Doce horas antes de que fuera asesinado, el adolescente Jhonatan Tello Claudio pidió a sus padres que lo bautizaran. Esa semana de diciembre de 2022 había visto por televisión enfrentamientos entre policías y manifestantes en Apurímac, que dejaron seis civiles muertos, entre ellos dos menores de edad. El Perú comenzaba a protestar y, en Pichanaki, se sentía la tensión.

Desde el 7 de diciembre, el día que Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado, fue vacado por el Congreso y sucedido en el poder por Dina Boluarte, diversas organizaciones salieron a manifestarse en aquel distrito de la provincia de Chanchamayo, en la región Junín, a las puertas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

Por momentos, bloqueaban el puente Pichanaki, la única vía sobre el río del mismo nombre que conecta a este distrito con el de Perené y la selva. Exigían la renuncia de Boluarte, elecciones generales inmediatas para componer un nuevo Congreso, y una asamblea constituyente. 

Por momentos, bloqueaban el puente Pichanaki, la única vía que conecta al distrito con el de Perené". 

Sentado frente a un plato de papa y atún arrebozado, Jhonatan les había dicho a sus padres que el sacramento lo prepararía para la muerte. A Óscar González Huamán, el pedido de su hijo adoptivo le aguó el almuerzo. Un chico de 17 años no tiene por qué preocuparse por eso, pensó. 

En esos días convulsos, Jhonatan había querido husmear las protestas desde la vereda. En su familia, como la mayoría de la zona, estaban acostumbrados a los paros y manifestaciones, pero esta vez era diferente. Una rabia contenida venía recorriendo el país, región por región, y ese 15 de diciembre comenzaba a verterse en las calurosas calles de la selva central. 

Su madre, Carmen Tello Claudio, se lo prohibió tajantemente. “No vale ni siquiera mirar porque te cae bala”. 

Las marchas contra el gobierno de Boluarte

El 7 de diciembre de 2022, el Perú entró a un nuevo capítulo de su historia reciente. Tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo —un presidente acorralado por serios y documentados casos de corrupción, pero con apoyo popular, sobre todo, en el sur andino—, se sucedieron, casi de inmediato, protestas espontáneas en múltiples regiones del país que exigían borrón y cuenta nueva: elecciones inmediatas para renovar cargos políticos y una nueva Constitución. 

Las movilizaciones discurrían entre la desilusión y la violencia. Hubo marchas pacíficas, con carteles y exclamaciones. Y otras, donde se atacó propiedad pública y privada —como oficinas de fiscalías y medios de comunicación—, se invadieron aeropuertos y se bloquearon carreteras.

Ante el caos, las autoridades, entre ellas la presidenta Boluarte y algunos de sus ministros, como Luis Alberto Otárola, entonces titular de la cartera de Defensa y hoy presidente del Consejo de Ministros, acusaron a los manifestantes —sin ofrecer ninguna evidencia— de ser terroristas, de estar azuzados por radicales, por Evo Morales, por Venezuela. 

BARRIO. Jhonatan vivía con su familia en la calle Los Postes. En esa misma vía, a unas cuadras de su casa, fue herido mortalmente.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Bajo presión y sin entender lo que sucedía en las entrañas del Perú, el 14 de diciembre de 2022 —un día y medio antes de la muerte de Jhonatan— el Consejo de Ministros acordó imponer el estado de emergencia nacional basándose en un informe secreto de inteligencia. 

El documento, según el semanario Hildebrandt en sus trece, sostenía que en las movilizaciones había un “accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso facción Vraem” y una “simbiosis existente entre esta organización terrorista y las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se dedican al tráfico ilícito de drogas”.

Basándose en esa información, las fuerzas del orden no buscarían apaciguar manifestaciones civiles, sino luchar contra un enemigo. 

 

Junín se une

En Junín, las principales manifestaciones se dieron en Pichanaki. El distrito, ubicado a diez horas de Lima en auto, vive principalmente del comercio y la agricultura de café, plátano, frutas y jengibre. 

El calor y el bochorno son agobiantes: hacia el mediodía la temperatura supera los 37°C. A pesar de sus dimensiones —duplica el área de Lima Metropolitana—, la zona central de Pichanaki no excede los cinco kilómetros a lo largo de la Carretera Central, también llamada Avenida Marginal, donde operan decenas de locales de abarrotes, avícolas, ferreterías, farmacias y tiendas de ropa y frutas. 

A diferencia de otros pueblos de la selva central, como La Merced, en Pichanaki la carretera central tiene ocho carriles divididos por bermas, lo que el 15 y 16 de diciembre facilitó la dispersión de los manifestantes y el descontrol del operativo policial.

La protesta inició pacíficamente el miércoles 7 de diciembre y, gradualmente, se fue tornando cruenta. Duró al menos diez días y sólo terminaría tras la muerte de tres ciudadanos. 

Por aquellos días convulsos, Jhonatan trabajaba como de costumbre en el restaurante de pollo broaster de su familia, donde preparaba caldos para los clientes, y se distraía jugando fútbol.

TESTIMONIO. Vargas Ontón aseguró que los manifestantes querían incendiar la comisaría. Esto, agregó, había sido advertido por una nota de inteligencia.

Documento: OjoPúblico

 

Según la declaración del comandante PNP Jhonny Vargas Ontón —comisario de Pichanaki entre el 13 de diciembre de 2022 y el 4 de enero siguiente y jefe de las operaciones policiales durante esos días— ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaki, el 15 de diciembre, los manifestantes “tenían la intención de quemar la comisaría” en un intento para lograr la liberación de algunos detenidos los días previos. 

Aunque, inicialmente, Vargas Ontón señaló que los manifestantes estaban armados con piedras, palos, bombas molotov, pirotécnicos y que había “disparos de armas de fuego”, cuando se le pidieron mayores precisiones dijo que no observó “si los manifestantes portaban armas de fuego”. 

Vargas Ontón, otros policías y algunos de quienes participaban de las protestas testificaron que hubo civiles y policías heridos por armas de fuego. En la lista de heridos que maneja la Fiscalía figuran 52 personas, entre ellas 43 civiles y nueve policías.  Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia, más allá de las declaraciones, de que los manifestantes hayan manipulado armas de fuego. Asimismo, oficiales de la Policía señalaron haber hallado una pistola Glock “artesanal” a unos 50 metros del puente Pichanaki, pero no mostraron mayor evidencia.

La Policía sindica al excongresista Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma como organizador de las protestas en las inmediaciones del puente Pichanaki. Según el comandante Vargas Ontón, Chavarría Vilcatoma lideró, por lo menos hasta el jueves 15 de diciembre en la mañana, un grupo de unas 100 personas que bloqueó el puente y la carretera de forma intermitente. Tres manifestantes —Modesto Leonardo Arrosquipa Gómez, Luis Paucar Quintanilla y Erlix Ñaupari Barzola— también señalaron a Chavarría ante los fiscales.

 En las movilizaciones del año pasado participaron, además, miembros del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Junín, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú, entre otros, de acuerdo con una nota de inteligencia que forma parte del informe 196-22 de la VI Macro Región Policial de Junín a la que OjoPúblico tuvo acceso. 

CONTRADICCIÓN. Vargas Ontón reconoció que no vio si los manifestantes tenían armas de fuego en su poder, aunque antes había hablado de disparos.

Documento: OjoPúblico

 

Esas eran las manifestaciones que Carmen Tello Claudio, preocupada por los asesinatos durante la represión de Apurímac, no quería que su hijo fuera a ver a la calle.

La noche del 15 de diciembre, ocho días después del inicio de las protestas en Junín, diversos grupos de manifestantes salieron a las calles de Pichanaki. En las horas previas, el Ejército Peruano había iniciado una brutal represión a las manifestaciones de Huamanga, en Ayacucho, que dejó múltiples víctimas: ocho de ellas murieron ese día —incluyendo el adolescente Cristofer Ramos— y dos en los días siguientes. 

A partir de las 10:30 p.m. unas 300 personas armadas con palos, piedras, machetes, pirotécnicos y bombas molotov buscaron tomar la comisaría, según el testimonio del policía Edgar Sarmiento Livizaca al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Sarmiento fue herido con una bomba molotov en la espalda y en la mano izquierda. 

No hay certeza acerca de la cantidad de manifestantes frente a la comisaría: en documentos y testimonios, el número varía entre 25 y 500".

En otro testimonio, el policía Anthony Rubén Arcos Bejarano señaló que, desde las 11:40 p.m., unas 25 personas buscaban amontonar palos, llantas y basura frente a la comisaría, y que luego lanzaron piedras a las ventanas. “El comisario [Jonny James Vargas Ontón] ordenó dispersar a los manifestantes”, dijo. No existe certeza acerca de la cantidad de manifestantes frente a la comisaría: en documentos y testimonios, el número varía entre 25 y 500.

Los policías de la comisaría de Pichanaki hicieron retroceder mediante bombas lacrimógenas a los protestantes hasta el puente, a unas cinco cuadras. Allí permanecerían, bloqueando el puente, unas 80 personas hasta minutos después de las 5 a.m. del 16 de diciembre, según el oficial Arcos Bejarano.

Esa madrugada, entre gritos de “perros, corruptos, ladrones”, los manifestantes lanzaron piedras y bombas molotov, que cayeron a escasos metros de los policías que intentaban liberar la zona. Arcos Bejarano manifestó no haber visto personas armadas. Para desbloquear el puente, los protestantes exigían el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. No había espacio para el diálogo.

Desde las primeras horas de la madrugada del 16 de diciembre, Pichanaki fue un campo de batalla.

El adolescente que quiso ayudar

Una tarde, durante el fenómeno El Niño de 2017, la madre de Jhonatan le dio de correazos. Entonces vivían en Huachipa, una zona al este de Lima —donde el joven cursó sus estudios secundarios y se graduó en 2021— que fue afectada por los huaicos de ese verano. 

Sin permiso de sus padres, Jhonatan, que entonces tenía 11 años, salió de casa para ayudar a los vecinos a cruzar la pista enlodada y llevarles agua con su patineta. Cuando Carmen Tello Claudio —su madre— se enteró, lo increpó y lo regresó a casa a la fuerza. El niño intentó regresar, recuerda. “Así que agarré una correa y le di. Quería escaparse como pueda. ‘Prefiero verte llorar’, le dije, ‘que estar yo llorando después’”. 

Era un muchacho empeñoso. A los 13 años, aún en Lima, empezó a trabajar en obras de construcción, cargando arena en baldes, algo en lo que su mamá no estaba de acuerdo. Durante una temporada, también limpió el criadero de animales de un vecino de Huachipa. A los 15 años ya se había comprado un mototaxi, y otro a los 16. Para los 20 quería regalarles un auto a sus padres.

Cuando la familia completa regresó a Pichanaki en 2021, Jhonatan se dedicó a trabajar para costear sus estudios de gastronomía; las clases iban a iniciar poco después de su asesinato, en un instituto de la zona. El adolescente era un aficionado de la cocina: en 2022 se dedicó a vender caldos en el restaurante de pollo broster que tenía su familia al lado de su casa, un local que, por el dolor de su muerte, han cerrado. 

CEMENTERIO. Los restos de Jhonatan se encuentran en el Cementerio de Perené, en la provincia de Chanchamayo, Junín.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Jonathan vivía en una casa humilde, a una cuadra y media del puente Pichanaki —el lugar donde se centraron las protestas del distrito—, con sus padres y sus tres hermanas, que entonces tenían 14, nueve y tres años. Los seis ocupaban dos cuartos. En los restantes, viven la madre de Carmen y su hermano. 

Hoy, Óscar, Carmen y sus hijas conviven todos en un pequeño cuarto donde apenas caben una cama matrimonial, un camarote y un estante. La otra habitación, la de Jhonatan, ya no se usa en respeto a su memoria. 

El adolescente llevaba los apellidos de su madre: Tello Claudio. Óscar González Huamán conoció a Carmen cuando estaba embarazada de Jhonatan. Desde entonces, fue su padre, su incansable proveedor de zapatillas caras, esas que siempre terminaban destruídas en canchas de fútbol. 

Jugó su último partido la tarde en que le pidió a sus padres que lo bautizaran. Regresó hacia las 6 p.m. de ese 15 de diciembre, a pocas horas de que iniciaran los desmanes. Entró al restaurante de la familia, le guiñó un ojo a su madre, que lavaba platos, y se fue a la ducha. 

Cuando la familia regresó a Pichanaki, en 2021, Jhonatan se dedicó a trabajar para costear sus estudios de gastronomía".

Al salir, visitó brevemente a una amiga, cerca del mercado Santa Rosa, según cuenta Óscar. En un testimonio suyo ante la Fiscalía figura que Jhonatan estuvo en el mercado antes de los enfrentamientos, pero Óscar sostiene que eso no fue lo que declaró. De hecho, planea contactar al Ministerio Público para corregir lo que considera un error. 

Jhonatan era un chico creyente y su mejor amigo se llamaba Jesús. Lo visitó poco después en su casa. La madre de Jesús, Celedonia Rivera Villajuán, que tiene una bodega en el primer piso, recuerda que el adolescente se quedó con su hijo hasta la medianoche, poco después de que comenzaran los enfrentamientos. 

Los dos amigos tomaron unos tragos. Las madres no lo cuentan, pero el dosaje etílico que le practicaron a su cuerpo arrojó 1,26 gramos en sangre, el equivalente a unos cinco vasos de cerveza. No consumió drogas. Celedonia recalca que los adolescentes no participaron de la protesta, que Jhonatan estaba regresando a casa cuando fue sorprendido por el enfrentamiento.

Hacia la medianoche, sin saber lo que ocurría a una cuadra y media de su casa, Carmen Tello Claudio llamó por teléfono a su hijo. “Papi ya, ven rápido, para que cenes”, le dijo mientras cerraba el restaurante. “Ya bajo, chanchita”, respondió con el apodo que solía decirle a su madre. Fue la última vez que hablaron. Jhonatan solía ser puntual y volvía a casa cuando se le indicaba. Su padre le dejó papas fritas hechas, servidas en un plato.

DUELO. Óscar González Huamán y Carmen Tello Claudio piden justicia por la muerte de Jhonatan. Las investigaciones, explican, no han avanzado.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Para ir desde la casa de Jesús hasta la de Jhonatan se deben caminar unas dos cuadras por la Av. Marginal y doblar a la izquierda en la calle Los Postes, donde vive la familia del adolescente. Entre esa esquina y la boca del puente, a pocos metros de distancia, estaban apostados los manifestantes, al igual que muchos otros curiosos y vecinos que miraban lo que ocurría. 

A diferencia de otras víctimas de la represión policial y militar durante las protestas, en el caso de Jhonatan no se han conocido fotos ni videos. El 6 de julio de este año el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (Eficavip) realizó la visualización de los videos de cámaras de vigilancia de una botica ubicada en la esquina del lugar de los hechos. La diligencia se dividió en dos sesiones.

En la primera de ellas se exhibieron imágenes registradas entre la 1:23 a.m. y las 2:16 a.m. del viernes 16 de diciembre. La sesión fue suspendida y, al ser retomada, la siguiente imagen fue de las 3:26 a.m. Según testimonios a los que accedió este medio, Jhonatan fue herido en esa hora en la que la Fiscalía no mostró imágenes.

Dos meses y medio después de esa diligencia, OjoPúblico pudo verificar, a través de la dependiente de la botica, que la cámara grababa sin interrupciones, aunque para ese entonces el sistema había eliminado los acontecimientos del 15 y 16 de diciembre.

A pesar de la falta de imágenes, los testimonios de tres testigos entrevistados por este medio en Pichanaki coinciden: pasada la medianoche, Jhonatan regresaba a su casa, en la calle Los Postes, cuando se encontró con la protesta, las bombas lacrimógenas y los gritos de sus vecinos, a quienes decidió ayudar llevando agua en baldes, como aquel día de los huaicos.

Cuando el adolescente llegó a la esquina de la calle Los Postes con el puente, el humo lo invadía todo. La Policía lanzaba, una tras otra, bombas lacrimógenas hacia la zona donde estaban él y otras personas. En cuanto caían las lacrimógenas, la multitud se dispersaba y, minutos después, al disiparse el gas, volvían al mismo lugar, según la relatoría de la visualización de las imágenes de videovigilancia realizada por el Eficavip. 

Esa coreografía violenta siguió durante 10 minutos más. Para entonces, los gases afectaban, incluso, a espectadores y curiosos, como sucedió  a lo largo del país en la mayoría de las protestas del último verano. 

Hacia la 1:30 a.m., los manifestantes —asfixiados por los químicos—, comenzaron a lanzar de regreso las lacrimógenas a la zona donde se ubicaba la Policía. También lanzaron insultos: “asesinos”, “cobardes”, mientras exigían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la libertad de Pedro Castillo. 

Jhonatan, según relataron a OjoPúblico Isabel Huamán y su hija Isabel Huayhua —dos mujeres que tienen una bodega a pocos metros del lugar del enfrentamiento y que fueron testigos de los hechos— también devolvió algunas lacrimógenas. Eran tantos los disparos de la policía, cuenta Isabel madre, “que no se podían contar”. 

MORTAL. La bala 9 mm le laceró el hígado y el bazo y la provocó una hemorragia.

Documento: OjoPúblico

 

Poco después, un grupo de manifestantes encendió un pirotécnico y lo lanzó hacia el contingente policial, compuesto por entre 30 y 50 oficiales que se defendían con escudos. Tras ese primer cuete, otros volaron en zigzag, con dirección al puente, e impactaron en el asfalto, a escasos metros de la Policía. Otros tantos se perdieron en la distancia. Hasta la fecha, no ha sido posible determinar si Jhonatan participó en el lanzamiento de pirotécnicos.

Lo que sí se sabe es que, en medio de ese enfrentamiento, una lacrimógena cayó cerca de él. Los testigos del hecho señalan que Jhonatan se agachó para recogerla y lanzarla de regreso, cuando —desde la misma dirección de donde provino la bomba— le cayó un balazo que lo tumbó al suelo.

La necropsia y el certificado de defunción revelarían, horas después, que  una bala 9 mm le había lacerado el hígado, el bazo y le provocó una hemorragia. El proyectil, según la pericia balística, fue disparado por un arma corta, similar a las utilizadas por la Policía durante el operativo de Pichanaki, según consta en el cuaderno de armería de la comisaría local. Jhonatan —lo confirmó un examen de absorción atómica— no había disparado ningún arma de fuego.

En Pichanaki comenzó a caer una densa lluvia que duraría hasta las primeras horas de la mañana.

 

Operativo, órdenes policiales y cadena de mando

La muerte de Jhonatan —y la de otros dos ciudadanos de Pichanaki durante las protestas— ocurrió en el contexto de la orden de operaciones N°466-2022 de la VI Macro Región Policial de Junín, entregada a la División Policial de Chanchamayo cinco días antes. Ésta determinaba las acciones de la Policía y establecía un escenario de enfrentamiento que no se condecía con la realidad.

Otro documento clave para entender lo ocurrido en Pichanaki es un informe de inteligencia, citado en dicha orden de operaciones, que planteaba, sin aportar evidencia, la presencia de Sendero Luminoso y organizaciones criminales en las protestas. 

En éste se afirmaba: “es posible que remanentes de la OT-SL [organización terrorista Sendero Luminoso] (…) puedan aprovechar en ejecutar atentados contra el personal PNP [y] miembros de las FF. AA.”. Es decir, los mismos términos empleados en el informe de inteligencia que sustentó la declaración de emergencia nacional aprobada en la sesión del Consejo de Ministros del 14 de diciembre.

Como en otras regiones, la orden señaló que las “fuerzas amigas” eran el personal de la Policía que no intervenía en el operativo, las Fuerzas Armadas, entidades del Estado, los Bomberos y las juntas vecinales. 

ORDEN. Documento de la VI Macro Región Policial de Junín habla, sin sustento, de la presencia de miembros de Sendero Luminoso en las protestas.

Documento: OjoPúblico

 

Como “fuerzas adversas”, mientras tanto, se consignó a “familiares y simpatizantes de los agremiados”, “opositores a la política del gobierno de turno”, “organizaciones sindicales” y delincuentes comunes y terroristas. 

Bajo esas afirmaciones sin sustento, la VI Macro Región Policial de Junín pidió apoyo externo al Escuadrón Verde y a la Unidad de Servicios Especiales de Huancayo,  de distintas subunidades policiales de Chanchamayo, y de los Sinchis de Mazamari. Alrededor  de 240 policías extras. 

Asimismo, se pidió la presencia de 74 miembros del Ejército del Perú divididos en cuatro patrullas, quienes llegaron el viernes 16 de diciembre por la madrugada armados con fusiles Galil, un tipo de arma también utilizada en la represión de Ayacucho, horas antes. 

El comando general del operativo en Pichanaki estuvo en manos del coronel PNP Colin Macleo Sim Galván, jefe de la Región Policial de Junín, según la orden de operaciones N°466-2022 y sus anexos. Sim Galván fue el “responsable del planeamiento general, coordinación, seguimiento, evaluación y supervisión de las operaciones policiales”. Una disposición del Eficavip señala como director de la VI Macro Región Policial de Junín al general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo. 

A cargo del comando operativo, es decir de las operaciones policiales, estuvo el coronel PNP César Felipe Chávez Navarro, jefe de la División Policial de Chanchamayo. Como jefe operativo de la  Comisaría de Pichanaki, en tanto, estuvo el comandante PNP Jonny James Vargas Ontón, quien llegó al distrito, desde Lima, tres días antes del asesinato de Jhonatan.

En su historial en la Policía, Villalón Trillo tiene, al menos, 22 sanciones simples; Chávez Navarro, al menos 10; y Vargas Ontón, al menos, 19. Los motivos más comunes son negligencia, desobediencia e incumplimiento de directivas y órdenes. 

PUENTE PICHANAKI. Este puente es la única vía que conecta al distrito con el de Perené y la selva. Allí se concentraron las protestas de diciembre.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Actualmente, Villalón Trillo, Chávez Navarro y Vargas Ontón son investigados por los presuntos delitos de homicidio y genocidio por parte del Eficavip. 

Contactado por OjoPúblico para ofrecer su versión de los hechos, Vargas Ontón declinó declarar. El abogado de la PNP Melvin Fernández Carrión, a cargo de la defensa de los tres policías, señaló que pediría autorización, pero finalmente tampoco se concretó. 

La comunicación y la preparación durante el operativo en Pichanaki falló. El suboficial de tercera Apolo López Chanqueti, de la Unidad de Servicios de Tránsito y Seguridad Vial de La Merced, declaró a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaki que llegó a la zona del conflicto en la mañana del 16 de diciembre —horas después de la muerte de Jhonatan—, luego de recibir una notificación por WhatsApp. 

“A mí nunca me dijeron qué función tenía que cumplir”, declaró. El efectivo, asimismo, aseguró que el comando policial no le proporcionó equipo antimotín y que tenía, como toda protección, el casco de su motocicleta. Según dijo, no estuvo armado.

Entre el 15 y el 16 de diciembre, los policías presentes en el operativo retiraron 68 armas de fuego, según el cuaderno de armería de la Comisaría de Pichanaki obtenido por OjoPúblico. Entre ellas hay 30 pistolas SIG Sauer, otras 14 Pietro Beretta, 20 AKM, dos escopetas, un fusil G3 y un registro sin información, irregularidad que también se reportó en Ayacucho y, semanas después, en Puno. 

Asimismo, se entregaron, al menos 1.168 municiones. La cantidad es estimada porque, como en el caso anterior, hay un registro sin información. No existe un informe sobre cuántas municiones utilizó cada oficial, ni un estudio de absorción atómica a quienes participaron del operativo, fundamentales para determinar qué policías dispararon sus armas. El equipo de fiscales enviado para el examen no pudo llegar al distrito por un bloqueo de carretera. 

Sólo 18 pistolas de la Policía  —al igual que sus oficiales responsables— fueron registradas en las horas previas al asesinato de Jhonatan. 

¡Suero, carajo!

Minutos después de las 2. am., Óscar González Huamán se levantó sobresaltado. Lo habían despertado unos golpes desesperados en la puerta de su casa. Descalzo, cruzó el patio mojado por la lluvia para llegar a la entrada.

—¡A tu hijo lo han matado! —le gritó un extraño.

A Óscar, todavía somnoliento, le tomó unos instantes procesar la información.

—¡Lo mataron a tu hijo!

Corrió por la calle Los Postes, pero no pudo llegar a la esquina con el puente por las bombas lacrimógenas. “Cómo disparaban, cómo sonaba, parecía guerra”, recuerda. El hombre buscó a su hijo frenéticamente, mojándose y embarrándose los pies en esa calle sin asfaltar. No había rastro de Jhonatan. 

Carmen, confundida y asustada, salió de la cama y se paró frente a la puerta de su casa para averiguar lo que sucedía. Poco después, asegura, vio pasar frente a ella a un mototaxi que llevaba a Jhonatan inconsciente. Por la velocidad y la irregularidad de la trocha, el adolescente cayó al piso. A la mujer le pareció una visión. Incrédula, llamó a su hijo al celular, corriendo por el patio de su casa. 

Mientras tanto, un vecino que vio a Óscar buscando a su hijo lo llevó en su moto a la posta,  a unos cinco minutos. Llegaron al mismo tiempo que el mototaxi, con Jhonatan, aún vivo. “Estaba traspasado”, cuenta el padre, en referencia a la bala que le había entrado por las costillas izquierdas. A esa hora, como es frecuente en Perú, la posta estaba cerrada. 

Tocaron e insistieron, una y otra vez, sin respuesta. En medio de la desesperación, lograron forzar la puerta y entraron pidiendo auxilio, pero no había nadie. Óscar, su vecino y unos hombres subieron a Jhonatan a una camilla que encontraron para llevarlo al hospital. 

Mientras esperaban ayuda, llegaron Carmen y su hermana. Al poco rato, una camioneta se detuvo frente a la posta y el conductor ofreció llevarlos al hospital. A diez minutos en carro y con un bloqueo en el camino, el hospital de Pichanaki quedaba imposiblemente lejos.

DOLOR. En el hospital de Pichanaki no quisieron recibir al adolescente, aseguran sus padres.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

Ya a la altura del piquete, el chofer usó un megáfono, instalado en la camioneta, para abrirse paso. “Tenemos un herido, un herido grave, ¡déjennos pasar!”, recuerda Óscar. Un joven entre la multitud ondeó un mantel blanco pidiendo espacio para que pasara la camioneta. Poco a poco, se abrió un hueco y lograron cruzar el puente.

“Ahí miraba yo cómo [los policías] disparaban con pistolas, a matar, a quemarropa”, cuenta Óscar. En medio de la balacera, la camioneta fue impactada dos veces. Óscar no sabe si fueron un objetivo, pero sostiene que las balas provenían de la Policía. “Yo vi cómo disparaban”. 

El corazón de Jhonatan todavía latía.

En el hospital de Pichanaki no quisieron recibir al adolescente, dicen sus padres. Jhonatan estaba inerte en la camilla. Óscar se desesperó, gritó, pero el personal no hizo nada. 

—¡Suero, carajo! ¡Pónganle suero! —gritó en su desesperación, como si a esas alturas el suero hubiera podido salvarle la vida.

Cuando el personal del hospital finalmente se acercó a ellos, solo fue para decir que Jonathan ya había muerto, recuerdan sus padres. No hubo respuesta del hospital cuando este medio intentó comunicarse.

—Llévate a tu muerto —cuenta Óscar que le dijeron.

El cuerpo de Jhonatan fue llevado al patio del hospital. “En plena lluvia, ahí se mojaba mi hijo”. 

 

Recrudecen los disturbios

La muerte de Jhonatan enardeció a Pichanaki. Los manifestantes se tornaron violentos y la represión policial recrudeció durante todo el viernes 16 de diciembre, salvo una breve tregua por la mañana. Incluso una turba incendió la casa de un supuesto empresario cafetalero. Civiles y policías fueron heridos de bala.

Esa tarde murieron otras dos personas por impactos de proyectiles de armas de fuego. Diego Armando Galindo Vizcarra, de 40 años, recibió un balazo en el tórax, cuando estaba en la avenida Marginal. No participaba de la protesta, según su hermana Jesenia. 

Hacia la misma hora, Ronaldo Franly Barra Leyva, de 22 años, recibió el impacto de un proyectil por la espalda. Iba camino a ver a su hija, cuenta su hermana Jazmín. 

En ambos casos, las necropsias señalan que los proyectiles eran de calibre 7,62 mm y disparados por fusiles. Los utilizados en Pichanaki fueron Galil, por el Ejército, y AKM, tanto por la Policía como por las Fuerzas Armadas.

 

Justicia estancada

Cuando Óscar González fue a la comisaría de Pichanaki a presentar la denuncia de la muerte de su hijastro, el 16 de diciembre a las 6 a.m., la Policía no lo recibió. La denuncia fue finalmente registrada a la 1 pm. 

Según la Fiscalía, crear el Eficavip y trasladar los expedientes a Lima permitiría mayor celeridad en la investigación por los 49 civiles fallecidos en la represión policial y militar a las protestas de diciembre de 2022 e inicios de 2023. Sin embargo, a casi un año de estos hechos, no se conocen mayores alcances en las indagaciones del equipo. 

Aunque se solicitó una entrevista con la fiscal Isabelina Cueto Román, encargada del caso Pichanaki, el Ministerio Público no respondió el pedido. 

Mientras tanto, la familia de Jhonatan, desorientada, espera una justicia que no ve llegar. Carmen no visita a su hijo en el cementerio, ni puede ver fotos de él. Retira la cara de inmediato cuando aparece alguna en su celular. 

Ella no lo sabía, pero mientras enterraba a Jhonatan, estaba embarazada. Su hija menor tiene hoy tres meses. La que le antecede, Antonella, de cuatro años, les dice “achechinos” a los policías. Alguna vez le ha pedido a su madre que le compre una pistola para hacer justicia por la muerte de su hermano.