Junta Nacional de Justicia alerta de quiebre democrático en el Perú por amenaza del Congreso

Junta Nacional de Justicia advirtió que el intento del Congreso de remover a sus miembros sería un atentado contra el orden democrático. En tanto, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se ratificó en el fallo que liberó a Alberto Fujimori y que fue rechazado por la Corte IDH, bajo el argumento de que hay que "olvidar lo que pasó hace 30 años", en referencia a las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.


Jueza del TC dice que hay que olvidar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta: "Fujimori tiene 86 años, ya es suficiente"

 

La jueza Luz Pacheco y el presidente del TC, Francisco Morales Saravia. Andina

La actual vicepresidente del Tribunal Constitucional, Luz Imelda Pacheco Zerga, defendió el fallo de su institución que permitió la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, el mismo que purgaba una condena de 25 años de prisión por violación de los derechos humanos.

La magistrada además dijo que "el Perú no esta obligado" a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del fallo emitido por el TC, y que la ciudadanía ya debería olvidar el tema de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos a inicios de los años '90, así como las imputaciones penales que persiguen a Fujimori desde entonces.

"Una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. No se trata de la ley del talión. Se ha concedido un indulto [a Fujimori], que es cosa juzgada. Esa es la decisión", dijo en Latina Pacheco Zerga, quien asumió su puesto en el TC en mayor del 2022 por decisión del Congreso. La magistrada además se atrevió a brindar sus opiniones personales sobre el caso de Fujimori.

"El tema Fujimori, a mí me parece, que hay que dejarlo. Todo lo que pasó, pasó hace 30 años. Para mí hay que mirar para adelante, hay que construir el Perú. Hay que dejar de odiar... Cuando indultaron a más de dos mil terroristas en la época de [Alejandro] Toledo, más de 2,400, quién salió a decir que tenían que cumplir toda la sentencia. Hay un grupo de personas que quiere que esto viva para siempre", afirmó Pacheco.

La jueza del TC también indicó: "[Estos] tienen que ser los sentimientos ante una persona que cometió un delito y que tiene 86 años. Ya es suficiente", indicó.

Hoy en RPP, Pacheco también dijo: "No me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan más privilegios sobre los demás. Todos tienen igual derecho a que les pidan perdón. ¿En qué sentido? Es que a ellos se les menciona mucho en los medios de comunicación y no escucho lo mismo sobre los otros miles de familiares campesinos que nadie levanta la voz por ellos", dijo.


CIDH preocupada por fallo de la Corte Suprema que anuló proceso a Fujimori por esterilizaciones forzadas

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha tomado nota de la decisión de sala de la Corte Suprema que anuló la resolución que abrió instrucción contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otras autoridades del Perú, por las presuntas esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas durante dicho régimen.

“Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y y acceso a la justicia de las víctimas”, dijo la CIDH en su comunicado, en referencia al fallo de la máxima instancia del Poder Judicial.

La entidad supranacional finalmente instó al Perú a “adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”.


JNJ advierte de atentado del Congreso contra el orden democrático en el Perú

 

Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Andina.

La Junta Nacional de Justicia (JN) dijo, a través de un comunicado público, que el nuevo intento del Congreso de remover a sus miembros sería un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio legislativo con "imprevisibles consecuencias para la República".

Este comunicado de la JNJ ocurre en el contexto de una nueva arremetida del Congreso, a través de la moción legislativa 9525, en represalia por la suspensión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, quien viene siendo investigada como la cabeza de una organización criminal por un equipo conjunto especializado del Ministerio Público y la Policía Nacional.

La moción 9525 fue presentada por los congresistas del partido de extrema derecha Renovación Popular, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, y solicita al Poder Legislativo, según se indica, en el uso de la facultad conferida por el artículo 157 de la Constitución, que se remueva de manera inmediata a los miembros de la JNJ.

La moción fue presentada cinco días después de que la JNJ decidiera la suspensión de Patricia Benavides del despacho de fiscal de la nación por las grave imputaciones en su contra a nivel penal. En la víspera, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó la priorización de dicha moción en la agenda del Pleno. 


Congreso incluye en agenda el dictamen para crear comisión de reforma del Sistema Interamericano de DD.HH.

 

Luego del desacato del Perú frente a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le ordenó no liberar a Fujimori, el Congreso incluyó en su agenda del Pleno de esta semana un dictamen para crear una Comisión de Alto Nivel con el objetivo de "elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

El proyecto, que fue elaborado y aprobado en mayoría por la Comisión de Constitución, a cargo de la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), fue exonerado de pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores por decisión de la Junta de Portavoces, acelerando su trámite.

El dictamen recoge cinco iniciativas legislativas; de las cuales, cuatro planteaban retirar al país de la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso dos de ellas ya habían sido enviadas al archivo por la Comisión de Relaciones Exteriores, anteriormente.

Dicho dictamen solo requiere de una mayoría simple –66 votos– para ser aprobado. El Perú, cabe indicar, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos durante el gobierno militar del general EP, Francisco Morales Bermúdez el 27 de julio de 1977. 

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