Para sentirse más cerca de su hijo, Oscar Pintado ―43 años, loretano, mil oficios― se pone una de las prendas favoritas del jovencito asesinado hace un año. Una camisa negra con rayas blancas, manga corta, talla medium. Pero, por lo general, no le hace falta vestir nada especial: Jack Bryan aparece a cada instante entre sus pensamientos, hasta cuando duerme. En sus sueños lo ve sentado en un sillón de la sala, impasible. “¿Qué haces acá? ¿Cómo estás?”, le pregunta el señor Pintado, sorprendido. Su hijo solo alza la cabeza, como asintiendo. 

―Hay tiempos en los que uno se siente un poco triste, tiempos en los que te agarra la “depre”. Ya pasó un año y parece que hubiese sido solo un mes. Estos últimos días, con tantos eventos, he estado pensando mucho en mi hijo. Es como revivir lo que ha ocurrido en ese momento ―cuenta Oscar Pintado, desde su casa en el distrito limeño de San Martín de Porres. 

RECUERDO. Hay días en los que Oscar Pintado, padre de Jack Bryan, siente como si no hubiera pasado un año del asesinato de su hijo.

 

La noche del 14 de noviembre de 2020, durante la gran Marcha Nacional contra el fugaz régimen de Manuel Merino, la policía abrió fuego y disparó perdigones de plomo y canicas de vidrio y también lanzó lacrimógenas en el rostro, cabeza y torso de los manifestantes. Jack Bryan Pintado, un muchacho de 22 años que quería ser abogado y participaba por primera vez en una protesta, fue una de las dos víctimas mortales. Recibió 10 perdigones de plomo en el cuerpo: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y otros dos en el brazo derecho. Al menos uno de ellos atravesó su aorta, la arteria más importante, y lo mató.

A unos kilómetros del hogar de los Pintado, en un pequeño departamento de una antigua quinta de Barrios Altos, se lamenta la muerte del sol. Inti (“sol” en quechua), el menor de los Sotelo, fue la segunda víctima fatal de la Marcha Nacional. En este pequeño cubículo del Centro Histórico de Lima, todavía están aprendiendo a vivir un duelo inesperado, mientran intentan que el asesinato no quede impune. 

Cuando recibió un perdigón en el pecho, Inti Sotelo intentaba desactivar bombas lacrimógenas en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Lampa. Tenía 24 años y estaba en el cuarto ciclo de la carrera de Turismo, en un instituto. Trabajó como repartidor, guía de turismo y estibador para pagar sus estudios. Según los videos y fotos que se compartieron en redes sociales y la carpeta fiscal de la investigación contra los policías, después de recibir el disparo, Inti caminó unos minutos con la mirada desorbitada y agarrándose la herida, un hueco en medio de un tatuaje de sol. A los pocos minutos murió.

Desde que todo pasó, la familia Sotelo ha intentado que el alma de su miembro más aventurero y alegre pueda permanecer en paz. Obedientes a la tradición andina a la que pertenecen ―la madre es de Cusco, el padre, de Ayacucho― quemaron sus pertenencias más preciadas en un par de rituales sagrados en Cusco y Lima. Ropas y objetos a los que Inti estuvo muy apegado en vida y que, aún después de su fallecimiento, podían seguir conservando parte de su energía. Según la creencia, el fuego ayudaría a liberar esa esencia atrapada, para dejarlo partir con tranquilidad.

―Killa [la hermana melliza de Inti] mucho lo ha soñado a él, pidiendo que queme sus cosas. Ella lo veía intranquilo en sus sueños. Nosotros estamos haciendo lo que él nos ha pedido ―cuenta Luzdilán Camargo, madre de Inti, desde la sala de su casa, a solo unos metros del Congreso y de la calle en donde murió su hijo. 

UNIÓN. Luzdilán Camargo cuenta que Inti era el hijo con el que tenía más afinidad. Incluso él estaba estudiando Turismo, así como su madre lo hizo de joven.

 

El último 1 de noviembre, el Día de los Muertos, los Sotelo armaron un altar en la mesa del comedor, para ofrecerle a Inti sus alimentos favoritos: papaya, mango, palta. Fue una forma de rendirle homenaje y hacerle saber que lo siguen esperando con los brazos abiertos y la comida servida. 

―A él le encantaba su arroz con pollo con palta. Siempre me lo pedía. Y como es ¿no? Justo el sábado que pasó todo, yo se lo preparé. Como para que se vaya comiendo su plato favorito ―cuenta Luzdilán Camargo.

La represión policial de las marchas de noviembre dejaron, además de dos jóvenes asesinados, alrededor de dos centenares de heridos. Los testimonios de 78 de estas víctimas forman parte de la carpeta de la investigación de la fiscal Jhousy Aburto de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial. Entre ellos se encuentra Alonso Balbuena, periodista de OjoPúblico que, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la pierna izquierda, quedó con el músculo expuesto. El proceso judicial, que está en la etapa preparatoria, involucra a 11 mandos policiales a los que se les imputan los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, y abuso de autoridad. 

“Nosotros resaltamos la investigación llevada adelante por la Fiscalía Supraprovincial, por la doctora Aburto y su equipo. No es un tema fácil de investigar, pero lo han hecho en época de pandemia y el resultado se ha conseguido rápido y es bueno. Han realizado las diligencias con exhaustividad, han procurado dar a las partes la posibilidad de la defensa. Tanto así que se han recabado los elementos necesarios para pasar a la etapa preparatoria”, dijo a OjoPúblico Ronald Gamarra, abogado de la familia Pintado.

Por otro lado, está la denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que involucra a los altos mandos de aquel entonces: el expresidente Manuel Merino, el expremier, Ántero Flóres-Araoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, a quienes se les imputan los delitos de homicidio y lesiones graves y leves. 

“Al igual que en el despacho de la doctora Aburto, el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que es la que tiene a cargo la investigación contra Merino y compañía, han procedido de manera eficiente. Ramiro González y su equipo han avanzado muy bien en la investigación”, añadió Gamarra.

La denuncia constitucional involucra a Manuel Merino, Ántero Flóres-Araoz y Gastón Rodríguez por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves". 

Sin embargo, este segundo proceso corre el riesgo de quedar estancado: como se trata de una investigación a exaltos funcionarios durante sus mandatos, la Constitución indica que el Congreso debe aprobarla. Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento ―presidida por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País― no da señales de ponerla como tema de discusión en su agenda.

“La acusación fue planteada hace más de un mes y el Congreso ni se inmutó por el caso. Ni siquiera apuró la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pareciera que no tuvieran ningún interés. Además, hay antecedentes negativos, como quiénes están dirigiendo el Congreso: la señora Maricarmen Alva [de Acción Popular, el partido al que pertenece Manuel Merino] y la relevancia actual de grupos políticos, como Renovación Popular o Fuerza Popular, que han tenido una interpretación negacionista de los hechos”, dijo a este medio Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo. 

En la mañana del último viernes, a solo dos días de cumplirse un año de la tragedia, el ministro del Interior informó que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú intentó archivar la investigación administrativa disciplinaria contra sus miembros involucrados en las muertes y las lesiones de los manifestantes. Entre ellos se encuentran el teniente general PNP (r) Jorge Lam Almonte, el general PNP Jorge Cayas Medina, el coronel PNP Percy Tenorio Gamonal y el coronel PNP Carlos Villafuerte Salas, encargado de la Dirección de Operaciones Especiales (USE).

“Lo escandaloso es que la Policía, en estas circunstancias, se anime a sacar un resultado en el que literalmente nos están diciendo que todas las irregularidades que se cometieron fueron algo regular”, opinó Carlos Rivera, defensor de la familia Sotelo, en ese momento. 

Sin embargo, horas más tarde, el Tribunal de Disciplina Policial declaró nulo el archivamiento y ordenó que se vuelva a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Los deudos de Inti y Bryan, los heridos y sus familias aún podrían conseguir reconocimiento desde el Ministerio del Interior y la Policía.

MULTITUDES. La marcha nacional de noviembre de 2020, contra el régimen de Manuel Merino llevó a miles de peruanos a las calles, no solo en Lima, sino en distintas regiones.

Foto:  OjoPúblico

 

Contra la impunidad

Desde adolescente, Inti veía el número 14 por todos lados. En los letreros de las calles, en los boletos de los microbuses, cuando miraba el reloj. “Desde el año 2012 el ‘14’ se me presenta repentinamente cuando veo la hora”, se lee en una hoja de cuaderno que su familia encontró entre sus cosas, meses después de su muerte. Inti se obsesionó tanto con ese número que se empeñó en comprender su significado, su mensaje. 

―Uno de sus tíos, que sabe mucho de esos temas, le explicó que la suma de las cifras del 14, uno más cuatro, es cinco. Y el cinco es una estrella de cinco puntas, el hombre. “Runa”, en quechua ―recuerda Luzdilán Camargo, su madre.

En otra de las hojas sueltas que Inti dejó entre cuadernos y libros, se ve, escrito con tinta azul: "1+4 = 5 = RUNA". Al costado, está el dibujo de una estrella de cinco puntas, como un hombre con los brazos abiertos.

―Cuando me enteré de esto, que fue en su último cumpleaños, en febrero, yo me he puesto a orar para que él entendiera cuál era su misión en este mundo. Porque la forma en la que se fue mi hermano fue muy fea, fue brutal ―dice Pacha Sotelo, su hermano mayor―. Él sufrió mucho y se aferró a la vida en sus minutos finales, al igual que Bryan. La de Inti no ha sido una muerte en paz, él no se ha ido abrazando la muerte. 

CATORCE. Hace unos meses, los Sotelo se enteraron de que, desde su adolescencia, Inti veía el número 14. El hallazgo les hizo pensar en el real sentido de su muerte. 

 

En una familia como la de los Sotelo Camargo, en la que la mayoría de sus integrantes han tenido vidas longevas y apacibles, encontrarle sentido al asesinato impensado de Inti, tratar de vislumbrar que tal vez pudo significar algo más que una tragedia, les ha servido para sentirse reconfortados.

―Aparte de la justicia y reparación que nos merecemos, yo le pediría a la gente del Estado que sean conscientes de lo que están haciendo, del ejemplo que le están dejando a las generaciones de ahorita y las que están por venir. Cuántos casos de abusos de autoridad, de abuso de derechos humanos y no hacen nada. Como madre realmente me preocupa ese precedente que estamos dejando a nuestras generaciones ―dice Luzdilán Camargo, quien en medio de su dolor, se da espacio para reflexionar cómo éste podría ser útil para los demás.

Antes de la muerte de su hijo, ella ya había sufrido la violencia policial. Cuando era joven, en Cusco, recibió un perdigón en el ojo izquierdo durante una manifestación en la Plaza de Armas de la ciudad. Al viajar a Lima para tratar de salvar su vista en el Instituto Nacional de Oftalmología, Luzdilán Camargo conoció a Salvador Sotelo, que trabajaba allí. La mujer perdió el ojo izquierdo y ganó a su compañero de vida. De alguna manera, la represión de la Policía tuvo que ver con el nacimiento de la familia Sotelo Camargo. Y otro acto represivo, años más tarde, la transformó para siempre.

―Reiniciar nuestras vidas con todo esto que pasó es muy difícil. Pero lo estamos logrando poco a poco. Solo en las fechas claves caemos. Es muy difícil sostener la parte anímica, por los recuerdos― cuenta Pacha Sotelo. 

Desde hace un tiempo los Sotelo han ido retomando sus actividades habituales. Salvador, el padre, ha vuelto a trabajar en una clínica oftalmológica. Luzdilán Camargo atiende la casa, fabrica y vende manualidades. Pacha Sotelo estudia Psicología y trabaja como entrenador de fútbol para niños. Killa Sotelo, que por el momento tiene un poco más de tiempo libre, se ha vuelto la vocera de la familia ante los medios de comunicación. Pero ninguno pierde de vista la evolución de los procesos penales.

REVUELO. El padre de Jack Bryan sabe que, tras estos días agitados, él quedará de nuevo a solas, luchando porque el asesinato de su hijo no quede impune.

 

A quien aún le cuesta retornar su rutina es a Oscar Pintado, el padre de Jack Bryan. Cuenta el electricista, carpintero y pintor oriundo de Iquitos que, por el momento, solo hace “cachuelos” en algunas casas, cuando lo llaman. Así quisiera, no podría sostener un trabajo diario con un horario de ocho horas. ¿Entonces cuándo tendría tiempo para reunirse con los abogados? ¿Cómo podría mantenerse al tanto del avance de las investigaciones?

―Cuando visito Iquitos, me dan ganas de quedarme a vivir por allá, pero sé que todavía no puedo. La vez pasada estuve como dos meses en mi tierra y fue difícil seguir en contacto con todo lo que pasaba en Lima ―dice el señor Pintado, mientras se alista para salir hacia un evento en conmemoración del año de los asesinatos de Jack Bryan e Inti. 

Pronto los flashes y las cámaras apuntarán hacia otro lado. Entonces, Oscar Pintado volverá a quedarse a solas, esperando obtener justicia". 

Durante toda la semana ha recibido a una retahíla de reporteros y reporteras. Ha ido y venido de reuniones, entrevistas, conferencias. Le han tomado fotografías, ha grabado videos. Ha aparecido en redes sociales, páginas web, radio, televisión. Oscar Pintado luce cansado, pero sabe que el revuelo así como llegó, pasará. Que pronto los flashes y las cámaras apuntarán hacia un nuevo protagonista, noticia o suceso. Entonces, él volverá a quedarse a solas, esperando obtener justicia. 

―Los periodistas hasta se pelean por quién me entrevista primero, pero yo sé que lo mediático pasa. Sé que es útil, pero no dura para siempre. Acepto porque sé que es una fecha importante, pero en lo que yo debo concentrarme es en el proceso penal ―explica el padre soltero―. Ahí es donde vamos a poder ganar.
 

Los heridos sin reparación

Percy Pérez Shapiama desayuna de 15 a 20 panes todos los días. Almuerza de dos a tres platos de comida. Toma de 15 a 20 litros de agua. La noche anterior a la entrevista con OjoPúblico, según cuenta, su cena fue un tazón de sopa, un chaufa que compró en la calle y, como todavía tenía hambre, se preparó medio kilo de arroz con huevos. El exbartender de 27 años come por dos o tres personas, pero apenas pesa 53 kilos.

―Nunca me siento satisfecho, nunca estoy lleno. Cuando voy al supermercado llevo encendida mi calculadora para sacar bien la cuenta y no gastar demasiado en todo lo que debo comer ―dice Pérez Shapiama, uno de los heridos graves de la Marcha Nacional, desde el cuarto alquilado en el que vive, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. 

PELIGRO. Los doctores le han dicho a Percy Pérez Shapiama que la operación que necesita para reconectar sus intestinos es de alto riesgo y puede ser letal. 

 

Hace poco más de un año, la noche del jueves 12 de noviembre, el joven recibió un proyectil en el abdomen, mientras trataba de esconderse de los disparos de los policías detrás de un poste de luz. No llevaba ni 20 minutos en la manifestación, era la primera vez que participaba en una. Después, se enteró que lo que le había atravesado el cuerpo era una canica de vidrio, esas bolitas con las que juegan los niños, pero que se convierten en armas letales cuando las usan como municiones. 

Como consecuencia del impacto perdió, más o menos, las tres cuartas partes de su intestino delgado. Lleva un año con una ileostomía, un procedimiento en el que el íleon ―la última parte del intestino delgado― sobresale por un orificio en el abdomen. Allí, se coloca una bolsa que recibe los desechos fecales. Dice Percy Pérez Shapiama que esa transformación en su cuerpo hace que no absorba bien los nutrientes de los alimentos y, también, le provoca un hambre descomunal.

En lo que va del 2021, el joven solo ha tenido unas cinco citas médicas para chequear su estado de salud. Pero, tras los reclamos al Ministerio de Salud por parte de la Asociación de Familiares y Víctimas del 10 al 14 de noviembre ―de la cual Pérez Shapiama es el representante―, por fin le han programado sus dos operaciones pendientes. Una de ellas dilatará el intestino grueso que ha estado por un año inactivo, y la segunda lo conectará con lo que le queda de intestino delgado. 

―Me han dicho que la segunda operación es bien delicada. Si no sale bien, puedo quedarme ahí no más. Pero yo quiero correr el riesgo, quiero tratar de vivir mi vida con normalidad ―dice el exbartender que, como no puede trabajar, vive gracias al dinero que le manda su madre agricultora desde la selva. 

CANSANCIO. El joven debe vaciar la bolsa de su ileostomía unas 20 veces al día. Por eso, prefiere quedarse en su casa y, cuando sale, debe medir mucho lo que come y bebe. 

 

Así como Percy Pérez Shapiama, al menos, dos decenas de jóvenes fueron gravemente heridos en la Marcha Nacional contra el breve régimen de Manuel Merino. Muchos de ellos tendrán secuelas físicas permanentes: pérdida de visión o audición, inmovilidad en algún miembro, dificultad para caminar. Eran estudiantes, trabajadores independientes, soportes económicos de sus familias. Algunos, como Pérez Shapiama, tienen hijos o hijas. 

Por eso, y por la atención lenta que reciben por parte del Seguro Integral de Salud (SIS) y Essalud, reclaman una reparación inmediata que los ayude a sobrellevar con dignidad el nuevo trayecto de sus vidas.

“Se supone que no se puede dar ninguna reparación, hasta que no se establezca la responsabilidad del Estado con una sentencia judicial. Sin embargo, esto no es cierto. Los estándares internacionales, la Comisión Interamericana, el alto comisionado de las Naciones Unidas han dicho que se tiene que buscar un mecanismo para la reparación inmediata. Los chicos no pueden esperar 10 años, que es lo que puede demorar un proceso judicial, para obtener justicia”, dijo Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a OjoPúblico. 

En diciembre de 2020, a través de una resolución suprema, se creó la Comisión Multisectorial que trabajaría a favor de las víctimas y los deudos de los fallecidos de la Marcha Nacional (del 10 al 14 de noviembre) y también del Paro Agrario (entre el 1 y 3 de diciembre). Sin embargo, según argumentan los víctimas, las acciones de la comisión no fueron suficientes para asegurar un buen acceso a la salud, la educación y el trabajo de los afectados. Tras acabar el gobierno de Francisco Sagasti, dicho grupo de trabajo se desactivó. Pero el último sábado 13 de noviembre la premier Mirtha Vásquez anunció su reactivación. 

El último sábado 13 de noviembre la premier Mirtha Vásquez anunció la reactivación de la Comisión Multisectorial". 

“La comisión multisectorial se debe reactivar para que el Estado pueda atender a los heridos de una forma más eficaz ―dijo a este medio Gloria Alejandro, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del 10 al 14 de noviembre―. Por medio del Ministerio de Educación muy pocos pudieron acceder a becas completas en universidades, otros obtuvieron solo un cuarto de beca, pero no pueden costear el resto de la pensión. Con el Ministerio de Trabajo se hizo muy poco, lo único que nos aconsejaban era crear una cuenta en su portal, para buscar empleo por ahí”. 

Para Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, la creación de la Comisión Multisectorial fue un avance para resarcir a las víctimas, aunque insuficiente. “No se puede dar una reparación con programas sociales. Incluir a las víctimas en el SIS no es una reparación, porque el seguro social ya tiene muchos problemas y deficiencias. Se necesitan reparaciones concretas, directamente dirigidas a la personas afectadas, con planes de salud individualizados. Y si la víctima no puede trabajar, eso se debe reparar también. Si se frustraron sus planes de estudio, se debe reparar. Si la familia fue afectada, obviamente corresponde una reparación. La reparación debe ser integral”, dijo Castillo.

Alberth Ñahui tiene afectados al menos dos de sus sentidos. El 14 de noviembre de 2020, llegó al Centro de Lima como a las siete de la noche. Había ido solo. Dice que su interés por la Sociología ―carrera a la que entonces estaba postulando― siempre lo ha mantenido al tanto de la realidad nacional. Además, por su formación como infante de Marina, sabía cómo desactivar bombas. Dos horas después de llegar, confundido entre el humo de los gases lacrimógenos, sintió un golpe en la cabeza.

VISTA PERDIDA. Tras el impacto de una bomba lacrimógena que recibió en la frente, Albert Ñahui ha perdido el 70% de la visión del ojo izquierdo. Este le lagrimea casi todo el día.

 

Despertó dos semanas después. Todo ese tiempo había estado en coma. En total pasó cinco meses y medio hospitalizado. La mitad de ese tiempo fue indispensable para volver a caminar y hablar con normalidad. Tuvieron que colocarle una placa de platino para cubrir la parte del hueso frontal que ya no existía: se desintegró por el fuerte golpe de la bomba lacrimógena sobre su rostro. Ahora solo ve manchas con su ojo izquierdo y ya no puede percibir ningún olor. Esta afección la adquirió en la última de sus operaciones de recuperación, una que buscaba corregir una desviación en el tabique y mejorar su respiración.

―Yo pensé que era un efecto de la intervención que con el tiempo me pasaría. Pero ya va a ser un año y sigo sin oler ―cuenta Albert Ñahui, un joven de 23 años que vive solo, en un pequeño cuarto de madera dentro del taller de mecánica de su tío, en el distrito limeño de Chorrillos. 

Hace solo unos días, el 5 de noviembre, Albert consiguió una cita con un otorrinolaringólogo de Essalud.

―El doctor me dijo que, quizá, cuando me han operado el tabique me agarraron algo que no debían y, por eso, me he quedado así. No se sabe si algún día volveré a sentir los olores ―cuenta con tranquilidad, mientras acaricia a su perro. 

Para intentar recuperar su olfato, le han recetado tres pastillas: prednisona, tiamina y piridoxina. El joven ayacuchano las tiene sobre su escritorio, en una bolsita de papel, al lado de sus libros de José María Arguedas y de la laptop desde la que estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Perú. Consiguió media beca por la Comisión Multisectorial. El resto de la pensión lo costea con el sueldo de su trabajo en el taller familiar.

SERVICIO. Albert es un exinfante de la Marina. Intentó tres veces postular a la Escuela de Suboficiales de la PNP, pero no logró ingresar así que desistió. 

 

Pero más allá de las becas de estudio, los tratamientos de salud o las posibles reparaciones económicas, las familias de las víctimas mortales y los heridos también reclaman que no se repita una situación de violencia policial de este tipo. “Exigimos que el Estado nos dé garantías de no repetición de estos hechos”, dijo Gloria Alejandro, la presidenta de la Asociación de Heridos y Víctimas del 10 al 14 de noviembre.

Según Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo, la reforma dentro de la institución policial debe ser contundente, más allá de gestos superficiales. “Recordemos que, cuando ocurrieron los hechos, ya existían manuales, guías que señalaban qué había que hacer en situaciones de esta naturaleza, pero se incumplieron de manera abierta. Entonces, se requiere, además de material normativo, que este se interiorice desde los más altos mandos de la Policía Nacional hasta el último efectivo”. 

A un año después de aquellas noches de gases, plomo y canicas, hay víctimas que no olvidan ni perdonan las agresiones de los policías. 

―Me dispararon por la espalda, luego de que yo les devolví una bomba lacrimógena que nos habían lanzado. Yo no podía defenderme. Fue una venganza ―dice Jon Cordero, un jovencito de 25 años que el 14 de noviembre recibió un disparo de proyectil de plomo en la columna vertebral. 

ÍMPETU. El 14 de noviembre, la madre de Jon Cordero le pidió ir a la marcha juntos, pero él no aceptó. Más tarde, se fue con un amigo sin avisar. No quería que su mamá se arriesgue.

 

Jon mueve la pierna derecha al 80%. La izquierda, no la siente y apenas puede contraerla. Para caminar, usa un soporte en esa extremidad y dos bastones en los brazos. Cuenta que casi todos los días le dan unos calambres muy fuertes en la pierna mala. Esas ráfagas de dolor repentinas, afirma su madre, lo ponen de pésimo humor y lo aíslan de los demás.

―Hay días en los que quiere ni hablar ―dice Verónica Morales, quien trabaja como recepcionista tres veces por semana. 

El joven tampoco puede orinar. Su lesión afectó a algunos órganos cercanos como los riñones y la vejiga. Esta última debe vaciarla a través de una sonda, unas cuatro veces al día. 

―Aprendí a hacerme el cateterismo intermitente cuando estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ya me acostumbré. Es mejor eso a tener una sonda todo el día ―cuenta el chico que quiere estudiar Nutrición y es fan de Jamiroquai. 

CUIDADOS. Jon Cordero, un jovencito de 25 años, comparte las barandas especiales que han colocado en su casa con su abuelo octogenario.

 

Jon Cordero y su madre piden que sus terapias de rehabilitación sean más constantes. Por la apretada agenda del seguro social, tiene 10 sesiones al mes. Pero, para programar la siguiente tanda, siempre hay demoras. Entonces, termina haciendo terapia un mes sí, un mes no. 

Cuando está en casa, el chico intenta ejercitarse con las mancuernas y bandas elásticas que su familia le ha regalado. Además, todo su ambiente ha sido adaptado para que pueda desplazarse con seguridad: hay barandas de acero en las escaleras, en las paredes del pasadizo, y el baño tiene agarramanos y soportes cerca del inodoro y en la ducha. 

A veces, Jon espera que pronto vuelvan aquellos días en los que salía a caminar por las calles de Surquillo, iba a montar bicicleta por el Morro Solar con sus amigos o a nadar en las aguas de La Herradura, sin temor al mar helado y embravecido.

 

Agradecimientos fotográficos: Alejandro Murillo, Musuk Nolte, Mario Segovia.