Autoridad de datos personales investiga a Telefónica por vender ubicación de clientes

La compañía de telecomunicaciones recopila la ubicación de sus usuarios a través de 21 mil antenas en todo el país. En octubre del año pasado, OjoPúblico detectó riesgos a la privacidad de sus cientes, luego de analizar las bases de datos vendidas por esta compañía al Estado peruano y que eran declaradas como anónimas. 

Smart Steps. Telefónica recopila información de la ubicación de sus usuarios a través de sus dispositivos celulares. OjoPúblico detectó riesgos a la privacidad en estas bases de datos declaradas como anónimas.

Smart Steps. Telefónica recopila información de la ubicación de sus usuarios a través de sus dispositivos celulares. OjoPúblico detectó riesgos a la privacidad en estas bases de datos declaradas como anónimas.

Foto: Telefónica

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia (APDP) ha abierto una investigación a Telefónica del Perú por cometer “probables infracciones”, en el marco de su programa de recolección de datos personales conocido como Smart Steps. El proceso se inició luego de que OjoPúblico revelara los riesgos para la privacidad de los usuarios peruanos de esta compañía de telecomunicaciones. 

En octubre del año pasado, este medio reveló que Telefónica registra de manera automática e ininterrumpida la ubicación de millones de clientes en el Perú, a través de sus 21 mil antenas. La recolección de estos datos ocurre cada vez que un cliente conecta su celular a Internet, realiza una llamada telefónica o envía un mensaje de texto, e incluso cuando un usuario pasa de la cobertura de una antena a otra solo con su dispositivo encendido.

La ubicación de los usuarios es resguardada en una base de datos declarada como anónima, que luego es vendida al Estado y empresas privadas como la compañía de publicidad exterior Clear Channel. Sin embargo, OjoPúblico revisó estos registros y logró identificar a un ciudadano peruano de iniciales J.C.L., luego de cruzar la información de la operadora con bases de datos públicas e indagar en redes sociales.

Extracto de la base de datos que Telefónica del Perú vende al Estado peruano
RIESGOS. OjoPúblico analizó la base de datos que Telefónica del Perú vendió a una entidad del Estado peruano, y logró reidentificar a uno de los clientes de esta operadora.
Hoja de cálculo: Promperú

Hoy, la investigación sobre estas “probables infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales” está a cargo de la directora de Fiscalización e Instrucción de la APDP, Olga Escudero Vílchez. El último 22 de octubre, esta dirección recibió una denuncia de la asociación civil Hiperderecho en contra de Telefónica, por cometer “actos contrarios” a la normativa que protege los datos personales.

“Telefónica estaría usando datos personales con la finalidad de proveer información a entidades públicas y privadas a través de su programa Smart Steps, finalidad que no se encuentra prevista de manera explícita en los contratos de prestación de servicios”, indicó Hiperderecho en su denuncia, que recogió los hallazgos de OjoPúblico. En el documento se solicitó también a la APDP que determine si Smart Steps cumple con los estándares de seguridad exigidos por Ley.

La Autoridad de Datos Personales ya ha advertido antes que una operadora de telecomunicaciones se arriesga a una multa de S/420 mil si es posible identificar a un usuario en una de sus bases de datos declaradas como anónimas. “Si una entidad declara que cuenta una base de datos anónima, pero en realidad no lo es, claramente está aportando información falsa a la APDP”, explicó en octubre Eduardo Luna, jefe de esta entidad, en una entrevista con OjoPúblico.

Fotografía de Eduardo Luna, jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
AUTORIDAD. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es presidida por Eduardo Luna. Hoy, su entidad investiga "probables infracciones" cometidas por Telefónica del Perú.
Foto: OjoPúblico

“En relación al artículo publicado por OjoPúblico, Telefónica reitera nuevamente que en ningún caso ha facilitado información individualizada de ninguno de sus usuarios [...] la información de la que hace uso el producto Smart Steps es de carácter estadístico y basada en datos que han sido previamente anonimizados, agregados y extrapolados”, explicó la compañía de capitales españoles en un comunicado de octubre del año pasado.

Hiperderecho además envió una denuncia similar ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). En diciembre del año pasado, esta entidad respondió que no es competente para analizar este caso.

La investigación de la APDP ocurre además en el marco de una “revisión estratégica” de las filiales de Telefónica en Latinoamérica, cuyas operaciones -exceptuando Brasil- serán agrupadas en una única entidad autónoma. “Nuestra operaciones en Hispanoamérica eran hasta hace unos años el motor de crecimiento [...] las condiciones particulares en estos mercados han impacto en la evolución de nuestros negocios”, explicó en una carta pública el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Fachada de la Sunat
IMPUESTOS. La investigación de la Autoridad de datos personales ocurre además luego de que la autoridad tributaria cobrara S/218 mil a Telefónica del Perú.
Foto: Andina

En noviembre del año pasado, por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria (Sunat) cobró impuestos y multas por un total de S/218 millones a Telefónica del Perú, luego de que la Corte Suprema fallara en parte a favor de la autoridad recaudadora, en el marco de un litigio iniciado hace más de una década. 

Hasta noviembre del 2019 también pesaba una inhabilitación contra Telefónica del Perú para contratar con el Estado peruano, luego de que el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) determinara que la compañía entregó "información inexacta" para cobrar más de S/1,5 millones del Despacho Presidencial. La resolución de esta entidad fue emitida junto con una segunda sanción, en el mismo periodo de tiempo, por incumplir un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas.

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