A inicios de octubre del 2019, la Guardia Civil española capturó a un hombre de unos cincuenta años, frente amplia y contextura gruesa, a quien las autoridades de al menos tres continentes consideran uno de los mayores traficantes de aves exóticas hacia Europa. El sujeto se llama Alberto Sierra Olivan y su caída era el último episodio de la llamada Operación Suzaku, una investigación internacional que un año antes resultó en la captura de casi treinta personas y el decomiso de dos mil aves protegidas provenientes de África y América Latina. La operación, coordinada por la Europol -la agencia policial europea especializada en la lucha contra la gran delincuencia internacional y el terrorismo-, permitió desarticular a una organización criminal que procedía con métodos y rutas similares al narcotráfico, con burriers que se traspasaban la mercancía a través de distintos aeropuertos de varios países. Una de esas rutas conectaba directamente con el Perú.

Sierra Olivan está sometido ahora a un pedido de extradición de las autoridades peruanas debido a un episodio que se remonta hasta hace tres años y cuyos detalles habían permanecido casi desconocidos hasta hoy.

La tarde del 25 de junio del 2016, los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, lo intervinieron junto a un sujeto que segundos antes había tratado de hacer pasar por el escáner de pasajeros un cargamento de aves vivas escondido en dos maletines de lona. Según documentos fiscales del caso, el primer indicio apareció cuando la pantalla de control dejó ver la silueta de dos ejemplares. Cuando los agentes abrieron el equipaje del sospechoso encontraron una caja de madera y doce pequeñas jaulas con forma de tubo que contenían más de treinta aves.

 

DETENIDOS. Los ciudadanos españoles Alberto Sierra Olivan y Ramón García Molina fueron detenidos en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar 10 gallitos de las rocas, el ave nacional del Perú.

Foto: Policía Nacional del Perú (PNP)

 

En el cargamento había diecinueve tucanes de distintas variedades y otras catorce aves. Los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmaron que al menos cinco de esos ejemplares figuraban en el apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un acuerdo global que apunta a regular el rentable negocio de comprar y vender animales. Para sacarlos del país se requería de un permiso especial otorgado por la autoridad científica del Serfor. El detenido no tenía documento alguno que lo avalara.

El portador de ese cargamento ilícito era un ciudadano peruano llamado Andrés Álvaro Sierra Rodríguez, quien entonces tenía 46 años y dijo ser taxista. Cuando los agentes le preguntaron dónde había obtenido las aves, Sierra Rodríguez dijo que las había comprado en una calle del Centro de Lima conocida por la venta informal de animales exóticos que mucha gente busca como mascotas. Para ese momento, los agentes ya habían puesto la mira sobre Alberto Sierra Olivan. El detonante de la sospecha fue que, al momento de pasar por el escáner, el pasajero español le entregó al peruano una mochila con objetos personales, y minutos después trató de salir de la zona de embarque con el pretexto de que se sentía mal y quería renunciar al viaje.

Ambos dijeron no conocerse. Luego se sabría que eso era mentira.

La investigación policial estableció algunos hechos claves: Álvaro Sierra Rodríguez y Alberto Sierra Olivan se conocían al menos desde hacía un par de meses. Hasta el día del viaje, el sospechoso español estuvo hospedado en un hostal del Callao con el sintomático nombre de “Edén”. Hasta allí lo había visitado el peruano en uno de los tres encuentros que tuvieron en persona. El día en que fueron intervenidos, habían intercambiado equipajes poco antes de pasar los controles. Había una prueba en video: esa tarde el circuito cerrado del aeropuerto captó que Sierra Rodríguez llegó con una mochila y una maleta con ruedas; sin embargo, cuando se presentó a la zona del escáner, solo llevaba los maletines en los que le iban a encontrar las especies prohibidas. Su misión era hacerlas pasar para luego entregarlas a Sierra Olivan. Por ese trabajo le iban a pagar 1.500 dólares.

Parecía una maniobra improvisada, hasta que la policía descubrió que se trataba de un modus operandi.

 

INCAUTACIÓN. Agentes policiales y autoridades de Serfor decomisaron una carga de aves silvestres con signos de maltrato en estrechas jaulas artesanales con forma de tubos.

Foto: Policía Nacional del Perú (PNP)

 

El esquema del tráfico

Ese mismo año, antes y después de la intervención que daría pie a la Operación Susaku, la organización encabezada por Alberto Sierra Olivan realizó al menos cuatro intentos ilícitos de extraer decenas de aves de especies protegidas del Perú, de acuerdo a documentos de la acción judicial obtenidos durante la investigación periodística “Fauna Perdida” -un esfuerzo regional, liderado por OjoPúblico, para establecer las rutas de este comercio ilícito en la región-. En todos los casos, la modalidad incluyó la participación de ciudadanos peruanos y extranjeros, quienes ejecutaron detallados planes para tratar de pasar por los controles del principal aeropuerto de Lima. Los documentos oficiales revelan que los traficantes actuaron de manera sistemática, incluso mientras eran investigados por ese delito. El caso más notorio era el del propio Alberto Sierra Olivan.

Apenas dos meses antes, la mañana del 19 de abril del 2016, Sierra Olivan había sido atrapado junto a otro ciudadano español cuando trataban de pasar ilegalmente un cargamento de aves protegidas vivas en el mismo aeropuerto Jorge Chávez. Aquella vez pretendían sacar diez ejemplares del gallito de las rocas, una especie de un plumaje rojo intenso que está declarada como ave nacional del Perú desde mediados del siglo XX. De acuerdo a los detalles de la acusación fiscal, Olivan y su compatriota, un sujeto llamado Ramón García Molina, fueron intervenidos en el área de counters del terminal aéreo por agentes de aduanas que notaron en ambos una actitud sospechosa. Cuando los llevaron a un ambiente aparte para registrar sus equipajes, encontraron las aves en jaulas artesanales, armadas con piezas de cartón y silicona.

Cuando los agentes le preguntaron dónde había obtenido las aves, Sierra Rodríguez dijo que las había comprado en una calle del Centro de Lima. 

La fiscalía no advirtió entonces que se trataba de una organización internacional en plena actividad ni siquiera por un detalle esencial: apenas tres días antes, Ramón García Molina –un hombre que ya tenía antecedentes de tráfico de aves desde Venezuela a España– había entrado al Perú con un cargamento ilegal de 54 pericos australianos, que fue incautado en el mismo aeropuerto. García Molina tampoco tenía documentación alguna de respaldo. Los funcionarios del Servicio de Sanidad Agraria tuvieron que prevenir posibles problemas sanitarios y aplicaron el procedimiento de rigor: todas las aves fueron sacrificadas.

En menos de una semana, el supuesto comerciante trató de cruzar dos veces la frontera del Perú cargado de especies prohibidas.

 

TRAFICANTES. En junio del 2016, Alberto Sierra Olivan y Andrés Sierra Rodríguez fueron detenidos en el Aeropuerto Jorge Chávez tras detectar que transportaban 33 especies de aves silvestres protegidas.

Foto: Policía Nacional del Perú (PNP)

 

Sierra Olivan y García Molina fueros procesados en flagrancia por traficar con gallitos de las rocas y se acogieron a la terminación anticipada, un mecanismo judicial que beneficia al acusado con una reducción de la pena si admite su culpabilidad. En abril del 2016, un juez del Callao les impuso una pena de dos años y seis meses de prisión suspendida, con tres condiciones: pagar una reparación civil, presentarse cada mes para firmar un registro digital, y, lo más importante, no cometer un nuevo delito. Fue con esta condena a cuestas que, en junio del 2016, Sierra Olivan volvió a caer en un intento de sacar ilegalmente más de treinta aves del Perú.

La organización de traficantes tampoco se detuvo con esta caída. Documentos judiciales revisados para este reportaje evidencian que el 22 de noviembre del 2016, mientras la Policía Nacional investigaba las ramificaciones del caso que impulsaría la Operación Susaku, Andrés Álvaro Sierra Rodríguez logró pasar al área de embarque del aeropuerto Jorge Chávez con 48 aves silvestres vivas, pero la persona que iba a contactar se echó para atrás, y él las terminó abandonando en los tachos de basura de un baño del terminal. Y solo dos semanas después, el 12 de diciembre, cuando ya estaba plenamente identificado, Sierra Rodríguez participó en otro intento de sacar ilegalmente especies de aves por el aeropuerto Jorge Chávez. Esta vez, actuó en complicidad con el ciudadano español Diego López Barahona, quien según su reporte migratorio había ingresado al Perú ocho días antes y se alojó en el mismo hostal del Callao usado en su momento por el extraditable Alberto Sierra Olivan. 

La modalidad era la misma: López Barahona se dirigió a la zona de embarque para tomar su vuelo a España y una vez dentro se reunió con Ricardo Vega Huayhuameza, una suerte de burrier peruano que acababa de hacer pasar por el escáner una maleta con 25 aves vivas. Era el encargo que Sierra Rodríguez le había entregado en el estacionamiento a cambio de un pago de trescientos soles. Los tres involucrados fueron detenidos. Tres días después, los peruanos se acogieron a la terminación anticipada. Tanto Andrés Álvaro Sierra Rodríguez como el portador de la mercancía fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de prisión, suspendida por dos años de periodo de prueba. En mayo del 2018, cuando todavía no se había cumplido ni siquiera esa etapa condicional, Sierra Rodríguez recibió otra condena a seis años de prisión efectiva por el caso de las aves que arrojó en un tacho de basura para librarse de la evidencia que lo inculpaba.

OjoPúblico solicitó la versión de Andrés Álvaro Sierra Rodríguez sobre estos hechos. Su respuesta fue que no deseaba dar declaraciones ni autorizaba que se le mencione en este reportaje.

Mientras la Policía Nacional investigaba las ramificaciones del caso que impulsaría la Operación Susaku, Andrés Álvaro Sierra Rodríguez logró pasar al área de embarque del aeropuerto Jorge Chávez con 48 aves silvestres vivas.

Este es uno de los casos más evidentes de las prácticas sistemáticas del comercio ilícito de fauna silvestre y de las limitaciones del Estado peruano para contenerlas. Las debilidades quedaron en evidencia desde el inicio: mientras el atestado policial estableció que Andrés Álvaro Sierra Rodríguez y Alberto Sierra Olivan eran miembros de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de especies hacia Europa –como se confirmaría meses después con la Operación Susaku–, el Ministerio Público consideró que esa hipótesis no tenía sustento, porque, a pesar de los múltiples indicios en ese sentido, se trataba de hechos aislados. “El delito de asociación ilícita requiere […] de una vocación de permanencia”, dice el acta fiscal que inició la causa. Esto fue en medio de los hechos reconstruidos en este reportaje y que les valieron a sus protagonistas varias detenciones y condenas.

El pedido de extradición contra Alberto Sierra Olivan recién fue aprobado en enero del 2019 por el presidente Martín Vizcarra. Solo contempla el delito de tráfico de fauna.

 

Las fallas del sistema

El caso de los traficantes españoles, devuelto a escena tras la reciente captura de Sierra Olivan, es solo una muestra del vasto universo en la sombra de explotación ilícita de la biodiversidad del Perú, de acuerdo a informes policiales, denuncias fiscales, expedientes judiciales, reportes de sanciones y registros de campo realizados por OjoPúblico en zonas rojas del tráfico. Las evidencias y documentos, obtenidos durante meses para la investigación Fauna Perdida, ofrecen un panorama que involucra desde grupos criminales internacionales hasta empresarios bajo sospecha, expertos en manejo de fauna y funcionarios públicos en actividad.

Los hallazgos indican que, en principio, los organismos de control no se dan abasto para fiscalizar la cadena formal del manejo de fauna protegida en toda su extensión. Las competencias están repartidas entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que dirige la política nacional del sector y da los permisos para la exportación de especies protegidas; el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), que fiscaliza las áreas otorgadas en concesión por el Estado para la crianza y comercialización de especies; y siete gobiernos regionales, que en años recientes han recibido funciones forestales bajo criterios de descentralización. A eso se suma el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), que tiene competencia sobre las especies que habitan en parques nacionales y otras áreas reservadas por su diversidad biológica a lo largo del país.

Esta aparente muralla de instituciones protectoras de los recursos ambientales tiene grietas serias que favorecen el tráfico de fauna silvestre.

En la base del problema están algunos establecimientos de manejo ambiental, denominados zoocriaderos o centros de custodia temporal, que son lugares autorizados para tener, vender y hasta exportar animales. OjoPúblico ha identificado casos en que establecimientos de ese tipo han operado a pesar de que sus propietarios o responsables registran antecedentes relacionados precisamente al tráfico de fauna, depredación de especies e incluso a otras actividades del crimen organizado.

Uno de los casos más notorios es el de ciudadano John Paul Revilla Estrada, quien en el 2017 fue expulsado de Argentina acusado de ser jefe de sicarios de una organización de narcotraficantes liderada por un tío cercano. En el 2009, Revilla creó en Loreto una empresa llamada “Amazonas Sueños del Momón”, destinada -según su ficha de registros públicos- a ofrecer servicios turísticos y manejar programas de conservación ambiental. Revilla abrió este negocio en sociedad con un hombre de la zona llamado Javier Pinedo. Al año siguiente, en el 2010, la empresa logró autorización para establecer un centro de custodia temporal denominado “Sueños del Momón”, a pesar de que ya en esa época Revilla era investigado por las autoridades de Argentina junto a más de cincuenta delincuentes peruanos, cuyos delitos se remontaban hasta los años noventa. Según expedientes judiciales revisados para este reportaje, Revilla estaba en la mira de la policía de Buenos Aires en un caso de homicidio ocurrido en 1998. También por un ataque armado relacionado con el tráfico de drogas en el 2004.

 

RESCATE. En los últimos 10 años, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre decomisó más de 60 mil animales silvestres vivos del mercado ilegal. Las especies más traficadas fueron las tortugas motelo y taricaya, el caimán blanco y las boas mantonas.

Foto: César Fajardo

 

En abril del 2014, cuando Osinfor aplicó una sanción al centro “Sueños del Momón” por la tenencia ilegal de un oso perezoso de tres dedos, Revilla ya estaba procesado en Argentina por “tráfico de drogas en forma organizada” y por “acopio de armas de fuego” y municiones. Osinfor puso al centro de custodia una multa leve en atención a que “la administrada no registra sanciones ni multas impuestas por la presente dirección”. Tres años después, una tarde de julio del 2017 Revilla fue llevado al aeropuerto de Ezeiza, custodiado por media docena policías y efectivos en traje de comandos, para ser expulsado con destino al Perú. Su último registro migratorio indica que cuatro meses después volvió a salir del país para un viaje de una semana a Brasil. 

“El señor Revilla ya no tiene nada que ver [con esta empresa]”, dijo Hugo Gálvez, ex veterinario de Sueños del Momón, a una consulta para este reportaje. Gálvez relató a OjoPúblico que, si bien la sociedad surgió con un accionariado a partes iguales, con el tiempo Revilla Estrada desplazó a Pinedo en el control de la empresa y sus negocios. Según el veterinario, durante una época, que coincide con la estancia de Revilla en Buenos Aires, este delegó la administración a su hermana. “Nos enteramos en el periódico cuando vimos que habían detenido peruanos en Argentina, justamente coincidió que su hermana desapareció cuando [llegó esa] noticia”.

El veterinario indicó que Javier Pinedo, dueño del terreno donde están las instalaciones del centro de custodia, es un hombre modesto, ajeno a las actividades de su socio. Dijo que Pinedo ha intentado dar de baja la empresa, con el fin de abrir otra, pero que se topó con el pedido de la anterior gestión del gobierno regional para que mantenga abierto el centro hasta ver qué se puede hacer con los animales. Gálvez indica que hasta ahora no le facilitan el trámite, y que, en cambio, hasta le han dejado especies ajenas decomisadas en otras operaciones de fiscalización, con el argumento de que no había dónde dejarlas. “En su momento [los funcionarios del gobierno regional] nos dejaron felinos que no estaban en nuestro plan de manejo”, recordó el especialista. La situación deja al centro expuesto a sanciones de Osinfor, que realiza inspecciones de oficio y procede según lo que encuentra en el momento.

 

Otro caso sintomático fue el del belga Jean De Coninck, propietario de un zoocriadero con su nombre, un personaje bien conocido en el sector ambiental. De Coninck fue intervenido la noche del 26 de febrero del 2016 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando portaba una maleta cargada con ocho tucanes empaquetados en jaulas artesanales. Según el acta de intervención realizada por el personal de Serfor, “el denunciado indicó que había adquirido las especies cazándolas en el departamento de Piura, bosque fronterizo con el Ecuador”. En el documento de la acusación fiscal se indicaría que el empresario actuó de manera dolosa, pues “conocía o debía presumir razonablemente que se trataba de especies animales sobre las cuales no tenía ninguna autorización para su transporte o almacenamiento con fines de exportación”. Cuando esto ocurrió, De Coninck ya tenía un historial con varias marcas en rojo.

Apenas tres meses antes, en noviembre del 2015, la Fiscalía lo había denunciado y solicitaba tres años de prisión en su contra por delito contra los recursos naturales en la modalidad de depredación de flora y fauna silvestre. La denuncia era por un caso ocurrido el año anterior: en abril del 2014, una llamada telefónica alertó al Serfor sobre la existencia de especies protegidas en un presunto criadero clandestino en Chorrillos. Los especialistas que llegaron al lugar encontraron a De Coninck en posesión de ocho ejemplares del emblemático gallito de las rocas, sobre los cuales tampoco tenía autorización. El belga no se opuso a la incautación de las aves y dijo que las había obtenido de una persona que se encontró al borde de un río en Chanchamayo, a quien supuestamente se las cambió por tres redes de caza. 

No era la única señal de alerta en su historial: De Coninck, quien según los documentos fiscales tenía antecedentes desde el 2002 por abrir un zoocriadero ilegal, fundó en el 2009 una sociedad anónima denominada precisamente Zoocriadero Jean de Coninck SAC, de la cual era socio mayoritario y gerente general. Dos años después, renunció a la gerencia y dejó como apoderado a uno de sus socios. El accionariado no se modificó. Según su escritura pública, la empresa estaba basada en Lima, pero podía “establecer sucursales en cualquier lugar de país y del extranjero”.

Durante las investigaciones por el caso de las aves que le incautaron en el aeropuerto, agentes de la Policía Nacional visitaron las tres direcciones que De Coninck había declarado por separado, tanto en el acta de incautación como en su registro de migraciones y en posteriores documentos que presentó al Serfor. De acuerdo a los informes de verificación, las tres direcciones resultaron falsas. Mientras De Coninck era investigado, sus socios inscribieron en registros públicos un cambio en la razón social de la empresa, que pasó a denominarse Amazon Parrots SAC.

 

IQUITOS. El mercado de Belén, situado en la ciudad de Iquitos, es conocido por el flujo de comercio ilícito de fauna silvestre. A la derecha, un loro de la especie Amazona Amazónica, en alto grado de amenazada, es puesto en venta por los comerciantes de la zona.

Foto: César Fajardo

 

Con base en las evidencias incautadas y los informes periciales que identificaban las aves como especies protegidas, en octubre del 2016 la Fiscalía de Prevención del Delito y en Materia Ambiental lo denunció nuevamente por tráfico de fauna.

El documento fiscal solicitaba como medida cautelar la comparecencia restringida, “dada la magnitud de la pena probable y que no tiene el denunciado aún una sentencia condenatoria en el proceso penal que se le sigue en Lima”. En ese momento, sin embargo, De Coninck ya había sido sentenciado a dos años de prisión por el mismo delito en el Juzgado Especializado Penal Permanente de Chorrillos.

La Fiscalía lo había denunciado y solicitaba tres años de prisión en su contra por delito contra los recursos naturales en la modalidad de depredación de flora y fauna silvestre.

Fuentes de distintos ámbitos refirieron a OjoPúblico que el ciudadano belga, a quien se impuso una sanción de S/ 28.500 posesión ilegal de especies -considerada en su momento la multa más alta de la historia-, falleció hace unos meses. OjoPúblico intentó contactar al actual gerente general de la empresa, pero no obtuvo respuesta. También se hizo una visita al lugar donde fue detenido, un solar de la Avenida Guardia Civil, en Chorrillos, que actualmente es un garaje, y a la dirección que registró en sus documentos migratorios, que en realidad es un parque.

Los casos de Revilla y De Coninck exponen las limitaciones de los organismos supervisores para fiscalizar los antecedentes de las personas que participan en el manejo particular de especies protegidas. Los documentos revisados por OjoPúblico indican también que algunos personajes sancionados por delitos contra la fauna silvestre mantienen sus operaciones en el sector e incluso han realizado acuerdos con organismos oficiales en la misma época en que eran investigados.

 

AMENAZADA. La especie amenazada más exportada en los últimos cuatro años fue la tortuga taricaya. Del 2015 al 2019 fueron comercializadas 3'160.321 ejemplares vivos, según datos de Serfor.

Foto: César Fajardo

 

El caso más reciente involucra al ciudadano ucraniano Volodymyr Izerskyy, un biólogo conocido en el medio forestal, que tiene una concesión denominada Zoocriadero Vertebrados Victoria SAC. A fines de octubre del 2019, un juez de Satipo condenó Izerskyy a dos años de prisión suspendida y el pago de 3 mil soles de reparación civil por el delito de depredación de flora y fauna silvestre. Izerskyy se acogió a la terminación anticipada –lo que incluye confesarse culpable a cambio de una pena benigna- en el proceso que se le seguía por la tenencia ilícita de 35 ejemplares de distintas especies. El caso se remonta a mayo del 2015, cuando funcionarios del Osinfor, durante una acción de supervisión, detectaron que tenía tucanes, loros, guacamayos y monos, sin contar con documentos que acreditaran su origen. Al menos uno de esos ejemplares figuraba en el apéndice I de la Cites, referido a animales en peligro de extinción.

Izerskyy no apeló a tiempo la sanción que Osinfor le impuso por este caso en el 2016. Tiempo después, la Fiscalía le inició una investigación preliminar por los delitos de tráfico de fauna y depredación de fauna, aunque solo procedió el segundo cargo.

“Es un proceso cerrado”, dijo Volodymyr Izerskyy a una consulta para este reportaje. El biólogo ucraniano, quien reside en el Perú desde hace más de veinte años, adujo que, en el momento de la intervención, su zoocriadero estaba dedicado a tres tipos de actividades: investigación científica, crianza de especies y acopio de animales procedentes de decomisos. Según dijo, los animales que le detectaron aquella vez se los había dejado personal del Serfor. “Yo, como especialista y doctor de biología, hago recuperación de animales; y después, junto con Serfor, con documentos, liberamos [esos] animales; por ejemplo, pumas, caimanes, boas; diferentes cosas”.

El detalle es que Volodymyr Izerskyy tiene en su historial al menos un episodio que ya lo había puesto en la mira de las autoridades. En septiembre del 2019, apenas un mes antes de que se confesara culpable en el juicio por depredación de fauna, el Serfor le impuso una multa por poseer ocho aves sin contar con la autorización correspondiente y también por liberar sin permiso un lote de 482 aves en el predio de su zoocriadero.

Por la misma época en que estaba sujeto a estos procesos administrativos o judiciales, Izerskyy siguió obteniendo permisos de los principales organismos supervisores para el manejo de fauna silvestre con fines científicos o para custodia temporal de otras especies. Entre junio del 2017 y julio de 2019, el biólogo recibió en custodia, por parte del Serfor, por lo menos cuatro lotes de animales que procedían de incautaciones o de hallazgos en abandono: dos tucanes juveniles, un mono titi emperador, dos loros cabeza azul, un milano plomizo y un mono pichico adulto, según las actas de estos procedimientos revisadas por OjoPúblico. La última de estas entregas fue en julio del 2019, cuando ya tenía multas, sanciones y hasta una investigación penal por la tenencia ilegal de especies.

Izerskyy también obtuvo dos autorizaciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) para realizar proyectos de investigación científica: la primera fue emitida en octubre del 2018, para desarrollar durante dos años trabajos de identificación taxonómica de la fauna invertebrada en dos cuencas al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria; la segunda se dio en mayo del 2019, para realizar la identificación taxonómica de aves y mamíferos en las cuencas de los ríos Ene y Tambo, ubicadas al interior de la Reserva Comunal Asháninka.

Volodymyr Izerskyy dice que las sospechas en su contra –que incluyen un confuso episodio en que primero fue acusado de tráfico y luego él acusó de amenazas de muerte a una compatriota suya- son una venganza por negarse a hacer negocios ilícitos. 

“Volodymyr de repente ha cometido el delito por desconocimiento de la norma peruana y la burocracia de Serfor”, comentó su abogado, Richard Olivera Villegas, quien lo representó en el juicio.

La defensa no fue sostenible para el entonces fiscal del caso, Julio Héctor Dávila Puño. de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. “El señor ha estado dando consultorías [...]. Es una persona que conoce lo que la ley te permite y lo que la ley no te permite. Entonces, él no podía alegar que no sabía”.

 

 

 

Fiscalizadores en el banquillo

A inicios de octubre del 2019, el Serfor organizó en Lima la Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre. El encuentro, que reunió a decenas de autoridades y expertos de distintos países, fue un muestrario de las prácticas utilizadas de manera creciente por las redes del tráfico internacional, sus vínculos con otras actividades ilícitas y las limitaciones de los sistemas de control de distintos estados ante una actividad tan rentable que se acerca al tráfico de drogas o de armas en las estadísticas de los organismos multilaterales.

Las modalidades de la explotación ilícita comentadas en el encuentro eran similares: en particular, el uso de la legalidad a través de documentos reales, como certificados de procedencia o guías de transporte, que tienen información errónea o abiertamente falsa. La evidencia –documentada por OjoPúblico en los casos descritos arriba y en otras entregas de este especial– pone en el centro de la atención a las entidades encargadas de supervisar el origen de las especies que se comercializan desde el Perú hacia el resto del mundo, un movimiento que tan solo entre el 2015 y 2019 representó la salida de siete millones de animales vivos, de especies protegidas por la Cites, de acuerdo a un análisis con base en data pública realizado para esta investigación.

Más de la mitad de ese volumen correspondió a exportaciones de taricayas, una variedad de tortugas que proviene de zoocriaderos y de cuencas de las más importantes reservas naturales del país. También es una de las especies más decomisadas: en la última década hubo hasta 494 acciones de decomiso de taricayas en el país, de acuerdo a cifras de Serfor. El nivel de explotación de esta especie la ha puesto en la mira de autoridades estadounidenses encargadas de identificar posibles redes de tráfico de vida silvestre, según pudo conocer OjoPúblico en la Conferencia de Alto nivel realizada en octubre.

 

DELITO. El tráfico ilícito de tráfico de fauna es uno de los comercios ilegales más lucrativos y está considerado como un crimen organizado transnacional, según la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y Drogas (UNOCD). 

Ilustración: Jeremy Kilimajer Artwork

El mecanismo de trazabilidad de los ejemplares de taricaya, desde su origen en Loreto, es una muestra de las vulnerabilidades del sistema.

“Todos esos nacimientos son registrados por la autoridad regional y nosotros también hacemos verificaciones. No todos los meses, porque estamos acá, en la central, pero sí hacemos revisiones periódicas”, dijo Jessica Gálvez Durand-Besnard, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor, a una consulta de OjoPúblico sobre el tema.

Gálvez, quien firma los permisos de exportación de especies protegidas en su calidad de autoridad administrativa Cites, explicó que las verificaciones de Serfor se realizan unas tres o cuatro veces al año, por tres funcionarios que viajan desde Lima. También indicó que sus expertos certifican cada vez que se realiza una exportación, a través de oficinas de enlace establecidas en gobiernos regionales como el de Loreto, una de las regiones que registra el mayor movimiento comercial de fauna silvestre del Perú. En Loreto, esta oficina está integrada por dos personas. “El gobierno regional es la autoridad que tiene que revisar todo”, precisó la funcionaria.

Según Gálvez, el otro factor que asegura el manejo sostenible del recurso son las comunidades nativas que están a cargo, como ocurre en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. “Tienen unos registros y lo hacen ellos mismos, pero también hay personas de la autoridad que van a verificar. En el caso de Pacaya, el Sernanp”.

Documentos judiciales obtenidos por OjoPúblico activan las alertas sobre la seguridad de este mecanismo de supervisión, en especial a partir de un caso que pasará a juicio oral a mediados de diciembre próximo. El proceso obedece a la denuncia interpuesta en diciembre del 2017 por la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Loreto contra un grupo de trabajadores y funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) debido a un presunto caso de tráfico de peces ornamentales y huevos y crías de taricaya que provenían de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En la denuncia estaban implicados el propio jefe de la reserva de entonces, el biólogo José Grocio Gil Navarro, y la encargada del Subprograma de Educación Ambiental, Adela Margarita Da Silva Arirama, entre otras personas.

Según los documentos del caso, el grupo había aprovechado sus posiciones para vender peces ornamentales de la reserva por un valor de tres mil soles y para desviar más de mil nidadas de taricaya -con 32 a 35 huevos cada una-, causando un perjuicio al Estado de 119.925 soles. En paralelo, algunos de sus integrantes habían vendido por su cuenta 5.290 crías de taricaya por un valor de 11.700 soles. La recepción del dinero de estas operaciones ilícitas estaba a cargo de dos guardaparques. José Grocio Gil Navarro, el jefe de la institución, fue informado de esta venta ilícita, pero no hizo nada. “Se ha evidenciado la carencia total de supervisiones, monitoreos y acciones de control en sus distintas modalidades por parte de la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, dice la denuncia fiscal.

"Esta ha sido una venganza del Sernanp contra mi persona”, dijo Gil a una consulta para esta investigación. “A mí me han hecho un cargamontón para que me saquen de la jefatura […] No tengo nada que ver”. El exfuncionario dijo que para tomar alguna acción hubiera tenido que haber una investigación previa, y no la hubo. “Además, la reserva Pacaya Samiria es inmensa. Entonces, no se pueden tomar acciones así nomás”.

Las grietas no solo aparecen en las regiones aisladas. El crimen aprovecha incluso lugares y ámbitos donde nadie revisa los antecedentes de los personajes involucrados. En el 2017, una mujer de Arequipa participó en un curso de seguridad y ética en caza deportiva impartido por una empresa registrada ante el Serfor. Su pareja había llevado ese mismo curso el año pasado. Para ese momento, ambos ya eran investigados por traficar con especies protegidas del Perú hacia el extranjero.

 

CAZADORES. Estados Unidos solicitó la extradición de Gonzalo Paredes, y su pareja, Kathia Chávez, luego de que fueran procesados por tráfico ilícito de aves.

Foto: Policía Nacional del Perú (PNP) 

 

Los desafíos de la impunidad

En agosto del 2018, la Policía Nacional capturó en Arequipa a un experto en caza deportiva llamado Gonzalo Paredes Palacios, quien estaba sujeto a un pedido de extradición de parte de Estados Unidos bajo cargos de conspiración para traficar especies protegidas hacia ese país. Paredes y su entonces pareja, Kathia Chávez Chávez, estuvieron vinculados a un grupo que durante años estableció un esquema para burlar leyes internacionales y controles de al menos seis países en Europa y América Latina, con el fin de movilizar aves muy preciadas por los coleccionistas, incluyendo algunas que figuran en los apéndices Cites. La participación de los peruanos fue detectada en medio de una larga investigación dirigida por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S Fish and Wildlife Service o FWS), una agencia federal que representa, para el control de las actividades ilícitas contra la fauna silvestre, lo que la DEA para el combate al narcotráfico.

La agencia estadounidense investigaba un caso de tráfico de aves que conectaba con uno de los mayores coleccionistas de Estados Unidos, un ornitólogo de ochenta años llamado Henry Springer, quien operaba desde Alaska, y con un veterano taxidermista llamado Tony Gilyard, cuyo negocio funcionaba desde hacía cuarenta años en Florida. Se trataba de ligas mayores: Springer, un antiguo congresista estatal de Alaska, era un experto que a lo largo de su vida recorrió el mundo para formar su colección, desde Mongolia y Kirguistán hasta Siberia o Australia. También era investigador asociado del Museo del Norte de la Universidad de Alaska, donde había una sala bautizada con su nombre.

Las actividades sospechosas de Springer y Gilyard para obtener especímenes raros fueron registradas por agentes encubiertos que durante meses se hicieron pasar como taxidermistas, grabaron conversaciones y reunieron evidencias de una red que se extendía a Escocia, Inglaterra, Alemania, Italia, Malta y Perú. Según la acusación de la Fiscalía de Florida, en casi todos los casos el coleccionista y el taxidermista conspiraron con sus cómplices para trasladar ejemplares en sus equipajes sin declararlos, presentaron documentos falsos o utilizaron de manera indebida licencias de corte científico para hacer pasar las aves como si fueran material de estudio para un museo, cuando en realidad eran para colecciones privadas. Con estas modalidades, Springer y Gilyard exportaron de manera ilícita unas ciento cincuenta aves protegidas del Perú.

 

ACUSADA. En enero del 2019, Kathia Chávez fue extraditada a Estados Unidos por haber conspirado para cazar y traficar ilegalmente aves peruanas hacia ese país.

Foto: Archivo OP.

“El acusado [Springer], Gilyard, Paredes y Chávez conspiraron para matar, reunir y exportar aves peruanas en violación a las leyes del Perú y para transportarlas de contrabando a Estados Unidos”, dice de manera explícita el documento presentado por el Fiscal Adjunto de Florida. Los tratos se concretaron en dos ocasiones.

La primera vez ocurrió a inicios de junio del 2011. Gonzalo Paredes y Kathia Chávez, propietarios de una agencia de guía de caza llamada Andes Safari Perú, organizaron los detalles del viaje de Springer y Gilyard al Perú para conseguir aves. El acuerdo se realizó a sabiendas de que algunas de las especies solicitadas por los visitantes no estaban en el calendario de caza de esa temporada, de acuerdo a la información recabada por los agentes encubiertos del FWS. Siete días después, los estadounidenses abandonaron el Perú con un cargamento de 23 aves escondido en las maletas –un Martín pescador amazónico, tres carpinteros andinos y un minero de ala oscura, entre otras-, sin pedir permiso a las autoridades peruanas ni avisar a las de su país, un procedimiento obligatorio por ley en EE.UU. Por el contrario, según los documentos fiscales, viajaron “habiendo planeado su llegada para una fecha y hora en que los inspectores del FWS estuvieran ausentes”.

Paredes y Chávez prepararon y facilitaron una guía de transporte con datos falsos, que luego sería presentada por los estadounidenses como si fuera una autorización de exportación.
Meses después, los guías de caza peruanos recibieron un nuevo pedido de Springer y Gilyard con una lista de aves para matar y exportar. En la lista había varias especies protegidas por las normas Cites. De acuerdo a la investigación federal, Paredes y Chávez aceptaron el encargo y respondieron que tenían algunos de los ejemplares en un congelador. Cuando Gilyard vino en mayo del 2013, todo estaba listo, y apenas tres días después partió de regreso a Estados Unidos con setenta ejemplares. La modalidad para regularizar la carga fue la misma, a través de una guía de transporte fraudulenta preparada por Paredes y Chávez.

No fue el único trato: los agentes también detectaron que en octubre de ese año la pareja de guías de caza envió directamente a Springer, hasta Alaska, una encomienda que contenía dos colibríes gigantes, una especie considerada en el Apéndice II de Cites, relacionada a animales que podrían caer en peligro de extinción si no se controla su comercio. Para evitar los controles habían rotulado el paquete con la palabra “Artesanías”.

Las actividades sospechosas de Springer y Gilyard para obtener especímenes raros fueron registradas por agentes encubiertos que durante meses se hicieron pasar como taxidermistas, grabaron conversaciones y reunieron evidencias.

La hipótesis fiscal fue sometida a un gran jurado federal de Florida, que de inmediato presentó una acusación formal contra Gonzalo Paredes Palacios y Kathia Chávez Chávez hasta por cinco cargos. El principal, indicaba que “cada uno, con conocimiento y deliberadamente, se convirtió en miembro de dicha conspiración, y que el objetivo del plan ilegal era importar y exportar ilegalmente fauna silvestre y hacer declaraciones falsas”. Tan solo por este cargo, la pareja de peruanos afrontaba una posible condena a 5 años de prisión y el pago de un cuarto de millón de dólares de multa. Dos de los otros cargos podían aumentar la pena en veinte años cada uno.

Para entonces, Gilyard ya se había declarado culpable. Springer haría lo mismo en noviembre del 2017. La acusación contra los peruanos pareció entrar en la misma senda final cuando en agosto del 2018, dos días después la captura de Gonzalo Paredes en Arequipa, Kathia Chávez se acogió al proceso simplificado de extradición para ser enviada a Estados Unidos. El 6 de febrero del 2019, Kathia Chávez se presentó ante el Juez de Distrito Mark E. Walker y se declaró culpable de conspiración para cometer crímenes contra los Estados Unidos y de importar vida silvestre a ese país a sabiendas de que había violado la ley peruana. El acuerdo de confesión fue benigno: según su registro migratorio, pudo regresar al país a inicios de mayo. A los dos días se marchó a Canadá.

A pesar de las evidencias señaladas en el pedido de extradición contra Paredes, que según la acusación incluían correos electrónicos y archivos de las computadoras incautadas a Springer y Gilyard, y el testimonio de un agente especial que participó en la investigación, en mayo del 2019, la Corte Superior de Justicia del Callao declaró inadmisible por falta de “evidencias suficientes” en la formulación del expediente. La Corte no tomó en cuenta la nota diplomática presentada por la embajada de Estados Unidos con la referencia de que el pedido estaba fundamentado de la misma forma que antes ha permitido la extradición de otros ciudadanos peruanos, incluso la de la propia pareja y coinculpada de Paredes, Kathia Chávez.

“La embajada de los Estados Unidos, al pedir la extradición, no ha cumplido con los requisitos mínimos, es lo que ha dicho la Corte Suprema”, dijo a OjoPúblico el abogado Juan Andrés Chipana Quispe, defensor legal del guía de caza arequipeño, quien declinó un pedido de entrevista para este reportaje.

Paredes quedó libre por un asunto técnico procesal, a pesar de que este ha sido un caso de estudio del U.S. Fish and Wildlife Service para los agentes que deben analizar el tráfico de vida silvestre en América Latina.

“Este caso está abierto”, dijo a OjoPúblico el agente especial Roger Turnell, representante del U.S. Fish and Wildlife Service para Sudamérica. “Los agentes [especiales y fiscales] en Estados Unidos quieren a esta persona para que regrese y vaya ante la justicia”.

El último movimiento del caso es una apelación presenta por el abogado de la embajada de los Estados Unidos. El juzgado del Callao debe resolver si la acepta o no.