Las historias que otros no te quieren contar
El lunes 9 de enero murieron 17 civiles y un policía en los enfrentamientos registrados en las manifestaciones. En un contexto de gran convulsión social, una delegación de la CIDH llegó al país, la fiscal de la nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, y el Congreso le otorgó la confianza al gabinete.
A poco más de un mes de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en diversos puntos del Perú, ayer la ciudad puneña de Juliaca registró —hasta las 9 p.m.— 17 personas fallecidas durante los enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía, según informó la Red de Salud San Román (Puno). Esta mañana, además, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó el hallazgo del cuerpo de un efectivo calcinado a una cuadra del Colegio San Martín, en la misma ciudad.
En la lista de civiles fallecidos se encuentra una menor de edad y seis menores de 23 años, mientras que otros cuatro todavía no han podido ser identificados. La Red de Salud San Román (Puno) también reportó 73 heridos y declaró en “alerta máxima” los 47 establecimientos de salud a su cargo y el hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca.
Ayer por la noche, luego de que se conocieran los decesos de los civiles, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo en conferencia de prensa que los hechos registrados en diferentes regiones del país eran “una resaca de golpe de Estado” del expresidente Castillo. En su intervención, Otárola también hizo otras afirmaciones sobre las protestas, sin presentar pruebas que respalden su veracidad.
Además, afirmó que tenían información sobre más de 200 vehículos financiados por “dinero ilegal”. El titular de la PCM también anunció que en los próximos días tomarán “medidas importantes” sobre la seguridad en Puno.
En esta misma región, en la noche del domingo 8 de enero se reportó la muerte de un bebé prematuro recién nacido cuya ambulancia no llegó al hospital debido al bloqueo de vías. Desde diciembre, otras seis personas también han fallecido como consecuencia de accidentes y hechos vinculados al bloqueo de carreteras. Mientras que, en total, se contabilizan 40 muertes directas de los enfrentamientos de las protestas.
🔴 #URGENTE | La Red de Salud de San Román confirmó que, a las 9 p.m., la cantidad de personas fallecidas en los enfrentamientos registrados hoy en #Puno ascendía a 17.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) January 10, 2023
Dentro de las víctimas, hay cuatro personas que aún no han podido ser identificadas. pic.twitter.com/ujsbmwoabd
Al cierre de ayer, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que instó a los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP a cumplir con las normas vigentes y estándares internacionales respecto al “uso de la fuerza”. La entidad también recordó a ambas instituciones que no les correspondía “resolver los conflictos” en curso.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los recientes fallecimientos en Juliaca y pidió al Estado peruano tomar “medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales”.
Asimismo, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú exhortó "a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica".
🔴 #LOÚLTIMO | El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú [@ONUPeru] exhorta "a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica". 🧵 pic.twitter.com/OrLl52gNMx
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) January 10, 2023
En su comunicado, difundido en la mañana del 10 de enero, la ONU también hizo un llamado para que "las personas y a las organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada".
También consideraron necesario el desarrollo de una investigación para "esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos" así como "asegurar la justicia para las personas muertas y heridas" en las manifestaciones iniciadas en diciembre último.
El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, se presenta ante el Congreso para recibir los votos de confianza al gabinete que dirige desde el 21 de diciembre último. El contexto es el de una gran convulsión social: desde que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y fuera destituido, las protestas sociales no han parado. Desde entonces 39 civiles y un policía han muerto.
En estas semanas, el actual gobierno ha recibido el respaldo de algunas bancadas opositores del Parlamento.
Hoy, durante su presentación al Congreso, Otárola no profundizó en el contexto en el que murieron los 17 manifestantes en Puno, pero sí mencionó los ataques a propiedades públicas y privadas durante las manifestaciones, como el ataque a cinco aeropuertos o el asalto a la planta de gas de Kepashiato.
Como parte de la sustentación de estos ataques, el presidente del Consejo de Ministros usó información falsa. Señaló que un cerro en la Panamericana Sur, en la región Arequipa, había sido dinamitado, cuando, en realidad, este evento no ocurrió en esas fechas ni corresponde al área geográfica.
Sobre las víctimas civiles señaló: “con gran sentimiento, doy cuenta que ayer, en la ciudad de Juliaca, 17 peruanos que participaban en un nuevo intento de toma del aeropuerto y bloqueos de vías, resultaron muertos y 38 heridos, por el impacto de proyectiles”.
También precisó que 75 policías están heridos por ataques de los manifestantes con diferentes tipos de armas contundentes y arrojadizas.
Respecto a la situación del conflicto en Puno, el titular de la PCM señaló que existían dirigentes sociales “dispuestos a recurrir de nuevo a la violencia con fines políticos”. También adelantó que el Poder Ejecutivo respondería “con firmeza para contener y anular” lo que denominó una “resaca golpista”.
El presidente de la PCM negó que el actual gobierno sea un "régimen autoritario". También insistió en que aplicarán "toda la fuerza de la ley para evitarlo" y que "no va a ceder al chantaje de la violencia".
Otárola respaldó las acciones de las fuerzas policiales “a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia” y mencionó que el gobierno permanecía “sólido” en su objetivo de “pacificar el país, realizar la transferencia del poder vía elecciones generales y reactivar la economía nacional”.
En su presentación, el titular de la PCM desarrolló su propuesta de política nacional de gobierno en nueve ejes: paz social, concertación política, programas sociales, relanzamiento de la economía, reactivación de las regiones, erradicación de la corrupción y las violencias, buen año escolar, salud como derecho humano e infraestructura y servicios.
Luego de su exposición, Otárola se retiró del Legislativo, donde hoy se votará la aprobación o rechazo de la confianza a su gabinete. Para que esta proceda se requiere el voto a favor de 66 de los 130 congresistas.
En este contexto, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, el consejo regional así como alcaldes de las 13 provincias de la región exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la pronta convocatoria a elecciones, luego de la represión policial que ayer sufrió parte de la población de Juliaca.
El Consejo de Ministros aprobó hoy un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días. La medida aplicará desde las 8:00 p.m. hasta 4:00 a.m.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Perú hoy por segunda vez para observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis política y convulsión social en el país. Mañana inicia su visita oficial.
OjoPúblico conoció que el equipo había pensado visitar Ayacucho (que registra 10 muertes en protestas) y Puno (que reporta hasta ahora 18 fallecidos) con el fin de recoger testimonios sobre los recientes hechos en el sur del país que han ocasionado la muerte de 39 civiles y un policía, pero no podrá viajar porque los aeropuertos están cerrados.
La visita de la delegación de la CIDH está liderada por el primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú, Stuardo Ralón. Y estará integrada por el Comisionado Joel Hernández; con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
Esta visita se realizará desde el 11 al 13 de enero. Un equipo se reunirá con representantes de Lima y otros viajarán a regiones que tengan vías de acceso abiertas, como Ica.
El jueves por la tarde, la delegación también se reunirá con organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
En la tarde del 10 de enero, el oficial mayor del Congreso comunicó a los miembros de la mesa directiva del Legislativo la citación a sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 11 a las 3 p.m. "a fin de tratar la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones, el Congreso de la República le otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Alberto Otárola Peñaranda. El respaldo del Legislativo al Ejecutivo de Dina Boluarte se produce un día después de que se registrara la muerte de 17 civiles y un policía como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos en las protestas sociales en la región Puno, al sur del país. Desde diciembre pasado, se han contabilizado 40 fallecimientos directos en las movilizaciones.
Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País fueron los principales grupos que votaron a favor de la confianza. Todas ellas votaron en bloque a favor de la confianza. En tanto, agrupaciones de izquierda como Perú Libre y el Bloque Magisterial —oficialistas durante la gestión de Pedro Castillo— rechazaron la presentación de Alberto Otárola hoy en el Congreso.
La jornada no estuvo exenta de sobresaltos. Cuando Otárola Peñaranda y su gabinete ingresaron al hemiciclo, congresistas de algunas bancadas les exigieron dejar sus cargos. Además, legisladores de Perú Libre se acercaron al lugar en el que estaban ubicados los ministros y les reclamaron por las muertes de ayer en la región Puno.
#LoÚltimo Con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso le otorgó la confianza al gabinete que dirige Alberto Otárola Peñaranda. pic.twitter.com/cQWaTUMCa9
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) January 11, 2023
Ante ello, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió el Pleno y convocó a Junta de Portavoces. La sesión se reanudó por la tarde y se prolongó por casi ocho horas. Una pancarta negra con las fotos de las personas fallecidas en las protestas sociales estuvo en el centro del hemiciclo durante todo ese tiempo.
La sesión estaba programada para las 11 a. m., pero el Pleno retrasó su inicio para votar el informe final que recomendaba inhabilitar al legislador Freddy Díaz Monago, denunciado por el delito de violación sexual, de ejercer cargos públicos durante 10 años. El Parlamento decidió archivar dicho informe.
Además, en medio del debate de la cuestión de confianza, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las recientes protestas de diciembre y enero.
Las pesquisas fiscales también incluirán al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda; al ministro del Interior, Víctor Rojas; y al ministro de Defensa, Jorge Chávez. Asimismo, las indagaciones recaerán contra Pedro Ángulo, como expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de extitular de la cartera del Interior.
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