Actualización: 25 de noviembre de 2024 a las 15:48

 

Desde que se instaló el actual Congreso, los familiares de 30 legisladores han contratado con entidades del Estado, pese a estar impedidos por ley. Estas adjudicaciones —que suman más de un millón de soles— involucran a los parientes más cercanos de 12 bancadas y de legisladores no agrupados. 

Una amplia investigación de OjoPúblico ha podido determinar que, al menos, 38 familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y cónyuges de 30 parlamentarios registran contrataciones con el Estado, entre el 28 de julio de 2021 y 16 de octubre de 2024.

Este grado de parentesco involucra al padre, abuelo, hermano, hijo y nieto de la autoridad. Así como a ellos, este análisis ha considerado al cónyuge o conviviente, a quien también le alcanza esta restricción, por tratarse de un pariente de segundo grado de afinidad. 

El hallazgo identifica la existencia de 151 contratos —la mayoría órdenes de bienes y servicios— que suman un total de S/1’051.611. Entre las entidades contratantes figuran gobiernos regionales, ministerios y entidades adscritas, municipalidades, Fuerzas Armadas y Policía y universidades.

Al menos, 38 familiares de 30 parlamentarios registran contrataciones con el Estado en los últimos tres años".

Estas adjudicaciones ocurrieron pese a que los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad —al igual que el mismo legislador— se encuentran impedidos de proveer al Estado, sea como participantes, postores, contratistas o subcontratistas, incluso, hasta 12 meses después de que el congresista deje el cargo, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, de Contrataciones del Estado.

Fuerza Popular, Podemos Perú y Bloque Magisterial Concertación Nacional son las bancadas con más casos —de familiares impedidos— que contrataron con entidades públicas durante el actual periodo parlamentario. 

La primera con ocho familiares de seis congresistas. La segunda, con seis parientes de cinco funcionarios. Y la tercera, en tanto, con cuatro familiares de tres legisladores.

Los familiares de Fuerza Popular y Bloque Magisterial, además, suman los mayores montos por contratos: S/185.574, en el primer caso y S/163.800 en el segundo.

En paralelo, de acuerdo a la revisión de bases de datos oficiales, OjoPúblico ha podido conocer que los familiares de cinco congresistas concentran más de medio millón de soles en contratos (S/557.860), lo que representa más de la mitad de la suma de los casos analizados.

 

Se trata de dos hermanos de Javier Padilla Romero (bancada Honor y Democracia), del hermano y la pareja declarada por Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), del hijo y dos hermanas de Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), dos hermanos de César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), y una hermana de Janet Rivas Chacara (Perú Libre). 

“Podemos ponernos en varios escenarios. Escenarios de personas que no tienen mayor vinculación con el congresista y no están al tanto de que ha asumido el cargo. O personas que, efectivamente, son beneficiadas de la posición de poder de su pariente. Mientras no haya filtros adecuados y consecuencias efectivas, no se generarán los incentivos para evitar esta práctica”, señala la abogada Karla Gaviño Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

 

Las bancadas y sus vínculos

OjoPúblico analizó las declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses de la Contraloría de 136 legisladores que tuvieron una curul en la actual gestión, así como la base de datos de contrataciones y órdenes de compra del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Como parte de esta revisión, se detectó que dos legisladores no han declarado a sus familiares en el referido sistema de Contraloría: Magally Santisteban Suclupe (Fuerza Popular) y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular). En paralelo, se excluyó a dos funcionarios: el desaforado Freddy Ronald Díaz Monago y el fallecido Mario Herrera Mamani, cuyos familiares contrataron fuera de su gestión.

Fuerza Popular es la bancada con más parientes de congresistas (8) con registros de contratación con el Estado durante el actual periodo parlamentario. Le siguen Podemos Perú (6), Bloque Magisterial Concertación Nacional (4), Renovación Popular (3), Bancada Socialista (3) y Alianza para el Progreso (3). Luego, Perú Libre (2), Somos Perú (2), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (2), Honor y Democracia (2), Bloque Democrático Popular (1), No agrupados (1) y Acción Popular (1).

PLENO. Más de la cuarta parte de los congresistas tienen familiares que han contratado con el Estado pese a estar impedidos por ley.

Foto: Congreso de la República

 

Además, OjoPúblico identificó que Fuerza Popular y Bloque Magisterial son las bancadas cuyos familiares concentran el mayor monto en contratos. Los ocho familiares de legisladores de la primera agrupación acumulan S/185.574. En tanto, los cuatro parientes de la segunda registran un total de S/163.800.

Le siguen los parientes de los legisladores de Honor y Democracia (S/160.569) y Podemos Perú (S/120.510). Los familiares de congresistas de Renovación Popular suman S/109.850; mientras tanto, los de Alianza para el Progreso y Perú Libre superan los S/70.000. Los casos de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo suman S/60.000 y los de Somos Perú S/36.167. 

En el caso de la Bancada Socialista el monto asciende a S/21.900, en el de Acción Popular a S/16.500, para los no agrupados es de S/16.120 y, por último, en el del Bloque Democrático Popular, asciende a S/13.700.

De los 151 contratos analizados 81 son contrataciones de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Otros 14 tienen montos de hasta 9 UIT, uno corresponde a contratación directa, y otras 55 son contrataciones sin proceso de selección previa.

El análisis excluyó, asimismo, cuatro casos denominados “convenios entre entidades”. Esto porque, según especialistas consultados, no se encuentran en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

 

De igual modo, la revisión solo contempló las contrataciones de familiares con su Registro Único de Contribuyentes (RUC). Es decir, no incluye aquellos casos en el que los parientes participan en empresas a las cuales se les han adjudicado órdenes de servicio u otros contratos, aspecto que también tiene restricciones por ley. 

Jorge Perleche García, docente de la escuela de posgrado de la Universidad Esan y consultor en contratación pública, detalla que los impedimentos buscan mitigar riesgos que puedan afectar la probidad de la contratación y el adecuado uso de recursos públicos. 

“Si bien hay libertad de contratar, que está establecido en la Constitución, la propia norma también establece supuestos en los cuales, de manera restrictiva, se aplican impedimentos porque pueden configurar situaciones de aprovechamiento de cargo y de conflictos de interés (...) Deben aplicarse de forma restrictiva sin necesidad de interpretaciones”, señala.

 

Los familiares más beneficiados

Los familiares de cinco congresistas de las bancadas Honor y Democracia, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre concentran S/557.860 en contratos. Esto representa más de la mitad de la suma total analizada.

El primer caso corresponde a Javier Padilla Romero (Honor y Democracia). Entre el 30 de setiembre de 2021 y el 7 de marzo de 2023, sus hermanos Héctor Renán y Susana Virginia Padilla Rojas registran ocho y una orden de servicio, respectivamente, que suman S/160.569.

En ese periodo, Héctor Renán Padilla Rojas, hermano del congresista, tuvo a su nombre ocho órdenes por un total de S/152.979: tres de la Superintendencia Nacional de Migraciones, por el análisis de proyectos y procesos; cuatro del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri); como analista en inversiones y coordinador para la gestión de grupos; y uno más del Ministerio de Educación, por el servicio de soporte técnico en línea para registro, gestión y atención. 

El Bloque Magisterial es la bancada cuyos familiares concentran el mayor monto en contratos".

Héctor Renán Padilla Rojas ha sido sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado con dos inhabilitaciones temporales por haber contratado pese a estar impedido. La última estaba vigente hasta el 27 de octubre de 2024.

Susana Virginia Padilla Rojas, también hermana del legislador, registra una orden de servicio por S/7.590, del 11 de marzo de 2022. El contratante fue la Dirección de Redes Integradas de Lima Norte, que requería un técnico para un laboratorio de comando Covid.

En diálogo con OjoPúblico Héctor Renán Padilla Rojas dijo que lleva cerca de 30 años trabajando para el Estado y que “nunca ve a su [medio] hermano”. Aunque dijo conocer la Ley 30225, sostuvo que su vínculo económico con el Estado se sustenta en “jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, aunque no dio mayores precisiones. 

A LA CABEZA. Los familiares de Javier Padilla (Honor y Democracia), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Esdras Medina (Renovación Popular) lideran la lista de más beneficiados.

Fotos: Congreso de la República

 

Otro congresista cuyos familiares impedidos concentran los mayores montos en contrataciones es César Manuel Revilla Villanueva, de Fuerza Popular y elegido por la región Piura. Dos de sus familiares registran 11 órdenes de servicio por S/84.229, emitidas entre el 26 de agosto de 2021 y 21 de marzo de 2023.

Seis de esas órdenes corresponden a José David Revilla Villanueva, hermano del congresista e ingeniero pesquero, que contrató con la Municipalidad Provincial de Talara-Pariñas, en cuatro oportunidades. Otras dos, en tanto, fueron con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Estas adjudicaciones, fechadas entre agosto de 2021 y junio de 2022, suman S/53.000.

El 24 de julio de 2023, Sanipes declaró la nulidad de oficio de una de las órdenes de servicio —por S/7.000— correspondiente al 1 de diciembre de 2021.

LAZOS.César Revilla y el rector encargado de la Universidad de Piura, Enrique Ramiro Cáceres. Uno de los hermanos del congresista firmó órdenes se servicio con la casa de estudios.

Foto: Universidad de Piura

 

En la actualidad, José Revilla se encuentra inhabilitado de manera temporal como proveedor, por dicha contratación con Sanipes. Esto debido a su impedimento por el parentesco con el legislador de Fuerza Popular, según la resolución del OSCE.

Otro hermano del legislador, Julio César Revilla Villanueva, es entrenador de natación y registra, además, cinco órdenes de servicio por un total de S/31.229. Estos documentos, emitidos entre el 8 de noviembre de 2021 y el 21 de marzo de 2023, se gestionaron con la Universidad Nacional de Piura (UNP). 

En esta casa de estudios, el congresista fue docente entre 2014 y 2020, según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, como secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el último 5 de noviembre, sostuvo una reunión con el rector encargado Enrique Cáceres Florián para “evaluar el estado presupuestal y financiero de la universidad”.

En mayo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Julio Revilla con una inhabilitación temporal por una de las cinco órdenes de servicio de la UNP. Según la resolución, del 6 de mayo de 2024, la universidad no proporcionó la constancia de recepción de la orden de servicio solicitada por OSCE como parte de este proceso.

OjoPúblico se comunicó con José David Revilla Villanueva, hermano del legislador César Revilla (Fuerza Popular), quien argumentó que tiene varios años contratando con el Estado. Y agregó: “Si no trabajo, de qué voy a comer”.

Dos familiares [de César Revilla] registran 11 órdenes de servicio por S/84.229".

Otro caso es el del congresista Paul Gutiérrez Ticona, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, cuya pareja y hermano registran ocho órdenes de servicio, por una suma total de S/136.500. Estas fueron emitidas entre el 31 de marzo de 2022 y el 11 de agosto del mismo año.

Aurelia Saavedra Anampa, docente y pareja de Gutiérrez Ticona, según la declaración jurada del parlamentario, registra cinco órdenes de servicio por S/102.500. Tres son del Programa Educación Básica Para Todos Unidad Ejecutora (UE) 026, y dos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 - Pronied. 

A nombre de Saúl Gutiérrez Ticona, también docente y hermano del congresista, figuran tres órdenes de servicio por S/34.000. Al igual que la pareja del legislador, sus contratos se dieron con el Programa Educación Básica Para Todos UE 026. 

Las órdenes se emitieron entre marzo y agosto de 2022. No obstante, cuatro meses después —el 13 de diciembre— el Minedu declaró su nulidad de oficio.

A raíz de estas órdenes, Saúl Gutiérrez Ticona recibió tres sanciones temporales del Tribunal del OSCE este año. El motivo: contratar con el Estado pese a su parentesco con el legislador. En dos de ellas, además, se le imputó haber presentado información inexacta en una declaración jurada donde dijo no tener impedimentos para contratar con el Estado.

INEXACTO. Saúl Gutiérrez, hermano del congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, señaló en su declaración jurada que no estaba impedido para contratar con el Estado

Imagen: Captura de resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado

 

El legislador Paul Gutiérrez Ticona dijo a OjoPúblico que no tenía conocimiento de los contratos adjudicados a sus familiares varios meses después de que él ingresara al Congreso. Agregó que tanto su pareja, Aurelia Saavedra Anampa, como su hermano, Saúl Gutiérrez Ticona, “son profesionales que ya trabajaban para el Estado antes de que asumiera el cargo de congresista”. 

El parlamentario hizo referencia, además, a una sentencia del Tribunal Constitucional (N° 1087/2020), que declaró fundada una demanda de amparo vinculada a este impedimento y que analizó el caso de parientes de congresistas que buscan contratar con el Estado. Al respecto, el Tribunal del OSCE ha señalado que esto resulta aplicable solo al caso concreto que motivó la demanda.

El legislador Esdras Medina, de Renovación Popular y elegido por Arequipa, tiene tres familiares cercanos que han contratado 18 veces con el Estado, por un monto de S/109.850, entre el 15 de noviembre de 2021 y 2 de mayo de 2023. Se trata del congresista con más parientes en esta condición.

Su hermana, la abogada Noemí Eladia Medina Minaya, registra 13 órdenes por S/82.000, entre 15 de noviembre de 2021 y 2 de mayo de 2023. Se trata de servicios de asesoría legal y, un caso, como procurador externo a los municipios distritales de Cayarani, Yanque, Pampamarca-La Unión, Tauria y Machahuay. Los servicios son de asesoría legal y un caso como procurador externo, como también informó La República.

 

Otro pariente del legislador que ha contratado con el Estado es su hijo, Esdras Ricardo Medina Gonzales, hecho que también fue reportado por El Foco. Entre el 6 de diciembre de 2021 y 30 de marzo de 2022, la Universidad Nacional del Callao emitió tres órdenes de servicio a su nombre, por un total de S/17.500. Casi un año después —el 1 de febrero de 2023— la casa de estudios anuló dichas órdenes.

Esdras Medina ha sido uno de los principales promotores de la denominada contrarreforma universitaria, que recibió el respaldo de las rectoras de universidades públicas, como la del Callao y Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 

Precisamente, en esta última casa de estudios, la hermana del parlamentario, Elízabeth Eunice Medina Minaya, registra una orden de servicio por S/5.850, emitida el 19 de mayo de 2022. A esta se suma otra, del 27 de setiembre del mismo año, de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado (Arequipa), por S/4.500, también en favor de la docente.

El legislador de Renovación Popular dijo a OjoPúblico que sus familiares —sus hermanas Noemí y Elízabeth Medina Minaya, y su hijo Esdras Medina Gonzales— son “mayores de edad e independientes”, y que ellos deben responder por sus contrataciones. 

 

Janet Milagros Rivas Chacara, de la bancada de Perú Libre, completa la lista de los cinco congresistas con parientes cuyos contratos suman más de medio millón de soles. Su hermana, Rosa Janet Caycho Chacara —que también se encuentra afiliada a Perú Libre— registra cinco órdenes de bienes y servicios, entre el 23 de diciembre de 2021 y 26 de octubre de 2022, por un total de S/66.711.

La pariente de la legisladora elegida por Lima provincias se ha adjudicado dos órdenes con la Municipalidad Provincial de Cañete - San Vicente de Cañete, por S/55.311, entre el 23 de diciembre de 2021 y el 11 de abril de 2022. 

Un día después —12 de abril de 2022— se emitió otra orden a su nombre. Esta vez, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/6.000. El 22 de agosto de ese año, en tanto, la Municipalidad Distrital de Lunahuaná contrató a la comerciante por S/400. Y, el 26 de octubre, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral hizo lo mismo por S/5.000.

En comunicación con OjoPúblico, la legisladora Janet Rivas descartó haber intervenido en las contrataciones a nombre de su hermana. “Mi hermana junto con su pareja ha venido realizando esos trabajos antes de que yo fuera congresista. Me imagino que, por esa práctica que tenían, realizaban sus actividades de manera normal sin pensar que había ese impedimento”, dijo.

BENEFICIO. Janet Rivas Chacara, de Perú Libre, tiene un familiar de segundo grado que contrató con el Estado, luego de que asumiera el cargo, por más S/66.711.

Foto: Congreso de la República

 

Este medio también intentó comunicarse con Aurelia Saavedra Anampa y Saúl Gutiérrez Ticona, pareja y hermano del legislador Paul Gutiérrez Ticona; con Susana Padilla Rojas, hermana del congresista Javier Padilla Romero; con Julio Revilla Villanueva, hermano de César Revilla Villanueva; con Rosa Caycho Chacara, hermana de Janet Rivas Chacara; así como con Noemí y Elizabeth Medina Minaya, a través de sus redes sociales. De igual modo, se solicitaron descargos a su hijo Esdras Medina Gonzales mediante correo electrónico. Ninguno contestó hasta el cierre de este informe. 

Asimismo, se buscó a los congresistas Javier Padilla Romero y César Revilla Villanueva, a través de llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos. Pero, al cierre de este informe, no hubo respuesta. 

 

Un proyecto de ley que buscó favorecer a familiares

Los 38 familiares de los 30 congresistas que han contratado con el Estado estaban impedidos de hacerlo según la Ley N° 30255. Esta norma deberá ser reemplazada por la Ley General de Contrataciones Públicas (N° 32069), la cual aún no ha sido reglamentada.

Esta última norma, promulgada el 24 de junio pasado, recibió las propuestas del Ejecutivo y acumuló más de 60 proyectos de ley. Entre ellos estaba el de Darwin Espinoza Vargas, hoy en Podemos Perú, quien, inicialmente, pretendía que los impedimentos para la contratación de familiares solo se apliquen en la entidad donde el pariente del proveedor labore y solo en el tiempo que dure el cargo. 

Darwin Espinoza, elegido por Áncash, se encuentra entre los 30 legisladores cuyos familiares han contratado con el Estado, entre julio de 2021 y octubre de 2024. 

Hermana del congresista Darwin Espinoza Vargas registra cinco órdenes de servicio, por un total de S/15.000".

De acuerdo a datos oficiales del OSCE, su hermana Yngrid Jaruko Espinoza Vargas registra cinco órdenes de servicio, por un total de S/15.000, con el Gobierno Regional de Áncash-Subregión Pacífico. Estas se emitieron entre el 20 de agosto y el 20 de diciembre de 2021; es decir, cuando el legislador ya había asumido su cargo. 

Yngrid Espinoza Vargas, además, ha recibido cuatro sanciones temporales del Tribunal de OSCE por contratar pese a estar impedida. Este medio intentó comunicarse con Yngrid Espinoza, a través de redes sociales, pero al cierre de este informe no se obtuvo respuesta.

Asimismo, OjoPúblico le preguntó, vía telefónica, al congresista Darwin Espinoza Vargas si tenía conocimiento de los contratos de su hermana. Pese a las evidencias, dijo que las órdenes de servicio se dieron cuando él aún no había asumido el cargo y que, una vez incorporado, “ella cumplió con las órdenes [...] y, luego, dejó de trabajar”. “¿Cuál es el problema?”, añadió. Antes de cortar la comunicación, el legislador por Áncash le dijo al reportero: “Saquen [publiquen] lo que mierda quieran”. 

VERSIONES. Darwin Espinoza, de Podemos Perú, tiene una hermana que contrató con el Estado por S/15.000 en los últimos tres años. Pese a evidencias, congresista negó estos casos.

Foto: Facebook de Darwin Espinoza

 

Para el docente investigador de Esan y consultor en gestión de riesgos, Edmundo Lizarzaburu Bolaños, cada empresa debe verificar de manera interna los impedimentos vigentes y, a su vez, los Órganos de Control Interno (OCI), brazos de la Contraloría, tienen que aplicar herramientas que permitan garantizar la transparencia y emitir señales de alerta en las contrataciones. 

Marco Antonio Ramírez Zamora, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), remarcó que las adjudicaciones para órdenes de servicios se hacen en un tiempo muy corto, pero existe el control posterior. “Si una entidad le adjudicó a alguien que está impedido y se entera después, puede anular el contrato, tiene esa facultad”, explicó. 

Sostuvo que hay una responsabilidad administrativa en el funcionario que contrata, lo que es un incumplimiento expreso a la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) señaló por escrito a OjoPúblico que las entidades son las responsables de verificar que se cumpla con lo dispuesto para los contratos. Según el organismo, hay herramientas como la Ficha Única del Proveedor, donde se informa sobre la posible configuración de impedimentos de proveedores, lo que permite a las entidades adoptar medidas.

El OSCE precisó además, que “no existen disposiciones”, sean leyes, directivas u otra normativa que habilite a familiares de congresistas a contratar con el Estado.

 

Nota de redacción: 

En el caso de la legisladora Nelcy Heidinger Ballesteros, su ingreso al cargo ocurrió el 16 de enero de 2023, debido a que era accesitaria en Alianza para el Progreso (APP). De los tres contratos con entidades públicas que registra su familiar entre julio de 2021 y octubre de 2024, dos órdenes de servicio se emitieron cuando ella ya ocupaba el cargo. Estos suman S/43.200. De este modo, los contratos considerados para esta investigación son 151, por un monto total de S/1’051.611.

El análisis inicial consideró al congresista Edgar Tello Montes como parte del Bloque Magisterial. Sin embargo, en junio de 2024, el legislador pasó a integrar Podemos Perú. Con ese cambio, dicha bancada es la segunda con más familiares que han contratado con el Estado. Le sigue el Bloque Magisterial.