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A un año de las elecciones presidenciales, la coalición autoritaria del Congreso –que gobierna el Perú desde fines del 2022– prepara su última ofensiva para eliminar a la oposición restante y capturar a las entidades que se mantienen fuera de su control con el objetivo final de llegar sin obstáculos a los comicios del 12 de abril del 2026. Con su estrategia para sacar de competencia a personajes políticos, sus nombramientos en la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, el desmantelamiento de la Sunedu, el simbólico silenciamiento del Lugar de la Memoria, y su influencia en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la lista final de escollos ha quedado reducida al sistema judicial y electoral, así como a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

El 12 de marzo, el último ataque del Congreso –con la anuencia de la Cancillería de Dina Boluarte– recayó en las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y medios independientes como OjoPúblico – cuya naturaleza es de una entidad sin fines de lucro– a través de una norma que convierte a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en un arma del Ejecutivo. 

El fin de la ley es aplicar un registro obligatorio (regulación ya declarada inconstitucional en 2007) y la censura previa (contraria a la Carta Magna y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos), bajo la amenaza de imponer sanciones de hasta 2,6 millones de soles (USD 700 mil) o dejarlas al borde del cierre, ya sea por litigar contra el Estado o, en el caso de los medios, realizar investigaciones periodísticas, sin permiso del Gobierno.

El fin de la ley es aplicar un registro obligatorio y la censura previa, bajo la amenaza de imponer sanciones de hasta 2,6 millones de soles a la sociedad civil y medios independientes.

Boluarte –cercada por casos de corrupción y la muerte de 49 personas en protestas en su contra– promulgó dicha ley (Nº32301) en Palacio de Gobierno en un evento transmitido en vivo por el canal del Estado. Luego de iniciar su discurso, indicando que la norma buscaba la “transparencia y fortalecer nuestra democracia”, acabó diciendo: “[Vamos a] poner bajo revisión exhaustiva a una minoría de ONGs que actúan contra los intereses de nuestro país, sembrando odio [y buscando] desestabilizar y promover la división [...] para avanzar su propia agenda ideológica [...] utilizando el libertinaje para introducir agendas internacionales que buscan quebrar nuestra unidad”. Boluarte, que tiene 4% de aprobación en Perú (la más baja en Sudamérica) llamó “valientes” a los partidos que impulsaron la ley.

De esta forma, el Ejecutivo y el Congreso se aprovechan del contexto global, favorable a los autoritarios, para vulnerar los derechos de asociación, acceso a la justicia y libertad de prensa. El ascenso al poder de Donald Trump en Estados Unidos no solo representó un movimiento telúrico para el sistema democrático y económico internacional, sino también un impulso favorable a los grupos antiderechos. 

En las circunstancias de estos días, la comunidad internacional en Perú –que en noviembre del 2024 se pronunció de manera firme contra dicha norma– hoy permanece mayormente en silencio y expectante, al parecer más preocupada por el derrotero de las tendencias mundiales y orientada a sus preocupaciones nacionales en temas comerciales, políticos y seguridad nacional, por acciones de Washington.

La promulgación de esta ley –que busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil y los medios– no es original. En el pasado reciente, regímenes autoritarios de América Latina, como los que gobiernan en Venezuela y Nicaragua, han emitido directivas semejantes. La fórmula, que se viene aplicando en los países de Europa del Este y de Asia, en la zona de influencia de la Rusia de Putin (Georgia, Kirguistán y Azerbaiyán), también es invocada por China y Turquía e India, con el objetivo de acallar las críticas. Actualmente, una ofensiva similar es notoria en los Estados Unidos bajo la Administración Trump. Fuera de posiciones y rivalidades ideológicas, la consigna del Estado, en estos tiempos, parece ser la misma: para concentrar el poder total se tiene que acabar con la disidencia.

En Perú, que experimenta el mismo patrón autoritario internacional, el declive del Estado de Derecho y de la separación de poderes es más que notorio en el último lustro. Desde el 2022, los informes de organizaciones que estudian la salud de las democracias han advertido sobre la amenaza que se cierne en el país. Por ejemplo, el Instituto V-Dem (Varities of Democracy) concluyó en su informe de marzo que el Perú ha empeorado en sus indicadores y se está consolidando desde el 2023 como una “democracia con episodios de autocratización”, categoría en la que permanece por segundo año consecutivo. Esta posición, luego de una caída de 11 puestos, nos coloca cerca de la zona de tránsito que conduce al bloque de las autocracias electorales.

La ley APCI –que busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil y los medios– no es original. Lo han aplicado antes dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua.

Otros reportes, procedentes de organizaciones disímiles en su análisis, son igual de preocupantes. La Unidad de Inteligencia de la revista The Economist ha considerado que el Perú se mantiene en la categoría de “régimen híbrido” por tercer año consecutivo. Hasta el 2021, el país se ubicaba en el grupo de las llamadas “democracias deficientes”, pero bajó de nivel por la circunstancias ocurridas en diciembre del 2022: desde el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, hasta la represión del gobierno de Boluarte. 

Para Freedom House, el Perú vive, desde 2022, bajo un sistema democrático “parcialmente libre”. Otros indicadores de Human Rights Watch y Transparencia Internacional, registran igual caída en los índices de derechos humanos y anticorrupción.

Ley APCI: una norma que viola la libertad de prensa y el secreto profesional

En este ambiente propicio, el Congreso logró sacar a flote una norma ilegal que estuvo trabajando desde 2023, luego de ver amenazada su continuidad en el poder por las protestas a favor de las elecciones. Con la ley para “fortalecer” a la APCI –entidad creada el 2002 para conducir la política de desarrollo social del Perú– pretende amordazar a las organizaciones de la sociedad civil y, adicionalmente, instalar un régimen de censura previa para los medios independientes. En este ámbito –el derecho de libertad de prensa e información–, la ley es la más lesiva que se recuerde en el país desde fines del siglo XX, cuando Fujimori intervino los medios, en el autogolpe de Estado de 1992, y compró las líneas editoriales de diarios y canales con dinero estatal para seguir en el cargo hasta el 2005.

La aprobación de esta ley es un hito alarmante para la libertad de información, en uno de los periodos históricos de mayor asedio a los medios en los últimos 25 años. El origen de esta última ola de animadversión del Estado contra la prensa –que también es una marca registrada de las sociedades en tiempos de ascenso de liderazgos autoritarios– puede rastrearse hasta la llegada de Pedro Castillo al poder en 2021, y en los 17 meses siguientes que estuvo en el cargo hasta su fallido golpe de Estado. Sin embargo, esta estrategia de hostilización hacia los medios independientes se ha consolidado a lo largo de los 27 meses que Boluarte tiene en el poder, con el soporte de la coalición que gobierna desde el Parlamento.

MESA DIRECTIVA. El Congreso en este periodo es presidido por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País)

Foto: Archivo / Congreso de la República 

Desde que Boluarte asumió la Presidencia, episodio al que siguió una represión del Estado que dejó 49 personas asesinadas en medio de las marchas por nuevas elecciones, el Congreso ha elaborado por lo menos 10 proyectos de ley para restringir la libertad de prensa, sin importarle el modelo de sostenibilidad financiera de los mismos. 

Los proyectos, principalmente presentados en la presidencia de Alejandro Soto (de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña), pretendían criminalizar la labor de los periodistas de manera individual, pero también estrangular la capacidad económica de los medios, que además forman parte de una industria global en riesgo debido a los desafíos de la tecnología, el cambio de hábito de las audiencias y la desinformación.

En el caso del ataque a los periodistas, los proyectos del Congreso han pedido desde el aumento de las penas de cárcel para los delitos contra el honor (de tal forma que los reporteros puedan cumplir prisión efectiva), hasta la posible penalización de su acceso a información reservada, suerte de venganza por exponer públicamente la versión de los colaboradores eficaces en casos de corrupción. 

El Legislativo también ha buscado endurecer la ley de rectificación, para que estén obligados a retractarse al día siguiente de su publicación (y no siete días después), o exigirles título profesional universitario o afiliación al Colegio de Periodistas, como un requisito previo para ejercer la profesión.

Esta ley pretende instalar un régimen de censura previa para los medios independientes.

Desde que Boluarte está en el poder –además de sus amenazas contra la prensa por promover supuestos “golpes de estado” o “noticias falsas”– el Parlamento ha presentado proyectos de ley para asfixiar el financiamiento de los medios a través de prohibiciones de contratar con el Estado, o incorporarlos en registros de “transparencia” para que rindan al Estado “informes anuales” (bajo pena de multa o la cancelación del medio), sin importar que los fondos de las salas de noticias venga de publicidad comercial, venta de impresos, pauta en redes sociales como YouTube o donaciones. Estos ataques los constató la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa que llegó al Perú en marzo, así como la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana.

La muestra más reciente del ataque combinado desde el Ejecutivo y el Legislativo contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios, ha ocurrido en los últimos días. El 30 de marzo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que presentaría un proyecto de ley para obligar a los canales de televisión a difundir las acciones del gobierno contra la delincuencia en estados de emergencia. 

Luego el 2 de abril, Boluarte dijo, por la mañana, que las “ONGs viven de exigir impunidad para los criminales”; mientras que por la tarde, de ese mismo día, el titular del Congreso, Eduardo Salhuana (del partido de Acuña), firmó la ley para “fortalecer” la APCI antes de enviarlo al despacho de Boluarte, quien el lunes 14 de abril colocó su rúbrica final sobre la misma.

Registro obligatorio y censura previa de la APCI son inconstitucionales

Con la promulgación, el Ejecutivo y el Congreso han puesto en marcha una norma que viola de manera evidente la Constitución del Perú y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto de la libertad de prensa e información y reserva de fuentes, en el caso de los medios independientes. Según la nueva norma, este tipo de organizaciones de noticias deberán inscribirse de manera obligatoria en el registro de dicha entidad y, luego, someter sus “proyectos y actividades” –para un medio esto es la línea editorial, decisiones de cobertura, proceso de recolección de información y las publicaciones periodísticas– al permiso previo de la APCI. Esto significa que se tendrá que pedir autorización al Estado para escribir y publicar.

La Constitución –incluso la promulgada por Fujimori después del autogolpe de Estado de 1992– rechaza la censura previa: “Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”. 

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ya aplicada en informes y sentencias en América Latina, dice: [el derecho a la libertad de expresión] no puede estar sujeto a previa censura” y “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales”.

El gobierno ha puesto en marcha una ley que viola la Constitución del Perú, respecto de la libertad de prensa y la reserva de fuentes

La nueva norma también presenta otras amenazas. Por ejemplo, el cargo de director ejecutivo de la APCI, de acuerdo a la nueva norma, será decidido por una sola persona: la Presidenta de la República, a sugerencia de Relaciones Exteriores (hasta ahora la elección recaía en un Consejo Directivo integrado por representantes de otras entidades). 

Actualmente, la persona que ocupa el máximo puesto de la APCI es la que toma la decisión final sobre sanciones e infracciones. Aprobada la ley, sería ese mismo funcionario, pero nombrado por el Ejecutivo, el responsable de autorizar o no nuestra labor periodística. Adicionalmente, el Congreso decidió eliminar el Comité Consultivo de la APCI, con lo cual todo el poder se concentra en el Despacho Presidencial.

En Perú, una organización como OjoPúblico rinde cuentas a través de auditorías externas e independientes y también al Estado. Por ejemplo, reporta a la agencia tributaria Sunat, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (la declaración de sus ingresos financieros), a la Sunafil del Ministerio de Trabajo (en el caso de sus planillas mensuales y políticas laborales), a la Autoridad de Datos Personales del Ministerio de Justicia (los datos personales que recolecta y trata en su calidad de medio digital), y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (como sujeto obligado en el marco del sistema de lavado de dinero). Ahora, con esta ley, el Estado busca que le rindamos cuenta de nuestras actividades y contenidos a la APCI, adscrita al gobierno a través de la Cancillería.

Hace casi 20 años, el entonces presidente Alan García y el Congreso, liderado por el APRA y con apenas cinco meses en el poder, logró aprobar una ley semejante (N° 28925), que forzaba a las organizaciones de sociedad civil a registrarse de manera obligada en la APCI. En esa época, los sectores políticos más conservadores del Perú culpaban a este tipo de instituciones por haber empujado los juicios y condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas por violación de derechos humanos, durante el conflicto armado interno, y por corrupción y enriquecimiento ilícito, en el régimen de Fujimori; asi como por estar detrás del impulso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y el 2000.

La nueva norma también presenta otras amenazas: el cargo de director ejecutivo de la APCI es nombrado por la presidenta.

En aquel diciembre del 2006, en una iniciativa semejante, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el exabogado de Alberto Fujimori, el legislador Rolando Sousa Huananbal (del entonces partido fujimorista Alianza por el Futuro), remitió el texto de aquella ley (N° 28925) a votación del Parlamento y luego al despacho de Alan García para su publicación. El mes pasado, con casi dos décadas de diferencia, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Aurelia Obando Morgan (del fujimorista Fuerza Popular), hizo lo propio al tramitar la norma actual –mucho más lesiva que la promulgada por el Legislativo del periodo aprista– con el objetivo de enviarlo al Ejecutivo de Boluarte.

Sin embargo, el extremo de aquella norma del 2006, que buscaba el registro obligatorio de las organizaciones de la sociedad civil, fue declarada contraria a la Carta Magna por el Tribunal Constitucional en agosto del 2007. Desde entonces, la idea de reanimar esta ilegal ley aparecía, cada cierto tiempo, en el discurso del político de turno cuando una demanda judicial contra el abuso del Estado o una publicación ponía en riesgo su estabilidad en el poder, ya sea durante el lustro de Ollanta Humala en el poder, o en los breves gobiernos que siguieron, luego de la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Detrás de la ley: los partidos de Fujimori, Acuña, Cerrón y López Aliaga

El origen de la ley actual, que resucita el espíritu de la fallida norma del gobierno de Alan García, volvió a la vida en 2023, cuando un congresista de Perú Libre (del prófugo Vladimir Cerrón) presentó un proyecto de ley que buscaba “la obligatoriedad [de registrarse en la APCI] y la presentación de declaraciones anuales”. 

En solo seis meses, desde octubre del 2023, cuando apareció la primera propuesta, a abril del 2024, surgieron otros cinco proyectos de ley que confluyeron en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular). Los autores eran legisladores de Renovación Popular (liderado por Rafael López Aliaga), Alianza para el Progreso (César Acuña), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Unidad y Diálogo Parlamentario, y Perú Libre. Finalmente, todos se acumularon en un solo proyecto aprobado el 12 de marzo último.

Basta leer la norma en detalle para darse cuenta de lo lesiva que puede ser. La ley del Parlamento indica en el artículo 4 que las organizaciones, luego de registrarse de manera obligatoria en la APCI, deberán informar sobre sus “planes, programas y proyectos […] y sus objetivos”, ya sea antes de iniciar el año, cuando ya se hubieran realizado o cuando se trate de modificar los mismos. 

El artículo 4 también dice que la APCI deberá: “Dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos”. En resumen, nada se podrá hacer sin el permiso previo de la APCI, que también decidirá los plazos de aprobación de los mismos.

EL PROYECTO. Eduardo Salhuana muestra la ley junto a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Auristela Obando (Fuerza Popular), María Acuña (Alianza para el Progreso) y Américo Gonza (Perú Libre). Estos últimos son coautores de la norma.

Foto: Congreso.

Como medio de comunicación de investigación, la principal actividad de OjoPúblico es generar contenido periodístico de interés público en diferentes formatos y plataformas digitales. Con la norma aprobada por Boluarte, el Gobierno busca obligar a esta y a otras salas de redacción sin fines de lucro, y de similar naturaleza, a pedirle permiso para realizar investigaciones que muchas veces alcanzan al mismo gobierno y para publicar sus contenidos. 

Es decir, a solicitar el visto bueno de la APCI, una entidad que en el futuro tendrá como director ejecutivo a alguien elegido por la Presidencia de la República. Esto vulnera la libertad e independencia de un medio, sobre todo porque el Jefe de Estado, como el Ministro de Relaciones Exteriores, son altos funcionarios públicos pasibles de ser investigados por la comisión de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Con la nueva ley, los medios independientes quedan bajo amenaza de ser sancionados si no aceptan inscribirse en el registro o no informan su plan de actividades anual. Además, pueden ser castigados por “infracción grave”, si no esperan “la conformidad previa de la APCI” antes de empezar a publicar sus contenidos periodísticos. No solo eso, de aceptar el registro, dicha entidad podría exigir, lo que la ley llama, “documentación sustentatoria [...] de los planes o proyectos” de la organización. 

Es decir, la norma deja abierta la posibilidad a que la agencia, en el marco de un proceso de fiscalización, exiga de manera coercitiva y subjetiva lo que considere necesario –incluso a riesgo de violar el derecho constitucional a la reserva periodística del medio– a efectos de verificar si todo se ha desarrollado “conforme” a lo que dispongan estos funcionarios públicos.

Entre las faltas “muy graves”, la APCI considera, de acuerdo a la ley aprobada, que el medio destine “recursos” para “actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada”. Es decir, si el medio es demandado a nivel judicial por cubrir eventos de interés público como, por ejemplo, cubrir protestas contra el Gobierno, revelar actos ilícitos del Ejecutivo, o publicar información que evidencie los malos actos del sector Defensa e Interior, de los órganos de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, o de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la APCI podrá castigar al medio con una sanción grave.

A un año de las elecciones, el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso están orquestando una de las ofensivas finales para amordazar a la sociedad civil y a los medios independientes.

De igual forma, según la nueva ley, APCI “reportará, ante las entidades correspondientes, cualquier indicio de que alguna organización registrada esté realizando acciones que puedan contravenir la Constitución Política y la legislación vigente”. Esto deja abierta la posibilidad para que un funcionario de la APCI informe al Ministerio Público o la Policía sobre cualquier acto que considere irregular, de manera subjetiva. Con estos elementos, el Congreso deja a merced de dicha agencia la sanción a imponer: desde la “amonestación por escrito”, una “multa de hasta 500 UIT" (2.6 millones de soles, USD 720 mil dólares), “la suspensión temporal de los beneficios que otorga la inscripción en los Registros” y la “cancelación de la inscripción en los Registros”.

La ley –en las disposiciones finales del proyecto firmado por la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Aurelia Obando Morgan– también busca que otras dos entidades públicas acompañen a la APCI con su nueva regulación: la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A la UIF le piden que “implementen mecanismos de transferencia de información y alerta” para adoptar “medidas preventivas” contra las entidades de la sociedad civil y los medios; mientras que a la Sunat le solicitan que evalúe la creación de una “unidad” dentro de su organización para hacer efectiva la inconstitucional norma aprobada por Boluarte.

Queda claro, a un año de las elecciones, que el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso están orquestando una de las ofensivas finales para amordazar a la sociedad civil y a los medios independientes y así tener un camino despejado para consolidarse en el poder. El camino aún es largo, después de que Boluarte aprobara la ley, el Ejecutivo tiene 90 días hábiles, como máximo, para presentar el reglamento que hará cumplir una controvertida norma que afecta por igual a organizaciones involucradas en temas como derechos infantiles, salud y pobreza, poblaciones originarias, gobernanza y ambiente. Cuando esto ocurra el Perú ya estará sumergido por completo en un año electoral que decidirá la suerte del país el 12 de abril del 2026.