Consejeros de Dina Boluarte toman fuerza en la Comisión de Constitución del Senado

El 17 de agosto, un día antes de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del Senado, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, publicó un comunicado suscrito por 21 personas que respaldan su propuesta para que el Lugar de la Memoria (LUM) pase a manos de su cartera y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sea reformado.

Tres de los firmantes —Óscar Urviola Hani y José Luis Sardón, expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), y el constitucionalista Domingo García Belaunde— fueron elegidos al día siguiente como integrantes del consejo consultivo ad honorem de la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del Senado, que actualmente preside Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular. En los últimos diez años, salvo el período 2020-2021, esta comisión ha sido presidida por congresistas del partido de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi

La Comisión de Constitución del Senado aprobó una lista de 28 consejeros".

El consejo consultivo no es un grupo aislado del debate político del Congreso. Cada vez que la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores elabore un dictamen sobre proyectos de ley en discusión, recurrirá a este grupo para considerar sus opiniones sobre iniciativas legislativas que luego son elevadas al Pleno del Senado. 

El martes 18 de agosto esta comisión aprobó una lista de 28 consejeros entre constitucionalistas y penalistas(19), expertos en legislación electoral (2) y exministros de Relaciones Exteriores y exembajadores (7). OjoPúblico identificó que siete de los juristas convocados fueron consejeros ad honorem de la expresidenta Dina Boluarte en asuntos constitucionales: José Luis Sardón, Jorge Cáceres Arce, Víctor García Toma, Óscar Urviola, Carlos Hakansson, Ernesto Blume y Elizabeth Zea, hace tres años.

Los siete y otros tres abogados —entre ellos el hoy ministro de Justicia— integraron el grupo que Boluarte Zegarra creó el 26 de mayo de 2023, tres semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara un informe en el que advirtió de graves violaciones de derechos humanos durante la respuesta de su gobierno a las protestas registradas en el país desde fines de 2022 a inicios de ese año.  

El exmagistrado Urviola Hani respondió a OjoPúblico que esta comisión ad honorem tuvo como objetivo demostrar que el ascenso de Boluarte Zegarra a la Presidencia fue una sucesión constitucional. 

En el comité de expertos de la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del Senado también se encuentra el abogado Virgilio Hurtado Cruz, quien defendió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, en su decisión de renunciar a asumir el cargo de senador para postular a primer regidor de Lima Metropolitana en las elecciones regionales y municipales de este año. 

Comité propuesto por Fuerza Popular

A pesar de que la aprobación de la conformación del comité consultivo figuraba en la agenda de la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del martes 18 de agosto, su presidente, Carlos Mesía Ramírez, no envió con anticipación a los demás senadores la lista de expertos recomendados.

El análisis de OjoPublico evidencia que al menos siete juristas  elegidos para el grupo de consulta tuvieron posiciones contrarias al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Perú y el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Asimismo, están a favor de que el Congreso apruebe leyes contrarias a la investigación de casos de violaciones de derechos humanos que involucran a militares y policías.

De los 28 integrantes de este comité ad honorem, 22 fueron recomendados por Mesía Ramírez. Uno de ellos, Domingo García Belaunde, defendió al anterior Congreso ante el TC frente a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32419, promovida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos.

ESTRATEGIA. En medio de los señalamientos contra su gobierno por presuntas violaciones de derechos humanos, Dina Boluarte conformó una comisión consultiva de constitucionalistas.

Foto: Presidencia Perú

También se encuentra Jorge Cáceres Arce, quien defendió, en agosto del año pasado, al Estado peruano ante la Corte IDH frente a las medidas provisionales que solicitaron los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos para que sus denuncias no queden impunes con dicha Ley de Amnistía.

Otra de las propuestas del senador Mesía Ramírez fue la inclusión de la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elizabeth Zea Marquina. Ella fue asesora del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e integró el equipo técnico de la presidenta Keiko Fujimori en las elecciones generales de 2021. 

La senadora Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación), miembro de la comisión del Senado, cuestionó que se permita a un funcionario de este Gobierno ser parte de un comité de expertos, pero su reclamo no prosperó.

Otros seis juristas fueron recomendados por Martha Chávez, Katherine Ampuero y Ruth Luque".

Otros seis juristas fueron recomendados por las senadoras Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular), Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular) y Luque Ibarra (Ahora Nación). La comisión las aceptó.

La primera propuso al constitucionalista Carlos Hakansson Nieto y la segunda a la exministra de Justicia, Delia Muñoz y al exmagistrado Blume Fortini, quien también defendió al Congreso ante el TC por la aprobación de la Ley de Amnistía. La tercera recomendó a los juristas César Landa, Julissa Mantilla y Juan Carlos Molleda.

Al cierre de este informe, el exmagistrado Óscar Urviola Hani respondió a OjoPúblico que todavía no ha sido notificado de la decisión de integrar el comité consultivo y ratificó que suscribió el comunicado en apoyo al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, porque considera necesaria una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Al interior de este sistema se pueden eliminar sesgos ideológicos respecto a una serie de injerencias sobre temas de seguridad interna y las facultades del Parlamento [para aprobar leyes]”, agregó.

Además de analizar reformas constitucionales y electorales y leyes ordinarias, esta comisión también abordará temas relacionados a la política exterior. Por eso ha considerado a excancilleres en su comité consultivo. 

Entre los exministros propuestos por Mesía Ramírez se encuentran Miguel Rodríguez Mackay, exasesor de la excongresista Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular) en la Comisión de Defensa del Congreso, en 2023; y Carlos Pareja Ríos, exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de José Balcázar Zelada.

Un informe de OjoPúblico reveló que, un día después de la designación de Pareja Ríos como canciller, su cartera decidió que las actas electorales provenientes de 108 oficinas consulares no se iban a enviar de manera digital en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026 debido a dificultades técnicas en el sistema de escaneo. 

Ajenos a los tratados de derechos humanos

La Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del Senado también puede discutir las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados para derogar leyes contrarias a los derechos humanos. Además de la Ley de Amnistía para militares y policías, el Congreso anterior aprobó otras normas, como la Ley 32107, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad, y la ley que modifica el Código Penal Militar para que los delitos de función cometidos por integrantes de las fuerzas del orden sean procesados únicamente en el Fuero Militar Policial.

Durante los últimos dos años, los magistrados del Poder Judicial han apelado al control difuso y de convencionalidad —facultad que tienen los jueces para rechazar normas ajenas a los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano— para inaplicar estas normas.

Fuerza Popular tiene a Carlos Mesía, Martha Chávez, Patricia Juárez y Alejandro Aguinaga como sus representantes en la Comisión de Constitución".

Por ejemplo, Luis Pérez Documet, exjefe de División de Fuerzas Especiales, que fue condenado a 15 años de prisión por la desaparición forzada del profesor César Hilario Trucios en 1991, intentó acogerse a la Ley de Amnistía. 

Sin embargo, el 10 de julio de este año, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial rechazó su pedido. Los magistrados de esta sala, Daniel Cerna Salazar, Reli Callata Vega y Herbert Llerena Lezama, utilizaron el criterio de convencionalidad.

De esta manera, sigue vigente la sentencia contra Pérez Documet, quien se encuentra prófugo de la justicia. Según el Programa de Recompensas, el Estado peruano ofrece S/50.000 por su ubicación.

OFICIO. Recomendaciones que Ruth Luque envió al presidente de la comisión Carlos Mesía.

Foto: Captura de documento

Para evitar que el Congreso continúe aprobando leyes contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que luego pueden resultar inaplicables en el sistema judicial, la senadora Luque Ibarra pidió a Mesía Ramírez que incluyera en su plan de trabajo un filtro de convencionalidad, a fin de que los dictámenes elaborados por la comisión no contravengan los compromisos internacionales. Sin embargo, su solicitud no prosperó en la sesión del martes 18 de agosto.

Dos días después, este medio abordó sobre este tema al senador Mesía Ramírez, quien respondió que los tratados internacionales no pueden estar por encima de lo que dicte la Constitución. “El que habla piensa que el control de convencionalidad implica básicamente una ruptura del orden constitucional y, por parte de los profesores de Derecho Constitucional, una renuncia a nuestra disciplina para terminar entregándonos a los expertos en Derecho Internacional, lo que no me parece”, agregó.

Para la senadora de Ahora Nación, la oposición de Fuerza Popular a debatir las iniciativas legislativas en base a un criterio de convencionalidad “ha sido un anticipo sobre lo que piensan (en esta comisión) sobre el sistema interamericano de derechos humanos y que para ellos lo que existe son las leyes que el Congreso sacó sin interpretar nada”. 

DOMINIO. Con excepción del periodo 2020-2021, la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores ha estado presidida por el partido de Keiko Fujimori en la última década.

Foto: Facebook de Fuerza Popular

La postura de la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores quedó plasmada en un plan de trabajo aprobado durante su primera sesión ordinaria.

La expresidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez, cuestionó este documento porque considera que se quiere afirmar la idea de que los tratados internacionales no son vinculantes para nuestro sistema jurídico. “Precisamente los jueces inaplican las leyes del Congreso recurriendo al control de convencionalidad. Ellos quieren debilitar esa figura”, dijo a este medio. 

Para la primera legislatura de este Parlamento bicameral, el partido político de Keiko Fujimori ha designado a cuatro senadores que se oponen a los criterios de convencionalidad y a la competencia de la Corte IIDH ) como sus representantes ante la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores del Senado: Mesía Ramírez, Martha Chávez Cossío, Alejandro Aguinaga Recuenco y Patricia Juárez Gallegos. 

Durante su campaña electoral , Fujimori Higuchi planteó retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte IDH y restablecer los jueces sin rostro para combatir a la delincuencia. Los senadores Chávez Cossío, Aguinaga Recuenco y Juárez Gallegos han respaldado públicamente esta propuesta. En ellos recaerá la facultad para discutir una iniciativa de ese tipo, en caso sea aprobada previamente por la Cámara de Diputados.