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Luego de las elecciones regionales y municipales, el Ministerio Público desplegó uno de los operativos más grandes contra el círculo de poder del presidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones que se le siguen por liderar una presunta red de crimen organizado.
Elvis Vergara, congresista de Acción Popular. Andina
Desde las 6 de la mañana de hoy, la Fiscalía del Perú y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizan un operativo de allanamiento a las oficinas y viviendas de seis congresistas de Acción Popular involucrados en la investigación del caso conocido como Los Niños.
🚨#LoÚltimo:
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 11, 2022
El #MinisterioPúblico inició un operativo simultáneo de allanamiento de las oficinas y de las residencias (en Lima y el interior del país) de seis congresistas de Acción Popular investigados por la fiscalía por el presunto delito de organización criminal. pic.twitter.com/vbmsgDmhtE
Se trata de los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, a quienes la fiscalía los señala como parte de una presunta organización criminal. Según el Ministerio Público, en base al testimonio de la lobbista y empresaria Karelim López, estos parlamentarios participaron en el direccionamiento de obras públicas a cambio de obedecer órdenes del presidente Pedro Castillo.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso solicitó a Migraciones que emitan una alerta roja contra Alejandro Sánchez Sánchez y los seis congresistas de Acción Popular señalados como integrantes del grupo Los Niños.
También hoy y de manera simultánea, el Ministerio Público intervino la casa de Sarratea, en Breña, y lideró otro operativo para detener de manera preliminar a los presuntos integrantes del denominado “Gabinete en la sombra”, a quienes señala como integrantes de una organización criminal.
Los detenidos por este operativo del caso conocido como Gabinete en la Sombra –porque el grupo forma parte del círculo más cercano del Presidente Pedro Castillo– son Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga.
🚨 La Fiscalía sostiene que el #GabineteEnLaSombra del presidente Castillo actuó en 5️⃣ etapas:
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) October 11, 2022
1.- 💵 Financiamiento de campaña electoral
2.- Copamiento de instituciones
3.- Colusión en contrataciones
4.- Captación de congresistas
5.- Redes de protección y encubrimiento. pic.twitter.com/XvUDZBpxD7
El dueño de la casa Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, hasta el momento se encuentra no habido.
🚨 Esta es la estructura de la presunta organización criminal por corrupción que investiga la Fiscalía del entorno presidencial y que coloca al mandatario Pedro Castillo como principal responsable. 🧵 pic.twitter.com/88l7e5GFvJ
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) October 11, 2022
Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, es mencionado en investigación policial. Andina
La investigación del equipo especial de la policía, que investiga al entorno más cercano del Presidente Castillo, como parte de una presunta organización criminal, recoge la declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31 de julio del 2022, que denuncia el pedido de asilo político de parte del mandatario para sus sobrinos y su exsecretario general Bruno Pacheco.
Según esta versión, días después del Día de la Madre de este año (segundo domingo de mayo), Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno y hasta hoy asesor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, coordinó una reunión vía telefónica entre el presidente Castillo y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para solicitar asilo político para Bruno Pacheco y Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
Confesión de colaborador eficaz compromete a Pedro Castillo Poder Judicial.
En su declaración, el colaborador eficaz dijo que el presidente de Venezuela manifestó su respaldo y que luego el embajador de Venezuela le dio a Beder Camacho los requisitos que debían presentar para que admitan el asilo de los involucrados.
El mismo testimonio señala que Beder Camacho fue quien coordinó las solicitudes de asilo para Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. De acuerdo a esta misma versión, Beder Pacheco lleva los tres escritos a la residencia de Venezuela ubicada en la cuadra 4 de la Avenida Javier Prado Oeste, donde es recibido por el embajador de Venezuela. Bruno Pacheco se entregó a la justicia el 29 de julio de este año.
En declaraciones a Canal N, el exabogado de Bruno Pacheco, William Paco Castillo, reconoció que el asilo político era parte de la estrategia de su entonces patrocinado y que en su momento se evaluaron diferentes países. “Entre [las embajadas de] Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de pronto le parecía más placentero o cómodo el país de Venezuela, por más limitaciones que tenga”, sostuvo.
De acuerdo al informe del equipo especial que está impulsando los allanamientos e intervenciones de hoy contra el entorno del presidente Castillo, el origen de la presunta red criminal de los Asesores en la Sombra se remonta a abril del año pasado, luego de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2021.
Según el análisis del equipo especial de la fiscalía, el entorno del presidente –que ellos denominan Asesores en la Sombra– ejecutó sus actividades en cinco etapas diferenciadas.
La primera fase estaría relacionada al financiamiento de la campaña electoral de Pedro Castillo, entonces candidato por Perú Libre. Según la investigación fiscal, un colaborador eficaz sostuvo que Castillo recibió aportes de campaña que no habrían sido declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De acuerdo a esta versión, el alcalde distrital de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quien está preso de manera preventiva por 30 meses, aportó a la campaña de Castillo más de un millón de soles. En tanto, el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa Sarratea y quien se encuentra no habido, habría aportado más de medio millón de soles.
El mismo testimonio señala que el empresario Abel Cabrera Fernández también habría aportado más de medio millón de soles.
De acuerdo con el informe técnico de la ONPE sobre el segundo reporte financiero de Perú Libre en el marco de las elecciones generales de 2021, esta organización política declaró que Segundo Sánchez Sánchez aportó solo S/31.800 para la campaña de Pedro Castillo; en tanto, Abel Cabrera aportó S/23.000.
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El presidente Pedro Castillo se enfrenta a una denuncia constitucional bajo cargo de integrar una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes, de Vivienda y en PetroPerú. El Congreso de la República decidirá el procesamiento de dicha acusación. A continuación el desarrollo de la jornada de hoy.
Estructura de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo, según la Fiscalía. Ministerio Público.
Luego de algunas horas de operaciones policiales que incluyeron allanamientos y capturas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La denuncia constitucional incluye a Juan Silva Villegas, prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, y al también investigado Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El documento presentado por la fiscal de la Nación sindica al presidente Castillo como parte de una organización criminal enquistada en la entidad estatal PetroPerú, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
De acuerdo con la denuncia, esta presunta red criminal cuenta con seis órganos operativos: un “gabinete en la sombra”, un “órgano congresal”, un “brazo familiar”; “brazo lobista”, “brazo obstruccionista” y un “brazo ministerial”.
Según la investigación, el grupo de “Asesores en la Sombra” financiaron la campaña presidencial de Castillo e intervinieron en la designación de funcionarios públicos y el direccionamiento de obras públicas como vía para recuperar lo invertido.
En un mensaje público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo que han encontrado evidencias de la existencia de una organización criminal enquistada en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Benavides indicó que la investigación ha descubierto que hubo "beneficios económicos por el nombramiento de funcionarios, la entrega de obras y el uso ilícito del poder".
"Desde este momento, es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", señaló Patricia Benavides.
Inmediatamente después del mensaje difundido por la fiscal Benavides, el Congreso informó que la denuncia constitucional contra Castillo ya fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual preside Lady Camones (congresista de Alianza para el Progreso).
🚨 Se trata de la primera vez que el Ministerio Público del Perú presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) October 11, 2022
📍 El presidente Castillo ha anunciado una conferencia de prensa para las 6 p. m. 🧵
La acusación constitucional contra Pedro Castillo tiene 375 páginas. Fiscalía
La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le atribuye al presidente Pedro Castillo ser presunto autor de los delitos de organización criminal, en calidad de líder, colusión y tráfico de influencias agravado.
Dicho documento, presentado en la tarde de hoy ante el Congreso de la República, señala a Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, como presunto autor de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Por último, a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción, también se le sindica como presunto autor del delito de organización criminal.
La denuncia constitucional se fundamenta en los indicios de tres investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía: 1) caso PetroPerú, 2) caso Ministerios de Transportes y Comunicaciones y Provías Descentralizado, y 3) caso Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El Código Penal establece una pena máxima de 20 años para una persona que resulte ser líder de una organización criminal y la misma sanción por colusión agravada si forma parte de esta estructura. El delito de tráfico de influencias tiene una sanción de hasta ocho años.
Tras los allanamientos de hoy, en conferencia de prensa, el presidente Pedro Castillo rechazó la denuncia en su contra y dijo que la Constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país.
A un gobierno que ha sido elegido por el país, hoy se pretende bloquear con falsedades para seguir en la misma situación", indicó Castillo, acompañado de su gabinete, para luego dar pase a sus ministros. No se permitió la presencia de la prensa nacional, solo de los corresponsales extranjeros.
#LoÚltimo Tras los allanamientos de hoy, en conferencia de prensa, el presidente Pedro Castillo rechaza la denuncia en su contra y señala que la Constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país. "El Ministerio Público debe estar conducido por jueces probos". 🧵 pic.twitter.com/7nGtXKQneN
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) October 12, 2022
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