El año pasado, en pleno estado de emergencia por la pandemia, y sin ninguna comunicación previa, el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra retiró de manera forzada a Luis Alberto Gonzales-Zúñiga del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La medida, que tomó por sorpresa al titular, se dio en un contexto en el que desde esta entidad se impulsaba una política para enfrentar la tala ilegal y el lavado de madera de origen ilegal.

Gonzales-Zúñiga había sido nombrado en ese puesto luego de ser elegido por concurso público. Por ello, presentó una demanda ante el Poder Judicial, pues su retiro violentaba el debido proceso. Esta semana, luego de 14 meses, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de Iván Cabrera Giurisich, falló a su favor y ordenó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reponerlo como director. 

El juzgado evaluó la demanda de amparo que interpuso Gonzales-Zúñiga y concluyó que el Estado peruano violó los derechos constitucionales del demandante, el debido proceso y la debida motivación. Gonzales-Zúñiga interpuso la demanda de amparo contra el Midagri (sector al que está adscrito el Serfor) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El juzgado concluyó que el Estado violó los derechos constitucionales del demandante, el debido proceso y la debida motivación".

Entre los argumentos que expuso el funcionario resalta que él llegó al máximo puesto del Serfor, luego de un concurso público y de méritos. Sin embargo, luego de un año y cuatro meses de haber iniciado su gestión fue retirado del cargo, mediante la resolución suprema 002- 2020-Minagri. 

Iniciado el proceso, en noviembre del año pasado el procurador público de la PCM contestó la demanda de Gonzales-Zúñiga, la negó en todos sus extremos y solicitó al juzgado que la declarara infundada. El principal argumento del Estado peruano fue que el puesto que ocupaba el demandante era un cargo de confianza. 

“El demandante desde el inicio de su relación laboral tenía conocimiento de que ejercía un cargo de dirección (...) Desde el inicio de la relación laboral, estaba sujeto a la confianza del empleador para su estabilidad en el empleo, razón por la cual la demanda debe ser desestimada”, señala la PCM en sus descargos que presentó al Poder Judicial. 

Gonzales-Zúñiga fue designado director ejecutivo del Serfor, luego de un concurso público".

Una razón similar expuso la procuraduría del Midagri. Argumentaron que se amparaban en el hecho de que era un cargo de libre designación y remoción. Además, que “concluye por la pérdida de la confianza o decisión unilateral de la autoridad que lo designó. Es decir, que el acto de remoción cuestionado, es válido, legal y legítimo al cumplir con la condición de la norma antes citada”, señala el documento. 

Sin embargo, los argumentos del Estado peruano fueron rechazados por el Juzgado. En la resolución se indica que Gonzales-Zúñiga fue designado director ejecutivo del Serfor, luego de un concurso público de mérito realizado el 17 de noviembre al 10 de diciembre del 2018. Por tanto, explica, que el demandante no ocupaba un “cargo de confianza”. En ese sentido, debe cumplir su período de vigencia, hasta el 2024. 

El Juzgado precisa también que la resolución suprema que retira del cargo a Gonzales-Zúñiga “no se encuentra fundada en derecho ni motivada de acuerdo a las normas aplicables al caso”. La califica de “arbitraria”, que “vulnera el derecho al trabajo” y que “no fue emitida de acuerdo a ley”.  

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Las razones detrás de la salida

En una entrevista realizada por este medio, Gonzales-Zúñiga dijo que primero la alta dirección del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) le pidió renunciar al cargo y luego, sin comunicación previa, lo retiraron. Su alejamiento del Serfor ocurrió cuando él impulsaba una política de lucha contra la tala ilegal y el tráfico de madera. 

“Hay intereses de diverso tipo, quieren que las cosas sigan tal cual o que los cambios no sean lo que ellos están viendo”, dijo aquella vez, cuando fue cesado como jefe del Serfor. Asimismo, indicó que su salida estaba muy relacionada con la decisión que tomó para reducir la madera ilegal que se exporta desde la Amazonía peruana. 

Sobre su reposición en el cargo, el abogado especialista en Derecho Ambiental, César Ipenza, dijo a OjoPúblico que “la resolución es de inmediata ejecución”. “Es un buen precedente que señala que los puestos en los órganos técnicos y especializados no son cargos políticos ni de confianza. Él [Gonzales-Zúñiga] ganó un concurso, fue por meritocracia que llegó al cargo”, explicó. 

La tala ilegal es uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país. Entre 2001 y mediados del 2021, en el Perú se han deforestado más de 2,6 millones de hectáreas de bosques. Esta cifra representa más de 2.600 veces el área del distrito limeño de San Isidro. Los datos preliminares del Ministerio del Ambiente (Minam) indican que solo el año pasado se registró la deforestación más alta desde 2014: se perdieron 175 mil hectáreas de bosques. Las regiones más afectadas fueron Ucayali, Loreto y Madre de Dios.