Los rayos-x del Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, en Manaos (AM), frustraron los planes del amazónico Lucas Silva dos Santos (22) la tarde del 23 de febrero de este año. Los ojos electrónicos le impidieron llegar a Tabatinga, en la frontera entre Colombia y Perú, con una maleta llena de bolsas de plástico que contenían 236 peces cebra. Este pez es uno de los más buscados por los traficantes de fauna silvestre. Santos se encuentra en libertad mientras enfrenta el proceso legal. Este tipo de incautaciones es común en la Amazonía y revela las rutas y métodos empleados para el comercio ilegal de fauna y flora silvestre. 

El bello y tímido pececito solo se puede encontrar en medio de la naturaleza en el Volta Grande del río Xingú en el estado de Pará. Aunque sea adulto, puede caber en la palma de la mano. Su captura fue vetada en Brasil en 2004, precisamente por el tráfico internacional. Sin embargo, hoy en día también podría desaparecer debido al impacto de la mega represa hidroeléctrica de Belo Monte.

La zebrinha también está en la lista oficial brasileña de fauna en peligro de extinción y su venta está prohibida por Cites, una convención internacional que intenta proteger la fauna y flora contra el comercio excesivo. El tráfico de fauna y flora silvestre se encuentra contemplado en la Ley de delitos ambientales desde 1998. No obstante, estas medidas no impiden el comercio ilegal de la especie, de acuerdo con la información obtenida para el proyecto Fauna Perdida, una investigación regional y colaborativa dirigida por OjoPúblico que pone al descubierto las rutas del tráfico de fauna y flora silvestre en América Latina. 

Documentos de procesos judiciales, acciones del Ministerio Público, de la Policía Federal y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), la entidad federal encargada de la fiscalización ambiental, revelan que más de 6.800 peces cebra han sido incautados en la última década mientras eran transportados por traficantes. Estos hallazgos confirman que el tráfico se produce a través de los aeropuertos de Pará y del Amazonas hasta la triple frontera cerca de Tabatinga, en el extremo oeste del estado de Amazonas. Desde allí se puede llegar a pie hasta Leticia en Colombia donde hay otro aeropuerto internacional y numerosos comercios de peces ornamentales. La especie también se comercializa en balsas en las márgenes del Río Solimões. Desde la ciudad colombiana se llega a Perú a través de la isla Rondina.

INCAUTACIONES. Decenas de crías de pez cebra y maletas llenas de peces fueron incautadas este año en manos de traficantes en Altamira y Manaus.

Fotos: Ibama y Policía Federal.

 

El paraense Raylan Ricardo Soares (25) es otro de los detenidos por tráfico de animales en la Amazonía. Fue capturado por la Policía Federal cuando iba a tomar un vuelo desde Altamira, Pará, hacia Tefé, en Amazonas, a principios de 2014. Había despachado en su equipaje 174 peces cebra. De conformidad con las leyes brasileñas, se le ordenó pagar R$ 1,000.00 (equivalente a US$ 250) que fueron entregados a una entidad benéfica. 

“La vía aérea es la ruta principal para este tipo de delito. Se usan 'mulas’ en los aviones, tal como ocurre en el narcotráfico. Estas personas son a quienes más se detiene y, como solo son medios de transporte, no se logra establecer la conexión con las redes de tráfico internacional”, contó Leandro de Melo Souza, investigador de la Universidad Federal de Pará especializado en peces amazónicos.

Las 30 incautaciones enumeradas por el proyecto Fauna perdida demuestran que este tipo de delito se mantiene firme y fuerte, especialmente con fauna nativa de países en la región. En octubre, un estudio publicado en la revista científica Science señaló que una de cada cinco especies de vertebrados es víctima de tráfico en el mundo. Esta investigación reveló que la gran mayoría de animales capturados y vendidos ilegalmente provienen de regiones tropicales como la Amazonía.

 

Delitos vinculados

Las bandas de narcotraficantes que operan en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú también están involucradas en el mercado ilegal de peces ornamentales. En Colombia y Perú, la deforestación de la Amazonía está aumentando junto con el cultivo de coca en regiones cercanas a la frontera con Brasil, incluso por acción de fanáticos religiosos de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. “El capital criminal circula entre la minería informal, la tala ilegal, el tráfico de drogas y de fauna silvestre. Para los traficantes, lo importante es la fuente de mayores ganancias y el delito ambiental resulta muy atractivo porque las sanciones [en Brasil] son simbólicas, equivalentes al pago de una canasta básica familiar”, señaló Alexandre Saraiva, Superintendente de la Policía Federal en Amazonas.

Una de las mayores incautaciones de peces cebra señaladas en el reportaje se produjo este año cuando se capturaron 505 peces en el aeropuerto de Altamira (PA), la ciudad más importante del Volta Grande del río Xingú. El delincuente fue arrestado por la Policía Federal cuando intentaba abordar un vuelo a Manaos (AM). Estas detenciones en los países vecinos también ayudan a trazar las rutas del mercado criminal de fauna silvestre. 

PEZ CEBRA. El especial #FaunaPerdida revela la ruta del tráfico ilegal del pez cebra, una de las especies más vulnerables de Brasil, y a la vez una de las más cotizadas en el mercado internacional del tráfico de fauna silvestre.

Ilustración: Jeremy Kilimajer Artwork

 

Entre 2015 y 2019, la Policía Nacional de Colombia incautó setenta mil peces en el departamento de Amazonas colindante al estado brasileño del mismo nombre. Sin embargo, no fue "posible discriminar las especies de peces, ya que la herramienta de información [...] no permite captar nombres científicos [y los] empleados no son técnicos para identificar las diferentes especies", respondió la entidad por correo electrónico a una consulta para este reportaje. 

más de 6.800 peces cebra han sido incautados en la última década mientras eran transportados por traficantes. Estos hallazgos confirman que el tráfico se produce a través de los aeropuertos de Pará y del Amazonas hasta la triple frontera cerca de Tabatinga.

En agosto de 2019, 22 peces cebra fueron incautados en una tienda de la empresa AeroSur en Bogotá, según informó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia. En abril de este mismo año, un ciudadano chino fue arrestado en Iquitos, Perú, a punto de embarcarse hacia Japón con un pez cebra. En julio del año pasado, 199 peces cebra fueron descubiertos de esa forma en la misma ciudad.

En 2015, al menos dos pasajeros fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Iquitos tratando de despachar zebrinhas en vuelos de Avianca. Uno de ellos tenía boletos para ir a Manchester, Inglaterra. El traficante había cambiado el nombre de la especie, tratando de burlar el control. La información proviene de documentos oficiales del gobierno peruano. 

Las continuas incautaciones demuestran que el tráfico es manejado por organizaciones criminales, según afirma el Superintendente Saraiva de la Policía Federal en Amazonas. “Sin embargo, estas organizaciones criminales han perdido mucho del modelo piramidal, con alguien en la cima dando órdenes. Ahora son pequeñas células que incluso colaboran entre sí, pero ya no existe un ‘gran jefe’. El ‘sujeto’ lo hace por su cuenta [porque sabe que existe un mercado]”, dijo. 

Pase libre

En septiembre de 2019, durante el curso de esta investigación, detectamos peces cebra a la venta en páginas web, sitios de venta colectiva y redes sociales en diversos países, desde Estados Unidos hasta Rusia, pasando por Francia, Canadá, Alemania y China. Un solo pez se vendía por el equivalente de R$ 2,000, esto es, alrededor de US$ 500. Los habitantes ribereños y de comunidades indígenas que los capturan en el Volta Grande del río Xingú reciben hasta R$ 40.00 (US$ 10) por un espécimen adulto, contaron fuentes de la región y pidieron no ser identificadas.

En algunos países, existen excelentes creaciones con ejemplares exportados antes de 2004, por ejemplo, en Indonesia. Pero la mayoría de los comerciantes rastreados por la investigación Fauna Perdida no detalla el origen de las zebrinhas. Otros garantizan la venta de peces silvestres, como se muestra en las fotos anteriores.

Al mismo tiempo, fuentes que están alerta sobre el tráfico internacional de fauna silvestre, que pidieron no ser identificadas, señalaron a un comerciante en la ciudad de Gersthofen, al sur de Alemania, como un "portal europeo para peces ilegales". La compañía importa animales de Colombia, Malasia y Brasil, por lo menos desde 2011, incluidos los peces cebra. En septiembre, este ciudadano alemán vendía lotes de peces en eBay, el sitio de compras y ventas por Internet más grande del mundo. Cada cría costaba más de R$ 700.00, unos US$ 170.00.

 

PRECIOS. El pez cebra es ofrecido hacia diversos países del mundo desde las redes sociales. En Estados Unidos, Rusia, Francia, Canadá, Alemania y China, un solo pez es vendido por 2.000 reales brasileños ($500).

Foto: Capturas de páginas de venta de peces cebra en la red social Facebook. 

Estos "exportadores" de fauna silvestre incluso muestran en sus redes sociales fotos con docenas de cajas que están siendo despachadas desde los aeropuertos en la Amazonía brasileña hacia países como China y Alemania. En estas ventas, los documentos son certificados por las autoridades brasileñas, pero las cajas son inspeccionadas de manera aleatoria. “El comercio ilegal de fauna silvestre mueve cientos de miles de dólares en muchos países y por ese motivo diferentes grupos tienen un gran interés en mantener este comercio ilegal. En la actualidad, tanto la sociedad como las autoridades competentes están ciegas ante la situación real del tráfico de fauna silvestre en el país”, dijo Juliana Ferreira de Freeland Brasil.

La entidad opera en América del Sur a través de la Freeland Foundation, una organización con sede en Bangkok, en Tailandia, dedicada a combatir el tráfico internacional de fauna y flora. Cifras conservadoras de las Naciones Unidas indican que el comercio ilegal de fauna y flora silvestre genera el equivalente de R$ 92 mil millones anuales (US$ 23 mil millones) en todo el mundo. Esto hace que este delito sea el cuarto más lucrativo del planeta, después del narcotráfico, el comercio ilegal de productos falsificados y la trata de personas. 

Con las manos atadas

Igor de Brito Silva, jefe del Núcleo de Fiscalização e Proteção dos Recursos Pesqueiros do Ibama (Centro de Fiscalización y Protección de Recursos Pesqueros de Ibama), reconoce que el tráfico de fauna y flora silvestre es un delito frecuente y de gran tamaño, pero advierte que faltan medios para encarar este enorme problema. La autoridad fiscaliza el tráfico de animales junto con la Policía Federal y otras entidades públicas.

“Estamos haciendo uso de inteligencia para comprender cómo funciona el flujo desde la captura hasta los destinos nacionales e internacionales, pero la falta de servidores y los vacíos de fiscalización son aprovechadas por los traficantes. Cada vez que ven que Ibama está ausente, el tráfico aumenta. Los aeropuertos en la Amazonía requieren de mayor atención y fortalecimiento [de la inspección], pero desde Guarulhos y Campinas [en el estado de São Paulo] también salen peces ornamentales”, dijo.

AMAZONAS. Entre 2015 y 2019, la Policía de Brasil incautó 70 mil peces en el departamento de Amazonas colindante al estado del mismo nombre.

Foto: Superintendencia de la Policía Federal del Estado de Amazonas e Ibama. 

En octubre del 2019, una banda que enviaba huevos de peces en peligro de extinción a 12 países a través del Aeropuerto Internacional de Guarulhos fue desbaratada por la fiscalización federal. Se sospecha que un biólogo que trabajó en la Fundación Municipal de Parques y Zoobotánica de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais encabezaba esta red. 

Ibama tiene la mitad de los 5,000 servidores que debería tener y no se ha dispuesto ninguna licitación pública para cubrir esa brecha. En agosto, Brito Silva firmó una carta conjunta denunciando públicamente la falta de dinero de la entidad. Con Jair Bolsonaro en la presidencia, las acciones de fiscalización en la Amazonía disminuyeron un 22% y el presupuesto anual de Ibama se redujo en casi R$ 90 millones, pasando de $ 368.3 millones (alrededor de UR$ 92 millones) a R$ 279.4 millones (casi US$ 70 millones).

La amplia clientela es otra piedra en el camino de la lucha contra el tráfico. Según Juliana Ferreira, de Freeland Brasil, el comercio ilegal gana terreno porque quienes compran animales silvestres buscan precios bajos y no les interesa la procedencia legal de los productos. Según la bióloga, el animal sujeto de delito siempre será más barato que el criado en cautiverio. "Además, es muy difícil rastrear la fuente de lo que se vende, lo que hace que sea fácil "blanquear" animales retirados ilegalmente de la naturaleza en criaderos ilegales. Estos comercios falsifican los documentos sobre el origen de las especies y los venden como si fueran criados en cautiverio”, dijo. 

La Superintendencia Regional de la Policía Federal en Pará no nos concedió una entrevista hasta el cierre de este reportaje. Pero, a través de su oficina de comunicaciones, informó que “no tenemos ningún dato sobre el tráfico de peces ornamentales en Pará. No encontramos ninguna investigación u operación en marcha con estos casos".
Tampoco pudimos contactar a Lucas Silva dos Santos, Raylan Soares da Silva o a su abogado en el proceso sobre tráfico en la Justicia Federal. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región, que atiende a los estados de las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste, negó el acceso las declaraciones judiciales de Raylan Ricardo Soares.

Una amenaza de R$ 40 mil millones

Belo Monte, la tercera hidroeléctrica más grande del mundo en capacidad de generación de energía, después de las Tres Gargantas chinas e de la Itaipú brasileña, en el lado occidental del estado de Paraná, requirió R$ 40 mil millones para su construcción, el equivalente a US$ 10 mil millones. Casi todos los recursos eran públicos. Entró en funcionamiento en abril de 2016, pero no ha dejado de ocasionar impactos ambientales y sociales.

Para suministrar electricidad, la planta desviará hasta ocho de cada diez litros de agua del Volta Grande del río Xingú. Con casi 100 kilómetros de longitud y entremezclada con islas rocosas y canales, el tramo se encuentra cerca de las comunidades ribereñas, de pescadores, de mineros informales y agricultores familiares, de tierras indígenas Arara y Juruna. También alberga diversos tipos de peces buscados por el tráfico internacional.

Según el investigador de la Universidad Federal de Pará en Altamira, Leandro Melo de Souza, los estudios científicos publicados muestran que cuando una especie se encuentra amenazada aumenta aún más su valor en los mercados de tráfico, generando un efecto contrario al esperado por los conservacionistas. “La clientela principal de los peces traficados son los acuaristas privados que quieren tener especies raras y silvestres. Ahora, con la noticia de la destrucción del río Xingú por Belo Monte, quieren atrapar a los peces antes que mueran. Creen ingenuamente que salvarán a la especie en sus colecciones fuera del entorno natural”, dijo.

RECORRIDO. La ruta del tráfico ilegal del pez cebra recorre los aeropuertos internacionales de los países amazónicos de Brasil, Colombia y Perú para abastecer a acuarios de varias regiones del mundo.

Foto: Superintendencia de la Policía Federal del Estado de Amazonas e Ibama. 

 

La lista en rojo de animales en peligro de extensión en Brasil, publicada el año pasado, admite que "teniendo en cuenta la construcción de Belo Monte y haciendo una proyección a 10 años, dado que el tiempo generacional estimado para la especie es de 2.5 años, se deduce que habrá una reducción de su población de más del 80%, con un riesgo muy alto de extinción” del pez cebra.

Hace más de una década, el Ministerio Público señaló irregularidades y le pidió a Ibama que revisara las licencias de Belo Monte para reducir los impactos en los asentamientos humanos y los entornos naturales. En octubre, la agencia solicitó al Gobierno de Pará que suspenda todas las licencias "de actividades con potencial de degradación ambiental en el Volta Grande de Xingú". 

En agosto de 2019, 22 peces cebra fueron incautados en una tienda de la empresa AeroSur en Bogotá, según informó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia.

Uno de los proyectos citados por la agencia es el de la empresa minera canadiense Belo Sun, que puede convertirse en la mina de oro más grande de Brasil. La ruptura de su presa de relaves mineros dañaría severamente a las comunidades y a la vida silvestre en el Volta Grande del río Xingú.

Una evaluación técnica del Ministerio Público Federal afirma que "existe un riesgo real de ruptura que requiere 'precaución excepcional', especialmente debido al 'potencial dañino de las sustancias almacenadas que, en contacto con la corriente de agua de un río interestatal, pueden tener consecuencias incalculables, en particular si el Xingú tiene un caudal reducido”.

Tráfico en el corazón del bosque

En la frontera entre Brasil y Perú, la Tierra Indígena Valle del Javarí es el hogar de poblaciones de siete etnias conocidas y de 17 pueblos aislados, aún sin contacto con la sociedad urbana. Debido a la negligencia de repetidos gobiernos, se convirtió en escenario de violencia y crimen contra esas poblaciones y recursos forestales. La situación empeoró con el gobierno de Jair Bolsonaro.

La historia de la región, reconocida como un territorio indígena hace menos de dos décadas, está marcada por la deforestación, los intentos de apertura de una carretera por la dictadura militar, la búsqueda de petróleo y gas, la extracción ilegal de oro, la extracción de látex para la producción de caucho, el tráfico de drogas y de fauna y flora salvaje. La información proviene del Centro de Trabajo Indigenista, que opera en el Valle de Javarí desde la década de 1990. Los misioneros evangélicos también establecieron bases en la región para forzar el contacto con los nativos aislados, según denuncia la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja). La entidad fue creada en 2007 para defender los derechos de esos pueblos.      

“La clientela principal de los peces traficados son los acuaristas privados que quieren tener especies raras y silvestres. Ahora, con la noticia de la destrucción del río Xingú por Belo Monte"

En medio de este escenario violento, los ávidos traficantes buscan paiches y tortugas por su carne, y arahuanas para colecciones privadas. Conocidas como lenguas huesudas, las arahuanas están presentes en las redes sociales y en los sitios de comercios que venden especies amazónicas en innumerables países. Los adultos y los alevines son atrapados en los lagos por los llamados piabeiros. Los machos son preferidos porque albergan docenas de crías en la boca a medida mientras se desarrollan. Las ciudades con aeropuertos internacionales más cercanas a las tierras indígenas son Tabatinga, en el estado brasileño de Amazonas; Leticia en Colombia, e Iquitos en Perú. "(Tabatinga y Leticia) son ciudades construidas con base en el tráfico, donde todas las ilegalidades están conectadas", nos refirió una fuente que opera en la región y que pidió no ser identificada.

Según Manoel Chorimpa, líder del grupo étnico Marubo junto con Univaja y concejal en Atalaia del Norte (AM) por PROS, desde enero de este año los casos de violencia y la delincuencia han aumentado en la Tierra Indígena del Valle de Javarí con el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. Según él, los recortes presupuestarios y la dotación de personal empeoraron la situación de la Fundación Nacional del Indio (Funai), vinculada al Ministerio de Justicia. Esto ha llevado a un aumento en las invasiones de mineros informales, pescadores, hacendados y traficantes, especialmente en lugares donde viven los nativos aislados. “La posición del presidente contra los pueblos indígenas en una red nacional fortalece el tema del odio contra ellos. Es como si validara las acciones depredadoras y contra los derechos de los indígenas. Si las autoridades no toman medidas, puede ocurrir un enfrentamiento, ya sea en el bosque o aquí en la ciudad. Vivimos con miedo.”, expresó Chorimpa.

La carrera política y la campaña electoral de Bolsonaro en 2018 se entretejieron con ataques públicos contra los pueblos indígenas. En abril de 2017, aún como diputado federal y solo convocado para las elecciones del siguiente año, dijo que "pueden estar seguros de que si llego allí [Presidencia de la República]" no "habrá un centímetro demarcado para reservas indígenas o para comunidades afrodescendientes". 

AMAZONÍA. Los territorios indígenas ubicados en la frontera de Brasil y Perú están marcados por la violencia y el crimen contra las comunidades y sus recursos naturales. En este escenario, crecen los traficantes que buscan paiches y tortugas.

Foto: Superintendencia de la Policía Federal del Estado de Amazonas. 

Incluso, en septiembre de este año, dijo durante la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Brasil sufre de "ecologismo radical" e "indigenismo anticuado", y que "algunas personas, dentro y fuera de Brasil, apoyadas por ONG, insisten en tratar y mantener a nuestros indios como verdaderos hombres de las cavernas".
Como consecuencia de discursos encendidos y del desmantelamiento de las entidades y fuerzas de vigilancia, el número de áreas indígenas invadidas en Brasil se duplicó cuando Bolsonaro asumió el poder, según un informe del Consejo Indigenista Misionero. 

En la Tierra Indígena Valle del Javarí, la base de Funai del río Itacoaí e Ituí fue blanco de al menos 87 ataques y disparos desde finales de 2018. El caso más reciente ocurrió a principios de noviembre de este año cuando cazadores. A principios de septiembre, un trabajador de una entidad federal que trabajaba en la región fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras estaba fuera de servicio en Tabatinga (AM). Los asesinos aún no han sido identificados.

Según Chorimpa, de Univaja, la violencia aumentará aún más si no se aplican acciones concretas del poder público para fortalecer la Fundación Nacional del Indio - Funai y para acabar con una economía regional basada en la criminalidad. La Tierra Indígena del Valle del Javarí es del tamaño de Austria y solo cuenta con cuatro bases de Funai. “Los invasores aprovechan que las bases de Funai tienen solo una persona, no tienen condiciones ni equipo para monitorearlo. Hoy la economía de los municipios depende de la caza y la pesca sin control. Con inversiones y la presencia del poder público, se podrían crear alternativas para los habitantes. Otras acciones han servido para 'apagar el fuego con gasolina”, dijo.

Funai no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.

Mientras estábamos cerrando este reportaje, las autoridades brasileñas incautaron media tonelada de camarones, 7 toneladas de peces, casi 500 orquídeas y 10 iguanas en peligro de extinción que habían sido vendidas a través del correo. Los casos estaban relacionados con delitos ambientales y tráfico de especies en los estados de Sao Paulo, Espíritu Santo y Pernambuco.

La proliferación de esos delitos en Brasil y en todo el mundo ha llevado a la Secretaría General de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) encabezada por la panameña Ivonne Higuero, a resaltar la dimensión del desafío para reducir el tráfico global de la vida silvestre. En agosto pasado, 169 países se reunieron en Ginebra (Suiza) para una Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre.  "La humanidad necesita reaccionar ante la creciente crisis de extinción cambiando la forma en que gestionamos la fauna y flora silvestre del mundo. Seguir como de costumbre ya no es una opción".