ejército Peruano que duraría, al menos, siete horas y acabaría con su vida, al igual que la de otros nueve ayacuchanos. 

En medio de la convulsión social y la muerte, de gritos y llantos, el adolescente de 15 años cruzó la avenida Abancay, a media cuadra del aeropuerto, sin saber que un militar le apuntaba por la espalda.

 

País en rebelión

Corría diciembre de 2022 y el Perú se había levantado para pedir la renuncia de Dina Boluarte, elecciones generales inmediatas y una nueva Constitución. Algunos incluso buscaban la reposición de Pedro Castillo.

La muerte de seis jóvenes en Apurímac —dos de ellos menores de edad— , entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022, indignaron a los ayacuchanos, que decidieron salir a protestar. 

“Los hermanos de allá están muriendo”, recuerda Ruth Bárcena Loayza que se escuchaba por esos días en el centro de Huamanga. Su esposo, Leonardo Hancco Chaka, un dirigente del sector transporte de 32 años, murió el 17 de diciembre de 2022, dos días después de recibir un disparo durante la represión. Un informe de inteligencia motivó esta y otras reacciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad en aquellos días convulsos. 

El Gobierno de Dina Boluarte había decretado el estado de emergencia basándose en ese documento secreto que aseguraba que, en las protestas, había un “accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso facción VRAEM” y una “simbiosis (...) entre esta organización terrorista y las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se dedican al tráfico ilícito de drogas”, según el semanario Hildebrandt en sus trece. 

El 15 de diciembre, personal de diversas divisiones del Ejército retiró cientos de armas y proyectiles de los almacenes de Huamanga. Entre ellas, fusiles Galil de largo alcance, según los cuadernos de armería. Seis de las patrullas militares estuvieron asignadas al aeropuerto y las inmediaciones de esa zona. En el sector también había alrededor de 70 policías. 

FUERZAS ARMADAS. El 15 de diciembre, militares lanzaron bombas de humo rojo desde helicópteros que sobrevolaban la zona del aeropuerto de Ayacucho a baja altura.

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

 

Los registros de armamento, como informó OjoPúblico meses atrás, tienen serias irregularidades y vacíos de información. A pesar de estas falencias, la data disponible permite establecer que, ese día, el retiro de armas y proyectiles fue superior al de las jornadas previas y posteriores.

La protesta inició por la mañana en la plaza de Huamanga, donde cientos de ciudadanos se congregaron de forma pacífica, con pancartas. Hacia las 10 a.m., a una cuadra de allí, surgió un enfrentamiento menor entre manifestantes y militares, que respondieron lanzando granadas de humo rojo. 

Al mediodía, cuando unas 200 personas llegaron a la puerta principal del aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte, se encontraron con 38 militares y 30 policías, según una investigación de IDL-Reporteros. 

Poco antes de las 2 p.m., un grupo de manifestantes lanzó piedras desde el Complejo Arqueológico de Conchopata, a pocos metros del margen oeste de la pista de aterrizaje, pero fuera del cerco perimétrico del aeropuerto. 

Desde adentro, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersarlos, mientras los militares apuntaban con sus armas a la multitud. Los uniformados no lograron contener su avance en el aeropuerto y comenzaron un operativo de desalojo y represión para el cual no estaban preparados. La balacera se les salió de las manos.

VACIOS. En Ayacucho, los cuadernos de armería están incompletos y, en algunos casos, tienen problemas de legibilidad. Entre las armas retiradas hubo una gran cantidad de fusiles Galil.

Documento: OjoPúblico

 

Leonardo Hancco Chaka fue el primer herido de la represión del 15 de diciembre. Aunque era parte de la manifestación, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que estaba fuera del aeropuerto, en la vía pública, cuando un militar le apuntó. 

Sufrió un “trauma abdomino-pélvico abierto” ocasionado, de acuerdo a la necropsia, por un proyectil 5,56 mm, compatible con un fusil Galil. Su caso ha sido documentado por Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el de otras víctimas.

A poco rato del disparo, Ruth vio videos en Facebook del ataque y corrió en auxilio de su esposo. Al llegar, recuerda, los proyectiles zumbaban sobre ella, mientras se abría paso entre el humo. Nada pudo hacer. 

Semanas más tarde, la mujer perdió a los gemelos de los que estaba embarazada, como quedó registrado en el informe Situación de Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales de la CIDH.

La represión militar continúo en las calles de Huamanga incluso cuando el aeropuerto ya había sido liberado".

Esa misma tarde, en la zona suroeste, a media cuadra del cementerio donde trabajaba Cristofer, otros 150 manifestantes entraron a la pista de aterrizaje tras forzar las rejas de seguridad. Hacia las 5 p.m., por allí saldría una patrulla de militares a la vía pública a continuar la represión.

Mientras ocurría el operativo, dos helicópteros que sobrevolaban la zona a baja altura, según contaron tres testigos a OjoPúblico, arrojaban humo rojo para disuadir a los invasores, algunos de ellos armados con piedras, hondas y explosivos improvisados, como bombas molotov. En paralelo, otras patrullas militares recorrían calles aledañas al aeropuerto para ahuyentar a manifestantes de ese punto crítico.

Un informe operativo de las acciones militares llevadas a cabo por la Segunda Brigada de Infantería de Huamanga entre el 14 y el 16 de diciembre, difundido por La Encerrona, señala que no se disponía de equipos contra motines o disturbios civiles, como armas no letales. 

También reconoce que las patrullas salieron con fusiles Galil que “no [estaban] diseñados para hacer frente de manera eficiente a manifestantes violentos”. La brigada tampoco contó con un sistema de comunicaciones preparado para enlazar al comando con las patrullas. Los militares debieron usar sus celulares personales. Esta falencia derivó en una toma de “decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza”. 

Cristofer trabajaba en el cementerio desde los 12 años para ayudar con los gastos de la casa y los estudios de su hermana".

Al final de la tarde, los manifestantes habían sido forzados a salir del aeropuerto con bombas lacrimógenas, disparos y piedras. Otro grupo de uniformados permaneció resguardando el aeropuerto desde adentro. 

El punto crítico había sido liberado. Sin embargo, la represión militar continuó en la calle, en la esquina colindante con el Cementerio General de Ayacucho, donde Cristofer trabajaba a tiempo completo, tras haber dejado el colegio medio año antes, para ayudar con los costos de la casa y los estudios de Analuz, su hermana de 19 años, en una academia. Antes de inscribirse en ella, Analuz había querido ser policía.

El cielo de Huamanga se comenzaba a tapar con densas nubes que auguraban lluvia.

A esas horas, una patrulla de unos 20 soldados que portaban fusiles realizó múltiples disparos en dirección al parque frente al cementerio, demuestra un video grabado por un vecino de la zona al que accedió OjoPúblico. 

PATRULLA. El 15 de diciembre de 2022, cuando el aeropuerto ya estaba despejado, la represión militar continuó en las calles de Huamanga.

Video: OjoPúblico

 

La patrulla estaba comandada por el capitán Víctor Grados Rivas, como informó este medio meses atrás, y se apostó en la esquina suroeste del aeropuerto, en el cruce de la avenida Abancay con las calles Los Ángeles y Corpac, a pocos metros del cementerio y de un parque rodeado de restaurantes. 

En medio de la balacera, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros, pero este continuó al menos dos horas más. 

Hacia las 6 p.m., ya habían recibido disparos mortales Clemer Rojas García, José Sañudo Quispe y Edgar Prado Arango, quien al salir de su casa para socorrer a un herido fue impactado por un proyectil de fusil Galil que le perforó el abdomen. 

Poco rato después, también serían heridos fatalmente Raúl García Gallo, Jhonatan Alarcón Galindo, José Luis Aguilar Yucra, Luis Miguel Urbano Sacsara y Jhon Jenrry Mendoza Huarancca.

En la esquina donde se ubicaron los militares, entre el aeropuerto y el cementerio había, principalmente, espectadores de las protestas, según evidencia recogida por OjoPúblico de cámaras de seguridad, videos de vecinos y declaraciones de testigos. 

Aun así, los militares apuntaron hacia la esquina del cementerio, hacia el parque, hacia quienes presenciaban los hechos. 

 

Por la espalda

En su casa, en las alturas de Huamanga, Hilaria escuchaba los balazos. Al poco tiempo, la vivienda sería destruida por un huaico que, junto con paredes y pisos, arrasó también con fotos y recuerdos de su hijo. Hoy, la maleza se amontona en lo que solía ser el cuarto de Cristofer.

Esa tarde de diciembre, mientras los militares avanzaban desde el aeropuerto hacia la esquina del cementerio, Hilaria cuidaba a sus dos hijos menores y trabajaba en su pequeña huerta, donde siembra papa y verduras para preparar la comida que vende en la calle, en estaciones de servicio y en las afueras del hospital, por unos 700 soles mensuales, equivalentes a unos 187 dólares. 

Hilaria no es ajena a los balazos. Entre finales de los años 80 e inicios de los 90, cuando era niña, presenció acciones violentas del grupo terrorista Sendero Luminoso en Ayacucho. A su papá alguna vez le pegaron los senderistas, recuerda. Su madre, para protegerla a ella y a sus 13 hermanos, cavaba huecos en el campo y los escondía allí, “como conejitos”. 

Preocupada, Hilaria llamó a Cristofer hacia las 3 p.m, pero no contestó. Creyó que el asunto no pasaría a mayores. Serán disparos al aire, pensó.

Dos helicópteros sobrevolaban la zona, lanzando un humo rojo. María*, que nunca había escuchado un disparo, se asustó. Esa tarde, según contó a OjoPúblico, estaba de visita con su hermana en casa de un familiar, cerca del aeropuerto, y salieron a la calle para ver lo que sucedía. 

DOLOR. Poco después de la muerte de Cristofer, la casa de Hilaria fue destruida por un huaico que, junto con paredes y pisos, arrasó con fotos y recuerdos del segundo de sus cuatro hijos.

Fotos: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Una mujer que caminaba por el lugar les pidió que llevaran vinagre y agua a la zona del cementerio.

—Pobrecitos, los están masacrando —les dijo. 

María y su hermana fueron a una tienda y, hacia las 4 p.m., caminaron a la esquina fatal con el pedido.

Las sirenas de las ambulancias se fundían con los gritos de un grupo de personas mayores, jóvenes y niños que, curiosos y asustados, miraban hacia la pista de aterrizaje del aeropuerto, a pocos metros de distancia. María vio a manifestantes con hondas artesanales enfrentarse a militares armados con fusiles Galil de largo alcance. 

Poco después, personal del Ejército que salió del aeropuerto a la avenida Abancay —en la esquina del cementerio donde estaban María, su hermana y el resto de espectadores— abrió fuego. Apuntaron hacia los curiosos, hacia el cementerio, hacia el parque. “Era brutal —recuerda— disparaban sin reparo”. 

La gente comenzó a correr, a aplastarse. En ese caos, Urbano Saccara cayó al piso en medio de un charco de sangre. María se abrió paso entre la muchedumbre y grabó con su celular al hombre tirado en el piso.

CAOS. La patrulla se apostó en una zona donde había, principalmente, espectadores de la protesta y disparó hacia la multitud. En ese caos, Luis Miguel Urbano Saccara cayó herido.

Video: OjoPúblico

 

Los espectadores lloraban de impotencia, gritaban a los soldados “paren, por favor”, llamaban a las ambulancias que rondaban el parque. Ninguno de esos ruegos los detendría. 

Un grupo de jóvenes decidió defenderse con pirotécnicos artesanales, utilizados en las fiestas costumbristas, que lanzaron hacia los soldados. 

Ana, propietaria de un restaurante de comida típica, miraba desde su balcón a los jóvenes lanzar pirotécnicos, mientras otros pedían a la muchedumbre “vayan, vayan” para enfrentarse a los militares. Era, según testigos, un grupo reducido. 

Entre seis y 10 pirotécnicos pasaron cerca de los soldados, pero impactaron en paredes y techos aledaños. Hacia las 6 p.m., dice María, ya los militares querían “matar por matar”. 

Cristofer estaba en el parque, presuntamente protegiéndose de la balacera. Hilaria lo había vuelto a llamar al celular, preocupada por los balazos que escuchaba desde su casa. No contestó. 

Quizás para escapar o para buscar mayor protección, Cristofer salió del parque y cruzó la avenida Abancay en dirección al restaurante de Ana. Unos 30 metros a sus espaldas, un soldado le disparó antes de que alcanzara la mitad de la pista. 

La bala entró a la altura del omóplato derecho y salió por el brazo izquierdo. El adolescente se desplomó sobre el asfalto como si sus piernas fueran de gelatina. 

La búsqueda de justicia y sus obstáculos

En abril de este año, cuando las investigaciones fiscales fueron trasladadas a Lima tras la conformación del Equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas (Eficavip), se anunció que habría mayor celeridad en la investigación por los 49 fallecidos durante la represión policial y militar de diciembre de 2022 y comienzos de 2023 en Perú.

Sin embargo, a solo unos días del aniversario de la brutal represión de Apurímac y Ayacucho, no se conocen siquiera los primeros alcances del Eficavip. En estos meses, los deudos y heridos de la última región andina se han visto obligados a participar en sesiones virtuales entrecortadas e impuntuales vía Zoom. 

La fiscal a cargo del equipo, Marena Mendoza Sánchez, ha visitado la ciudad de Huamanga y se ha reunido virtualmente con los deudos. Sin embargo, Ruth Bárcena Loayza señala que su antecesora —Karen Obregón Ubaldo, afincada en Ayacucho y con experiencia en casos vinculados a vulneraciones de derechos humanos— dedicaba más tiempo al caso. Por eso, los familiares de las víctimas piden que la investigación regrese a la Fiscalía de la región.

Aunque fue contactada, Mendoza Sánchez no respondió al pedido de entrevista de OjoPúblico. En los últimos días, la fiscal asumió, por encargo de la titular del Ministerio Público, la coordinación del equipo especial Lava Jato tras la licencia solicitada por el suspendido fiscal Rafael Vela Barba, según informó Epicentro. 

EVIDENCIA. El informe pericial de balística forense practicado al cuerpo de Cristofer señala que sus heridas fueron producidas por un proyectil para cartucho de aproximadamente 5 mm.

Documento: OjoPúblico

 

Actualmente, compagina esta responsabilidad con la del Eficavip, según confirmó este medio con una fuente de la Fiscalía.

Hasta mayo, antes de que el Congreso nombrara a Josué Gutiérrez Cóndor —sin especialización en derechos humanos— como defensor del pueblo, la institución acompañó a algunos familiares de las víctimas. Por ejemplo, se realizaron sesiones informativas con la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre. Desde entonces, el proceso no ha sido el mismo, señala Ruth Bárcena Loayza, presidenta de la asociación.

Mientras tanto, el desprecio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido en aumento. Meses atrás, OjoPúblico reportó que, en el actual Congreso, se han presentado al menos tres proyectos de ley que plantean expresamente la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros dos que lo proponen de manera indirecta en su contenido.

Más recientemente, el Legislativo también aprobó la creación de una comisión de alto nivel para elaborar propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo reportó 1.327 acciones de protesta y 153 hechos de violencia a cargo de manifestantes en todo el país. A los 49 civiles fallecidos durante la represión estatal se suma la muerte de otros 11 civiles por causas indirectas, como accidentes de tránsito y otros hechos vinculados al cierre de carreteras. Asimismo, un policía y seis militares fallecieron en el contexto del conflicto.

En este escenario, la evidencia recogida durante la represión a las protestas de Ayacucho muestra que las fuerzas de seguridad violaron protocolos nacionales e internacionales, que detallan que el uso de la fuerza, en manifestaciones, debe ser guiado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación.

Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos también han documentado estas vulneraciones. El informe final de Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado que “el uso de la fuerza fue ilegítimo e innecesario” y que, además, se registraron casos compatibles con “ejecuciones extrajudiciales”.

MORTAL. Cristofer sufrió un traumatismo torácico abierto —con fractura múltiple de la cuarta vértebra dorsal y una costilla, además de laceración del pulmón izquierdo— y una hemorragia.

Documento: OjoPúblico

 

Sentencias de la Corte IDH, como Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, del 2007, exigen que el uso de la fuerza sea adecuado al nivel de resistencia y que las autoridades distingan entre actos violentos y pacíficos; no fue así en el caso de Cristofer Ramos.

Al adolescente ayacuchano de 15 años le dispararon por la espalda, lo que comprueba que Cristofer corría de, no hacia las fuerzas de seguridad. El video de su muerte y la trayectoria de la bala así lo demuestran. 

Además, los orificios de entrada y de salida que dejó el proyectil en su cuerpo —para cartucho aproximado al 5 mm o su equivalente en pulgadas, según la necropsia practicada a su cuerpo— son compatibles con los Galil, fusiles utilizados por los militares durante la represión. 

Lo mismo ocurrió con, al menos, otras cinco de las diez víctimas mortales de ese día. En el caso de Cristofer, la necropsia reveló que el proyectil le provocó un traumatismo torácico abierto —con fractura múltiple de la cuarta vértebra dorsal y una costilla, además de lacerarle el pulmón izquierdo— y una hemorragia mortal. Los testigos consultados por OjoPúblico señalan que nadie en la zona portaba armas de fuego salvo los militares. 

REPRESIÓN MILITAR. Durante más de una hora, una patrulla de militares disparó desde esta esquina. Más abajo, en la misma calle, cayó muerto Cristofer Ramos.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Al día siguiente

El 15 de diciembre de 2022, cuando Cristofer no llegó a dormir, Hilaria creyó que había pasado la noche donde su padre. No lo pudo confirmar: el suministro eléctrico se había cortado a las 6 p.m. y, al poco rato, la batería de su celular se agotó.  

A la mañana siguiente, con la electricidad de vuelta, recibió una llamada de su excuñado. Cristofer estaba en el hospital, le dijo.

Hilaria se dirigió de inmediato a la zona de emergencias del hospital de EsSalud, el seguro social del Estado peruano. Quería preguntarle qué pasó, por qué no había regresado por la noche. Quizás fue atropellado, pensó en el camino.

 En la puerta de emergencias, los doctores le pidieron que esperara. Exigió ver a su hijo. Que se tranquilice, le dijeron, que se siente. Hilaria esperó 10, 20 minutos, hasta que un doctor apareció y le informó que su hijo había muerto. 

Luego, le dijeron que quizás el muerto no era su hijo. 

Hilaria cuenta que comenzó a alocarse, a ver oscuro. Exigió, de nuevo, que la dejen verlo. Pero el doctor le pidió que mejor espere a su hija, que ya estaba en camino. Unos 20 minutos después, cuando estaba al borde de una crisis, llegó Analuz. 

Entraron juntas a la morgue. Aunque lo vio en la camilla, Hilaria estaba convencida —a veces sigue convencida— de que Cristofer aún dormía donde su papá.

 

* El nombre de la testigo fue modificado para proteger su seguridad.