Sobrevivientes sin justicia


Por Elizabeth Salazar Vega
Miércoles, 23 Ago 2017

Los jueces y fiscales están enfrentados en la lucha contra la trata de personas. El fallo que emitió el 2016 la Sala Penal integrada por Javier Villa Stein y el actual presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para exculpar a una procesada por trata, está sirviendo de base para más absoluciones. Pero esto solo es la punta del iceberg de una cadena de decisiones judiciales teñidas de prejuicios y de profundo desconocimiento del perfil de las víctimas.



El domingo 12 de octubre del 2014 ella abrió el periódico y encontró lo que buscaba en secreto: un trabajo de medio tiempo para ganar dinero sin dejar la academia preuniversitaria. La cita era al mediodía, en plena zona comercial de Lima Norte. Allí le dio el encuentro el presunto empleador, le pidió su DNI para sacarle unas copias y le dijo que la acompañe a la oficina para concretar la entrevista. Betty -a quien llamaremos así para proteger su identidad- lo siguió por una estrecha vereda de Los Olivos, directo a la fatalidad.

La joven, que entonces tenía 17 años y unos meses antes había dejado su natal Oxapampa para estudiar en Lima, fue violada en ese local. Según el parte policial de la comisaría de Sol de Oro, su agresor la dejó ir diciéndole que ya eran enamorados y que ahora la necesitaba como “anfitriona” para acostarse con otros hombres; que ni intente negarse porque ya tenía su dirección y datos personales. Las amenazas duraron tres meses, hasta que ella le contó a su madre lo sucedido y decidieron presentar la denuncia.

Casi tres años después, en junio pasado se realizó una diligencia en el lugar donde se habría registrado la violación. "¿Cómo no se va a dar cuenta que estaba entrando a un hostal? ¡El letrero está ahí!", dijo con sorna el juez encargado de resolver la demanda por trata de personas que entabló la madre de Betty. El Hostal Géminis es un edificio al que hay que mirar por encima del tercer piso para divisar su nombre. 

FALSO TRABAJO. Este es el aviso que apareció en el diario El Comercio el 2014. Esta es la oferta laboral con que captaron a Betty y hoy forma parte del expediente judicial./ Ojo-Publico.com

Durante este tiempo el acusado (no mencionaremos el nombre para no afectar el proceso judicial) ha permanecido libre y se ha amparado en el derecho al silencio. Betty, en cambio, fue interrogada dos veces: en la Cámara Gessell y fuera de ella, contrario a lo que indica el protocolo judicial y respondiendo preguntas sobre su actividad sexual, si sabía lo que iba a pasar en el hostal o por qué no trató de huir.

"Algunos jueces cuestionan la credibilidad de víctimas que tampoco saben que lo sufrido se llama esclavitud", Luis Aguilar, CHS Alternativo.

La trata es una compleja cadena de dominación creada para explotar a un ser humano vulnerable, convertirlo en un objeto de lucro, sin dignidad ni derechos. Cuando la víctima es un menor de edad, la ley peruana y los protocolos internacionales sostienen que el engaño no requiere ser probado, pero, a 10 años de promulgada la Ley 28950 que sanciona este delito, ciertos jueces parecen no entenderlo.

 

VIOLENCIA NORMALIZADA

El camino a la justicia para las sobrevivientes de la trata de personas se angosta en cada instancia de una investigación judicial. De las 889 denuncias que ingresaron al Ministerio Público el año 2015, se remitieron 321 al Poder Judicial con evidencias suficientes para procesar a los responsables, pero, según los datos de esta institución, en este lapso se consiguieron solo 2 sentencias.

Las denuncias se diluyen porque las pruebas de la captación, traslado, retención y explotación que sufren las víctimas recaen principalmente en lo que ellas puedan probar, advierte Luis Aguilar, subdirector de CHS Alternativo. Si las sobrevivientes no colaboran, el caso se complica; pero si hablan, su verdad podría caer en manos de jueces que no comprenden el delito; magistrados que cuestionan la versión de víctimas que tampoco saben que lo sufrido se llama esclavitud.

Ivan Montoya, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), analizó el 2016 el contenido de ocho sentencias de la Corte Suprema y encontró que cuatro de ellas se concentraron en probar o descartar el consentimiento de la víctima y no en su situación de explotación. Bajo esa lógica estos acusados de tratan fueron absueltos o condenados por delitos menores como rufianismo y proxenetismo.

EN FUNCIONAMIENTO. En este hostal de las cuadra 1 del Jr. José Gonzales Vigil, en Los Olivos, un tratante captó y abusó, según la fiscalía, de Betty. El local sigue en funcionamiento.

La polémica sentencia 2349-2014 que emitió el año pasado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, entonces liderada por el juez Javier Villa Stein, e integrada por el actual presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, resume esta situación. Los magistrados descartaron que exista trata y explotación laboral en el caso de una menor de 14 años que debía beber licor y conversar con clientes en un bar de Madre de Dios, como parte del rol de ‘dama de compañía’, pues dijeron que esto no iba a “agotar sus fuerzas”.

Bajo esta misma lógica la Sala desestimó la violencia sexual a la que fue sometida la adolescente al ser usada como objeto para atraer clientes, más aún cuando su explotadora ya le había sugerido tener relaciones sexuales con ellos. El razonamiento jurídico fue: “para que se configure el delito de trata por explotación sexual, esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio”. Es decir, si el tratante no expone sus verdaderas intenciones con la víctima, no hay trata.

El equipo legal de Promsex analizó la sentencia y concluyó que está cargada de estereotipos que conciben el rol de “dama de compañía” como una actividad normal para la mujer y por eso no ven que existe una explotación laboral; además, reduce la violencia sexual a que exista una violación de por medio.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acogió el reclamo de diversas organizaciones y abrió una investigación contra Villa Stein, Duberlí Rodríguez y su equipo. Pero mientras el caso permanece estancado en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, 2 juzgados penales de Lima y 4 de Madre de Dios ya han emitido sentencias absolutorias a favor de los tratantes basándose en dicho fallo. Según información del Ministerio Público, el criterio común en estos nuevos fallos fue que las víctimas, todas menores de edad, aceptaron ser explotadas.

PRESIDENTE DEL PJ. La polémica sentencia fue suscrita también por Duberlí Rodríguez, actual titular del Poder Judicial, así como por los magistrados César Hinostroza, Josué Pariona y José Neyra./ La República

Para la fiscal provincial especializada en trata, Miluska Romero, estas son sentencias prevaricadoras.

“El problema es de idiosincrasia e insensibilidad sobre la explotación, porque la norma es clara. Hay jueces que, en plena audiencia sobre trata laboral, nos han dicho: ¿quién no ha tenido una empleada menor de edad en su casa? Otra jueza absolvió a un tratante que explotaba a un niño, en condiciones denigrantes, en un restaurante; el argumento fue que el menor tenía derecho a trabajar porque en el Perú existe pobreza ¿Los operadores de justicia quieren que creamos que existen esclavos felices?", se pregunta la fiscal Romero.

¿Los operadores de justicia quieren que creamos que existen esclavos felices?, dice la fiscal Romero.

 

MI PALABRA CONTRA LA SUYA

Betty volverá a ver a los jueces a fin de año, cuando se dicte la sentencia a su captor.

Laura, otra víctima de trata, ya pasó por ello.

El 4 de noviembre del 2015, ella y su familia acudieron al Tercer Juzgado Penal de La Libertad para escuchar la condena que recibiría aquel hombre de 32 años que la enamoró en pocos meses y la convenció de fugar de su centro poblado, en Loreto. Laura tenía 16 años y creía que viajarían a Lima, para casarse, pero terminó en Trujillo, en una casa hacinada de mujeres. Ellas le contaron que cayeron con el mismo engaño, que el hombre tenía pareja y la había traído para prostituirla en aquella desconocida ciudad.

Laura logró romper el vínculo psicológico con su captor y huyó. La acusación fiscal incluye la transcripción de audios donde él la amenaza de muerte para que vuelva. También el testimonio de otra menor de 14 años -rescatada un año antes- que lo identificó plenamente como su explotador sexual y reconoció la casa donde las retenían. La suerte estaba echada; le esperaban 26 años de cárcel, a él y a los que arrendaban el inmueble, pero el juez no lo entendió así.

El expediente dice:

“En el presente caso existirían causas de incredibilidad subjetiva que habrían llevado a la agraviada a formular cargos contra el imputado, ya que ella señala que aceptó irse con el acusado en base a sus promesas de llevarla a Lima y casarse con ella. Sin embargo no la llevó a Lima, sino a una ciudad que dista mucho de ser lo que ella había esperado (…) además es en este lugar donde se entera que su enamorado tenía esposa o conviviente (…) No hay verosimilitud en la versión".

REVICTIMIZACIÓN. Los operativos policiales en night clubs, que no son promovidos por personal capacitado en trata de personas, se enfoca en la intervención de las mujeres y no en investigar quiénes las explotan./ Andina

Los magistrados María Rubio, Daniel Sánchez y Jackeline Florián absolvieron a todos por del delito de trata de personas. El sujeto que captó a Laura solo fue condenado por falsedad ideológica, pues ya le había cambiado el DNI para registrarla como mayor de edad.

“Lo que algunos jueces nos tratan de decir es que, si una persona no fue privada físicamente de su libertad o si acudió por sus propios medios al lugar de explotación, no hay trata. Esto es mentira, sobre todo en los casos de menores de edad en donde no se requiere probar el engaño”, sostiene la fiscal especializada, Miluska Romero.

 

JUSTICIA ENFRENTADA

La interpretación de la trata de personas está enfrentando a los jueces y fiscales. El Ministerio Público y la Policía Nacional cuentan con unidades especializadas para atender el delito, y el personal que lo integra continúa capacitándose sobre el contexto psicológico y social que rodea a las víctimas. El Poder Judicial no tiene juzgados para trata; los casos son resueltos por magistrados penales que exigen pruebas como en los casos de delincuencia común.

Existen dos Acuerdos Plenarios dictados por el Poder Judicial el 2011 para aclarar a los jueces algunos conceptos básicos sobre la trata y la violencia sexual. En estos se descarta que la resistencia al abuso, el consentimiento o la rectificación de la víctima deban ser considerados en sus fallos, pero lo siguen aplicando.

32 casos de trata fueron procesados bajo un artículo derogado y que alude a otro delito.

Luis Aguilar, de CHS, refiere que los operadores de justicia esperan atender a la víctima ideal; alguien llorosa y agradecida de ser rescatada. “Les es difícil comprender por qué no huyeron o por qué regresaron. Esto deriva en absoluciones, archivamientos o en la confusión de delitos”, dijo.

En efecto, de los casos de trata que ingresaron el 2015 al Poder Judicial, 32 se sustentan en el artículo 182 del Código Penal, derogado hace una década y que alude al proxenetismo, un delito con penas ínfimas comparadas con los 25 años como mínimo que se impone en la trata, y que solo sanciona al que entrega una persona a otra “para tener acceso carnal”.

ESPERANZA. Las menores y adultas captadas en los campamentos mineros de Madre de Dios viven hacinadas. Cada producto o prenda que usan aumenta la deuda que le exige su tratante. /Marco Garro.

La presidenta de la nueva Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios, señala que están capacitando a magistrados y personal administrativo sobre violencia doméstica, feminicidio y trata de personas, pero admite que hay mucho por reformar en la mentalidad de hombres y mujeres que ejercen justicia.

“Provenimos de una cultura machista y patriarcal que ha asignado roles determinados, donde uno cree que está sobre el otro y puede explotarlo. Ello podría derivar en un sesgo en las decisiones judiciales, sí, pero no generalicemos. Estamos trabajando en ello y puedo decir que el 2016 se han dictado más sentencias”, señaló Barrios a Ojo-Publico.com.

Para Carmen Barrantes, investigadora de Terres des Hommes, el problema no es la falta de capacitación teórica sobre el delito, sino la incomprensión de la vulnerabilidad que lleva a una persona a ser víctima. “En la trata con fines de explotación sexual no se perciben magistrados corruptos, sino jueces cargados de estereotipos que piensan que la prostitución es un camino para la mujer. Hay que cambiar la idiosincrasia de los magistrados para que protejan el bien jurídico de la dignidad”, sostuvo.

Una de las preguntas que se le hizo a Betty durante el interrogatorio fue si volvería a contar su historia. Ella respondió sin dudar: "Sí, es necesario contar estas cosas para que alguien nos ayude".

Eso es lo único que ellas piden.

 

Portada: Locales de explotación sexual y trata de personas en Madre de Dios/ Marco Garro

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