A solo tres semanas de adquirir Telefónica del Perú, su nuevo dueño argentino domiciliado en Panamá, Integra Tec Internacional, ha tomado decisiones que pueden marcar un nuevo rumbo para la compañía.

Esto sucede en simultáneo al embargo de inmuebles —valorizados en más de S/800 millones— por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para asegurar, al menos, el cobro de una parte de la deuda de más de S/3.200 millones que la compañía mantiene con el Estado peruano.

El pasado 30 de abril, el nuevo directorio de Telefónica del Perú, liderado por el uruguayo Federico Ranftl Moreno, informó que habían presentado una solicitud para acogerse al procedimiento concursal preventivo (PCP) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En otras palabras, pretende refinanciar la empresa.

Con esto, la solicitud de procedimiento concursal ordinario (PCO) —presentada, en febrero, por el antiguo dueño español de Telefónica del Perú— quedará en suspenso, aunque Indecopi ya estaba listo para emitir una respuesta este mismo mes. El nuevo pedido ya “está en proceso de evaluación por la Comisión de Procedimientos Concursales” confirmó el organismo a OjoPúblico. El plazo máximo para dar una respuesta es el próximo 11 de setiembre.

El mensaje de Integra Tec para los acreedores es 'vamos por una refinanciación de las obligaciones, un plan de pagos para todos'", sostiene experto.

La nueva estrategia de Telefónica del Perú, que opera bajo la marca Movistar, muestra dos cambios importantes. Por un lado, su intento de aplicar al procedimiento preventivo refleja que la empresa ha logrado mejorar su ratio financiero en dos meses. Además, de aprobarse la solicitud, mantendrá la administración de la compañía.

Con el procedimiento ordinario, por el contrario, corría el riesgo de que la junta de acreedores seleccione a un nuevo administrador o, incluso, que optara por extinguir la empresa, a través de su liquidación.

Expertos consultados por este medio consideran que la decisión de Integra Tec de acudir al procedimiento preventivo es “arriesgada”. Esto aplaza la cobertura para proteger sus activos y evitar nuevos embargos, como los que está implementando la Sunat. Pero, por otro lado, es una decisión “estratégica”, pues mantendrá el control sobre la empresa que acaba de comprar.

“El mensaje es: ‘nosotros nos vamos por una refinanciación de las obligaciones, vamos a proponer un plan de pagos sí o sí, y un plan de pagos para todos los acreedores’”, sostiene el experto en procesos concursales Richard Almerco Soto.

Desde la otra vereda, la Coordinadora Sindical de Telefónicos —que agrupa a cuatro sindicatos de trabajadores de Telefónica del Perú— no ve con buenos ojos la estrategia de Integra Tec. Consideran que pasar a un proceso preventivo es una forma de “maquillar la imagen de una empresa en crisis” para evitar que se consolide la idea de su nacionalización.

“Alertamos que, con esta solicitud, el Estado pierde el control como acreedor relevante, se le otorga más poder a Telefónica, no se garantizan medidas de protección laboral, ni compromisos de estabilidad para los trabajadores”, detallaron en un comunicado.

Osiptel. A diciembre de 2024, Claro era el líder del mercado móvil, con una participación de 36,5%, detrás iba Movistar, con 32%. Hace una década esta última tenía el 52% de ese mercado.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran

Operación: mantener el control

En febrero, Telefónica del Perú —aún bajo el control de su matriz española— decidió acogerse al procedimiento concursal ordinario. Aunque de manera implícita, con ello admitía que no tenía los requisitos para pasar por el proceso preventivo (que no cuente con deudas vencidas por un periodo mayor a 30 días o no tener pérdidas superiores al capital social pagado), y que estaba dispuesta a ser liquidada por su acreedores.

Luego de iniciar ese trámite, el grupo español aceleró su proceso de venta. La primera semana de marzo, confirmó que había contratado a la financiera Rothschild para vender su filial en Perú, algo que logró el último 13 de abril, por tan solo S/3,7 millones, a la argentina Integra Tec Internacional, del magnate y expolítico José Luis Manzano.

Con un nuevo directorio al mando de la compañía, el 30 de abril por la noche, Telefónica del Perú frenó ese procedimiento y presentó una nueva solicitud para ingresar al mecanismo preventivo.

Esto tiene dos importantes consecuencias, de acuerdo a Richard Almerco Soto. En el procedimiento ordinario, la junta de acreedores decide si reestructura la empresa o la liquida “para el pago de los acreedores hasta donde alcance”. En el preventivo, en cambio, la junta solo puede aprobar o desaprobar el plan de refinanciamiento, a través del Acuerdo Global de Refinanciación (AGR).

La posición financiera de Telefónica del Perú tiene que haber mejorado para aplicar al procedimiento preventivo", sostienen fuentes del sector.

Además, en el procedimiento ordinario, se formaba una junta de acreedores, que podía decidir un cambio de administración de la compañía. En otras palabras, apartar a los directores, gerentes, representantes legales y apoderados, según el artículo 61 de la Ley Procedimientos Concursales. 

A diferencia de esa vía, con el mecanismo actual, la junta de acreedores no decide sobre la administración de la empresa. En otras palabras, Integra Tec podrá seguir operando su negocio, en tanto se apruebe su AGR o el plan de refinanciamiento.

¿Qué pasa si los acreedores no aprueban el plan de Integra Tec? En un primer escenario, todo volvería a foja cero: los acreedores podrían optar por iniciar acciones judiciales para obligar a Telefónica a solicitar el procedimiento ordinario. Pero, si los acreedores se organizan, también podrían presentar ellos mismos este pedido ante el Indecopi.

Fuentes del sector advierten que la posición financiera de Telefónica del Perú tiene que haber mejorado para aplicar al procedimiento preventivo. “Indecopi tiene que revisar bien esos detalles”, explicó una de ellas. De hecho, el mismo 30 de abril, Integra Tec reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su directorio aprobó capitalizar más de S/240 millones que le adeudaba Telefónica del Perú para convertirlas en acciones.

Este movimiento le permite reducir sus pasivos (acreencias) y, con la emisión de nuevas acciones de clase B y C, fortalecer el patrimonio de Telefónica, precisa Cesar Antunez Irgoin, economista especializado en Finanzas.

Giro. El nuevo directorio de Telefónica ha decido capitalizar más de S/240 millones de deuda para convertirlas en acciones. Movidas apuntan a mejorar su salud financiera.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran

Otro de los acuerdos relevantes del nuevo directorio es que aprobó la creación de  una reserva de S/475 millones “con el fin de compensar las pérdidas que Telefónica pueda generar los siguientes meses o trimestres”, refiere el experto.

“Esta estrategia de reestructuración de pasivos busca reducir las deudas, el ratio de apalancamiento financiero [deuda total entre patrimonio neto], que es el nivel de riesgo de la empresa y, también, salir del procedimiento concursal ordinario”, concluye Antunez Irgoin.

En el contexto de la venta de Telefónica a nuevas manos extranjeras, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) indicó que, al tratarse de “solo de un cambio de titularidad”, el despliegue del servicio se mantiene. Esta venta no generó un cambio en la estructura del mercado, como ocurrió cuando Telefónica compró Bellsouth, en 2004, o cuando América móvil (Claro) compró TIM, en 2005. 

“En este caso, solo se trata de un cambio de accionariado. Cualquier cambio posterior en la estructura, distinto a una fusión, será producto del movimiento natural de los clientes, por la lectura que tienen sobre los operadores”, explicó Sergio Enrique Cifuentes Castañeda, gerente general de Osiptel, ante la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el 29 de abril.

Consultada por estas acciones y la situación de procedimiento ordinario, Telefónica del Perú señaló a OjoPúblico que no haría comentarios.

Mirada. Para Osiptel, la venta de Telefónica no ha generado ningún cambio en el mercado, por lo tanto el despliegue del servicio se mantiene.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran

Embargos por más de S/800 millones

Con los plazos vencidos y luego de dos advertencias, a fines de 2024 e inicios de este año, el último 24 de abril, la Sunat ejecutó el primer embargo de “diversos inmuebles” de Telefónica del Perú, valorizados en S/513 millones. El segundo se reportó el 29 de abril, por un valor de más de S/318 millones. Con ello, la suma total asciende a S/834 millones.

Teniendo en cuenta que la deuda total exigible a la compañía de telecomunicaciones asciende a S/987 millones, la administración tributaria todavía puede ejecutar una acción coactiva adicional por alrededor de S/155 millones.

Sin embargo, este es solo el primer paso del cobro de la millonaria deuda que la empresa mantiene con el Estado peruano y ha judicializado. El monto total, que la compañía se niega a pagar, supera los S/ 3.200 millones y se originó por incumplimientos en el desembolso del impuesto a la renta de 2000, 2001 y 2009, más sus respectivos intereses.

Cobranza. En menos de una semana, la Sunat ejecutó dos acciones de embargo sobre inmuebles de Telefónica del Perú. Esto le asegura un pago de deudas en el futuro.

Composición: OjoPúblico con foto de Andina 
 

Telefónica del Perú ha asegurado que los embargos no implican una interrupción en los servicios que brindan a sus usuarios. Esto se debe a que las acciones se aplicaron en “forma de inscripción”. Es decir, Sunat acudió a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para inscribir como embargadas ciertas propiedades de Telefónica.

De acuerdo a Chellscy Cuenca Ramírez, abogada corporativa, cuando la administradora tributaria quiso aplicar el embargo en forma de retención de cuentas bancarias, que es el otro tipo de embargo, “no encontró fondos suficientes para cobrar la deuda”. Por ello, optó por la inscripción.

¿Qué pasa con estos embargos en el contexto de algún procedimiento concursal? Las normas vigentes señalan que la Sunat ocupa el cuarto lugar en el orden de prioridad de pagos. Sin embargo, con la ejecución de los embargos, ha subido al tercer lugar. “Yo creería que la Sunat se ha movido rápido y, evidentemente, ha mejorado su posición de preferencia en el pago frente al sistema concursal peruano”, dice Almerco Soto.

Millonarias deudas pendientes por cobrar

Al 28 de abril de este año, había 7.780 contribuyentes en cobranza coactiva con la Sunat, con deudas exigibles, en conjunto, por más de S/13.454 millones. Los 100 primeros de la lista concentraban el 51% de ese monto.

En los primeros lugares del ranking aparecían Avianca Perú (S/1.264 millones), Telefónica del Perú (S/987 millones, que ya están siendo cobrados por la entidad en forma de embargos con inscripción), Agroindustrial Truman (S/809 millones), Agropucada (S/523 millones) y Agroindustrial Pomalca (S/443 millones).

La deuda total de Telefónica del Perú, de S/3.200 millones, involucra al impuesto a la renta que se niega a pagar. En 2021, la empresa llevó esta controversia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). A la fecha, el caso está pendiente de ser resuelto.

El objetivo principal de Telefónica del Perú es que el Estado le pague unos 1.122 millones de euros por "daños y perjuicios fiscales", según reportes de medios internacionales. La última audiencia del caso, donde se escuchó a las partes, se realizó el pasado 16 de abril.