Destacados líderes de gobiernos, organismos de cooperación y representantes de la sociedad civil se reunieron hace poco en la COP16 de Biodiversidad, en Cali (Colombia), para debatir estrategias sobre cómo frenar la creciente pérdida de biodiversidad en el planeta. 

Durante el evento, se discutieron temas fundamentales, como el aumento de la deforestación, el tráfico de especies en peligro de extinción y los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas mundiales. Sin embargo, hubo un tema crucial que no recibió la visibilidad necesaria: la importancia de abordar los flujos financieros ilícitos en el contexto de la pérdida de biodiversidad en la región.

Los flujos financieros ilícitos, según el Banco Mundial, incluyen movimientos de capital asociados a actividades ilegales, donde el dinero es obtenido, transferido o usado de manera ilícita. Estas actividades pueden derivarse de actos como la corrupción o la evasión fiscal, así como del contrabando y el tráfico ilegal. 

Aunque estos flujos financieros puedan parecer desvinculados de la biodiversidad, existe evidencia creciente de que el crimen organizado utiliza el medio ambiente para diversificar sus fuentes de ingresos y lavar dinero obtenido de otras actividades ilícitas. Este fenómeno plantea un desafío adicional en la lucha por conservar la biodiversidad, ya que los recursos naturales y ecosistemas se convierten en herramientas para el financiamiento y el lavado de dinero de actividades delictivas.

El impacto

Aunque la naturaleza misma de estos crímenes dificulta la estimación de su impacto financiero, un informe de Interpol sugiere que los delitos ambientales son el tercer tipo más grande de actividad criminal en el mundo, generando hasta USD 281.000’000.000 en ingresos en 2018, y las cifras solo parecen haber aumentado en los últimos años. 

Dentro de eso, los delitos forestales y la minería ilegal generan respectivamente hasta un estimado de USD152.000’000.000 y USD 48.000’000.000 anuales a nivel mundial.

Para UNODC "prácticamente toda" la deforestación en la cuenca del Amazonas es ilegal".

Para los países de América del Sur en particular, esto es de suma importancia. La Amazonía alberga casi un tercio de las especies terrestres conocidas del mundo, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar, y contiene el sistema fluvial más grande del mundo. 

Como argumenta el International Crisis Group, la "biodiversidad sin igual de la Amazonía es esencial para mantener el equilibrio ecológico. Pero a medida que el crimen organizado se extiende por la Amazonía, cobra un alto precio, alimentando la violencia, desintegrando comunidades y fomentando la deforestación y otros tipos de degradación ambiental”. 

Un informe de la UNODC de 2023 sugiere que "prácticamente toda" la deforestación en la cuenca del Amazonas es ilegal, lo que significa que los esfuerzos para abordar la deforestación deben enfrentar no solo la deforestación legal, sino también sus causas ilegales.

Desentrañando el lavado de dinero y el medio ambiente

Igarapé, un centro de estudios brasileño con vasta experiencia en el campo del lavado de dinero y los delitos ambientales, argumenta que se necesitan cinco etapas para entender el contexto amazónico: la recolección de dinero sucio, diversificación informal, colocación formal, estratificación e integración (ver ilustración).

ETAPAS. A este sistema también se le conoce como "doble lavado", y por su complejidad, estos casos son desatendidos por investigadores y fiscales.

Ilustración: Igarapé (2023).

Esto también se ha conocido como 'doble lavado'. Primero, el producto en sí mismo debe ser blanqueado en el mercado legal, facilitado por mecanismos de supervisión deficientes o prácticas corruptas, y luego los fondos obtenidos ilegalmente pueden ser colocados en el mercado formal. 

Como señala la FACT Coalition, “como resultado de este doble lavado, los casos de financiamiento ilícito relacionados con delitos ambientales son complejos y llevan mucho tiempo, lo que a menudo implica ‘el doble de trabajo’. Dado que muchos investigadores y fiscales enfrentan estructuras de incentivos que priorizan grandes victorias rápidas, los delitos ambientales pueden ser desatendidos”. 

Apodado como narco-deforestación o narco-minería, los criminales reinvierten las ganancias del tráfico de drogas en actividades legales, incluyendo la adquisición de tierras, la agricultura y las plantaciones. El efectivo se transforma en activos que son más fáciles de mantener, monetizar y ocultar de las autoridades, como el ganado, los cultivos y el oro o la plata. 

Todos estos activos requieren destrucción ambiental: deforestación para despejar la tierra para el uso agrícola o minería para adquirir minerales críticos. Por tanto, lo que fomenta la destrucción ambiental no es la expectativa de ganancias del producto final, sino el valor del entorno (particularmente la tierra) para lavar fondos.

Un llamado a la acción gubernamental

Entonces, ¿qué más pueden hacer los gobiernos para evitar que el crimen organizado coseche las recompensas de saquear los recursos naturales de la región? Las siguientes recomendaciones no son exhaustivas y, lo que es más importante, se centran en particular en un enfoque de seguridad pública: criminalizar conductas que afectan el medio ambiente y enjuiciar como criminales a quienes causan daño ambiental. 

Sin embargo, esto no menosprecia la importancia de los enfoques sociales que abordan las condiciones sociales y económicas que llevan a la destrucción ambiental. En esta área, es interesante ver los resultados de la perspectiva más experimental del presidente Gustavo Petro en Colombia, donde el medio ambiente fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo.

En primer lugar, los gobiernos deben invertir adecuadamente en las instituciones de supervisión y control responsables de monitorear la destrucción del medio ambiente y los grupos responsables. 

Para combatir los delitos ambientales los gobiernos deben facilitar el acceso a los datos e intercambio de información".

Esto es, sin duda, un desafío, ya que los recursos necesarios para cubrir un espacio tan vasto pueden resultar costosos, aunque las nuevas tecnologías, como los drones y las imágenes satelitales, pueden ayudar a cubrir grandes áreas a un costo relativamente menor. 

Además, puede requerir conocimientos y equipos especializados, por ejemplo, para identificar los orígenes o la naturaleza de una materia prima, verificando cuando la documentación puede haber sido falsificada. 

En segundo lugar, los gobiernos deben clarificar los roles y responsabilidades entre las agencias, con estrategias claras y mecanismos de rendición de cuentas que eviten que ellas mismas ‘se pasen la pelota’ entre sí. 

Igualmente, facilitar el acceso transparente a los datos y el intercambio de información entre agencias agiliza la colaboración efectiva para combatir los delitos ambientales. En Perú, por ejemplo, la FEMA (la agencia de fiscalización ambiental) está trabajando para desarrollar una estrategia sobre los flujos financieros ilícitos.

En tercer lugar, los gobiernos deben reconocer el papel integral de los defensores del medio ambiente, particularmente las comunidades indígenas, en la protección del medio ambiente y la increíble biodiversidad de los países de la región, y deben hacer más para proteger a estos activistas. 

Se debe promover un enfoque de 'seguir el dinero' para que todos los actores de la cadena delictiva sean juzgados".

Esto incluso podría incluir proporcionarles el equipo necesario para llevar a cabo la vigilancia: un reciente proyecto de USAID, por ejemplo, proporcionó a pueblos indígenas drones para monitorear la destrucción ambiental en sus territorios.

En cuarto lugar, fomentar la colaboración es clave, tanto a nivel nacional como internacional. Los gobiernos deben encontrar la manera de superar la desconfianza que existe entre los diferentes tipos de fiscales y promover un enfoque de "seguir el dinero", para asegurar que no solo quienes cometen el delito ambiental enfrenten la justicia, sino también los funcionarios corruptos y facilitadores profesionales que permiten estos delitos. 

También deben asegurarse de que los activos utilizados y adquiridos a lo largo de esta cadena se recuperen y los fondos se reinviertan en persecución de delitos contra el medio ambiente. Esto incluye conectar los marcos sobre lavado de dinero y delitos ambientales y realizar investigaciones paralelas entre los fiscales sobre lavado de dinero, decomiso de activos y corrupción.

En quinto lugar, es necesario contar con buenos productos de inteligencia que informen un enfoque estratégico, identificando tendencias en la criminalidad a nivel macro. Esto incluye evaluaciones de riesgos como las revisiones sectoriales contra el lavado de dinero promovidas por GAFI, el organismo intergubernamental que combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Es importante que esto último vaya acompañado de inversión en la capacidad de las Unidades de Inteligencia Financiera y las oficinas de los fiscales generales, para que puedan realizar estas revisiones por sí mismas cuando sea necesario, en lugar de depender de otros.

También debemos asegurarnos que los productos que consumimos no sean resultado de la destrucción del ambiente".

Por último, se debe realizar un esfuerzo concertado para perseguir a los funcionarios corruptos que facilitan estos delitos, ya sea aceptando sobornos, falsificando documentos o “desestimando” casos. Esto no es una tarea fácil, pero fortalecer las unidades fiscales responsables de perseguir la corrupción interna y garantizar que las sentencias sean lo suficientemente severas como para que los funcionarios lo piensen dos veces antes de cometer estos delitos, sería un buen comienzo.

Esta no es una lista exhaustiva: los fiscales también deben contar con las herramientas legislativas adecuadas, por ejemplo, para poder abordar el nexo entre los flujos financieros ilícitos y los delitos ambientales. Igarapé, International Crisis Group y el Grupo de Acción Financiera Internacional tienen una serie de recomendaciones más concretas. 

Estas recomendaciones solo se dirigen a los gobiernos de la región, pero la FACT Coalition ha señalado correctamente que los países que son receptores de estos flujos financieros ilícitos, como Estados Unidos, también tienen un papel que desempeñar en el endurecimiento de las regulaciones para prevenir una cultura de secreto financiero. 

Finalmente, todos nosotros, como consumidores, debemos ser más exigentes al conocer y entender de dónde provienen los productos y asegurarnos de que no sean el resultado de la destrucción ilegal del medio ambiente. 

Sin embargo, lo que muestra esta lista de recomendaciones es que existen medidas concretas que los gobiernos pueden tomar, cuando existen los niveles adecuados de voluntad política, para detener la destrucción ambiental y la pérdida masiva de biodiversidad, que está ocurriendo en todo el continente a manos del crimen organizado, y que hay financiamiento y apoyo disponibles de donantes para aquellos dispuestos a asumir el desafío.