La esperanza de una vida mejor —aquello que muchos llaman progreso— suele ser un motor importante. En Perú, tras una represión que dejó 49 civiles fallecidos en las protestas contra el gobierno, dos años consecutivos de aumento de la pobreza y la aprobación de leyes que generan impunidad, ese anhelo persiste entre muy pocos.

A la fecha, nueve de cada 10 peruanos considera que el país está gobernado por unos cuantos poderosos que actúan en su propio beneficio, y ocho de cada 10 no confía en el acceso equitativo a la justicia. Así lo revela la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (Enades) 2024, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Oxfam.  

“La justicia es un tema muy importante que debería estar garantizada por la democracia, por el Estado. Podemos ser ricos o pobres, pero en la ley deberíamos ser iguales; y no es así. Este es un problema enorme, que es la base de la percepción política que tienen las personas”, explicó Patricia Zárate Ardela, jefa de Estudios de Opinión del IEP, a OjoPúblico. 

En el plano socioeconómico las percepciones tampoco son alentadoras: 56% considera que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres es demasiado grande, el 80% piensa que los ricos y grandes empresas buscan evadir impuestos, y el 69% cree que los más adinerados tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país.

El 69% cree que los más adinerados tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país".

En ese contexto, seis de cada 10 encuestados en el ámbito nacional está de acuerdo con que los que más tienen paguen más tributos. La idea ya forma parte de la agenda global: en la última reunión del G20 —un grupo donde los países más influyentes discuten políticas económicas y financieras— se aprobó una declaración en la que las naciones que integran este foro se comprometieron a evaluar la creación de un impuesto universal para los ultrarricos.

En Perú, en cambio, el debate no ha prosperado a nivel político. Aunque hace tres años hubo una propuesta, planteada por el entonces ministro de Economía Pedro Francke, que buscaba aumentar el impuesto a la renta para las personas con ingresos superiores a los S/300.000 anuales —alrededor del 0,5% de los contribuyentes—, esta fue rechazada por el Congreso.

En 2022, la bancada de Perú Libre presentó otro proyecto similar. En este caso, para crear un impuesto a las personas con patrimonio superior a las 3.500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/18 millones. Pero, a dos años de su ingreso, sigue pendiente de votación en las comisiones de Economía y Constitución. 

“Perú debe hacer una discusión sobre el impuesto a los millonarios. Ahí está el tema de la [falta de] voluntad política. Hay voluntad popular de revisar mejores formas de hacer un sistema tributario progresivo, pero necesitamos mirar la representación de este interés”, dice Alejandra Alayza Moncloa, directora de Oxfam Perú. 

 

La falta de interés político contrasta con los indicadores económicos: en 2023, Perú registró una caída del 12,2% de su recaudación tributaria debido a la recesión económica y el país cerró el año con un déficit de 2,8%. En otras palabras, incumplió las reglas fiscales: algo que no ocurría desde hacía dos décadas.

Además, OjoPúblico identificó que, entre julio de 2021 y lo que va del 2024, el Congreso aprobó 11 leyes que han generado un forado de más de S/12.000 millones en el tesoro público. Es decir, el mismo monto que la gestión de Pedro Francke buscaba recaudar con una reforma tributaria. 

A esto se añade la potencial pérdida de hasta S/154.800 millones adicionales, vinculada a 20 propuestas de ley que ya cuentan con dictamen favorable en el Legislativo, de acuerdo a información a la que accedió este medio.

Para Germán Alarco Tosoni, docente de la Universidad del Pacífico, las desigualdades percibidas por los ciudadanos generan impactos negativos a nivel económico, social y político.

“El resultado de la encuesta coincide con la visión de diversos estudios previos en que los grupos económicos tratan de condicionar la política económica de acuerdo a sus intereses, soslayando los de la mayor parte de los ciudadanos”, dijo el economista y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

A todo esto se añade la percepción generalizada de centralismo: el 59% de los consultados en la Enades 2024 considera que el país está gobernado por Lima, sin tomar en cuenta a las otras regiones. 

Patricia Zárate Ardela explica que esta percepción es más fuerte, incluso, entre las personas que viven en Lima, en los niveles socioeconómicos A, B y C, y en los que tienen educación superior. “No son los más pobres o rurales los que piensan esto [necesariamente]. Ese es un problema que viene de antes: no ha habido un proceso adecuado de descentralización”, señaló.

SECUELA. El 88% de personas opina que el acceso a la justicia es muy desigual o algo desigual. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

 

Inequidad tributaria

Ocho de cada 10 peruanos considera que los más ricos (82%) y las grandes empresas (80%) buscan la manera de no pagar los impuestos que deben, según la reciente Enades. Esto implica tanto el incumplimiento del pago de la deuda tributaria, como el impulso de mecanismos legislativos para reducir o exonerar impuestos a grupos o sectores económicos específicos. 

OjoPúblico identificó que, a junio de 2024, las grandes compañías adeudaban más de S/28.065 millones al Estado peruano, de los cuales la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) solo podía ejecutar una cobranza coactiva del 0,67%. Más del 99% restante no podía ser cobrado al encontrarse en litigio, situación que puede extenderse hasta por dos décadas. 

Mientras la recaudación tributaria presenta cifras en rojo —con una caída de 2,5% en los primeros siete meses del 2024—, el Congreso ha aprobado diversas iniciativas que perjudican los ingresos nacionales. Es decir, contrarias a la austeridad que necesita el país para no incumplir, por segundo año consecutivo, las reglas del déficit fiscal. 

Hasta noviembre de 2023, el Parlamento ya había aprobado seis leyes con costo fiscal superior a los S/8.000 millones, de las cuales cinco fueron avaladas por el Ejecutivo, pese al análisis negativo del Ministerio de Economía. A agosto de este año, ya son 11 leyes y la cifra creció 50%: supera los S/12.000 millones. 

Además, OjoPúblico detectó que hay 20 dictámenes aprobados en comisiones —listos para ser debatidos en el Pleno— que podrían generar un perjuicio de hasta S/154.800 millones. Esta cifra equivale a más de la mitad de todo el presupuesto público nacional otorgado para el año fiscal 2024. 

El Congreso ha aprobado leyes con costo fiscal de S/12.000 millones, y hay otros 20 dictámenes que podrían generar un perjuicio de hasta S/154.800 millones".

Entre las normas que prosperaron en el Congreso —aunque pendientes de promulgación—  destacan, por ejemplo, la que reduce el impuesto general a las ventas (IGV) para las peluquerías. Esta autógrafa, aprobada por la Comisión Permanente, fue observada por el Poder Ejecutivo y, actualmente, la Comisión de Economía del Legislativo evalúa su aprobación por insistencia. El Ministerio de Economía estima que tiene un costo fiscal de S/17 millones al año.

Lo mismo ocurre con la autógrafa de ley que otorga una amnistía tributaria a empresas deudoras. Esta medida —también aprobada por el Legislativo, observada por el Gobierno y, actualmente, bajo análisis de la Comisión de Economía del Parlamento para una eventual aprobación por insistencia— implica un perjuicio de hasta S/3.600 millones anuales para el fisco nacional. 

Entre los dictámenes que están pendientes de discusión en el Pleno sobresalen, en tanto, el 6331-2023-CR, que amplía los conceptos para las deducciones por rentas de cuarta y quinta categoría (trabajadores de mayores ingresos). De prosperar, podría generar una pérdida de hasta S/1.470 millones al Estado peruano. 

A este se suma otro dictamen, el del proyecto de ley 1814/2021-CR, que establece un régimen excepcional de incentivo para el pronto pago de las deudas tributarias de las empresas con la Sunat. El costo fiscal de la misma asciende a S/82.000 millones. 

Estas acciones del Parlamento —muchas veces avaladas por el gobierno de Dina Boluarte— son contrarias a las constantes recomendaciones de entidades multilaterales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —organismo de cooperación internacional al que Perú aspira adherirse— han reiterado que nuestro país debe establecer mecanismos para generar una mayor recaudación. 

 

“Tenemos que frenar esta voluntad concentradora en el espacio parlamentario, en donde las iniciativas tributarias, lejos de construir oportunidades de redistribución o de recaudación, están priorizando exoneraciones ad hoc que alimentan esta idea de la desigualdad abusiva. Son ejemplos muy tangibles y concretos de que se gobierna para unos pocos y que la política tributaria termina siendo una política de botín”, dice Alayza Moncloa, de Oxfam. 

Javier Herrera Zúñiga, director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), explica que hay un consenso universal de aplicar más impuestos a los que ganan más. Las claves, detalla, recaen en la progresividad con la que se puede aplicar y en mejorar la eficiencia de las instituciones públicas para cobrar (recaudar) y ejecutar. 

En ese aspecto, el economista Germán Alarco Tosoni recuerda que Perú tiene una significativa brecha de recaudación tributaria respecto al promedio de América Latina. Por eso, destaca, hay espacios para gravar a los sectores extractivos, aplicar impuestos ambientales y elevar las tasas marginales de impuesto a la renta de personas naturales y jurídicas.

“Recién con estas medidas y una lucha contra la evasión y elusión tributaria podremos alcanzar los estándares de recaudación tributaria de nuestra región. Obviamente, también está en agenda el impuesto global a los superricos”, señaló. 

En caso de que el Estado logre recaudar más impuestos, el 32% de los encuestados en la Enades 2024 considera que este dinero debe destinarse al sector educación y el 28% al sanitario. Este último ha presentado una contracción de 15 puntos porcentuales respecto a 2022: en ese contexto de salida de la pandemia de la covid-19, cuatro de cada 10 peruanos consideraba que se debía priorizar la salud.

BRECHA DE GÉNERO. El 67% considera que ser hombre conlleva mayores ventajas para alcanzar una mejor posición económica.

Foto: Marco Garro

 

Factor demográfico

La Enades 2024 también destaca la persistencia de la centralización en la toma de decisiones que afectan a todo el país, sin considerar las demandas regionales: 59% de los encuestados tiene esa percepción. 

Para el politólogo Paulo Vilca Arpasi, este centralismo se expresa con las autoridades que gobiernan desde Lima —como el Ejecutivo y el Congreso—. Y con las muestras de rechazo ciudadano a funcionarios del gobierno nacional cuando visitan las regiones. 

“Son ámbitos donde se observa esta brecha. También ha pegado profundamente la idea de que, pese a que murieron decenas de personas por acción del Estado [en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023] nada cambió. No hay ningún cambio político ni ningún responsable”, dijo. 

Otro dato que resalta es la persistente brecha de género y sus impactos en el ámbito económico: el 67% de los consultados cree que ser hombre conlleva mayores ventajas para alcanzar una mejor posición económica. Este factor supera, incluso, al de pertenecer a una familia acomodada, señalado por el 18% como una ventaja. 

Los resultados de la Enades 2024 evidencian, a la par, que más de la mitad de la población tiene ingresos económicos insuficientes para cubrir sus necesidades mensuales. Esta realidad se agrava fuera de Lima Metropolitana, entre las mujeres, la población de 40 años a más, en el nivel socioeconómico D/E y entre la población indígena o afroperuana.

Al respecto, Javier Herrera Zúñiga, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), explica que la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) también muestra un aumento de la inestabilidad económica de la población. 

INESTABILIDAD ECONÓMICA. El 54% de los encuestados señaló que sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Foto: Marco Garro

 

En 2022, un 29,5% señaló que sus ingresos eran muy inestables y un 48,5% más o menos estables. Al año siguiente, estas cifras crecieron entre dos y tres puntos porcentuales: 31,6% refirió ingresos muy inestables y 51,5% no del todo estables. 

Estos resultados coinciden, a la par, con un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre inseguridad alimentaria. El mismo señala que la tasa de inseguridad alimentaria moderada o severa en Perú es de 51,7%: la cifra más grave de Sudamérica. 

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, al primer trimestre de este año, el 37% de personas tenía déficit calórico. En otras palabras, experimentaba problemas para alimentarse adecuadamente. 

“Se ha deteriorado la calidad de la alimentación, ha aumentado el porcentaje de hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas, [algo que se ve] reflejado en el déficit calórico. Es decir, ha habido disminución de alimentos altos en proteínas y hay una restricción en cantidades. Los resultados son concordantes con el deterioro de la alimentación y anemia infantil”, explicó Herrera Zúñiga.

A pesar de toda esta evidencia, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero Campos, aseguró —durante una conferencia de prensa desarrollada el último 7 de agosto— que "en el Perú no se pasa hambre". 

CENTRALISMO. Un 59% de la población percibe que el país está gobernado solo por Lima, sin tomar en cuenta las demandas de las otras regiones.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

 

Acceso a la justicia: una preocupación creciente

El factor justicia destaca en los resultados de la Enades 2024. El 88% de personas opina que su acceso es muy desigual o algo desigual. El resultado se agrava entre los residentes de Lima Metropolitana (92%) y la macrozona sur (89%), además de quienes se ubican en el nivel socioeconómico C (94%). 

“La sensación es que las posibilidades de acceder a la justicia son menores para aquellos que tienen menos poder, o que depende de su condición económica, color de piel o el lugar dónde viven. Y que, por más que se esfuerce trabajando más, eso no va a cambiar”, reflexionó el politólogo Paulo Vilca Arpasi. 

 

A estas preocupaciones se añaden las vinculadas a la salud, el trabajo y la educación. En el primer caso, el 83% considera que el acceso es muy o algo desigual. En el segundo, la opinión asciende al 78%. Y, en lo que refiere a educación, al 76%. 

Finalmente, cerca de la tercera parte de los encuestados (31%) cree que tener un Estado más justo es el factor más importante para lograr un país igualitario. Esta cifra está por encima, incluso, de quienes destacan el crecimiento económico (21%), la democracia (20%), menos delincuencia (20%) o que se apoye a las minorías (7%). 

“Un Estado que no garantiza el acceso a la justicia y a derechos esenciales condiciona la capacidad de la ciudadanía y, con ello, pone retos a la cohesión social y de la República”, enfatizó Alejandra Alayza Moncloa.