El narcotráfico, la tala y la minería ilegal, la explotación sexual de menores de edad y el terrorismo son algunas de las actividades ilegales que predominan en las zonas de frontera del Perú. 

Por ello, OjoPúblico dedicó un espacio para hablar y analizar esta situación con los protagonistas, los expertos y los ciudadanos interesados en el tema. La sexta edición de la Barra Política, denominada “Fronteras tomadas: el avance de las economías ilegales en Perú”, se realizó el 26 de marzo en el área de talleres de la redacción en Lima. 

Los asistentes conversaron con la lideresa asháninka Ruth Buendía, el líder del pueblo wampi Shapión Noningo; Andrea Buitrago, directora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Perú; Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Nelly Luna Amancio, directora periodística de OjoPúblico.

Luna Amancio explicó que el objetivo de la Barra Política es recrear un escenario informal de conversación. “Es un ir y venir de preguntas y respuestas. Es un espacio para escucharnos”, comentó la periodista, quien moderó la conversación y destacó la importancia de conectar con las personas y organizaciones que tienen muchas ganas de hacer cosas, de cambiar las cosas.

Territorios en disputa

Desde Junín, Ruth Buendía habló sobre el avance de las economías ilegales en los territorios indígenas de la selva central. La lideresa asháninka no solo se refirió al cambio de uso de la tierra y la pérdida del bosque, vinculados al narcotráfico y al terrorismo, sino también a la trata de niñas para la explotación sexual y de jóvenes para el traslado de droga y el sicariato. “Las niñas de las comunidades del Vraem se van a trabajar a los bares”, precisó. 

A estos problemas se suma la contratación de habitantes de comunidades indígenas por organizaciones criminales. Buendía explicó que el narcotráfico está pagando a “hermanos indígenas” de otras zonas para que generen peleas y psicosociales en las comunidades.

Una opinión similar manifestó Shapion Noningo, líder del pueblo Wampis en Amazonas y Loreto, quien explicó que la minería y la tala ilegal hacen pelear a las comunidades, a las familias, y no permiten que éstas progresen económicamente porque les quitan tiempo y mucho dinero. “El año pasado gastamos cerca de un millón de soles para tratar de erradicar este problema, pero se están fortaleciendo”, informó.

La minería y la tala ilegal hacen pelear a las comunidades y no permiten que estas progresen económicamente".

De acuerdo con el politólogo Paolo Sosa, del IEP, las organizaciones criminales recurren a campañas de difamación para generar desconfianza, sobre todo hacia las instituciones estatales. “La estrategia de deslegitimación y generación de desconfianza es una manera de debilitar la capacidad de respuesta de la sociedad”, resaltó.

Precisamente, Andrea Buitrago, ecóloga colombiana que vive en Perú y dirige la Fundación para la Conservación para el Desarrollo Sostenible (FCDS), llamó la atención sobre el debilitamiento de la cohesión social entre los habitantes locales, a lo que se suma una débil presencia del Estado y el involucramiento de agentes estatales en las economías ilegales.

Buitrago explicó cómo se están reconfigurando la economía, los roles y los poderes criminales en las zonas de frontera, que consideró críticas porque son porosas y por la movilidad de un lado a otro de los ríos. “Esto facilita la impunidad de las acciones criminales, dificulta la acción del Estado y hace mucho más vulnerable a la población ante la ilegalidad”, comentó. 

Ante esta situación, Shapion Noningo relató que, junto con otros líderes indígenas, ha recurrido a todos los poderes del Estado y conversado con altos funcionarios, pero se han dado cuenta de que hay autoridades que están coludidas con las organizaciones criminales. “Las comunidades están creando su propio sistema de defensa para expulsar y disuadir a los que realizan actividades ilegales”, informó.

Criminalidad y democracia

¿Qué relación tiene el crimen organizado con el deterioro de la democracia? Esa fue una de las preguntas que intentaron responder los participantes de la Barra Política. El politólogo Paolo Sosa afirmó que el crimen organizado deteriora la democracia y que la democracia deteriorada permite el escalamiento de las actividades criminales. “Es una relación que va de ida y vuelta”, precisó el también investigador del IEP.

Aunque en los espacios territoriales donde avanza la economía ilegal, se observa un crecimiento de la participación de la población en las elecciones, Sosa aclaró que la capacidad de participar o ejercer los derechos políticos está muy limitada. Explicó que, en aquellos espacios donde todavía se puede participar, la oferta política está condicionada por la capacidad de financiar campañas electorales y comprar puestos en las listas parlamentarias. 

Sosa resaltó que quienes tienen esa capacidad financiera son actores relacionados con las economías ilegales que, una vez electos, benefician a estas actividades. “Los pobladores no se sienten representados por las autoridades que eligieron y no tienen la capacidad de manifestar sus intereses, lo que es opuesto a la democracia”, destacó.

En la conversación sobre la democracia, Shapion Noningo recordó que, para las elecciones municipales en los territorios amazónicos, las organizaciones ilegales financian a sus candidatos a alcaldes. “La campaña se ha convertido, como alguien decía, en época de engorde. Los candidatos tienen plata, sueltan galletas, gaseosa, cerveza, gasolina, víveres”, relató el líder wampi.

ELECCIONES. Líderes indígenas señalaron que el crimen organizado financia a candidatos locales para luego obtener beneficios. 

Foto: OjoPúblico / Gabriel García

Aunque Ruth Buendía afirmó que el crimen organizado, la corrupción, el sicariato y otros problemas seguirán mientras sigan enquistados en el sistema político, reconoció que no se puede hacer nada si no hay buenas propuestas políticas. “Si los pueblos indígenas no nos organizamos no llegaremos al poder. Como pueblos indígenas debemos tener representantes en el Congreso”, dijo.

Ante este panorama, Paolo Sosa afirmó que hay dirigentes locales que consideran perdida la guerra contra las organizaciones criminales porque no hay ningún tipo de actividad económica que pueda dar, en cierto plazo, el mismo tipo de rentabilidad que da la minería ilegal y otras actividades ilegales.

“Las organizaciones criminales son conscientes de eso y establecen sus estrategias de cooptación social a partir de ese tipo de dinámica. Saben que las organizaciones indígenas le han hecho el pare a este tipo de economías y es ahí donde atacan”, resaltó el politólogo.

Los habitantes no se sienten representados por las autoridades y no tienen la capacidad de manifestar sus intereses", dijo Sosa.

Entre los participantes que interactuaron con los expertos en la Barra Política hubo abogados, politólogos, activistas y miembros de organizaciones de la Amazonía, que también compartieron información obtenida de primera mano y manifestaron sus opiniones sobre cómo la criminalidad organizada afecta a la población en las zonas de frontera y las posibles alternativas de solución.

Para seguir reflexionando sobre temas relacionados con el ejercicio de la ciudadanía y la democracia, OjoPúblico busca descentralizar las sesiones de la Barra Política. Por ello, el próximo encuentro se realizará en Cusco, informó Nelly Luna Amancio, directora periodística de este medio.

*Barra Política es un proyecto de OjoPúblico para conversar y reflexionar sobre ciudadanía y democracia. Esta edición se realizó con el apoyo del Programa Aliados y la Tienda de OjoPúblico y de Oxfam Perú.